SOLICITAN A AUTORIDADES JUDICIALES DE BRASIL, EUA Y SUIZA ESCLARECER SI ODEBRECHT OCULTO INFORMACION EN PUNTA CATALINA

rueda de prensa cnlcc del 9 de julio

Nota de Prensa,
Martes, 9 de julio de 2019,
Santo Domingo, D.N.

 

En rueda de prensa celebrada en la mañana de este martes, en la explanada de la Procuraduría General de la República, varias entidades informaron que solicitaron formalmente a las autoridades judiciales de Brasil, Estados Unidos de América y de la Confederación Suiza a que abran una investigación sobre el cumplimiento de Odebrecht del acuerdo de culpabilidad que esta empresa firmó con estos países, en Nueva York, EUA, el 21 de diciembre de 2016.

El Observatorio Dominicano de Políticas Públicas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la República Dominicana, el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático y Marcha Verde dijeron que en el acuerdo de culpabilidad que Odebrecht suscribió en diciembre del 2016, se comprometió a dar a conocer todas las informaciones y documentos de los actos de corrupción que realizó para obtener contratos de obras en países de América Latina y África, y particularmente en República Dominicana entre los años 2001 y 2014.

Afirmaron que la semana pasada depositaron la solicitud ante las embajadas de esos países en el país y la despacharon también vía internet a la Procuradora General de la República Federativa de Brasil, Raquel Elías Ferreira Dodge, al Fiscal General de la Confederación Suiza, Michael Lauber y al Secretario de Justicia de Estados Unidos de América, William Barr.

Explicaron que se debe esclarecer si Odebrecht cumplió o no con la entrega de todas las informaciones y de todos los documentos en los países donde cometió sus delitos como se comprometió en el acuerdo, frente a la revelación realizada el 25 de junio pasado, por el Consorcio internacional de Periodistas de Investigación, de que la empresa brasileña había pagado más de 39 millones de dólares en sobornos para Punta Catalina a través de su Departamento de Operaciones Estructuradas.

Manifestaron que la opinión pública es testigo de la controversia que se ha producido. Mientras Odebrecht dice que entregó todas las informaciones, incluidas las recientemente reveladas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el Procurador General de la República Dominicana, Jean Alain Rodríguez, niega en un comunicado oficial publicado el 28 de junio pasado, que la empresa le suministrara estas informaciones.

En la carta que remitieron, las entidades destacan que es muy importante que estas autoridades “esclarezcan si Odebrecht omitió y ocultó información y documentos relacionados con sus actos de corrupción admitidos en el acuerdo de culpabilidad del 21 de diciembre de 2016, porque si así fuese, constituiría una grave violación a este acuerdo y en consecuencia acarrearía fuertes sanciones para la empresa infractora”.

Explican en su comunicación que “hasta el momento, la Procuraduría General de la República Dominicana había descartado que en el gigantesco proyecto de Punta Catalina se hubiesen realizado actos de corrupción, a pesar de que en la delación premiada del antiguo gerente de Odebrecht en el país, Marco Antonio Vasconcelos Cruz afirmó que se habían pagado sobornos a legisladores para que aprobaran los préstamos a esta obra, y de que más de la mitad de los 92 millones de dólares pagados en sobornos por Odebrecht en el país se desembolsaron entre los años 2013 y 2014, período en que se licitó, se contrató y se aprobaron los préstamos de Punta Catalina”.

En opinión de las organizaciones, en el proyecto de Punta Catalina ha existido una colusión entre las autoridades dominicanas y Odebrecht, por lo cual la empresa no ha tenido interés de suministrar mayores informaciones que refuercen su culpabilidad, ni las autoridades las han demandado y las que están disponibles, las han ignorado.

“Durante los últimos años ha existido un complejo esquema de colusión entre las autoridades dominicanas y Odebrecht, que ha encubierto los actos de corrupción en Punta Catalina en los cuales están directamente implicados altos funcionarios, a cambio de que la empresa continúe con la contracción de la obra, a pesar de que las leyes nacionales prohíben que empresas que hayan incurrido en corrupción puedan ser suplidores o contratistas del Estado”, explican en la correspondencia.

También denuncian en la carta que el Poder Ejecutivo creó, en abierto desconocimiento de la independencia de los Poderes Públicos establecida en la Constitución, una comisión de investigación sobre Punta Catalina que determinó que no se había cometido ningún delito en esta obra. Basado en el informe de esta comisión, la Procuraduría General de la República excluyó a Punta Catalina del proceso seguido por la Suprema Corte de Justicia a los acusados de recibir sobornos de parte de Odebrecht.

Igualmente señalan en la misiva que durante más de dos años, el Tribunal Constitucional se negó a fallar sobre la acción de inconstitucional sobre el decreto 6-17 y de la comisión que éste creó, y cuando falló obvió abordar el fondo, “con lo que este tribunal también colaboró con mantener impune los actos de corrupción de Punta Catalina”.

Consideraron que la investigación que están solicitando ayudará a quebrar la impunidad que hasta el presente ha existido a favor de los delitos en Punta Catalina y para que sean finalmente juzgados por una justicia independiente.

Observan en la carta que el carácter transnacional del delito de corrupción y la existencia del acuerdo de culpabilidad suscrito por Odebrecht con Brasil, EUA y Suiza, “crean la base para la acción conjunta y la cooperación entre las diferentes jurisdicciones, sin desmedro de la soberanía nacional, en la persecución, enjuiciamiento y castigo de estos delitos”.

Al respecto, el martes, 18 de junio pasado, las entidades anunciaron que habían invitado al Fiscal General de Milán, Isidoro Palma, a que viniera al país a proseguir la investigación que inició en abril, sobre la participación de la empresa italiana Grupo Maire Tecnimont en actos de corrupción de Punta Catalina.

 

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Accion Urgente n. 2/19 Ejecución Extrajudicial Robert Jhonson

República Dominicana, 29 de abril del 2019

Acción urgente N. 2/19

 Ejecución extrajudicial de menor en Higuey (República Dominicana), manipulación y alteración  la investigación,  denegación de la justicia, revictimización de la víctima y su familia.

 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD)  con domicilio para recibir comunicaciones en la Avenida Ortega y Gasset n. 200 2do nivel de la Fundación Trópico esquina Reyes Católicos, Cristo Rey, Santo Domingo, Distrito Nacional Tel +1 (809)6161585 correo electrónico, cndhrd@hotmail.com, expresa su profunda preocupación y solicita respuesta urgente ante la denuncia aquí presentada de ejecución extrajudicial del menor ROBERT JHONSON SANTANA, manipulación y alteración de   la investigación, denegación de la justicia, revictimización de la víctima y su familia.

ACONTECIMIENTOS:

El día viernes 23 de abril del 2019, el joven ROBERT JHONSON SANTANA  de 17 años  se encontraba custodiado en el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes  de la ciudad de Higuey,  ya que se le estaba pasando audiencia por una medida de coerción de tres meses, a raíz de una querella presentada por su propia madre, JAZMIN SANTANA,  por conducta inadecuada en su hogar por el uso abusivo de sustancias controladas. Después de haber logrado  un acuerdo con la magistrada que le conocía el caso, según el cual iba a pasar tres meses más en el Centro de Corrección para Niños Niñas y Adolescentes de Higuey, ya que se estaba rehabilitando satisfactoriamente, fue sacado y dejado sin esposas en el área donde estaban los demás menores en espera de juicio.

Siendo aproximadamente las 11.30 am el joven se paró  en la ventana a conversar con su madre,  quien se encontraba  en la plata baja, dicha ventana estaba abierta ya que no había luz y los menores suelen pedir cosas a sus parientes desde ese lugar, entonces aprovechó de la situación resbalándose por el vuelo de la galería cayendo parado y protegiéndose  acostado de espaldas en la pared ya que el raso JOHAN ANDRES ROSARIO DESAMONT, dominicano, 28 años de edad, miembro de la PN adscrito a la Procuraduría de la República en servicio en dicho tribunal, carnet n. 038535 cedula n. 402-2264355-9 residente en la ciudad de Higuey, lo buscaba desde arriba a punta de pistola.

La madre del joven, viendo esta escena le gritó al  policía varias veces “no dispare”, diciéndole al hijo que se  quede tranquilo donde está.

La mamá  se acerca al hijo reiterándole al policía de no disparar. El menor entonces fue a saltar una verja baja que da a la calle y el policía le disparó  a las espaldas a menos de 10 pies de distancia, directamente al costado desde la segunda planta donde se encontraba. El joven antes de morir le dice a la madre “ese maldito me mató”.

ROBERT JHONSON SANTANA  falleció al instante a consecuencia de “herida por arma de fuego en región lumbar con entrada sin salida, probable causa de la muerte shock hemorrágico a determinar por autopsia porque también pudo ser desnucado al momento de haberse lanzado del 2do nivel de dicho edificio” así como reportado por la Policía Nacional División de Investigación de Higuey (hoja de envío de detenido del 24 de abril).

Se emite además un ACTA DE FLAGRANTE a las 12.15 del día 23 de abril donde se certifica el arresto del raso JOHAN ANDRÉS ROSARIO DESAMONTpor el hecho de haberle quitado la vida con arma de fuego mientras se encontraba de custodia el hoy occiso ROBERT JOHNSON SANTANA”.

El INACIF con acta de levantamiento de cadáver n. 28703 del día 23 de abril, certifica una muerte por “herida de bala en región lumbar sin salida”.

Ya desde el mismo día de los hechos se ha notado una actitud tanto en los medios que en las autoridades (Policía Nacional y Fiscalía) como de querer hacer pasar que la muerte del joven no fue debida a la bala sino a la caída.

Hay que señalar que la verja que el joven saltó es muy baja y de la segunda planta el cayó parado y se pegó  a la pared, logrando luego llegar hasta la verja. Seguir leyendo “Accion Urgente n. 2/19 Ejecución Extrajudicial Robert Jhonson”

CNDH-RD LE EXIGE AL DIRECTOR DE PRISIONES CANCELACION INMEDIATA DEL ALCALDE DEL PENAL PUBLICO DE HIGUEY GUILLERMO CONCEPCION

La Comisión nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) le exige al director de Prisiones, General Holguín, la inmediata cancelación del alcalde de la cárcel pública de Higuey, Guillermo Concepción, a raíz de la noticia filtrada en los medios y corroborada por pruebas,  de que este  se encontraba en una playa de Nagua, disfrutando con una reclusa de dicho penal y otro agente de policía, en violación abierta de todo procedimiento y normas y reglamentos.

Señalamos también que desde meses nuestra filial provincial de Higuey está señalando y denunciado irregularidades en dicha penal y situaciones de violación de derechos humanos y fundamentales hacia las reclusas, sin embargo parece que la dirección de la cárcel nunca haya demostrado intención de corregir estas situaciones.

Particularmente graves son las denuncias de golpizas que algunas internas  reciben de parte de otras con función de  “prebostes” a fines de extorsión.

En toda responsabilidad podemos decir que la gestión  del Sr. Guillermo Concepción en este recinto ha sido un total fracaso en todos los sentidos, tanto en el administrativo cuanto respecto a las violaciones de los derechos humanos de las internas.

Recordamos que el alcalde de dicho penal llegó a Higuey a raíz de un traslado de la cárcel de El  Seibo donde también su gestión se había cuestionado mucho por supuesta corrupción en la administración del penal.

Es por ello que consideramos que la solución más idónea sea la cancelación inmediata del Sr. Concepción y el restablecimiento del orden, el respeto de los reglamentos y de los derechos humanos y fundamentales en el penal de Higuey.

También solicitamos autorización para una visita urgente de una comisión de nuestra institución en dicho centro de reclusión a fines de supervisar las condiciones del mismo.

Una vez más reiteramos que a nuestro parecer, todos los centros del  viejo modelo carcelario deberían ser substituidos lo más pronto posibles  por Centros de Corrección y Rehabilitación adscritos al Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria dependiente de la Procuraduría General de la Republica.

Informamos por esa vía a la opinión pública nacional y a los medios de comunicación, que el próximo día 5 de mayo se juramentará el Departamento de Asuntos Penitenciarios de la Comisión Nacional de los  Derechos Humanos, iniciativa que hemos visto urgente y necesaria frente a las decenas de denuncias de violaciones de derechos humanos  que llegan a nuestra oficina desde  las cárceles de todo el país.

Santo Domingo, DN.

5 de abril del 2019

CNDH DENUNCIA NEGLIGENCIAS MEDICAS Y ABUSOS DE TODO TIPO EN EL HOSPITAL DEL SEGURO FIALLO CABRAL DE LA ROMANA

FILIALES DE LA ROMANA Y VILLA HERMOSA DE LA CNDH-RD LLAMAN LA ATENCIÓN SOBRE CASOS DE NEGLIGENCIA MÉDICA  EN EL HOSPITAL DEL SEGURO DR. ARISTIDES FIALLO CABRAL DE LA ROMANA

Las filiales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la Romana y de Villa Hermosa encabezadas por sus presidentes, Agustín Charles y Santos Benítez en el día de hoy se han reunido frente al hospital del seguro Dr. Arístides Fiallo Cabral para llamar la atención de las autoridades y de la opinión pública sobre los muchos casos de negligencia médica que se están dando en este hospital y sobre las condiciones del mismo, el cual está al borde del colapso.

El último caso ocurrido es el del joven Plutarco Caraballo Morla ingresado en dicho hospital el día 4 de febrero a las 10:30 am con varias heridas, quien fue dejado desangrarse en una camilla sin atención medica hasta las 4 pm, hora en la cual se presentaron sus familiares y cuando se le dio atención. Lamentablemente ya era demasiado tarde, sus condiciones habían empeorado mucho por la gran cantidad de sangre que perdió y finalmente el joven falleció el día 10 de febrero en el Buen Samaritano donde la familia tuvo que trasladarlo.

Sin embargo son varios los casos que han llegado hasta la CNDH-RD denunciando episodios como este, que se dan sobre todo en el área de emergencia, la cual parece más a un pabellón  del infierno que a otra cosa. Desde falta grave de higiene, falta de insumos y falta de capacitación de médicos y enfermeros.

A pesar de todo esto, ya de por sí grave,  relevamos desatención y desprecio real para los humildes y los de abajo quienes son en definitiva los usuarios de ese centro de “salud”.

Llamamos por lo tanto las autoridades competentes a intervenir cuanto antes dicho centro, de otra manera radicalizaremos nuestras acciones de lucha en pos de garantizar el derecho a una salud pública de calidad para los ciudadanos de la provincia de La Romana.

La Romana 20 de febrero del 2019

                   Santos Benitez                                           Agustín Charles                            Presidente filial La Romana              Presidente filial Villa Hermosa             

                                           

Coalición Nacional de Abogados Independientes (CONAI) cuestiona el Dr. Miguel Surum por compra ilícita de inmueble

La Coalición Nacional de Abogados Independientes (CONAI), practicando la institucionalidad, la transparencia y sobre la base de los principios de la ética y de la moral, cuestionamos públicamente al Dr. MIGUEL SURUM HERNANDEZ, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, (CARD),  por la compra de este inmueble ubicado en la Avenida Bolívar n. 09 del sector Gazcue del Distrito Nacional.

La citada adquisición de esta propiedad se efectuó supuestamente por un monto de VEINTIDOS (22) MILLONES DE PESOS, violentando la mecánica de los órganos del Colegio de Abogados.

Hasta le fecha de hecho no se ha dado a conocer de manera clara bajo que tecnicismo se ha llevado a  cabo este negocio tan costoso lo cual ha implicado  sacrificar los fondos de esta entidad mientras en la calle hay cientos de abogados afectados con enfermedades terminales y con afecciones crónicas a los cuales el Colegio de Abogados no le da ningún tipo de ayuda.

La Coalición Nacional de Abogados Independientes (CONAI) reitera que esta transacción está fuera de la legitimidad de los órganos del Colegio de Abogados y de la Ley de Compras y Contrataciones  Públicas y en consecuencias estamos ponderando el sometimiento del Dr. MIGUEL SURUM HERNANDEZ, presidente de la institución ante los Tribunales de la República, para que él y otras personas que pudieran estar involucradas respondan al gremio que agrupa los abogados y ante la sociedad sobre esta cuestionable  transacción inmobiliaria.

El Colegio de Abogados está en una profunda crisis financiera y ética sin precedentes la cual ha sido generada por su actual presidente. De hecho los togados del derecho actualmente no gozan de ninguna garantía de jubilación, ni de Seguridad Social, ni de vivienda,  ni de mecanismos para maestrías y doctorados en universidades locales  y extranjeras.

Finalmente informamos a la opinión pública nacional que la Coalición Nacional de abogados Independientes  (CONAI) utilizará todas las vías del Derecho posibles para esclarecer esta contratación que no cuenta con el aval de toda la matrícula de los abogados.

Santo Domingo, D.N.

6 de febrero del 2019

CNDH-RD condena debilidad y actitud irresponsable del director de la Policía Nacional y del Procurador General de la República ante violencia de grupos xenófobos

Actividad del 23 de diciembre que ha sido suspendida ante las amenazas de un “baño de sangre”

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos condena de forma enérgica la actitud irresponsable y la debilidad que están manifestando   tanto el director de la Policía Nacional general Ney Aldrin Bautista Almonte,  cuanto el Procurador General de la República Jean Alain Rodríguez,   frente a la violencia expresada por el grupo  Nueva Orden Dominicana, el partido Fuerza Nacional Progresista y en general por sectores  ultranacionalistas y xenófobos del país.

Ya desde el hecho ocurrido en Santiago el pasado mes de noviembre,  cuando el periodista Marino Zapete recibió amenazas durante un conversatorio  organizado por el movimiento Marcha Verde y denunció una trama de muerte en su contra orquestada por grupos xenófobos, alertamos sobre el peligro que representaban estos sectores y la actitud pasiva y tolerante, casi cómplice,   de las autoridades frente a evidentes indicios de delitos perseguibles de oficio por el Ministerio Público.

En ese caso tanto la Policía Nacional que la Procuraduría de la República,  a pesar de ser el Ministerio Publico  el órgano que en  el ejercicio de sus funciones tiene que respetar “la Constitución y el ordenamiento jurídico dictado conforme a ésta, garantizar los derechos fundamentales que asisten a las personas” demostraron una actitud indiferente y permisiva hacia potenciales criminales.

Las declaraciones del  director de la Policía Nacional, Ney Aldrin Batista Almonte, quien en ese entonces se refirió a los  miembros de la Antigua Orden Dominicana  como “muchachos que no se ve que tienen armas de fuego ni están armados y hasta este momento no  representan una mayor dificultad” y el silencio del Procurador General de la República,  nos preocuparon enormemente ya que al parecer las amenazas de muerte hacia una figura pública como lo es Marino Zapete y su familia,  para los representantes de las instituciones publicas llamadas a implementar el respeto de las leyes y de la Constitución,  no son perseguibles como crimen.

Ni siquiera al parecer, constituye un indicio de crimen la organización de un grupo paramilitar que en las redes sociales llama públicamente a organizarse y tomar las armas para enfrentar,  a costa de la vida,  la supuesta “invasión haitiana”.

Deberían preocupar, como nos preocupan a nosotros, los videos,  subidos a la página Facebook  de la Antigua  Orden Dominicana,  de ciudadanos que llaman a tomar las armas en contra de los haitianos presentes en el país, o los comentarios violentos y racistas que en ese perfil público se pueden leer. No se equivoquen que esto nada tiene que ver con la libertad de expresión.

En otro país,  esta cuenta de Facebook sería bloqueada y su administrador incriminado por amenazas, terrorismo, odio racial e instigación a la violencia.

En otro país.  Aquí no, ya que el Estado Social y Democrático de Derecho establecido por nuestra Constitución en su articulo n. 7 en nuestro país está secuestrado por un grupo neonazista y xenófobo que actúa con la complicidad tacita de las instituciones dominicanas.

Tanto han sido tolerantes, calladas, permisivas y cómplices por omisión  nuestras  instituciones, que una caminata pacifica con fines de promoción del deporte organizada por la diáspora haitiana  prevista para el da 23 de diciembre en el Mirador Sur, ha tenido que ser suspendida  por  sus propios organizadores frente  a las amenazas de realizar un “baño de sangre” que integrantes de la Antigua  Orden Dominicana han líberamente difundido vía redes sociales.

Definitivamente, director de la Policía Nacional y Procurador General de la República, están dejando que la violencia y el odio pasen por encima de las leyes de nuestro país, de la misma Constitución y que se violen derechos fundamentales. Todo esto con su anuencia y su complicidad.

Es inaceptable.

¿Al Procurador General de la Republica Jean Alain Rodríguez no le pareció suficiente como para incriminar Manny Solano lo que este señor dice en un video que ha circulado en estos días que, aunque sea con su carro “se los va a llevar todos” estilo terrorista yihadista?

¿Al Procurador General de la Republica Jean Alain Rodríguez no le pareció suficiente como para incriminar Manny Solano los gravísimos insultos que Manny Solano le dirige al presidente de la República?

¿Al Procurador General de la Republica Jean Alain Rodríguez no le pareció suficiente como para incriminar Manny Solano el llamado que este señor hace a sus milicianos “que vayan y no vayan desarmados” el domingo 23 al Mirador Sur?

Estimadas autoridades,  ¿no creen acaso que antes de que ocurra alguna tragedia con victimas inocentes a mano de algún nuestro salvador de la patria  yihadista al estilo caribeño, sea el caso de dar una señal clara y contundente que amenazar con realizar una masacre es un crimen punible por ley, así como violentar el derecho a la libre expresión y al tránsito de ciudadanos extranjeros legalmente presentes en el país?

Esperamos esta señal, señor director de la Policía Nacional y señor Procurador General de la República,  lo más pronto posible, antes de que la situación les escape de las manos  y antes de que algún inocente pague con la vida por su irresponsabilidad.

Santo Domingo, D.N.

21 de diciembre del 2018

CNDH-RD EXIGE SEAN RESPETADOS PROTOCOLOS Y DERECHOS HUMANOS DE VICTIMAS Y FAMILIARES EN CASO POLYPLAS

Desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) denunciamos como al transcurrir de las horas,  quedan claramente  evidenciadas numerosas fallas en el manejo de parte de las autoridades y de los directivos de la empresa Polyplas y una falta absoluta de respeto de los derechos humanos tanto de las victimas como de sus familiares, ante la tragedia ocurrida el miércoles pasado,cuando una explosión en la fabrica de plásticos ubicada en Villas Agrícolas ha dejado a la fecha de hoy un saldo provisional de seis muertos y decenas de heridos.

Condenamos firmemente, antes que todo, que a la fecha de hoy la empresa Polyplas,  aun no haya entregado a las autoridades la lista de los empleados que estaban laborando el día de la explosión en el lugar.

Lamentamos la actitud de genuflexión, una vez más,  del gobierno dominicano ante la actitud arrogante de algunos empresarios privados, en este caso  Manuel Diez Cabral,  quien se considera por encima de las leyes,  de los protocolos y de las autoridades y que llega a desmentir descaradamente hasta el mismo jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, Rafael del Rosario, respecto a las causas del hecho.

Lamentamos el silencio cómplice del ministro del Trabajo, Winston Santos, ante una tragedia que afecta de forma tan grave la clase trabajadora dominicana y que trae sombras preocupantes sobre los protocolos de seguridad y prevención de desastres en las empresas privadas.

“Recordamos que la República Dominicana es signataria de dos importantes convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en materia de protección y seguridad en el  trabajo”,ha declarado el Dr. Manuel María Mercedes presidente nacional de la CNDH-RD.

En el  año 2006 el país ha ratificado el  Convenio sobre los productos químicos  del 1990,  el cual indica precisas responsabilidades delos empleadores en el caso de las empresas donde  productos químicos son utilizados por sus empleados o donde estos estén a directo contacto con productos químicos, y en el 2015 ha ratificado el Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo del 2006,  cuyo objetivo es entre otros,  la “mejora continua de la seguridad y salud en el trabajo con el fin de prevenir las lesiones,enfermedades y muertes ocasionadas por el trabajo mediante el desarrollo de una política, un sistema y un programa nacionales, en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores”. Este último convenio establece directrices obligatorias para los países signatarios,  la gran mayoría de las cuales son inexistentes en nuestro país.

Condenamos  también la actitud violenta de la Policía Nacional,  que se demuestra una vez más una institución completamente inadecuada al rol que está llamada a desempeñar, llegando a reprimir con violencia los familiares de las víctimas.

Consideramos que sea necesaria y urgente la creación de una comisión de seguimiento integrada por autoridades, familiares de las víctimas y la Defensoría del Pueblo  para que de forma inmediata se pueda manejar la situación con la altura y el respeto a las víctimas  que se merecen y darle seguimiento a los daños y perjuicios de los afectados. Consideramos necesario y urgente además un registro de los daños a edificios públicos y privados afectados en el accidente y que a los desalojados se les garantice una ubicación segura y de calidad.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos exige  demás que de forma rápida, efectiva y eficaz sea establecida la cadena de  responsabilidades de lo ocurrido y que los responsables sean sometidos a la justicia, recordando que los dirigentes de la empresa, según el Código Civil y el Código Laboral son responsables civilmente por los daños sufridos como consecuencia de un accidente de trabajo. Condenamos que a la fecha,  el Ministerio Publico no haya ejercido aun la obligatoriedad de la acción pública, así como previsto en el Art. 30 del Código Procesal Penal y que bien se aplica a este caso.

Solicitamos a las autoridades correspondientes la realización urgente de un plan de ordenamiento territorial del Gran Santo Domingo disponiendo el traslado de empresas peligrosas en las afueras de la ciudad, para que tragedias como estas no vuelvan a repetirse.

Finalmente informamos a los familiares de las víctimas y de los desaparecidos que pueden recurrir a nuestra oficina donde un equipo de abogados de forma gratuita les asesorará en sus inquietudes.

Santo Domingo, D.N.

7 de diciembre del 2018

CNDH-RD CONDENA TRIBUNAL OTORGUE LIBERTAD A IMPLICADOS EN VENTA DE LOS TRES BRAZOS

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos condena el otorgamiento  de la libertad a los implicados en la venta de los terrenos de los Tres Brazo, decisión tomada en una audiencia secreta el pasado 19 de octubre.

Una vez más la justicia de hace garante de un puñado de malhechores en contra de los derechos vulnerados del pueblo dominicano.

Fuente: Diario Libre

SANTO DOMINGO. La decisión de la Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional de variar la coerción a los siete imputados que estaban presos por la venta irregular de los terrenos de Los Tres Brazos, generó disgusto entre los residentes de ese barrio.

El dirigente comunitario Fernando Morillo, quien forma parte de la directiva del Comité de Lucha por la Defensa de Los Tres Brazos, expresó que la decisión desacredita al sistema de justicia.

Mientras que Manuel María Mercedes, quien es el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, considera que a pesar de la intranquilidad que generaron a los moradores de ese barrio de Santo Domingo Este, la Justicia ha sido benévola con los imputados.

Sin embargo, pese a ser favorecidos con un cambio de medida de coerción, los implicados en ese caso se mantendrán en Najayo hasta que aporten las garantías económicas millonarias que les impusieron pagar en efectivo, además de los costosos brazaletes electrónicos.

A Julio Gómez, Manuel Aybar y Juana Inés Gómez, la Corte les impuso el pago de 5 millones de pesos en efectivo en la cuenta de la Procuraduría General de la República, además deberán usar grilletes, estarán sujetos a la prisión domiciliaria y no podrán salir del país.

Leoncio Almánzar, José de Pool Dominici y Carlos Gómez deberán pagar una garantía de 10 millones de pesos en efectivo. Mientras que a Domingo Lebrón le impusieron el pago de tres millones.

Los delitos cometidos

El grupo es imputado de participar presuntamente en la comisión de diversos actos ilícitos con la supuesta venta irregular de los terrenos de Los Tres Brazos. Entre los delitos cometidos figura la prevaricación, abuso de jurisdicción, falsedad y uso de documentos falsos.

Acción Urgente n. 1/18

República Dominicana, 30 de enero de 2018

 Acción urgente N. 1/18

 Ejecuciones Extrajudiciales en Los Alcarrizos (Santo Domingo)Final del formulario

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD)  con domicilio para recibir comunicaciones en la Avenida Ortega y Gasset n. 200 2do nivel de la Fundación Trópico esquina Reyes Católicos, Cristo Rey, Santo Domingo, Distrito Nacional Tel +1 (809)6161585 correo electrónico, cndhrd@hotmail.com, expresa su profunda preocupación y solicita respuesta urgente ante la denuncia aquí presentada de varias ejecuciones extrajudiciales que están ocurriendo en el municipio de Los Alcarrizos, Santo Domingo, este mes de enero de 2018. Seguir leyendo “Acción Urgente n. 1/18”

CNDH-RD CONDENA Y RECHAZA TAJANTEMENTE LA DETENCIÓN ILEGAL DE JUAN NUÑEZ

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos rechaza y condena tajantemente la detención  irregular en el día de hoy,  realizada por la policía ilegal y paramilitar del Central Romana Corporation y avalada por la Policía Nacional, en contra de Juan Nuñez, vocero de la Unión de Trabajadores Cañeros.

El sr. Nuñez se encontraba en la región Este esta mañana en un recorrido por bateyes de La Romana, dando seguimiento a 70 expedientes de trabajadores cañeros, a quienes les estaba realizando trámites para la expedición de su pensión, así como dispuesto por el presidente Danilo Medina.

El Central Romana Corporation, poderoso emporio económico basado sobre la explotación de miles y miles de seres humanos, en su mayoría migrantes haitianos, piensa que estamos aún en los años 50 y que hoy como entonces lo que tiene en la región Este de nuestro país, a parte de su inmenso latifundio, es un estado paralelo, donde actúa con su propia policía paramilitar al margen de las leyes y disposiciones del Estado dominicano. Seguir leyendo “CNDH-RD CONDENA Y RECHAZA TAJANTEMENTE LA DETENCIÓN ILEGAL DE JUAN NUÑEZ”