INFORME SITUACIÓN PENITENCIARIA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA BAJO LA EPIDEMIA DE COVID-19

 

INFORME SITUACIÓN PENITENCIARIA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA BAJO LA EPIDEMIA DE COVID-19

18 de abril del 2020

 

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En todos los informes anuales que nuestra organización redacta cada fin de año sobre la situación de los derechos humanos en el país, siempre hemos dedicado un renglón a parte  a la situación carcelaria,  ya que las violaciones que se dan entre los recintos penitenciarios son enormes y   comprenden tanto los derechos civiles y políticos cuanto los derechos económicos, sociales y culturales de los reclusos.

Si bien el sistema carcelario dominicano se había encaminado hacia una profunda reforma con la implementación del Nuevo Modelo carcelario que había sido saludado como ejemplo a seguir  para la región  por las Naciones Unidas y por la Unión Europea, que en parte lo han financiado, a la fecha de hoy tenemos que resaltar que el proceso de implementación de los nuevos modelos se ha estancado y que la construcción de nuevas cárceles se ha paralizado.

En los actuales momentos existen 36 centros de privación de libertad distribuidos en las 32 provincias en las que geográficamente se divide el país.

Estos 36 centros de privación de libertad tienen una capacidad para unos 15mil internos mientras en la actualidad albergan alrededor de 28mil privados de libertad, de los cuales más de 13mil viven en un gran estado de hacinamiento y en condiciones infrahumanas, violándoles todos sus derechos humanos establecidos por las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, la Constitución dominicana y la Ley n. 224 sobre Régimen Penitenciario.

De estos 28mil internos un total de 12mil se encuentra en el nuevo modelo y el restante 16mil en el viejo modelo.

En la actualidad el sistema penitenciario de la República Dominicana está al borde del colapso porque el Estado  no contempla ampliar la reforma penitenciaria a través del Nuevo Modelo de gestión penitenciaria que en estos momentos como decíamos luce estancado por la falta de recursos económicos para la construcción de nuevos centros.

El viejo modelo está concebido como un mercado donde todo se vende y se compra y que se puede decir que sigue siendo un cementerio de hombres vivos.

En esas cárceles falta de todo, espacio físico, alimentación, atención médica, medicamentos, agua, higiene, y donde el hacinamiento es horrible.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD), preocupada por lo tanto en virtud de esta situación, por la situación relativa  a la propagación de la Covid-19 en las cárceles del país, sobre todo las del viejo modelo de gestión penitenciaria,  en fecha 24 de marzo del 2020,  dirigía una solicitud al presidente de la República Danilo Medina Sánchez y al procurador general Jean Alain Rodríguez solicitándoles la adopción de  medidas URGENTES  a fines de descongestionar las cárceles de nuestro país en vista de la epidemia de  SARS-CoV-2.

Las medidas solicitadas eran las siguientes:

  1. a) Indulto humanitario y masivo a todos los internos en las cárceles públicas del país con enfermedades terminales, previo cumplimiento de las formalidades de Ley.
  2. b) Indulto humanitario y masivo a todos los adultos mayores de 60 años en las cárceles públicas del país, previo cumplimiento de las formalidades de Ley.
  3. c) Libertad pura y simple a todos los internos con medida de coerción consistentes en pago de una garantía económica, previo cumplimiento de las formalidades de Ley.
  4. d) Libertad para aquellos que están presos por multas, previo cumplimiento de las formalidades de Ley.
  5. e) Libertad para aquellos que están privados de libertad por trámites burocráticos, previo cumplimiento de las formalidades de Ley.
  6. f) Libertad para aquellos presos que le faltan solo meses para cumplir su condena total, previo cumplimiento de las formalidades de Ley.
  7. g) Libertad para los presos que ya han cumplido ¾ de la pena total, previo cumplimiento de las formalidades de Ley.
  8. h) Libertad para los que están privados de libertad por delitos menores, previo cumplimiento de las formalidades de Ley.

De hecho organismos internacionales de derechos humanos, y la Organización de las Naciones Unidas han hecho en varios momentos planteamientos similares a todos los gobiernos del planeta, instándoles a tomar medidas urgentes a fines de preservar la salud de las y los privados de libertad en los recintos carcelarios y de impedir la circulación del virus en los mismos.

Solicitudes que han sido acogidas hasta por gobiernos no democráticos como el de Irán y de Turquía que han liberado miles y miles de detenidos.

Aquí enseguida resumimos las directrices principales de estos organismos, en  orden cronológico:

12 de marzo  – La Unicef publica el documento “Preparación y respuesta a la emergencia del COVID-19 – Agua, saneamiento, higiene (WASH) y medidas de Prevención y Control de las Infecciones (PCI) en hogares y espacios públicos”.

23 de marzo –  La Región Europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado una guía provisional sobre cómo tratar en las cárceles el Covid-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, en la que insta a los países a crear un sistema de coordinación entre los sectores de la Sanidad y la Justicia, junto al personal penitenciario, para luchar contra esta patología.

25 de marzo – La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió a los gobiernos que tomen medidas urgentes para proteger la salud y la seguridad de las personas que se encuentran detenidas o recluidas en otras instalaciones cerradas, como parte de los esfuerzos generales que se llevan a cabo para frenar la pandemia del COVID-19, ya que en las condiciones en las que se encuentran los centros de reclusión de muchos países, “el distanciamiento físico y el autoaislamiento resultan prácticamente imposibles”.

Las medidas solicitadas van desde la reducción del número de reclusos según prioridades, garantizarles el  derecho a la alimentación y el agua potable, como  respetarse plenamente las normas que impiden maltratar a los detenidos y que garantizan su acceso a la atención médica y la asistencia letrada.

25 de marzo – Por su parte, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura publicó una serie de recomendaciones para los gobiernos sobre cómo proteger a las personas privadas de libertad en prisiones, recintos de detención de migraciones, campos de refugiados cerrados y hospitales psiquiátricos durante la pandemia de coronavirus.

Entre las medidas se incluye: liberar a los reos menos peligrosos y examinar todos los casos de prisión preventiva entre otros.

31 de marzo – La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos emitió una nota de prensa instando “los Estados a garantizar la salud y la integridad de las personas privadas de libertad y sus familias frente a la pandemia del COVID-19”.

2 de abril – José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW) en una declaración de prensa también instó a los gobiernos de la región a “reducir la sobrepoblación carcelaria para combatir el COVID-19”.

7 de abril – El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en una nota de prensa expresó la preocupación que los lugares de  detención se vean afectados duramente por la pandemia de la COVID-19, debido a la particular situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas privadas de libertad frente a la propagación de enfermedades infecciosas.

10 de abril – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió la resolución n. 1/20 llamada “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas” donde hay un apartado específico sobre las personas privadas de libertad Personas Privadas de Libertad donde entre otras recomendaciones se menciona la de “adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de la libertad” y “adecuar las condiciones de detención de las personas privadas de libertad particularmente en lo que respecta a alimentación, salud, saneamiento y medidas de cuarentena.

En nuestro país además de los planteamientos hechos por nosotros de la  Comisión Nacional de los Derechos Humanos,  como organización no gubernamental,  se han dado los siguientes:

24 de marzo – El Colegio de Abogados de República Dominicana ha solicitado al presidente de la República, Danilo Medina, y al procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, descongestionar las cárceles del país para evitar la propagación del coronavirus o COVID-19 que ha infectado a más de 400,000 personas y ha provocado la muerte de más de 15 mil a nivel mundial.

27 de marzo – El Ministerio de Salud Pública de República Dominicana en conjunto con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud publican y dan a conocer las “Directrices para la preparación, prevención y control del COVID-19 en los centros penitenciarios y otros lugares de detención de la República Dominicana”.

31 de marzo  – El procurador general de la República Jean Alain Rodríguez instruyó al  Ministerio Público para que disponga cambios provisionales pero urgentes de modalidades de medidas de coerción o de prisión definitiva (condenados), en los casos de adultos mayores y los que presentan condición de salud de alto riesgo, las cuales solo se aplicarían si en los archivos del sistema penitenciario existen registros de enfermedades crónicas o terminales.

9 de abril – La defensora del Pueblo, Zoila Martinez Guante, propuso a la Procuraduría  General de la República y a la Comisión de Alto Nivel designada por el gobierno para la prevención y control del Coronavirus, reunirse con urgencia para revisar los expedientes de los reclusos que están próximo a cumplir condena, los envejecientes y los que padecen de enfermedades infectocontagiosas (hepatitis, tuberculosis, VIH-SIDA), a fin de que se gestione  su libertad con celeridad para evitar la expansión del Coronavirus en los recintos penitenciarios.

A pesar de todo esto, sin embargo,  podemos decir que   las medidas tomadas por las autoridades ni han sido suficientes ni han sido urgentes.

En la cárcel de La Victoria según datos del 2014[1] , de un total de 26,350 reclusos, 8,555 están recluidos en ese recinto, o sea el 32.5%. De ellos “3,232 tienen condenas de los tribunales (37.8%), mientras que 5,318 (62.1%) están en calidad de preventivos”.

Justamente La Victoria representaba nuestra mayor preocupación; su gran índice de hacinamiento y las terribles condiciones higiénicas en las que los privados de libertad se encuentran, la hacen un lugar de alto riesgo.

En la cárcel de La Victoria construida para 2.000 presos y que alberga 9.000,  resultan 192 positivos que han sido trasladados al batey Bienvenido en aislamiento, 4 hospitalizados y 7 personas ya han fallecido, según las autoridades, a la fecha. 112 mayores de 60 años han sido trasladados a Boca Chica y han sido realizadas 3,300 pruebas rápidas, lo que nos preocupa, vista la población de la cárcel que es de alrededor 9mil privados de libertad.

Señalamos que nos ha llegado denuncia de otro fallecimiento, de Joel Batista Soto, quien era preso preventivo y ha fallecido con sintomatología de Covid-19 en espera de su libertad que estaba ya firmada. A Joel no se le ha realizado prueba y no ha sido contabilizado en los  fallecimientos de La Victoria.

A pesar de los esfuerzos que se están realizando en estos días, que se han implementado de forma tardía, la epidemia sigue propagándose en La Victoria muy rápidamente y no han sido tomadas medidas suficientes para su descongestionamiento.

Mientras, en la cárcel  de San Francisco de Macorís, en la provincia Duarte, perteneciente al viejo modelo de gestión penitenciaria, las autoridades reportan un deceso sospechoso por covid-19 y están a la espera de los resultados.

Sin embargo, dos de los cuatro compañeros de celda del fallecido han dado positivo en coronavirus[2].

También la cárcel del Pinito de La Vega ha sido afectada por el Covid-19: siete reclusos, entre ellos un nacional francés y un Agente de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario (VTP) ha resultado  positivos, lo que indica que también los centros del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria  están siendo afectados.[3]

La semana pasada, vistas las insuficientes medidas  tomadas por las autoridades para  descongestionar la situación de grave hacinamiento de la cárcel de La Victoria (que anda por un 300%) y otros recintos,  se ha creado una comisión formada por  representantes de la sociedad civil e instituciones con el objetivo de dar seguimiento al tema carcelario.

La comisión está integrada por el Licdo. Roberto Santana (presidente de la Academia Regional Penitenciaria), Fray Arístides Richardson (coordinador de la Pastoral Penitenciaria), el magistrado Rafael Báez (Tribunal Contencioso Administrativo) y el presidente de la CNDH-RD, Dr. Manuel María Mercedes.

Conforme a informaciones recibidas de la Suprema Corte de Justicia, hay alrededor de 2mil detenidos que pudieran estar en libertad ya que han cumplido su pena o han hecho acuerdos y que sus trámites han quedado paralizados a raíz del cierre de los tribunales.

Hemos detectado también que más de 300 de ellos en todos los recintos del país tienen orden de libertad y pudieran estar ya fuera de la cárcel y más de mil están privados de libertad por multa o por garantías económicas.

En esos casos el Estado puede asumir y a través del juez de ejecución de la  pena  con una resolución variar la medida.

Otra situación que se ha determinado es que el 35%  de los más de 26mil privados  de libertad de las cárceles del país están presos por delitos menores, los cuales se les puede variar la medida o ponerlos provisionalmente en libertad a fines de descongestionar  los recintos, según las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio).

Sumando todas estas situaciones llegaríamos casi  a la mitad del total de detenidos que pudieran ser puestos en libertad en diferentes  formas.

La comisión, que se ha estado reuniendo vía plataforma telemática, ha hecho contacto con el director de Prisiones, con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, con el director de la Policía Nacional, con el ministro de la Presidencia y con el procurador general de la República, haciendo a todos ellos estas  recomendaciones.

Sin embargo seguimos en espera de respuestas.

La comisión se ha dado  las siguientes TAREAS:

  1. Realizar visitas al penal de La Victoria y otros penales para conversar  con los internos encargados de áreas y representantes de celdas para escucharlos y tomar nota de sus peticiones y quejas.
  2. Informar la dirección de la Policía Nacional, la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Prisiones,  sobre situaciones de maltratos y abusos de las cuales han llegado denuncias a la CNDH-RD.
  3. Conseguir el listado que tiene la Dirección General de Prisiones  de los internos que dicen haber cumplido su pena para que sean comunicados a los abogados de la defensa pública y a la CNDH-RD, para que se  hagan las solicitudes correspondientes a los respectivos  Tribunales de Ejecución de la Pena para fines de declaratoria de cumplimiento  de la pena.
  4. Conseguir el listado de decisiones que tiene el Poder Judicial relativas a órdenes de libertad para su inmediato cumplimiento.
  5. Continuar el proceso de evacuación y aislamiento de los internos contagiados para que sigan los traslados al lugar en donde están siendo atendidos y reforzar el personal médico que les atiende, así como la seguridad del lugar.
  6. Establecer comunicación con el Director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública para la coordinación de los trabajos junto con el equipo de abogados de la CNDH-RD, cuya misión será agilizar, tramitar y dar seguimiento a las solicitudes de libertad por pena cumplida en los distintos tribunales.
  7. Proponer y canalizar al presidente de la Suprema Corte de Justicia la habilitación de los tribunales con un personal mínimo para la localización de los documentos necesarios para solicitar a los jueces de ejecución de la pena el cómputo y orden de libertad de los internos cumplidos.
  8. Inventariar los casos de personas que se les ha impuesto garantía económica para que las mismas puedan ser pagadas por el Ministerio Público, alguna entidad sin fines de lucro o fundación, o el Defensor del Pueblo si fuese necesario.

La comisión también formula las siguientes RECOMENDACIONES:

  1. Que se informen debidamente los privados de libertad de la necesidad de implementar medidas para contrarrestar la difusión del COVID-19 y sobre elementos básicos de higiene a esos fines. Hacer énfasis en la naturaleza

temporal de las medidas y los beneficios para la salud de las personas privadas de libertad.

  1. Realizar pruebas masivas de detección PCR de COVID -19 a los privados de libertad y al personal penitenciario.
  2. Que se garantice acceso al agua, jabón y solución desinfectante o alcohol para la población carcelaria.
  3. Que se dé seguimiento al tema de la comida, donde en primer término las autoridades deberán comprometerse a resolver el problema de la entrada de alimentos crudos al penal para suplir los pequeños colmados de las distintas áreas del mismo,  así como el agua potable en botellones.   Por otro lado el  ministerio de Salud Pública debe garantizar el estricto control sanitario en los puntos de entrada de alimentos y otros insumos necesarios para la higiene personal de los internos.
  4. Brindar atención médica de calidad y urgente a los detenidos que la necesiten.
  5. Se reitera la sugerencia de suspender las visitas y que se  prevén  medidas para promover el contacto no físico con los familiares de las personas privadas de libertad, como llamadas telefónicas o correos electrónicos. También se sugiere que sea habilitado un personal para la entrega de dinero efectivo y medicinas a personas con condición de salud específicas.
  6. Se recomienda sustituir el personal de vigilancia y de planta que actualmente está en el penal por otro personal.
  7. Se recomienda promover junto al Ministerio de Salud Pública una sanitación  de los penales afectados por coronavirus.
  8. Se recomienda a las autoridades competentes solicitar una visita de la Cruz Roja Internacional para que pueda apoyar los recintos carcelarios del país con insumos y equipos.

Santo Domingo, DN

18 de abril del 2020

 

[1] http://www.diariolibre.com/noticias/la-victoria-llega-a-un-32-del-total-de-reos-KGDL792091

[2] https://cnnespanol.cnn.com/2020/04/09/alerta-republica-dominicana-registra-238-casos-nuevos-de-covid-19-en-un-dia-17-presos-en-dos-carceles-dan-positivo/

[3] https://almomento.net/siete-reclusos-dan-positivo-alcoronavirus-en-carcel-el-pinito/

PALABRAS DE AGRADECIMIENTO PARA LAS ACCIONES LLEVADAS A CABO EN EL DÍA DE LA MEMORIA Y EL COMPROMISO, EL 21 DE MARZO

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Estimadas y estimados,

queremos mandarle un saludo para agradecerles el gran y generoso compromiso realizado el sábado al “construir” juntos una plaza virtual llena de afecto y creatividad al recordar las historias de las víctimas de las mafias. Para muchos de los familiares de las víctimas, este detalle marcó la diferencia: ese maravilloso abrazo que recibimos de todos vosotros cada año, y que intercambiamos entre nosotros durante el día del 21 de marzo, lo pudimos sentir del mismo modo al percibir vuestra atención afectuosa y recordar a nuestros seres queridos y a nosotros mismos. El sábado, todos juntos, vivimos un día diferente e inolvidable, ya que se desarrolló en el momento difícil y complejo que atraviesa el país, pero, precisamente por esta razón, se vio caracterizada por esa extraordinaria solidaridad y cercanía humana que distingue a nuestra comunidad.

El camino que nos ha llevado a construir la memoria que ha acompañado nuestro compromiso diario durante 25 años y del cual cada uno de nosotros representa una parte activa del mismo, tiene un contenido ético de gran valor, precisamente porque no “teme” acceder a la dimensión más humana de todas nuestras actividades: el de cuidar a la persona y sus sentimientos y que, en el caso de las víctimas inocentes de las mafias, asume un compromiso aún más importante, ya que las personas que recordamos han sido asesinadas y, muchas de ellas, la mayoría, se arriesgan a entrar en el olvido sin posibilidad de volver. Todos, durante 25 años, hemos trabajado para evitar que esto suceda, conscientes de que esas vidas traen consigo una historia que esconden los valores, el contenido de los sueños y proyectos que estas personas tuvieron en vida, pero también contamos con un contexto social, histórico y geográfico que nos ha permitido comprender las organizaciones criminales de tipo mafioso acontecido en los diversos lugares de Italia y más allá de las fronteras de nuestro país, facilitándonos la labor de interpretación de las mafias y los fenómenos corruptos que suceden en la actualidad.

Este sábado nos permitió, una vez más, no perder el sentido de todo esto, habida cuenta de la dificultad del momento y considerando el profundo duelo que estamos experimentando, expresando cercanía con quienes sienten el sufrimiento hoy.

Gracias, en nombre de los miembros de la familia que represento y en el mío propio. Os mando un abrazo con mucho cariño. Hasta pronto.

 

Daniela  Marcone

Responsable de Memoria y Vicepresidenta de Libera, Asociaciones de Nombres y Números Contra las Mafias

CARTA DE LA CNDH-RD AL PRESIDENTE MEDINA PIDIENDO INDULTO HUMANITARIO PRESOS MAYORES DE 65 AÑOS

Santo Domingo, D.N.

24 de Marzo 2020

Lic. DANILO MEDINA SÁNCHEZ

Excelentísimo Presidente Constitucional

De la República Dominicana.

 

Magistrado JEAN ALAIN RODRÍGUEZ

Procurador General de la República Dominicana,

Su despacho.

 

Estimados Señores,

Luego de saludarles, sirva la presente para referirnos a la preocupante situación que enfrentamos ante el COVID-19, el cual ha logrado infectar a más de 400,000 personas a nivel Mundial, con más de 19,000 fallecidos; Es en ese orden de ideas, dada la alta peligrosidad que representa dicha enfermedad para la población penitenciaria, entendemos que se hace necesario tomar medidas urgentes para descongestionar nuestras cárceles, tal y como ya lo hicieron países como IRÁN, ESPAÑA, ALEMANIA, ESTADOS UNIDOS, etc, por lo que, muy respetuosamente, para evitar que la privación de libertad se convierta en pena de muerte, sugerimos adoptar las siguientes medidas:

  1. a) Indulto humanitario y masivo a todos los internos en las cárceles públicas del país con enfermedades terminales, previo cumplimiento de las formalidades de Ley.
  2. b) Indulto humanitario y masivo a todos los adultos mayores de 65 años en las cárceles públicas del país, previo cumplimiento de las formalidades de Ley.
  3. c) Libertad pura y simple a todos los internos con medida de coerción consistentes en pago de una garantía económica, previo cumplimiento de las formalidades de Ley.
  4. d) Libertad para aquellos que están presos por multas, previo cumplimiento de las formalidades de Ley.
  5. e) Libertad para aquellos que están privados de libertad por trámites burocráticos, previo cumplimiento de las formalidades de Ley.
  6. f) Libertad para aquellos presos que le faltan solo meses para cumplir su condena total, previo cumplimiento de las formalidades de Ley.
  7. g) Libertad para los presos que ya han cumplido ¾ de la pena total, previo cumplimiento de las formalidades de Ley.
  8. h) Libertad para los que están privados de libertad por delitos menores, previo cumplimiento de las formalidades de Ley.

Comprendemos que son medidas radicales, pero necesarias para evitar que se produzca una tragedia en las cárceles dominicanas.

Sin más por el particular, esperando que la presente sea de su agrado,

Se despiden,

MANUEL MARIA MERCEDES                             LIC. JOSÉ ENRIQUE ALEVANTE TAVERAS

Presidente de la CNDH-RD                                          Vicepresidente de la CNDH-RD

 

PRIMER BOLETÍN DE LA CNDH-RD DE OBSERVACIÓN DE LA EPIDEMIA DEL COVID-19 EN EL PAÍS

19 de marzo del 2020

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) desea antes que todo informarle a la opinión pública nacional e internacional que si bien habíamos agendado la realización de una rueda de prensa para este jueves 19 de marzo a las 9:30 am frente  al ministerio de Salud Pública, hemos decidido, en observancia de las medidas implementadas por el Gobierno para contrarrestar la difusión del COVID 19 en nuestro país,   enviar vía correo electrónico a todos los medios el documento de prensa, comunicando además  la disponibilidad del Dr. Manuel Maria Mercedes,  presidente nacional de nuestra organización,  a realizar entrevistas telefónicas para aquellos medios que deseen ampliar las informaciones.

Desde la CNDH-RD hemos dado seguimiento temprano  a la situación de la propagación del virus COVID-19, tanto a nivel de la difusión epidemiológica cuanto a nivel del punto de vista científico y médico, justamente para fortalecer nuestros conocimientos y estar preparados ante la situación que estamos enfrentando  en estas semanas.

Estamos convencidos de que esta pandemia se podrá derrotar solo y  exclusivamente con esfuerzos colectivos concertados entre  los gobiernos,   los ciudadanos y los demás actores sociales.

En ese sentido, como organización defensora y promotora de los derechos humanos, atentos al bienestar físico y emocional del pueblo dominicano, de forma responsable  apoyamos las medidas implementadas por el Poder Ejecutivo en la noche del martes 17 de marzo y que han entrado en vigencia desde esta mañana.

Invitamos toda la ciudadanía y nuestros dirigentes, miembros y activistas a respetar la cuarentena de forma cívica y responsable, manteniendo el distanciamiento social necesario y las medidas de higiene recomendadas, ya que la situación terrible que están viviendo en otros países se ha debido a que no se ha contenido de forma temprana  y efectiva la propagación del virus.

Estamos llamados todos, como Nación,  a participar en ese esfuerzo colectivo para vencer y detener ese enemigo invisible que amenaza  tanto nuestras vidas cuanto nuestra propia sociedad.

Sin embargo,  queremos resaltar que estas medidas, que en cierta medida limitan nuestras libertades y que nos obligan a cambios drásticos y repentinos de nuestro estilo de vida, serán inútiles si las autoridades  de Salud Pública y de la Dirección General de Epidemiologia no actúan de forma seria, coordinada y responsable ante esta amenaza.

En forma específica pedimos que se le dé estricto seguimiento epidemiológico   a todos los casos de contagio y a los contactos de las personas que resultan positivas a la prueba y que se rectifiquen los comportamientos y los errores que todos hemos podido observar en el manejo por ejemplo del caso de Villa Riva,  así como pedimos que se realicen las pruebas de rigor de forma estricta y expedita.

Sugerimos que se incrementen y difundan masivamente  las informaciones respecto a la línea telefónica de la Dirección General de Epidemiologia habilitada recientemente y los pasos que debe seguir una persona que sospeche estar contagiada  por el COVID-19, ya que tenemos constancia de que la gran mayoría de la población desconoce ese  número y está muy confundida sobre los pasos que debe  seguir en caso de contagio.

De hecho hemos relevado mensajes contradictorios de parte tanto de las autoridades cuanto de algunos médicos especialistas,   quienes han llamado a la población a acudir,  en caso de  sospecha de ser afectados  por el COVID-19,  a “los centros médicos mas cercanos” o a “emergencias”, cuando consideramos, sobre la base de lo observado en otros países,  que la costumbre  de ir a consultarse en emergencia   de parte de las personas con síntomas, luego resultadas positivas a la prueba, ha creado  importantes y graves focos de contagio en los hospitales, donde han resultado contagiados  médicos y personal sanitario que en este momento al contrario  deben ser tutelados y protegidos.

En Italia de hecho,  precisamente a la fecha de hoy,  el personal sanitario contagiado por COVID-19 representa casi el 9% de todos los positivos.

Por otro lado les exigimos a las autoridades de Salud Pública mantener la transparencia y la eficiencia en la difusión de las informaciones. Tenemos la sensación, al igual que la gran mayoría de la ciudadanía,  de que no se está siendo transparentes sobre el real tamaño de la epidemia en el país, ya sea por estar subestimando los contagios, por estar realizando pocas pruebas o por censura en las informaciones.

Cualquiera sea la causa, se está difundiendo entre la población una peligrosa  incertidumbre  y desconfianza en las autoridades sanitarias.

Recordamos que la misma Organización Mundial de la Salud ha lanzado en estos días un llamado a los países para que realicen “pruebas, pruebas, pruebas”  con el objetivo de que las medidas de cuarentena sean verdaderamente efectivas, ya que  de que por sí solas no son suficientes, así que solicitamos que sean realizada de forma expedita todas las pruebas que sean necesarias a las personas aunque tengan sintomatología leve y a las que aunque no tengan sintomatología haya estado en contacto cercano con un positivo. Es de estos días la investigación según la cual los asintomáticos son tan contagiosos como las personas que presentan síntomas y es por no aislar debidamente los asintomáticos cercanos a los positivos que el virus se está difundiendo tanto a nivel mundial.

Además de estos aspectos, hay situaciones que nos preocupan y que tienen que ver estrictamente con la defensa de los derechos humanos. Por lo que concierne el tema laboral, nos sentimos extremadamente preocupados por todos aquellos trabajadores que están en riesgo de perder su trabajo a causa de la crisis económica que afectará inevitablemente el país.

Respecto a la disposición de cuarentena hacemos un llamado al empresariado dominicano a acatar la misma para sus trabajadores, en  el estricto respeto de sus  derechos laborales y a implementar donde posible el trabajo desde la casa o en línea de sus empleados.

Consideramos también que el gobierno debe disponer facilidades para que el sector informal pueda llevar la cuarentena  sin dificultad.

Finalmente expresamos preocupación para los miles de privados de libertad en los recintos carcelarios del país.

Informamos que nuestro presidente Dr. Manuel María Mercedes se pondrá en contacto inmediato con las autoridades competentes para solicitarles medidas que puedan ayudar la descongestión de los centros carcelarios a fines de evitar la propagación del virus, como por ejemplo instar a los jueces que consideren la medida de prisión preventiva como excepcional, como efectivamente lo es conforme a la Constitución, otorgar medidas de privación de libertad alternativas,  en los recintos  facilitar insumos y desinfectantes, implementar medidas extraordinarias de higiene, agilizar las visitas y chequeos médicos para detección temprana de casos de coronavirus, realizar jornadas informativas respecto a las medidas para la protección, entre otras.

Queremos asegurar al pueblo dominicano que estaremos atentos y vigiles  ante cualquier extralimitación del estado de emergencia  y ante cualquier abuso o exceso que se pueda dar de parte de las autoridades,  no finalizado a la contención del virus COVID-19 y que de forma periódica estaremos emitiendo boletines sobre el tema.

 

 

 

CNDH-RD CONSIDERA QUE LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL HA REPRESENTADO UNA PAGINA NEGRA EN LA HISTORIA DE LA DEMOCRACIA DE NUESTRO PAÍS Y EXIGE DETENER DERIVA AUTORITARIA DEL GOBIERNO

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CNDH-RD CONSIDERA QUE LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL HA REPRESENTADO UNA PAGINA NEGRA EN LA HISTORIA DE LA DEMOCRACIA DE NUESTRO PAÍS Y EXIGE DETENER DERIVA AUTORITARIA DEL GOBIERNO

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la República Dominicana (CNDH-RD) considera que la suspensión del proceso electoral del pasado domingo 16 de febrero ha representado una página  negra en la historia democrática de nuestro país, que ha manchado de forma irrevocable la imagen del mismo frente a la comunidad internacional y que ha decretado el punto de caída más bajo de la confianza del pueblo dominicano en este gobierno.

Se ha tratado de una crónica de una muerte anunciada que  se venía venir desde meses y que incluso ya había dado señales en las precedentes elecciones del 2016, cuando se invirtieron  en ese entonces  US$39.7  en los equipos para la automatización del registro  y escrutinios de los votos y los mismos fueron un fracaso total, también por el mal manejo de los técnicos que estaban a cargo de ellos.

En este proceso la magnitud de irregularidades, fallos y mal manejo ha obligado la Junta Central Electoral a suspender las elecciones y a fijar nueva fecha para otras, estableciendo un proceso de votación manual, medida que apoyamos completamente.

Sin embargo exigimos que se abra una profunda y exhaustiva investigación de lo ocurrido, ya que ha sido evidente un intento de socavar la democracia a través de un fraude colosal a daño de la voluntad popular de millones  de dominicanas y dominicanos que de forma pacífica el domingo se aprestaban a ejercer su derecho al voto.

Es evidente que hay un sector ni tan oscuro, involucrado en el  poder, con acceso a tecnología y a procedimientos,  que está en la capacidad de quebrantar el Estado Social y Democrático de Derecho en nuestro país y sobre ese aspecto debemos valorar como nulas o inexistentes las  preocupaciones de la Procuraduría General de la  República, ya que desde las primeras horas de la mañana del domingo pudimos comprobar que de los fiscales electorales designados nadie contestó a las llamadas que se les hacía desde los centros electorales.

Agradecemos también la presencia de los observadores internacionales que pudieron garantizar que las elecciones se suspendieron, sin embargo eso ha definitivamente dejado mal parado el país ante los ojos de la comunidad internacional, rebajándonos a   categoría de “república bananera”, sin  tener miedo a exagerar en esa valoración.

Nadie podrá reparar el daño moral y económico que le ha costado al país el día domingo 16 de febrero y el daño que le provocará un mes más de campaña electoral y la designación de una nueva fecha electoral.

Condenamos en ese mismo sentido la represión brutal con bombas lacrimógenas que se ha desatado en estas horas en contra de los jóvenes dominicanos que ante ese intento tan burdo y descarado de fraude electoral y la negación de sus derechos civiles y políticos, están protestando pacíficamente en la Plaza de la Bandera en Santo Domingo frente la Junta Central Electoral.

Consideramos  inaceptables las declaraciones del ministro de Defensa de que agredirlos con bombas lacrimógenas ha sido una acción unilateral de un militar; en esos casos sabemos muy bien y el derecho internacional de los derechos humanos así lo establece, que  las responsabilidades son siempre y exclusivamente institucionales. Desde tiempo hemos venido denunciando  esa práctica de individualizar las respuestas de los agentes de seguridad del Estado a fines de desvincular las instituciones que lo representan de  graves violaciones de derechos humanos,  y la condenamos firmemente.

Por otro lado pedimos que se preserve la integridad física y psicológica del coronel  Ramón Antonio Guzmán Peralta y del técnico de Claro, Manuel Antonio Regalado, quienes son investigados por tener conocimiento de una presunta trama para boicotear las elecciones municipales del pasado domingo.

Es por ello que señores Presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, y Procurador de la República, Jean  Alain Rodríguez, asuman por fin y de una vez por todas su rol como fieles garantes de la  ejecución de la Ley Dominicana y de la justicia, cúbranse de  honor e investiguen lo que ha pasado con el proceso electoral  y aseguren a la justicia los funcionarios, técnicos, políticos y particulares que han tratado de imponer un golpe de estado al país a través de un fraude electoral en el día de ayer, de la misma forma  detengan ya ese retroceso gravísimo de los espacios democráticos en nuestra república, retroceso en el que todas las instituciones del país están teniendo su responsabilidad,  lo que está definitivamente caracterizando el gobierno actual como represivo y autoritario.

El pueblo dominicano está sediento de paz, justicia social y cambio político y se merece un país diferente y no la caricatura de estado que nos  están ofreciendo.

Santo Domingo, D.N. 20 d febrero del  2020

 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (CNDH-RD) Y ORGANIZACIONES INTEGRANTES RED-ALAS CONDENAN EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

Nuevo logo CNDH                                                                      alas logo

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la República Dominicana (CNDH-RD) y las demás organizaciones regionales, abajo firmantes, reunidas en  la 3ra. Asamblea de la Red Alas que se desarrolla en Guatemala desde el 4 hasta el 10 de diciembre de este 2019, denuncian  a la comunidad nacional e internacional el alto número de ejecuciones extrajudiciales que se dan en la República Dominicana, en su mayoría de jóvenes pertenecientes a los sectores  más marginados de la sociedad,  y que cada año tanto dolor le causan a decenas de  familias.

Podemos decir que las ejecuciones extrajudiciales se han vuelto en la República Dominicana como una práctica de Estado para  ejecutar de forma encubierta la pena de muerte,   a pesar de esta estar expresamente prohibida en la Constitución Dominicana en su artículo n. 37.

Según datos de la CNDH-RD el número de las ejecuciones extrajudiciales este 2019 ha sido de alrededor de 100.

Cada año decenas y decenas de ciudadanos en su mayoría jóvenes, caen por mano de miembros de la Policía Nacional  y demás agencias de seguridad del Estado en los mal llamados intercambio de disparos.

Informes e investigaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) han de hecho demostrado que en su mayoría estos intercambios de disparos no son otra cosa que ejecuciones a quemarropa de ciudadanos los cuales ya se encontraban  en condición de indefensión ante la autoridad (ej, esposados al suelo o ya detenidos y que luego aparecen muertos).

Recordamos entre todos el muy reciente caso del joven Ignacio Alfonso Abreu (30 años) hijo del secretario de organización de la filial de Moca de la CNDH-RD, ejecutado con un tiro en la cabeza el pasado mes de octubre por un efectivo de una patrulla del Grupo de Acción Rápida de la Policía Nacional cuando se encontraba ya en el suelo esposado a boca abajo durante un operativo policial.

Este hecho ocurre  apenas pocos días después de la ejecución extrajudicial en  Higuey  del joven Sandy Guerrero de 23 años  quien solamente  regresaba de su trabajo y quien también se encontraba en posición de indefensión durante un operativo policial.

Nos sumamos por lo tanto a la petición que hace la Comisión Nacional de los Derechos  Humanos (CNDH-RD) de que ante esta situación el  Director de la  Policía Nacional General Ney Aldrin Bautista Almonte renuncie y que el presidente de la República  Danilo Medina conjuntamente a las  demás instituciones públicas involucradas e interesadas en el tema  que de forma inmediata detengan esta matanza  de nuestra juventud, admitan  públicamente el problema y además propongan soluciones a breve mediano y largo plazo para que hechos como estos no se repitan.

Recordamos que las ejecuciones extrajudiciales son una de las violaciones de derechos humanos  más graves condenadas por todos los organismos internacionales y que los agentes policiales están llamados a actuar según protocolos que prevén un uso proporcional de la fuerza lo que evidentemente desconocen los miembros  de la Policía Nacional de la República Dominicana.

Guatemala, 10 de diciembre del 2019

LIBERA, Associazioni, Nomi e Numeri CONTRO LE MAFIE,  Italia

Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Argentina

Movimiento de Trabajadores Excluidos – Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (MTE-CTEP), Argentina

Fundación MULTIPOLAR, Argentina

Acción por una Educación Activa (APEA), Bolivia

Colectivo Casa,  Bolivia

Movimiento Afroindígena Yabatach, Bolivia

Coordinadora de la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra (RENAMAT), Bolivia

Comisión Pastoral de la Tierra, Brasil

Colectivo Fala Acari, Brasil

Instituição Beneficente Conceição Macedo – IBCM, Brasil

Universidades do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) Brasil

Associaco Catarinense, Brasil

Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios (ACEU), Colombia

Asociación Nacional de Mujeres Colombianas (ASONAM), Colombia

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), Colombia

Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia (CPDH), Colombia

FIS, Colombia

HIJOS, Colombia

Comisión Intereclesial Justicia y Paz, Colombia

Movimiento de Victimas de Crímenes de Estado (MOVICE), Colombia

Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, PDPMM

Madres Falsos Positivos de Soacha y Bogotá, Colombia

Corporación KIRIMINA,  Ecuador

Trabajadoras Sociales, Ecuador

Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en el Ecuador (ASFADEC), Ecuador

Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), Ecuador

Fundación Nueva Vida Ecuador

Movimiento Salvadoreño de Mujeres (MSM) El Salvador

Irreal Teatro El Salvador

Supérate y Crece, El Salvador

Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ),  Honduras

Caravana Red Retoño,  Honduras

Alta Escuela para la Construcción de Paz, México

Cauce Ciudadano, México

Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desparecidas, México

Brigada Humanitaria de Paz Marabunta, México

Movimiento Nacional par Nuestros Desaparecidos en México, México

Red Retoño, México

Organización Popular Independiente (ORPOIN), México

Solidaridad Internacional Kanda AC (SIKANDA) Oaxaca México

Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción Asociación Civil (CEPIADET), México

Coordinadora Civil,  Nicaragua

Articulación Movimientos Sociales,  Nicaragua

Asociación Educadores Comunitarios de Cuzco, Perú

Centro de Promoción Familiar, Perú

Color Energía, Perú

Coordinadora Nacional de Organizaciones de Afectados por la Violencia Política (CONAVIP), Perú

Asociación para la Promociona de la Educación y el  Desarrollo de Apurimac Tarpurisunchis, Perú

Caras Alegres – Xela, Guatemala

Grupo Ceiba, Guatemala

Sociedad Civil para el Desarrollo de la Juventud (SODEJU)-Fundación para la Juventud (FUNDAJU), Guatemala

Movimiento de Jóvenes de la Calle (MOJOCA), GUATEMALA

Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), Guatemala

Seguridad en Democracia (SEDEM), Guatemala

Sulla Strada, Guatemala

Comunidad Indígena de Chuarrancho, Guatemala

Asamblea Autoridades Ancestrales Chuarrancho, Guatemala

 

 

 

 

CNDH-RD INVITA A PARTICIPACIÓN MASIVA A MARCHA DE LAS MARIPOSAS

fbb37208-7c5f-487a-93ca-2e57f6fb55b0CNDH-RD INVITA A PARTICIPACIÓN MASIVA  A LA MARCHA DE LAS MARIPOSAS EN CONTRA DE LA VIOLENCIA SOBRE LAS MUJERES Y LOS FEMINICIDIOS

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) en este nuevo aniversario del Día Internacional de la No  Violencia Contra la Mujer, invita a la  participación masiva a la marcha de Las Mariposas este domingo 24 de noviembre para decirle ¡Ya Basta! a los feminicidios y la violencia sobre la mujer.

“Como organización defensora y promotora de los derechos humanos expresamos  profunda preocupación por los altos índices de violencia y el incremento de los números de los feminicidios que se están dando en lo que va de este fin de año, que nos sitúan entre los países de la región que encabezan la lista por ese problema” ha declarado el Dr. Manuel María Mercedes, presidente de la organización.

Hay que decir que la  sociedad dominicana en su conjunto está mucho más  concientizada respecto a este fenómeno que en el pasado, sin embargo el alto número de  feminicidios en nuestro país nos indica que el problema del machismo y la violencia a ello relacionada es estructural.

Mucho hay que hacer, y las críticas a la reciente Orden Departamental del  Ministerio de Educación  que promueve la inclusión de la perspectiva de género en  la educación,  lo demuestran. La implementación de la Orden Departamental contribuiría a prevenir los casos de violencia de género y a reducir el machismo.

Las mujeres dominicanas deben empoderarse, independizarse de la influencia de las iglesias que pretenden decidir sobre sus cuerpos y la esfera más íntima de sus vidas. Deben recuperar o conquistar sus espacios vitales, ser protagonistas de sus vidas y sus destinos.

Finamente abogamos por una revolución cultural donde los jóvenes sean los actores principales de la transformación de nuestra sociedad, donde se pueda lograr revertir patrones y esquemas machistas y donde la igualdad de género y las  relaciones fundadas en el respeto de la diversidad  y la aceptación del otro sean  el objetivo.

Santo Domingo, D.N.
23 de noviembre del 2019

Organizaciones americanas de derechos humanos exigen investigaciones sobre manifestaciones de octubre en Ecuador

ecuador

Exigen investigaciones sobre manifestaciones de octubre en Ecuador
Organizaciones americanas de derechos humanos

Las organizaciones de derechos humanos de América abajo firmantes y que participamos en las audiencias del 174 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se realiza en Quito, manifestamos lo siguiente:

 

1. Lamentamos el grave estado de violencia que el Ecuador vivió durante las primeras semanas de octubre y expresamos nuestra consternación por las víctimas fatales y personas heridas producto de estas jornadas de protesta y la represión ejercida por el gobierno.

2.Exhortamos al gobierno ecuatoriano, y en particular a su ministra de gobierno, a no homologar las violaciones a los derechos humanos cometidos por la fuerza pública, con los delitos de manifestantes que se hayan producido en contra de estas fuerzas o de particulares. No es lo mismo la agresión policial y militar, lo que constituye una violación a los derechos humanos, que la agresión de un particular hacia otra persona, lo que constituye un delito.

3. Exhortamos a la Fiscalía General de Estado a llevar a cabo investigaciones independientes sobre los sucesos dados en el Ecuador durante las protestas de octubre, y prestar particular atención a las denuncias de violaciones a los derechos humanos que realiza la sociedad civil. Recordamos que el Estado, a través de sus diferentes instituciones, deben garantizar la vigencia de los derechos humanos y procurar la debida justicia.

4. Exhortamos al Ministerio de Gobierno a que, de la misma manera que ha interpuesto denuncias sobre delitos cometidos por particulares durante las protestas de octubre, facilite las investigaciones para identificar responsabilidades sobre violaciones a los derechos humanos por integrantes de los cuerpos de seguridad del Estado y no anticipe criterios que pueden asumirse como directrices que el gobierno da a la Función Judicial sobre la forma de administrar justicia o las responsabilidades a determinarse acorde con la visión gubernamental, lo que puede consolidar un nuevo proceso de criminalización, hostigamiento y persecución a liderazgos sociales o a sus organizaciones.

5. Exhortamos al gobierno ecuatoriano a garantizar y proteger la labor de las personas que se encuentran denunciando hechos que pueden constituir violaciones de derechos humanos, por lo cual es necesario generar entornos propicios y seguros para el desarrollo de la defensa de los derechos humanos.

6. Exhortamos al gobierno ecuatoriano a que considere todas las opciones posibles que puedan apoyar en la construcción de un Ecuador plurinacional, en donde las distintas demandas sociales sean satisfechas

7. Las organizaciones de derechos humanos de América, en la medida de nuestra experiencia en este tipo de investigaciones, ofrecemos nuestro apoyo en aras de procurar la debida justicia y coadyuvar en la búsqueda de la paz y el cierre de heridas que estas jornadas provocaron en diversos colectivos sociales y estatales.

Quito, 13 de noviembre de 2019

Firman:

Amazon Frontlines, Regional
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte de Cauca (ACIN), Colombia
Asociación Minga, Colombia
Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos, Equidad, Perú
Colectivo de Abogados Jose Alvear Restrepo (CAJAR), Colombia
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. México
Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), Colombia
Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX), México
Corporación Jurídica Libertad, Colombia
DHColombia, Colombia
IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, México
Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, AC, México

CNDH-RD DENUNCIA OTRA EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL EN MOCA Y PIDE AL DIRECTOR DE LA POLICÍA NACIONAL QUE RENUNCIE

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Dr. Manuel María Mercedes presidente nacional CNDH-RD

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) denuncia y condena la ejecución extrajudicial del joven Ignacio Alfonso Abreu (30 años), hijo del secretario de organización de nuestra filial de Moca Felix Abreu, ocurrida en la tarde de ayer en Moca.

Una patrulla policial del Grupo de Acción Rápida (GAR) en un confuso operativo realizado en el barrio La Española, ha sacado de una casa  al joven Ignacio Abreu quien imploró que no lo mataran y este de una vez ha sido ejecutado.

Este lamentable hecho ocurre pocos días después de que en un hecho similar ocurrido en Higuey, una patrulla policial provocara la muerte del joven Sandy Guerrero de 23 años quien regresaba de su lugar de trabajo.

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Ignacio Alfonso Abreu Romero

Estamos indignados frente a este incremento de casos de ejecuciones extrajudiciales que ahora llevan el dolor y la desesperación en la familia de un nuestro dirigente muy activo de Moca” ha declarado el Dr. Manuel María Mercedes presidente de la organización defensora y promotora de los derechos humanos.

Le hacemos un llamado al director de la Policía Nacional Ney Aldrin Bautista Almonte para que públicamente asuma el hecho de que la institución que dirige tiene un serio problema  que está acabando con nuestra juventud trabajadora y honesta y que además proponga soluciones a breve, mediano y largo plazo para la Policía Nacional que sin duda alguna es la institución más desprestigiada de nuestro país. De no ser así que renuncie porque ya van más de 80 ejecuciones extrajudiciales hasta la fecha y los hechos  indican que el numero está destinado a subir” ha denunciado el Dr. Mercedes.

Le exigimos al director de la Policía Nacional también que ponga a disposición del Ministerio Público la patrulla responsable del hecho y que sobre de ellos caiga todo el peso de la ley.

Recordamos que las ejecuciones extrajudiciales son una de las violaciones más graves de derechos humanos condenadas por todos los organismos internacionales y que los agentes policiales están llamados a actuar según protocolos que prevén  un uso proporcional de la fuerza, lo que evidentemente desconocen los integrantes de la Policía Nacional dominicana.

Santo Domingo, D.N.

14 de noviembre del 2019

CNDH-RD SE SUMA A CONDENA DE ORGANIZACIONES LATINOAMERICANAS CONTRA GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA

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Las organizaciones defensoras y promotoras de derechos humanos que suscriben,

  1. Expresamos nuestro repudio y preocupación ante el Golpe de Estado instaurado en nuestro hermano pueblo de Bolivia bajo la modalidad de “invitación a la renuncia” por parte de las fuerzas armadas bolivianas y la violencia azuzada por los golpistas comités cívicos que se están llevando a cabo en estas horas contra los integrantes del gobierno, violencia en la que se juegan la vida y la salud sectores populares del oficialismo y de la oposición.
  1. Condenamos la orden ilegal de captura que se está ejecutando en contra de Evo Morales, la cual carece de cualquier fundamento jurídico, y consideramos que este nuevo hecho de características históricas, erosiona los principios democráticos y republicanos que todo régimen constitucional contiene en su espíritu más profundo.
  1. Condenamos las nuevas prácticas  de violencia  para derrocar gobiernos e intervenir en la autodeterminación de los pueblos que se están dando en  nuestra región  lo cual nos  regresa a los años más oscuros de nuestro reciente pasado.
  1. Deploramos el golpista amotinamiento de la policía boliviana y su “neutralidad” ante la embestida violenta contra los bienes de integrantes del gobierno, la orden de captura contra el
  2. presidente Morales, el secuestro de familiares de ministros de gobierno como presión para que estos renuncien, los ataques con explosivos llevados a cabo por encapuchados contra las misiones diplomáticas de Venezuela y Cuba; todo lo cual demuestra ampliamente una deriva antidemocrática  orquestada por sectores de extrema derecha nacionales e internacionales que nada tienen que ver con las aspiraciones del pueblo boliviano.
  1. Condenamos el irresponsable manejo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) al emitir públicamente su informe sin previamente conformar una mesa de diálogo con la participación de las organizaciones políticas del gobierno y la oposición en la búsqueda de garantizar la preservación de la institucionalidad democrática y una transición pacífica. Igualmente es condenable su silencio ante la situación de escalamiento de la violencia de fuerzas de la oposición y  su no respaldo inmediato al comunicado del presidente Evo Morales  anunciando  nuevas elecciones y la renovación de los integrantes del órgano electoral.
  2. Repudiamos este golpe de Estado, y llamamos a las fuerzas políticas y sociales democráticas del hermano Estado Plurinacional de Bolivia a no retroceder en los avances económicos, políticos, sociales y culturales alcanzados en los últimos tres lustros.

Por lo expuesto, solicitamos también a los organismos internacionales y los gobiernos democráticos de la región que  contribuyan al restablecimiento de la democracia del país hermano, con todas las garantías para que el pueblo pueda elegir con libertad, en un nuevo proceso en el que puedan participar todas las fuerzas políticas debidamente registradas a la fecha.

11 de noviembre de 2019

Firman:

Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) – Argentina

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) – República Dominicana

Centro de Derechos y Desarrollo (CEDAL) – Perú

Comisión de Derechos Humanos (CDHES) – El Salvador

Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH) – Brasil

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) – Ecuador

Justiça Global – Brasil

Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH) – México

Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (CAJAR) – Colombia

Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH) – Honduras

Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú EQUIDAD – Perú

Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo SJ” (CSMM) – Ecuador

Capítulo de Argentina de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)

Capítulo de México de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)

Sección mexicana de FIAN INTERNATIONAL

Colectivo por la paz en Colombia desde México – ColPaz Mexico

Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, A.C. Filial Oaxaca (LIMEDDH-Oax)

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México, (AFADEM FEDEFAM)

Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos, (RUMODH)

Asociación de Derechos Humanos del Estado de México, (ADHEM)

Fundación Diego Lucero A.C., (FDL)

Foro Permanente de Mujeres, Iztacalco, A.C. (FPM-I)

Consejo Federal Ejecutivo Nacional e Internacional del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, A.C. (FREMEXDEHU)

Mujeres Guerrerenses por la Democracia, AC. (MGD)

Asociación Nacional de Abogados Democráticos, A.C. (ANAD)

Comité de Familiares de Personas Desaparecidas en México, Alzando Voces, (COFADDEM)

Centro de Estudios para los Derechos Humanos y la Justicia Ambiental “YURENI”, A.C. (CEPDHJA)

Actuar Familiares contra la Tortura, (AFT)

Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de mayo A.C., (CDH C-28 M)

Centro de Derechos Humanos “Antonio Esteban”, A.C. (CDHAE)

Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad (ENVERO)

Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna A.C. (FMDVD)

Centro de Derechos Humanos de base, Digna Ochoa AC. (CDHBDO)

Red Solidaria Década contra la Impunidad, A.C., (RSDI)

Desarrollo Humano Internacional, A.C., (DHI)

Comunidad Raíz Zubia, A. C., (CRZ)

Zihuame Xotlametzin, AC., (ZX)

Centro de Derechos Humanos Ku’untik., (CDHK)

Aliadas por la Justicia, A.C., (AJ)

Asociación Mexicana de Abogados del Pueblo, (AMAP)

Asamblea Vecinal, Nos Queremos Vivas Neza, (AVNQVN)

Comité de Defensa de Derechos Humanos, Cholollan, (CDHC)

Asociación Guerrerense Contra la Violencia Hacia las de, A.C. (AGCVIM, A.C.)

El Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativo – Colombia