El balance que presentamos a continuación es un pequeño resumen del análisis sobre la situación de los Derechos Humanos en la República Dominicana en el año 2022 desde la perspectiva de la CNDH-RD.
Como cada año la CNDH-RD presenta un informe de la situación de los Derechos Humanos en nuestro país,
con motivo a la celebración del día de los Derechos Humanos, el 10 de Diciembre.
Para esta evaluación, tanto de los derechos económicos, sociales y culturales, como de los derechos civiles y políticos, no basta con describir las violaciones sufridas por personas o colectivos sociales, sino que es necesario también analizar a la luz de los mismos, las políticas públicas implementadas por los órganos del Estado.
La pretensión del presente informe, una vez más, no se limita a una simple recopilación, ni tampoco pretende abarcar de manera exhaustiva la totalidad de las violaciones que se han registrado durante el periodo señalado.
Sin embargo, a partir de ellas, podemos inferir el respeto o no de estos derechos por parte de las autoridades y analizar desde esta perspectiva las políticas públicas.
Este año hemos denunciado los abusos policiales, maltratos de parte de los agentes de seguridad hacia ciudadanos y ciudadanas, que van desde la simple mala educación, grosería y rudeza en el trato a la ciudadanía de parte de los agentes y funcionarios públicos, hasta las violaciones de derechos humanos más graves como casos de tortura y ejecuciones extrajudiciales.
También hemos estado desarrollando un minucioso trabajo de fortalecimiento institucional que nos ha llevado a recorrer todo el país visitando nuestras filiales en los municipios más alejados y aislados, así como barrios del Gran Santo Domingo donde más difícil es la situación y más necesaria que nunca nuestra presencia.
Parte de los elementos que permiten establecer nuestras conclusiones y los datos aquí reflejados provienen de testimonios de víctimas y familiares e incluso en algunos casos de victimarios, así como de fuentes hemerográficas (periódicos), de documentos, investigaciones académicas, estadísticas, páginas institucionales y otras producciones que tanto el propio Estado como entidades no gubernamentales elaboran y dan a conocer.
Al igual que en años anteriores, aspiramos a que este informe contribuya a alimentar el debate sobre la real situación de los derechos humanos en el país.
El informe señala avances en materia social, aunque también enormes déficits de institucionalización y eficacia en vista de los elevados ingresos financieros que tiene hoy el país.
La inseguridad ciudadana continúa siendo una de las preocupaciones más importantes de la población, ya que 8 de cada 10 dominicanos opinan que la seguridad personal es el problema más relevante del país.
En la República Dominicana por años ha existido una enorme problemática respecto al sistema penitenciario, donde rigen tratos inhumanos y hacinamiento de los privados de libertad. Es por ello que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos este año 2022 realizará su XXV Seminario Internacional con el tema “Crisis Penitenciaria en la Región de las Américas y sus Soluciones”.
Siempre estaremos al lado del pueblo y sus necesidades, siempre la calle será el escenario privilegiado de nuestras luchas y siempre la Constitución dominicana será nuestra única y sola arma
GRUPOS VULNERABLES
En la República Dominicana no existen políticas públicas claras y efectivas por parte del Estado hacia ese los grupos vulnerables, lo que ha llevado a agravar sus condiciones. La falta de políticas públicas de parte del Estado hacia los grupos vulnerables en internacionalmente considerada como una violación de sus derechos humanos.
En el país el 20.01% de las personas que viven con VIH no tienen acceso a los antirretrovirales.
Existe una alta tasa de discriminación y rechazo a la comunidad LGBTIQ+, a la cual se le hace difícil el acceso al trabajo, debido a su preferencia sexual.
La comunidad LGBTIQ+ en la República Dominicana está expuesta a altos riesgos de violencia y discriminación por motivos de orientación sexual, características sexuales, expresión y/o identidad de género, y se encuentra en situación de vulnerabilidad al no poder disfrutar plenamente de sus derechos.
El Informe de Resultados Encuesta Nacional LGBTI 2020, estima que las personas LGBTI+ son 5.16 veces más impactadas por la violencia y registran un Índice de Desarrollo Humano (IDH) menor (0.463) en relación con la población general.
Se estima que hay entre 87,000 y 97,000 mujeres que ejercen trabajo sexual, representando cerca del 3.4% de todas las mujeres adultas, y entre 3,900 y 5,000 mujeres transgénero, muchas de las cuales ejercen el trabajo sexual como una vía para obtener ingresos. Estos datos confirman que muchas de estas personas no tienen acceso a un trabajo digno, aumentando esta situación los niveles de violencia hacia este grupo.
Según el Informe Ser LGBT en el Caribe: República Dominicana para el año 2022, se estima que de cada cinco personas, más de una ha sido víctima de violencia por parte de algún miembro de su familia, esto es el 22.1% de esa población en el país.
La misma encuesta reveló que el 73.5% ha sido agredido física o emocionalmente por recibir alguna manifestación de afecto en público por parte de su pareja.
La violencia influye por igual a la estabilidad en la vida de las personas que la sufren, una muestra de ello es que el 16.8% de las personas participantes de la encuesta se vio en la obligación de mudarse del barrio o provincia donde vivía, el 7.4% abandonó los estudios y el 6.1% tuvo que cambiar de empleo (PNUD, 2022).
La denuncia es poco común, nueve (9) de cada 10 personas encuestadas (88.7%) dijo no haberlo hecho. Dentro de los motivos para no denunciar, las personas LGBTIQ+ dijeron considerar que la institución no haría nada (31.0%), sentir pena o vergüenza por denunciar (26.0%) y sentir que lo sucedido era insignificante para interponer una denuncia(24.0%).Lo anterior refleja las grandes brechas y la situación crítica que experimenta este sector.
Urge al Estado poner en práctica lo acordado en el Plan Nacional de los Derechos Humanos, definir las políticas públicas en favor de esta comunidad e integrarla a los programas que ejecuta el Gobierno.
Al Congreso Nacional le corresponde en ese sentido la aprobación con urgencia del proyecto de Ley de Igualdad y de No Discriminación, el cual fue depositado en la Cámara de Diputados vía la Comisión Permanente de Derechos Humanos.
En el país el 20.01% de las personas que viven con VIH no tienen acceso a los antirretrovirales.
Existe una alta tasa de discriminación y rechazo a la comunidad LGTB, a la cual se le hace difícil el acceso al trabajo debido a su preferencia sexual.
Urge al Estado poner en práctica lo acordado en el Plan Nacional de los Derechos Humanos, definir las políticas públicas en favor de esta comunidad e integrarla a los programas que ejecuta el Gobierno.
Al Congreso Nacional le corresponde en ese sentido la aprobación con urgencia del proyecto de Ley de Igualdad y de No Discriminación, el cual fue depositado en la Cámara de Diputados vía la Comisión Permanente de Derechos Humanos.
DERECHO A LA VIVIENDA
A pesar de ser este un derecho fundamental y un derecho humano consagrado en la Constitución, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los pactos y convenios internacionales de los que somos signatarios y a pesar del anuncio de construcción de viviendas económicas por parte del Estado dominicano, a través de sus dependencias, esta acción ha sido casi nula.
Un millón y medio de dominicanos carecen de una vivienda.
El 25% de las viviendas del país son irreparables.
Los sectores más afectados son los jóvenes, los grupos vulnerables, los discapacitados, los migrantes y las madres solteras. De hecho miles de jóvenes no pueden realizar su matrimonio por falta de acceso a la vivienda.
Instamos al Estado dominicano y al Poder Ejecutivo y al Presidente a declarar de alto interés la solución al problema de la vivienda en el país.
No se proporciona alojamiento alternativo o indemnizaciones a las víctimas para reparar la destrucción de sus hogares y el trauma causado por la violencia de los desalojos. Desde la CNDH-RD exigimos el cese de los desalojos abusivos, pues atentan contra la dignidad humana.
EDUCACIÓN
Respecto al derecho a la educación, tanto las políticas públicas como los resultados son positivos en cuanto a la continuación del mejoramiento de la disponibilidad y accesibilidad de este derecho, mientras que continúan los déficits estructurales en cuanto a la calidad de la educación y a la distribución equitativa de los logros educativos. Un elemento relevante constituye el hecho que a pesar de 2 años y 4 meses de esta gestión, se puede notar una gran cantidad edificaciones escolares sin terminar y solo se ha construido el 1% del déficit de aulas existentes.
La tanda extendida sigue con el mismo esquema desde su instalación, estas solo se limitan a docencias desayuno y almuerzo, mientras que el ministro de educación designado en el primer año de gestión tuvo que ser destituido por los grandes escándalos producidos durante este periodo. La sociedad dominicana sigue a la espera de una auditoria a la gestión de Roberto Furcal.
MEDIO AMBIENTE
El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC) del que somos parte ha solicitado al Ministro de Medio Ambiente, el cierre inmediato de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, hasta tanto sea convertida a gas natural.
Punta Catalina de hecho está provocando una “catástrofe ambiental y sanitaria”, además de que la construcción de la misma ha violado la Constitución de la República, la Ley Ambiental 64-00, y la Licencia Ambiental No. 0267-14.
Ante la Procuraduría Especializada en Medio Ambiente han sido depositadas varias denuncias, este año por el incumplimiento de las normas internacionales sobre las emisiones de gases ácidos y micro partículas y por las montañas de cenizas tóxicas de Punta Catalina arrojadas a la intemperie.
Realizamos una rueda de prensa para informar a la opinión pública fotos y videos sobre el vertido de agua a altísima temperatura de esta central en el mar proveniente de las calderas, matando los corales, las algas, los microorganismos y toda la fauna y flora costero-marina de esta parte del litoral sur del país.
A la población de la provincia Peravia, especialmente las cien mil personas directamente afectadas, se les está afectando el derecho constitucional a la salud y al goce de un medio ambiente sano.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) junto a otras decenas de organizaciones sociales, políticas, y religiosas ha estado rechazando en Yamasá las pretensiones de construir una Presa de Cola, en el área del rio Cuance del Rio Ozama por la compañía minera Barrick Gold.
La provincia de Monte Plata es una demarcación privilegiada, debido a la gran producción de agua que hay en ese territorio por lo que sería un daño ambiental enorme permitir la construcción de una presa de cola.
Ni la sociedad de Yamasá ni la CNDH-RD no descansarán hasta no sea retirado definitivamente el proyecto.
SITUACIÓN PENITENCIARIA
En torno a los derechos de las personas privadas de libertad, no se registraron mejoras en la situación de deterioro de las condiciones de reclusión. Persiste el hacinamiento, el cual es equivalente a un 48%. Ello ha contribuido a la degradación de la vida en los penales y hace colapsar los servicios de agua, electricidad y alimentación entre otros, pudiendo incidir también de manera negativa en la convivencia interna.
Una parte importante del trabajo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) este año se ha focalizado en la situación penitenciaria, con la documentación de las terribles condiciones de los privados de libertad a causa de la situación crónica de hacinamiento carcelario y la formulación de propuestas dirigidas a las autoridades competentes para mitigar el hacinamiento carcelario.
En todos los informes anuales que nuestra organización redacta cada fin de año sobre la situación de los Derechos Humanos en el país, siempre hemos dedicado un renglón a parte a la situación carcelaria, ya que las violaciones que se dan entre los recintos penitenciarios son enormes y comprenden tanto los derechos civiles y políticos cuanto los derechos económicos, sociales y culturales de los reclusos.
Con la nueva Ley 113-21, que crea el Sistema Penitenciario y Correccional de la Republica Dominicana, el país se ha encaminado hacia una profunda reforma con la implementación de un único modelo carcelario, que ha sido saludado como ejemplo a seguir para la región por las Naciones Unidas y por la Unión Europea, a pesar de esto a la fecha de hoy tenemos que resaltar que el proceso de implementación de los modelos se ha estancado y que la construcción de nuevos centros de privación de libertad se ha paralizado incluyendo a el centro de privación de libertad cárcel las Parras, la cual tiene más de un año paralizada, sumergida en una auditoria eterna, por presuntas irregularidades y actos de corrupción en su construcción.
En los actuales momentos existen 36 centros de privación de libertad distribuidos en las 32 provincias en las que geográficamente se divide el país.
Estos 36 centros de privación de libertad tienen una capacidad para unos 12,000 internos mientras en la actualidad albergan alrededor de 28,000 privados de libertad, de los cuales más del ochenta 70% son presos preventivos y unos 13,000 viven en hacinamiento y condiciones infrahumanas, violándoles todos sus derechos humanos establecidos por las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, la Constitución dominicana y la Ley 113-21 que crea el Sistema Penitenciario y Correccional.
De estos 28,000 internos unos 12,000 se encuentran en el nuevo modelo y el restante 16,000 en el sistema tradicional o centros de privación de libertad
En la actualidad el sistema penitenciario de la República Dominicana está al borde del colapso, porque el Estado no contempla la anhelada reforma penitenciaria que, en estos momentos, como decíamos, luce estancada, por la falta de recursos económicos y de voluntad política para la construcción de nuevos centros.
El modelo tradicional o CPL está concebido como un mercado donde todo se vende y se compra y que se puede decir que sigue siendo un cementerio de hombres vivos.
En esos CPL falta de todo, espacio físico, alimentación, atención médica, medicamentos, agua, higiene, y donde el hacinamiento y las condiciones de vida digna son nulas.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD), preocupada por la situación en los CPL del país, sobre todo en el modelo tradicional ha exigido a la Presidencia de la República la adopción de medidas efectivas a fines de descongestionar las cárceles.
Otra situación que se ha determinado es que el 40% de los más de 28,000 mil privados de libertad de las cárceles del país están presos por delitos menores, los cuales se les puede variar la medida o ponerlos provisionalmente en libertad a fines de descongestionar los recintos, según las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio). Sumando todas estas situaciones llegaríamos casi a la mitad del total de detenidos que pudieran ser puestos en libertad en diferentes formas.
A pesar del Decreto 456/20 del Poder Ejecutivo que ordena la culminación de la reforma penitenciaria, esto ha quedado en letra muerta.
La ley 113/21 sigue sin aplicarse en su justa dimensión y actualmente no existe un reglamento de dicha ley.
Son cementerios de hombres vivos.
Denunciamos que las actuales autoridades no han construido una sola celda para cubrir el déficit de más de 16,000 espacios necesarios acabar con el hacinamiento.
Las medidas solicitadas por la CNDH-RD son las siguientes:
- Indulto humanitario y masivo a todos los internos en las cárceles públicas del país con enfermedades terminales y examinar todos los casos de prisión preventiva. previo cumplimiento de las formalidades de Ley.
- Indulto humanitario y masivo a todos los adultos mayores de 60 años en las cárceles públicas del país, previo cumplimiento de las formalidades de Ley.
- Libertad pura y simple a todos los internos con medida de coerción consistentes en pago de una garantía económica, previo cumplimiento de las formalidades de Ley.
- Libertad para aquellos que están presos por multas, previo cumplimiento de las formalidades de Ley.
- Libertad para aquellos que están privados de libertad por trámites burocráticos, previo cumplimiento de las formalidades de Ley.
- Libertad para aquellos presos que le faltan solo meses para cumplir su condena total, previo cumplimiento de las formalidades de Ley.
- Libertad para los presos que ya han cumplido ¾ de la pena total, previo cumplimiento de las formalidades de Ley.
- Libertad para los que están privados de libertad por delitos menores, previo cumplimiento de las formalidades de Ley.
De hecho, organismos internacionales de derechos humanos y la Organización de las Naciones Unidas han hecho en varios momentos planteamientos similares a todos los gobiernos del planeta, instándoles a tomar medidas a fines de disminuir la cantidad de privados de libertad en los recintos carcelarios.
Las medidas solicitadas van desde la reducción del número de reclusos según prioridades, garantizarles el derecho a la alimentación y el agua potable, como respetarse plenamente las normas que impiden el maltrato a los internos.
En la penitenciaría de La Victoria según datos del 2022, de un total, de 8,350, “2,407 (30%), tienen condenas, mientras que 5,618 (70 %) son preventivos”.
En el CPL La Victoria, construido para 2.000 reclusos y que alberga 8,350, es el mayor centro de privación de libertad y presenta un gran índice de hacinamiento y terribles condiciones higiénicas de los privados de libertad.
Conforme a informaciones recibidas de la Suprema Corte de Justicia, hay alrededor de 2,700 reos que pudieran estar en libertad ya que han cumplido su pena o han hecho acuerdos y que sus trámites han quedado paralizados por la mora judicial.
Hemos detectado también que más de 398 de ellos en todos los recintos del país tienen orden de libertad y pudieran estar ya fuera de la cárcel y más de 2 mil están privados de libertad por multa o por garantías económicas que van 3 mil a 20 mil pesos. En esos casos el Estado puede asumir estas garantías y multas para así descongestionar el sistema penitenciario.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos se ha estado reuniendo con el director de Prisiones y con la Procuradora General de la República, a los fines de mejorar las condiciones de vida de los reclusos.
. La comisión se ha dado las siguientes tareas:
- Realizar visitas al penal de La Victoria y otros penales para conversar con los internos encargados de áreas y representantes de celdas para escucharlos y tomar nota de sus peticiones y quejas.
- Informar la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Prisiones, sobre situaciones de maltratos y abusos de las cuales han llegado denuncias a la CNDH- RD.
- Conseguir el listado que tiene la Dirección General de Prisiones de los internos que dicen haber cumplido su pena para que sean comunicados a los abogados de la defensa pública y a la CNDH-RD, para que se hagan las solicitudes correspondientes a los respectivos Tribunales de Ejecución de la Pena para fines de declaratoria de cumplimiento de la pena.
- Conseguir el listado de decisiones que tiene el Poder Judicial relativas a órdenes de libertad para su inmediato cumplimiento.
- Continuar el proceso de evacuación y aislamiento de los internos contagiados para que sigan los traslados al lugar en donde están siendo atendidos y reforzar el personal médico que les atiende, así como la seguridad del lugar.
- Establecer comunicación con el director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública para la coordinación de los trabajos junto con el equipo de abogados de la CNDH-RD, cuya misión será agilizar, tramitar y dar seguimiento a las solicitudes de libertad por pena cumplida en los distintos tribunales.
- Proponer y canalizar al presidente de la Suprema Corte de Justicia la habilitación de los tribunales con un personal mínimo para la localización de los documentos necesarios para solicitar a los jueces de ejecución de la pena el cómputo y orden de libertad de los internos cumplidos.
- Inventariar los casos de personas que se les ha impuesto garantía económica para que las mismas puedan ser pagadas por el Ministerio Público, alguna entidad sin fines de lucro o fundación, o el Defensor del Pueblo si fuese necesario.
ABUSO A MENORES Y MUJERES
DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LAS MUJERES
En la República Dominicana el 29.0% de las víctimas de delitos sexuales reportados ante la PGR son menores de edad. Además, existe explotación sexual y abusos producidos por el turismo; según otro estudio realizado en municipios turísticos del país, el 45.0% de los adolescentes dijo conocer a una niña, niño o adolescente que tuvo relaciones sexuales con un extranjero a cambio de dinero.
Según la UNICEF, en el 2022 un 37.0% de las mujeres jóvenes en República Dominicana se casaron o unieron antes de los 18 años y un 10.0% antes de los 15 años. Entre el quintil más pobre estas cifras prácticamente se duplican alcanzando el 59.0% y el 23.0% respectivamente.
Según datos de la División de Estadísticas del Poder Judicial del 2014 al 2018, los tribunales del país decidieron sobre 2,468 casos de delitos sexuales contra menores de edad. Para el año 2021, las distintas fiscalías del país registraron 3,856 casos de denuncias de violación y abuso sexual a menores de edad, cometidos incluso por padres y padrastros, así como abuso físico y abuso psicológico.
De acuerdo a las estadísticas oficiales en el 2022, se registraron 835 casos de abuso sexual a menores de edad, 1,523 casos de abuso físico a menores, 1092 de abuso psicológico a menores de edad y 505 incestos a menores. Fueron registrados 32,923 denuncias de violencia intrafamiliar, de estos el 40.0% de las víctimas fueran niñas y adolescentes emancipadas.
Según las estadísticas de la Procuraduría, en 17 años han sido asesinadas aproximadamente 3,200 mujeres de manos de sus parejas o exparejas.
Datos de las unidades especializadas en violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales, indican denuncias por delitos de violencia de género ascendieron en el año 2020 a 57,448, para el año 2021 fueron de 75,686, por estos mismos delitos entre enero y febrero del 2022 se registraron 12,171, denotando un incremento considerable.
El 70.0% de los dominicanos aprueba que el comportamiento de las mujeres sea controlado por su pareja y 65.0% considera a la violencia entre parejas como un asunto privado.
También se evidencia que las mujeres no suelen reportar sus experiencias de agresiones y que la gran mayoría de los dominicanos reportan que ninguna institución pública trabaja en la reducción de la violencia doméstica.
En el ámbito laboral y según informe del PNUD el 95.0% de las mujeres ha sido víctima de violencia o acoso en el entorno laboral.
Las mujeres sometidas a discriminación por múltiples motivos interrelacionados un ejemplo son las mujeres que trabajan y reciben bajos ingresos, seguían sufriendo discriminación para acceder a empleos formales y muchas continuaban vendiendo sexo como principal fuente de ingresos.
El país no ha despenalizado el aborto, ni siquiera en situaciones en las que el embarazo supusiera un peligro para la vida de la mujer o la niña embarazada, en casos de malformación del feto o cuando el embarazo fuera resultado de violación o incesto. A pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió el caso de “Esperancita”, una joven de 16 años fallecida en 2012 tras haberle negado por estar embarazada el tratamiento que podía haberle salvado la vida frente a una leucemia.
Las mujeres sometidas a discriminación por múltiples motivos interrelacionados, como las mujeres transgénico y las mujeres de bajos ingresos, siguen sufriendo discriminación para acceder a empleos formales y muchas continúan vendiendo sexo como principal fuente de ingresos.
PRIVACIÓN ARBITRARIA DE LA NACIONALIDAD
Miles de personas nacidas de progenitores extranjeros que habían sido inscritas como dominicanas al nacer, pero a quienes posteriormente se les había retirado la ciudadanía mediante la Sentencia 168/2013, que dejó a decenas de miles de personas sin nacionalidad, siguen sin poder conseguir documentos de identidad dominicanos, lo que las ha convertidas en apátridas y la ha puesto en riesgo de ser expulsadas. De hecho en este año 2022 muchas de ellos han sido deportadas y apresadas.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y otras organizaciones de la sociedad civil han pedido al presidente Luis Abinader que acepte dialogar con la población dominicana de ascendencia haitiana para poner fin a las condiciones de apátridia y los obstáculos que ello planteaba para acceder a asistencia médica, educación y otros derechos y deportaciones masivas y arbitrarias. Lamentablemente el presidente de la República nunca ha correspondido al llamado.
DISCRIMINACIÓN
A pesar de aceptar las recomendaciones formuladas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, las autoridades no han aprobado la legislación integral contra la discriminación que las organizaciones de la sociedad civil llevan años exigiendo.
Más de 100,000 personas han sido deportadas por República Dominicana a Haití este año, más de 30.000 de ellas en solo los últimos 2 meses.
Los migrantes son sometidos a procedimientos violentos, humillantes y poco profesionales. cualquier uniformado puede detener a una persona indocumentada, con lo que fomentan el macuteo y pago de sobornos a los agentes de migración que van desde 20 mil hasta 40 mil pesos dominicanos que pagan los inmigrantes haitianos para ser liberados nuevamente y esto promueven el miedo en estas personas. Muchas veces las detenciones a fines de deportación se dan exclusivamente sobre la base del color de la piel de las personas.
Condenamos las deportaciones masivas, el estado no puede asegurar el debido proceso, por los números tan elevados de deportaciones que desbordan las capacidades operativas de los agentes de Migración. Esta situación impide que haya una correcta ejecución de los protocolos, en la que todos los nacionales haitianos que son apresados en los operativos de migración y el Ejército Nacional sean depurados de manera efectiva.
Por el contrario, son tratados con métodos contarios a los principios de los derechos humanos.
Existen más de 5,000 mil menores de edad no acompañados que han sido conducidos a la frontera.
Los centros de detención en esa zona no cumplen con el mínimo que garanticen la dignidad humana. Sostienen que no hay baños, muebles para sentarse o dormir, tampoco se les brinda agua y comida.
A esta situación son sometidos tanto niños como mujeres embarazadas y madres lactantes Reconocemos que la República Dominicana tiene derecho a organizar su frontera y a hacer cumplir la ley de Migración. A lo que no tienen derecho las autoridades es a violar los derechos fundamentales de las personas.
En las deportaciones masivas y arbitrarias se separan familias enteras, a niños de sus padres y se realizan perfilamientos raciales solo por el color de la piel.
Se arrestan y deportan a los haitianos cuyos permisos de trabajo dominicanos han expirado; a los nacidos en la República Dominicana de padres haitianos a quienes se les negó la ciudadanía, se persigue hasta a dominicanos negros nacidos de padres dominicanos a quienes las autoridades confunden con haitianos.
Las autoridades dominicanas, no sólo buscan a haitianos que recientemente cruzaron ilegalmente a la República Dominicana, sino también a quienes han vivido aquí desde hace mucho tiempo. Además, violan las leyes y acuerdos al deportar a mujeres embarazadas, separar a los niños de sus padres y arrestar a las personas entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana.
El Gobierno ha suspendido un programa de visas de estudiantes para haitianos y ha ordenado a los migrantes haitianos que registren su localización. Ha anunciado una auditoría de unas 220,000 personas a las que anteriormente se les había otorgado un estatus migratorio para determinar si todavía califican. A pesar del tiempo transcurrido este año 2022 la situación sigue igual o peor.
Hay que destacar que la realidad de los trabajadores cañeros es que existen más de 101 bateyes en donde mal viven estos seres humanos en condiciones indignas y en donde el 80% no tiene acceso a energía eléctrica, servicio sanitario, ni dispensarios médicos. Y más lamentable aun es que al final de sus vidas laborales y después de 40 y 50 años de servicio azucarero no tienen acceso a una pensión.
La CNDH-RD reitera que es más que justificada la decisión de lo EEUU de no permitir la entrada de azúcar proveniente del Central Romana a su territorio.
La mayoría de quienes trabajan en el negocio de la caña de azúcar son nacionales haitianos los cuales no tienen contratos ni, seguridad social. Son reclutados a través de un lucrativo negocio entre los consulados de Haití y los consorcios azucareros locales empresas que abusan de ellos.
Carecen de horarios fijos, sus jornadas se prolongan según metas determinadas de recogida de caña y no disfrutan de días festivos.
No reciben la protección adecuada frente a los productos agrotóxicos que utilizan, ni siquiera se les facilita ni agua potable para beber por parte de los empleadores, si bien lo recomendado en esos trabajos es de 16 litros de agua.
La trata de personas expone a las poblaciones vulnerables en su mayoría haitiana a condiciones de trabajo inhumanas como violencia física, aislamiento, restricción de movimiento, retención de salarios, horas extra excesivas y más.
Cuando se hizo el estudio, los entrevistados señalaban que reciben 03 dólares por jornada diaria de 6:00am a 6:00pm en los campos de caña de azúcar y, además, sin continuidad durante todo el año. Se pudo comprobar un aumento de las migraciones ilegal haitiana desde las zonas investigadas.
En septiembre del 2022, el Departamento de Trabajo de los EE. UU. Identificó la caña de azúcar de la República Dominicana en su lista de bienes producidos por trabajo infantil o trabajo forzoso y el Departamento de Estado de los EE. UU. colocó a la República Dominicana en su lista de nivel 2 en su Informe sobre Trata de Personas de julio del 2022.
Tenemos denuncias de trabajadores del Central Romana que evidencian que las condiciones de trabajo son precarias, que hay incumplimiento de las leyes laborales, que existe trabajo infantil y forzoso, insalubridad. También se denuncia la transformación de suelos con gran biodiversidad para la producción de caña de azúcar, el escaso rendimiento de la cosecha, falta de seguro médico la contaminación por fuga de fertilizantes, la falta de integración con las comunidades, los efectos adversos por el suministro de agua.
El gobierno está llamado a proteger los derechos humanos y los estándares laborales internacionales. Estas empresas explotan al obrero realizando trabajo forzoso para vender bienes por debajo del valor de mercado internacional.
Dos ejemplos que involucran la industria de la caña de azúcar y la violación de los derechos humanos en el país: en el 2016, personal armado del Central Romana, expulsó con la fuerza a más de 60 familias durante la noche de sus hogares mientras en el 2017, el Grupo Vicini, la segunda principal empresa azucarera del país, utilizó el pesticida glifosato de tal manera que muchas personas corrieron peligro de muerte y que destruyó los cultivos y afectó el ganado.
Hasta la fecha, estas las violaciones de los derechos humanos en ambos casos siguen impunes. Existe una creciente preocupación internacional de que la industria de la caña de azúcar en el país actúa con impunidad cuando se trata de violaciones de derechos humanos.
FEMINICIDIOS
En este año 2022, en nuestro país se ha registrado un gran retroceso con lo que tiene que ver con la protección de las mujeres y de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Los feminicidios han aumentado un 34%, en comparación al igual periodo del año 2021, a pesar de los esfuerzos de las autoridades en enfrentar esta grave problemática social.
En las estadísticas y las publicaciones de los medios noticiosos se indica que, hasta agosto del año 2021 se habían registrado 44 feminicidios, mientras que en este año 2022 a esta fecha se han elevado a 57, de ellos 43 han sido íntimos, entre las cuales hay 7 víctimas menores de edad. Como sociedad no podemos ser indiferentes a la violencia a que son sometidas a diario muchas mujeres.
Un ejemplo es el de Angélica de Jesús Manzueta, en Yamasá Monte Plata, que recibió 46 estocadas de su ex pareja en presencia de sus hijos que gritaban “papi no mate a mi mamá” y el de Carolina Polanco, asesinada en Bávaro de 31 estocadas por orden de su esposo, quien consideraba que le pertenecía.
De los 57 feminicidios registrados hasta agosto del presente año, figuran 48 huérfanos, 41 de ellos se realizaron en el hogar y en Santiago se registran ya 13 casos.
Creemos que la sociedad dominicana debe seguir concienciando para que la población masculina desaprenda comportamientos violentos, lo cual inicia aprendiendo a reconocer sus emociones y a regularlas.
PERSONAS DESAPARECIDAS
Las desapariciones de ciudadanos en la República Dominicana es un motivo de preocupación en el país. Ante la impotencia y la falta de apoyo de las autoridades, los parientes se acercan a nuestras oficinas en búsqueda de algún aliento del problema que les afecta.
Las personas reportadas como desaparecidas en los últimos 10 años se aproximan a las 10,000 personas.
Alexander Sang, un joven de 18 años de edad estudiante de ingeniería en software en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).
Anaurys Castillo La desaparición de Anaurys Misael Castillo Lora estremeció al pueblo dominicano incentivando el interés de su búsqueda, sin embargo, hasta la fecha no hay rastros de él ni de las investigaciones.Estudiante de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y tenía 21 años de edad al momento de su desaparición.
Mahely Suriel está desaparecida desde el 29 de diciembre del 2020 luego de acudir a una fiesta en Río San Juan, provincia María Trinidad Sánchez, por motivo de Año Nuevo por el apodado “Gucci o Guchy”.
Andy Iturbides desapareció luego de salir de su trabajo aproximadamente las 9:30 de la mañana y se dirigió a su casa en Gascue, donde reside junto a su madre dejando su carro en el estacionamiento junto a su celular y se fue con rumbo desconocido.
Erick Daniel Cordero, de 23 años recibió una llamada por parte de un individuo no identificado y salió con “ropa no adecuada” hacia rumbo desconocido, relataron sus familiares.
Jorge Luis Vásquez Fajardo salió desde su residencia en Bonao, con destino a Santo Domingo y todavía se desconoce de su paradero.
María Agueda salió de su casa en el barrio 24 de abril de Los Alcarrizos vistiendo una blusa con muchos colores. De acuerdo con la descripción recibida por las autoridades, la señora de alrededor de 70 años de edad sufre de artritis y tenía dificultades al caminar.
Ana Reyes, las autoridades están en búsqueda de la señora Ana Reyes, quien fuese vista por última vez en la calle Duarte de la cuidad de Santo Domingo, donde visitaba a su hijo.
Ramón Antonio Espinal están buscando a su pariente, quien también desapareció sin saber su paradero.
A pesar de las recomendaciones formuladas por nosotros de que debe crearse una Dirección Nacional de personas desaparecidas nuestros reclamos siguen en el desierto.
En el país no existe voluntad policial para encontrarlo y no consideraron justo esperar las 24 horas para iniciar la búsqueda. En solo en el presente año 2022 se han registrado más de 585 desapariciones. De estas solo el 80% son investigadas por la Policía Nacional, a través de la División de Investigación de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional solo cuenta con 10 agentes estos no dan abasto para el país entero en la búsqueda de personas desaparecidas.
Las desapariciones forzadas siguen sin respuesta como los casos de Narciso Gonzales, Randy Vizcaíno González, Gabriel Sandi Alistar y Juan Almonte y otras que aún esperan respuesta de las autoridades.
PODER JUDICIAL
El Poder Judicial luce secuestrado y sigue desacatando sentencias emanadas de sus propios tribunales, estos mantienen una mora judicial de un 80%, esto impide que más del 40 % de expedientes sean fallados, manteniendo de forma ilegal la privación de libertad a más del 55% de los internos.
Mantiene también a más de 15 mil presos privados de libertad en prisión preventiva, aun cuando han cumplido con la medida de coerción de 1, 2 y hasta 3 años de esta medida. Esto significa que entre el 65% y el 70% de 28 mil privados de libertad, en lo civil, laboral y en la jurisdicción inmobiliaria, sus expedientes se mantienen en un limbo jurídico.
Grandes retos en materia de corrupción e impunidad le esperan, en el expediente de la investigación Anti Pulpo, Coral, Caracol, Coral G5, Los Tres Brazos, Odebrecht entre otros.
Instamos al Poder Judicial a tomar medidas que dinamicen el factor justicia. Esperamos se realicen profundos y reales cambios en el poder judicial incluyendo a su presidente Luis Henry Molina.
EL MINISTERIO PÚBLICO
A pesar de la designación de una procuradora independiente y el anuncio de una posible reforma a la Constitución para dar paso al fortalecimiento de la independencia del Ministerio Público, sigue estancado y sin perspectivas para dar pasos que permitan implementar medidas y acciones que paren el deterioro en que lo dejaron las autoridades salientes.
El 70.0% de los fiscales no son de carrera y son corresponsables del desastre dejado por el antiguo procurador, ya que tienen un gran vínculo con el Partido de la Liberación Dominicana, que perdió las elecciones pasadas.
No se han efectuado cambios relevantes en los departamentos judiciales, ni con los procuradores de corte.
La reducción del presupuesto a ese ministerio constituye una amenaza para el avance y fortalecimiento de la independencia del mismo.
Las mejorías de las condiciones de trabajo de los fiscales, fiscalizadores, empleados/as administrativos, sigue siendo un problema para resolver.
La reducción afecta el decreto presidencial que declaró de alto interés la reforma penitenciaria.
El Consejo del Ministerio Público sigue atrapado por el pasado que le impide avanzar con los deseos de justicia
La política de “tránquelo primero y luego investigamos” que tanto hemos denunciado en el pasado, sigue vigente.
Una gran cantidad de fiscales siguen sin estatus, propinando malos tratos y vejámenes en sus funciones como pudimos comprobar en San Pedro de Macorís.
Entendemos que los fiscalizadores, fiscales y procuradores que actualmente han cumplido su período, estos deben ser removidos de sus funciones como manda la Ley.
Existe una gran mora judicial en la en la presentación de las acusaciones a los imputados, situación esta que fomenta el hacinamiento en los centros penitenciarios.
La corrupción arropa al Ministerio Públicos, fiscales y procuradores lucen altamente prepotentes y con sus actitudes maltratando a los ciudadanos que acuden a buscar sus servicios.
LA DEFENSA PÚBLICA.
A pesar de los buenos deseos de su titular, denunciamos la ineficiencia e incapacidad de darle salida a la cantidad de expedientes que están bajo su responsabilidad.
Entre el 70.0% al 75.0% de los expedientes son llevados de hecho por la Defensa Pública, con un personal sobre explotado, ya que por ejemplo un solo defensor tiene a su cargo más de 500 casos.
La falta de personal y de presupuesto constituye otro problema, que afecta su funcionamiento. Un ejemplo de esto lo representa el hecho de que miles de privados de libertad no sean beneficiados con recursos para la obtención de su libertad, como revisiones de amparo, libertad condicional, entre otras.
Reconocemos los esfuerzos que se hacen desde la Defensoría Pública y saludamos la presentación de su último informe el cual abordó la situación penitenciaria en el país.
LOS JUECES DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA.
A pesar de que la ley que los creó establece su mandato de forma clara y precisa, algunos de estos no desempeñan sus roles. Hay en la actualidad un total de diez jueces de la Ejecución de la Pena en todo el país y con rara excepción estos desempeñan sus funciones.
La falta de actuaciones, en la elaboración de los cómputos de la libertad cumplida y un retraso vergonzante en los conocimientos de la solicitud de conocimiento de la libertad condicional, hace que en la actualidad más del 50.0% de casi 12,000 condenados están pendientes del conocimiento de la libertad condicional.
La burocracia o falta de dinamismo, los abusos de los traslados, las sanciones ilegales, por parte de las autoridades penitenciarias, dejan muy mal parado el rol y desempeño de estos jueces.
Llamamos urgentemente al Consejo del Poder Judicial a poner la atención hacia estos magistrados para desempeñar las funciones que se les otorga según la ley que lo creó.
INSTITUCIONES PÚBLICAS MAL VALORADAS POR LA SOCIEDAD Y QUE ESTÁN EN LA LISTA DE LAS QUE VIOLAN LOS DERECHOS HUMANOS.
Las valoraciones las hacemos del 1 al 100, donde el 100 corresponde a mejor valoración.
1. POLICIA NACIONAL 10
- MINISTERIO DE RELACION EXTERIORES 20
3. MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA 30
- MINISTERIO DEL TRABAJO 40
- INSTITUTO DE LA VIVIENDA 20
- SALUD PUBLICA 40
7. PODER JUDICIAL 45
- MINISTERIO PUBLICO 45
9. CONGRESO DIPUTADOS Y SENADORES 40
- MEDIO AMBIENTE 50
11. MINISTERIO DE DEFENSA 40
12. MINISTERIO DE LA MUJER 30
- MINISTERIO DE LA JUVENTUD 30
14. MINISTERIO DE EDUCACION 30
15. LA IGLESIA CATOLICA 50
Como podemos ver, ninguna sobrepasa el 50 según nuestras valoraciones.
INSTITUCIONES QUE SON MUY VALORADAS POR EL RESPETO A LOS DERECHOS.
1. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
2. DEFENSA CIVIL
3. DEFENSA PÚBLICA
4. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
5. TRIBUNAL ELECTORAL
6. PODER EJECUTIVO
7. DEFENSORIA PÚBLICA
8. JUNTA CENTRAL ELECTORAL
9. DIRECION NACIONAL DE CONTROL DE DROGAS
RECOMENDACIONES GENERALES
- Al Poder Judicial y Suprema Corte de Justicia, urge de acabar con la mora judicial, reducir el porcentaje de los presos preventivos, agilizar los procesos penales, civiles, laborales y de jurisdicción inmobiliaria, demandar del Estado el cumplimiento del 2.66% del producto interno bruto (PIB).
- Urge la necesidad que el Poder Ejecutivo tome medidas para ayudar al descongestionamiento de los centros de privación de libertad.
- Conminamos al Congreso aprobar la despenalización del aborto en las tres causales y la aprobación del Proyecto de Ley de Igualdad y No Discriminación.
- Consignar el 5.0% del presupuesto nacional para la salud.
- Detener la carrera de endeudamientos público.
- Parar las deportaciones masivas de indocumentados.
- Inclusión de los grupos vulnerables en los planes y programas del Estado dominicano, en especial respecto a la comunidad LGTBIQ+, ancianos, VIH, madres solteras y jóvenes.
- Promover acciones que permitan la libertad sindical, conforme a la constitución pactos y convenios internacionales.
- Resorber el problema de las desnacionalizaciones.
- Tomar acciones sobre la inseguridad ciudadana.
- Urge la necesidad de cumplir con la Ley 113/21 y ampliar el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria y extenderlo a todos los centros de privación de libertad.
- A la Procuraduría General de la República, urge un cambio de estrategia en materia criminal, poniendo en práctica medidas alternativas a la prisión preventiva.
- El Estado debe invertir el 2.0% del (PBI) para contribuir a reducir el déficit de vivienda en el país.
- Al Estado y Ministerio de Medio Ambiente tomar medidas para impedir la colocación de una barcaza en Azua y así como impedir la apertura de la mina de oro en San Juan por el gran daño ambiental que esto podría producir a las aguas de la región y del país.
- El Congreso debe reformular la Ley de Seguridad Social para garantizar la salud universal de todos y todas.
- Al Estado dominicano, JCE, resolver la problemática de nacionalidad a aquellos que fueron despojados por parte del Tribunal Constitucional, y la eliminación de la apátrida en la República Dominicana.
- Al Congreso ratificar todos los pactos y convenios internacionales pendientes, al igual que solucionar la competencia de la CIDH.
- Urge dotar a la Defensa Publica de un mayor presupuesto a los fines de que este pueda aumentar el personal administrativo y la contratación de más defensores públicos para que pueda jugar su rol constitucionalmente definido.
Informe Situación de los Derechos Humanos en la República Dominicana Año 2022
Elaborado por: Equipo de Investigación de la CNDH
En el mes de Diciembre de 2022
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) 