La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) , ha realizado el pasado 5 de agosto, en el hotel Radisson en Santo Domingo,  el  primer  Congreso de Abogados sobre el tema “Odebrecht y el Debido Proceso”.

Nos ha motivado a la puesta en marcha de tan importante actividad la preocupación que tenemos como organización defensora y promotora de los derechos humanos, y el análisis de los resultados de las consultas y mesas de trabajo realizadas hace algunas semanas, respecto a la conducta y el papel desempeñado por el  Ministerio Público en la presentación de las  acusaciones relativas al caso Odebrecht.

Por otro lado hemos también,   junto con destacados y prestigiosos juristas del país,  analizado detenidamente el expediente en su totalidad y las irregularidades encontradas nos han motivado a plantear públicamente algunas consideraciones.

Todos sabemos que el  Ministerio Público, conforme lo preceptúa el artículo 169 de la Constitución, debería  actuar apegado a la Constitución y las leyes y por vía de consecuencia, al debido proceso de ley; debería además estar guiado siempre por el principio de superioridad moral con el que ha de modelar la conducta de las personas, sirviendo de paradigma, con sus actuaciones, al corpus social.

Lamentablemente lo que hemos observado en estos meses desde la apertura del caso Odebrecht en la Republica Dominicana es que la conducta del Ministerio Publico ha ido muy lejos de lo que plantea nuestra Constitución.

Antes que todo expresamos que nos ha generado mucha preocupación mixta a indignación    el torpe manejo del expediente y las groseras violaciones a los derechos y garantías fundamentales que frustran la esperanza de justicia y trasparencia por la que clama el pueblo dominicano, así como la superficialidad en la instrumentación de los expedientes.

Nos causa indignación que a pesar del hecho  que en el expediente de la Procuraduría General de la República,  la Central Termoeléctrica Punta Catalina  aparece listada dentro de las 17 obras “que fueron adjudicadas u otorgadas mediante el pago de sobornos”, el Ministerio Público no haya realizado ninguna imputación con esa obra.

Nos causa preocupación el hecho de que se abrieron  archivos provisionales a favor de algunos de los encartados del caso ODEBRECHT, a pesar de que  algunos de los favorecidos con la exclusión del proceso, aceptaron haber recibido dinero de la referida empresa,  y en contraposición, al Sr. JESÚS VÁSQUEZ MARTÍNEZ (Chú) se ha incluido como acusado, de forma irregular en último momento, sin nunca haber sido llamado como imputado, en violación al debido proceso de Ley y la objetividad que debe regir todas las actuaciones de éste órgano.

Estas son solamente algunas de las preocupaciones externadas en un amplio documento firmado por nuestro presidente Dr. Manuel María Mercedes y alrededor de cien destacados juristas del país, con el que exigimos lo siguiente:

  • Que el magistrado Franciso Ortega Polanco en el proceso seguido a todos los imputados, preserve el debido proceso de Ley así como el derecho de defensa,  con miras a que no resulte anulado por violación a los derechos fundamentales de los mismos o en su defecto, por una acusación desprovista de pruebas;
  • Que la Procuraduría General de la República presente al País las evidencias que recolectó para determinar que exclusivamente en la Termoeléctrica de Punta Catalina, no hubo sobornos ni sobrevaluaciones,
  • Que el Ministerio Público explique al país las razones por la cuales no hay un sólo diputado procesado en el caso ODEBRECHT, ni otros expresidentes del Senado, mientras que, sin razón y sin pruebas contundentes, estén como acusados exclusivamente los dos expresidentes del Senado, miembros del principal partido de oposición del país, siendo éstos quienes menor cantidad de contratos aprobaron y por demás, votaron en contra de casi todos los financiamientos;
  • Que en razón de que, en la solicitud de medida de coerción interpuesta por el Procurador General de la República, Jean Alan Rodríguez, se estableció que los sobornos de la empresa ODEBRECHT en la República Dominicana se iniciaron en el año 2007 hasta el 2015, exigimos se investigue y se someta a la acción de la justicia a los dos Presidentes de la República y sus funcionarios, en cuyos mandatos se aprobaron y ejecutaron contratos con ODEBRECHT.

 

Entre otras demandas a las que esperamos pronta y exhaustiva respuesta.

 

Santiago,

10 de agosto de 2018

 

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