Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) hace un llamado urgente a declarar el matrimonio infantil ilegal

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD)  hace un llamado al Congreso de la República y al Presidente Luis Abinader a que tomen decisiones contundentes y  urgentes para declarar el matrimonio infantil ilegal  en la República Dominicana.

“Consideramos que el momento es el adecuado ya que al parecer hay voluntad política- declaró el Dr. Manuel María Mercedes,  presidente de la organización defensora y promotora de los  derechos humanos – de hecho demasiado tiempo hemos esperado para ver concretizado este paso que significaría un avance importante en la protección de los derechos y dignidad de nuestras niñas y adolescentes”.

Informamos también que no aceptaremos excepciones de ninguna naturaleza respecto a la edad, de hecho se considera matrimonio infantil todo matrimonio en el que  uno o ambos cónyuges son menores de 18 años.

El  matrimonio infantil es una grave violación de los derechos humanos,  que amenaza directamente las vidas, la salud, la seguridad y la educación de las niñas y los niños y limita sus perspectivas de futuro, abre la puerta a otras graves violaciones de derechos humanos y está vinculado a embarazos tempranos en niñas y adolescentes.

Nuestro país  tiene la mayor incidencia de matrimonio infantil y uniones tempranas de América Latina y el Caribe. El 36 por ciento de las niñas y adolescentes dominicanas se casan o se unen antes de los 18 años, mientras que en la región esa cifra se sitúa en torno al 23 por ciento, según datos de Unicef.

El principio del interés superior del niño o niña y la necesidad de priorizar los derechos del niño, niña y adolescente frente a los derechos de las personas adultas,  lo establece el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes. Conforme a ese principio y a esa necesidad,  no debe existir el matrimonio infantil. Sabemos que en muchos casos, legitima de hecho situaciones de pedofilia y violaciones o abusos sexuales que se han consumado contra menores de edad.

Tanto la Convención sobre los Derechos del Niño (CRC) y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) tratan el tema del matrimonio infantil y establecen la definición de niño adoptada internacionalmente, así como los derechos de niñas niños y adolescentes.  La CEDAW declara respecto al matrimonio infantil: “No tendrán ningún efecto jurídico los esponsales y el matrimonio de niños y se adoptarán todas las medidas necesarias, incluso de carácter legislativo, para fijar una edad mínima para la celebración del matrimonio y hacer obligatoria la inscripción del matrimonio en un registro oficial”.

Ambos  tratados han sido firmados y ratificados por el Estado dominicano. Esperamos que por lo tanto nuestro país adecue finalmente su ordenamiento interno a estos importantes instrumentos necesarios a   la protección de niñas, niños y adolescentes.

Santo Domingo, D.N.

15 de noviembre del 2020

Informe sobre situación actual en la Penitenciaria Nacional de la Victoria

Por razones de privacidad solame

Santo Domingo D N.

15-10-2020

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ATENCIÓN PENITENCIARIA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH-RD)

Informe sobre situación actual en la Penitenciaría Nacional de la Victoria

El Departamento Nacional de Atención Penitenciaria de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, (CNDH-RD), organización no gubernamental, sin fines de lucro, incorporada mediante el decreto No.184-95, de fecha 15 de agosto 1995, del poder ejecutivo en la República Dominicana, con domicilio abierto en la avenida Ortega y Gasset No 200, Fundación Trópico del Sector Cristo Rey del Distrito Nacional, presenta su  primer informe sobre la situación actual en la Penitenciaría Nacional de la Victoria.

En fecha cinco de octubre del dos mil veinte (2020), una comisión integrada por el director nacional del Departamento de Atención Penitenciaria Felipe Venero Selmo Ferrand,  por los Licdos.  Lucas Paredes, Zacarías Guzmán, Juan Miguel Rondón, Luis José Rodrigué Yandel Peña Grullón, Francisco Arias, Ricardo Mojica Contreras, Olfa Melenciano  y la psicóloga Damasa Selmo, ha realizado una visita en la Penitenciaría Nacional de la Victoria  con el fin de realizar una inspección para verificar  la situación en que se encuentran los privados de libertad de este centro penitenciario en cuanto a la preservación de sus derechos humanos.

A nuestra llegada al recinto alrededor de las  9;00 am  procedimos a dirigirnos a la alcaldía de dicho centro en donde nos presentamos y luego solicitamos que nos acompañara un personal de la seguridad a la celda de reflexión, a lo cual la misma alcaldesa de la penitenciaria se puso a nuestra disposición y procedió a acompañarnos. En este lugar  realizamos una inspección en donde  encontramos la existencia de un total de 46 internos los cuales habían sido enviados a este recinto penitenciario sin medida de coerción, provenientes  de diferentes despachos judiciales como detallado aquí en seguida:

Del Tribunal de Atención Permanente de la provincia de Monte Plata enviaron  8 internos los cuales se encuentran en la denominada celda de reflexión o “plachita”.

En la denominada “planchita” hay 8 internos privados de libertad que fueron trasladados desde Bayaguana Provincia Monte Plata a este centro supuestamente por la pandemia del Covid-19, los cuales llevan allí 4 meses, en una celda de confinamiento, sin una resolución judicial que autorice la permanencia de los internos en el recinto, ni mucho menos en la celda de reflexión. De estos 8 internos solo uno fue sacado de la planchita (Cristóbal Reyes), y los 7 restantes fueron dejados en dicho lugar, los cuales corresponden a los nombres de: ….

Del Tribunal de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste fue enviado a este penal,  sin medida de coerción el ciudadano Janel Tison, quien  tiene 9 meses en la planchita.

Del tribunal de Atención Permanente de la Provincia Santo Domingo Este los ciudadanos:

..tiene 19 meses en la planchita.

..tiene 21 meses en la planchita.

..tiene 17 meses en la planchita.

.. tiene 11 meses en la planchita.

.. tiene 3 meses en la planchita.

..tiene 2 meses en la planchita.

..tiene 14 meses en la planchita.

..tiene 16 meses en la planchita.

.. tiene 5 meses en la planchita.

..

..tiene 15 meses en la planchita.

Del Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional se encuentran recluidos en este lugar sin medida de coerción los ciudadanos:

.. tiene 15 meses en la planchita.

.. tiene 11 meses en la planchita.

..

.. tiene 11 meses en la planchita.

..tiene 3 meses en la planchita.

..

..tiene 8 meses en la planchita.

..tiene 3 meses en la planchita.

Del Tribunal  de Atención Permanente de San Pedro de Macorís:

.. tiene 16 meses en la planchita. Quiere ser trasladado a San Francisco de Macorís.

..tiene 6 meses en la planchita.

Además de estos internos se encuentran en este lugar sin ninguna orden de la autoridad judicial competente  los ciudadanos:

.. el mismo es de la provincia El Seibó,  tiene una medida de coerción de tres meses, por un accidente de tránsito, el mismo tiene dos meses en la referida planchita,  .. 8 meses en la planchita, y una medida de coerción de 3 meses, ..no tiene medida de coerción, 3 meses en la planchita,..16 meses en la planchita, y 3 meses de medida de coerción, ..1 semana en la planchita porque había un conflicto en el penal del cual el alega no participó, ..17 meses en la planchita 3 meses de medida de coerción, ..5 meses en la planchita, la medida de coerción dictada fue de 3 meses pero le aumentaron 2 meses, ..7 días en la planchita, y una medida de coerción de 3 meses, .. 15 meses en la planchita, está condenado por drogas, pero puede salir bajo fianza si paga 10,000 pesos, ..2 semana en la planchita, por una discusión con otro interno, .. por discusión, ..9 meses en la planchita no tiene resolución, de nacionalidad haitiana, ..20 día en la planchita, tiene resolución, ..30 días en la planchita, no lo han digitado, y no tiene familia que le visite es nacional haitiano, ..nativo de la provincia la Romana, 80 días en la planchita, fue trasladado de Manoguayabo por el Covid-19, tiene 10 meses de prisión preventiva, .. .11 meses en la planchita, no tiene resolución, ..21 meses en la planchita, 3 meses de prisión preventiva, realizó un acuerdo hace 8 meses, pero no tiene contacto con su abogado (a), .. 3 meses en la planchita desde su llegada a la penitenciaria, tiene un defensor público Ángel Ramón, ..3 meses en la planchita, le acusan de atraco, ..9 meses en la planchita y 9 meses recluido, .. 15 meses en la planchita, prisión preventiva por una riña, es mudo, .. 11meses preventivo, tiene 3 meses de medida de coerción, no ha sido llevado a la justicia en las dos últimas ocasiones que ha sido llamado para conocer su proceso Abogado: Pedro Rodríguez Defensor Público, recluido por robo.

En Cuanto A Las Atenciones Médicas:

Recibimos denuncias de partes de algunos internos, y hay varias quejas de excepciones, y privilegios con algunos internos, según nos comenta el interno .. fue ingresado al centro penitenciario con un fijador en su pierna izquierda que le fue colocado previamente en el Darío Contreras, pero el interno ha solicitado un referimiento para que le sea retirado el fijador de su pie debido a que era por 6 meses y tiene aproximadamente 1 año, sin embargo no ha sido referido porque supuestamente hay que sobornar a los médicos encargados para que le puedan otorgar el permiso de salida hacia un hospital adjunto.

El interno .. padece problemas de la circulación y su pierna está en mal estado, existe la  posibilidad que de no recibir la atención médica necesaria pueda perder  la pierna.  

..padece miopía y se agrava su situación de salud visual por no tener acceso a un tratamiento.

..tiene una dolencia estomacal  y lleva 6 meses con el dolor. No  tiene referimiento hacia un médico especialista, y  ha recibido atención médica muy precaria, no siendo efectiva para mejorar sus condiciones de salud.

Además, los internos denuncian que una vez obtenido el referimiento hacia un centro de salud, según la información suministrada presentan dificultades para ser trasladados en virtud de que solo hay una ambulancia para dichos fines. Sumado a eso  hay pocos agentes disponibles para la seguridad de los internos y para  garantizar la seguridad ciudadana o que haya peligro de fuga.

Cabe resaltar que el consultorio médico solo ofrece medicina ambulatoria, y aunque alegan que cumplen fielmente con el tratamiento  médico de los internos, lo internos no comparten ese criterio, porque nos comentan que cuando se trata de una enfermedad crónica deben comprar sus medicamentos con sus propios recursos  lo que a su vez dificulta que puedan tener mejoría.

En el día de nuestra visita quedó  en evidencia por medio de preguntas  y observaciones realizadas   que hay una contradicción en lo que dicen de hacer los médicos  y lo que evidenciamos, además se preguntó por los registros  médicos de los internos y se afirmó que no existen.

Tenemos información de la existencia de 6 pacientes con tuberculosis  en etapa terminal, 57 infectados de tuberculosis bajo tratamiento, y 30 enfermos psiquiátricos. Estos  datos nos serán suministrados de forma precisa en los próximos días.

En cuanto a la Tutela Judicial Efectiva y Debido Proceso: Recibimos denuncia de los internos, que a pesar de haber sido notificados para el conocimiento de sus audiencias, ellos  no son trasladados a los furgones para tales fines. El jurídico alega que no hay custodia para trasladarlos. A muchos de ellos se ha reenviado  el conocimiento de su proceso en 4 y 5 ocasiones, violentando el derecho al debido proceso. A  pesar de la escasez  de personal los internos se quejan porque hay privilegios debido a que otros internos son llevado  posteriormente, pero a ellos  se le ha negado  su derecho a la justicia oportuna.

Internos que Cumplieron Su Condena Pero Permanecen En Prisión: Durante el recorrido e inspección se evidenció  que hay algunos internos que alegan haber cumplido la pena impuesta pero aún permanecen en la penitenciaria cuando deberían estar en libertad.

Podemos  mencionar los casos más notorios

.. de nacionalidad haitiana está condenado a una pena de 5 años de reclusión, el mismo tiene 5 años y 6 meses, está recluido en la celda Malvinas 1; .. está recluido en la Celda 7 y 8; .. cumplió según nos comentó, está recluido en la celda 7 y 8, pero este recluso argumenta que cumplió su condena porque realizo un acuerdo el 18 de octubre del 2019 y debió salir en abril del 2020, tiene un defensor público; .. tiene un acuerdo de 5 años, 2 años y 6 meses en prisión, y el resto en libertad el cual ya cumplió; .. tiene un acuerdo de 3 años, 2 meses en prisión, y 2 años 8 meses en libertad, pero tiene 10 meses en prisión; .. condenado a 2 años, tiene 2 años y 2 meses en prisión; .. condenado a 9 meses y lleva en prisión 1 año y 6 meses; ..nacionalidad haitiana condenado a 5 años , tiene 5 años y 6 meses; .. condenado a 10 años, pero solo le confirmaron 7 años, tiene 7 años y 7 meses; .. tiene 1 año y 3 meses en prisión, tiene 9 meses esperando su libertad; ..ealizó un acuerdo, 1 año en prisión y 4 en libertad firmando; .. realizó un acuerdo el 2 de diciembre 2019; .. acuerdo de  7 años, 2 años en prisión y 5 años firmando; ..  condenado a 1 año de prisión, tiene 1 año  y 9 meses, ya cumplió la pena; .. realizó un acuerdo, 1 años y 6 meses en prisión y 3 años 6 meses firmando, tiene 1 años y 8 meses en prisión; .. condenado a 5 años, realizó un acuerdo 2 años y 9 meses, y 2 años y 3 meses firmando; .. realizó un acuerdo 2 años y 6 meses en prisión, y 2 años y 6 meses firmando; .. condenado a 15 años, cumplió condena el 19 de abril 2020; .. realizó un acuerdo de 1 año en prisión, y 1 año y 6 meses firmando; ..tiene 3 meses  esperando su libertad.

Solicitud De Traslado De Los Internos: .. condenado a 20 años, tiene 14 años en prisión, solicita su traslado hacia el Seibo porque fue trasladado de manera injusta; .. condenado a 10 años, solicita su traslado a Najayo por motivos de seguridad; .. y .. solicitan su traslado hacia Nagua de donde son oriundos; ..solicita su traslado hacia Nagua.

Estos internos solicitan ser trasladados a Bayaguana de donde son oriundos: ..los cuales se encuentran en la celda de reflexión por más de 4 meses.

Recomendaciones:

  • Incorporar dos ambulancias más, para que haya tres y se pueda dar mejor asistencia a los internos. Además, incorporar un minibús para el traslado de los internos  a sus respectivas consultas médicas en el exterior del recinto.
  • Aumentar el número de los profesionales de la salud para así poder brindar una asistencia médica de calidad y garantizar la medicina requerida para su tratamiento médico.
  • Incorporar más agentes de custodia  para trasladar los internos hacia el furgón donde les conocerán sus respectivos procesos judiciales, para garantizar al derecho de justicia.
  • Gestionar que los tribunales puedan otorgar la libertad inmediatamente los internos cumplan con la condena impuesta en el centro penitenciario.
  • Disponer del traslado de los internos a los lugares solicitados a fin que estos puedan estar más cerca de sus familiares a la mayor brevedad posible.
  • Disponer de manera inmediata el traslado de los privados de libertad desde la celda de reflexión donde se encuentran a un lugar digno donde ellos puedan estar en condiciones humanas.
  • No utilizar las celdas de reflexión para disciplinar a los internos por tiempo indefinido.
  • Solicitar a la Defensoría Pública mayor atención a los procesos judiciales que les son asignados, en virtud que en la mayoría de los casos que hemos conocidos, se han visto interrumpidos y abandonados los procesos judiciales de los privados de libertad cuando son titulares los defensores públicos.
  • Desmantelar de forma inmediata los grupos y bandas que planifican acciones  criminales como asesinatos, robos,  atracos y  extorciones a empresarios y ciudadanos ya que  siguen intactos.
  • Desmantelar de forma inmediata  los negocios como alquiler de espacios públicos, y  ventas de mercancías licitas e ilícitas, ya que  siguen igual.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ATENCION PENITENCIARIA DE

LA COMISIÒN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH-RD)

cndhrddireccionpenitenciaria@gmail.com

Tel. (809) 616-1585

 Cel. (829) 305-9162

INFORME SITUACIÓN PENITENCIARIA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA BAJO LA EPIDEMIA DE COVID-19

 

INFORME SITUACIÓN PENITENCIARIA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA BAJO LA EPIDEMIA DE COVID-19

18 de abril del 2020

 

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En todos los informes anuales que nuestra organización redacta cada fin de año sobre la situación de los derechos humanos en el país, siempre hemos dedicado un renglón a parte  a la situación carcelaria,  ya que las violaciones que se dan entre los recintos penitenciarios son enormes y   comprenden tanto los derechos civiles y políticos cuanto los derechos económicos, sociales y culturales de los reclusos.

Si bien el sistema carcelario dominicano se había encaminado hacia una profunda reforma con la implementación del Nuevo Modelo carcelario que había sido saludado como ejemplo a seguir  para la región  por las Naciones Unidas y por la Unión Europea, que en parte lo han financiado, a la fecha de hoy tenemos que resaltar que el proceso de implementación de los nuevos modelos se ha estancado y que la construcción de nuevas cárceles se ha paralizado.

En los actuales momentos existen 36 centros de privación de libertad distribuidos en las 32 provincias en las que geográficamente se divide el país.

Estos 36 centros de privación de libertad tienen una capacidad para unos 15mil internos mientras en la actualidad albergan alrededor de 28mil privados de libertad, de los cuales más de 13mil viven en un gran estado de hacinamiento y en condiciones infrahumanas, violándoles todos sus derechos humanos establecidos por las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, la Constitución dominicana y la Ley n. 224 sobre Régimen Penitenciario.

De estos 28mil internos un total de 12mil se encuentra en el nuevo modelo y el restante 16mil en el viejo modelo.

En la actualidad el sistema penitenciario de la República Dominicana está al borde del colapso porque el Estado  no contempla ampliar la reforma penitenciaria a través del Nuevo Modelo de gestión penitenciaria que en estos momentos como decíamos luce estancado por la falta de recursos económicos para la construcción de nuevos centros.

El viejo modelo está concebido como un mercado donde todo se vende y se compra y que se puede decir que sigue siendo un cementerio de hombres vivos.

En esas cárceles falta de todo, espacio físico, alimentación, atención médica, medicamentos, agua, higiene, y donde el hacinamiento es horrible.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD), preocupada por lo tanto en virtud de esta situación, por la situación relativa  a la propagación de la Covid-19 en las cárceles del país, sobre todo las del viejo modelo de gestión penitenciaria,  en fecha 24 de marzo del 2020,  dirigía una solicitud al presidente de la República Danilo Medina Sánchez y al procurador general Jean Alain Rodríguez solicitándoles la adopción de  medidas URGENTES  a fines de descongestionar las cárceles de nuestro país en vista de la epidemia de  SARS-CoV-2.

Las medidas solicitadas eran las siguientes:

  1. a) Indulto humanitario y masivo a todos los internos en las cárceles públicas del país con enfermedades terminales, previo cumplimiento de las formalidades de Ley.
  2. b) Indulto humanitario y masivo a todos los adultos mayores de 60 años en las cárceles públicas del país, previo cumplimiento de las formalidades de Ley.
  3. c) Libertad pura y simple a todos los internos con medida de coerción consistentes en pago de una garantía económica, previo cumplimiento de las formalidades de Ley.
  4. d) Libertad para aquellos que están presos por multas, previo cumplimiento de las formalidades de Ley.
  5. e) Libertad para aquellos que están privados de libertad por trámites burocráticos, previo cumplimiento de las formalidades de Ley.
  6. f) Libertad para aquellos presos que le faltan solo meses para cumplir su condena total, previo cumplimiento de las formalidades de Ley.
  7. g) Libertad para los presos que ya han cumplido ¾ de la pena total, previo cumplimiento de las formalidades de Ley.
  8. h) Libertad para los que están privados de libertad por delitos menores, previo cumplimiento de las formalidades de Ley.

De hecho organismos internacionales de derechos humanos, y la Organización de las Naciones Unidas han hecho en varios momentos planteamientos similares a todos los gobiernos del planeta, instándoles a tomar medidas urgentes a fines de preservar la salud de las y los privados de libertad en los recintos carcelarios y de impedir la circulación del virus en los mismos.

Solicitudes que han sido acogidas hasta por gobiernos no democráticos como el de Irán y de Turquía que han liberado miles y miles de detenidos.

Aquí enseguida resumimos las directrices principales de estos organismos, en  orden cronológico:

12 de marzo  – La Unicef publica el documento “Preparación y respuesta a la emergencia del COVID-19 – Agua, saneamiento, higiene (WASH) y medidas de Prevención y Control de las Infecciones (PCI) en hogares y espacios públicos”.

23 de marzo –  La Región Europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado una guía provisional sobre cómo tratar en las cárceles el Covid-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, en la que insta a los países a crear un sistema de coordinación entre los sectores de la Sanidad y la Justicia, junto al personal penitenciario, para luchar contra esta patología.

25 de marzo – La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió a los gobiernos que tomen medidas urgentes para proteger la salud y la seguridad de las personas que se encuentran detenidas o recluidas en otras instalaciones cerradas, como parte de los esfuerzos generales que se llevan a cabo para frenar la pandemia del COVID-19, ya que en las condiciones en las que se encuentran los centros de reclusión de muchos países, “el distanciamiento físico y el autoaislamiento resultan prácticamente imposibles”.

Las medidas solicitadas van desde la reducción del número de reclusos según prioridades, garantizarles el  derecho a la alimentación y el agua potable, como  respetarse plenamente las normas que impiden maltratar a los detenidos y que garantizan su acceso a la atención médica y la asistencia letrada.

25 de marzo – Por su parte, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura publicó una serie de recomendaciones para los gobiernos sobre cómo proteger a las personas privadas de libertad en prisiones, recintos de detención de migraciones, campos de refugiados cerrados y hospitales psiquiátricos durante la pandemia de coronavirus.

Entre las medidas se incluye: liberar a los reos menos peligrosos y examinar todos los casos de prisión preventiva entre otros.

31 de marzo – La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos emitió una nota de prensa instando “los Estados a garantizar la salud y la integridad de las personas privadas de libertad y sus familias frente a la pandemia del COVID-19”.

2 de abril – José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW) en una declaración de prensa también instó a los gobiernos de la región a “reducir la sobrepoblación carcelaria para combatir el COVID-19”.

7 de abril – El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en una nota de prensa expresó la preocupación que los lugares de  detención se vean afectados duramente por la pandemia de la COVID-19, debido a la particular situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas privadas de libertad frente a la propagación de enfermedades infecciosas.

10 de abril – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió la resolución n. 1/20 llamada “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas” donde hay un apartado específico sobre las personas privadas de libertad Personas Privadas de Libertad donde entre otras recomendaciones se menciona la de “adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de la libertad” y “adecuar las condiciones de detención de las personas privadas de libertad particularmente en lo que respecta a alimentación, salud, saneamiento y medidas de cuarentena.

En nuestro país además de los planteamientos hechos por nosotros de la  Comisión Nacional de los Derechos Humanos,  como organización no gubernamental,  se han dado los siguientes:

24 de marzo – El Colegio de Abogados de República Dominicana ha solicitado al presidente de la República, Danilo Medina, y al procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, descongestionar las cárceles del país para evitar la propagación del coronavirus o COVID-19 que ha infectado a más de 400,000 personas y ha provocado la muerte de más de 15 mil a nivel mundial.

27 de marzo – El Ministerio de Salud Pública de República Dominicana en conjunto con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud publican y dan a conocer las “Directrices para la preparación, prevención y control del COVID-19 en los centros penitenciarios y otros lugares de detención de la República Dominicana”.

31 de marzo  – El procurador general de la República Jean Alain Rodríguez instruyó al  Ministerio Público para que disponga cambios provisionales pero urgentes de modalidades de medidas de coerción o de prisión definitiva (condenados), en los casos de adultos mayores y los que presentan condición de salud de alto riesgo, las cuales solo se aplicarían si en los archivos del sistema penitenciario existen registros de enfermedades crónicas o terminales.

9 de abril – La defensora del Pueblo, Zoila Martinez Guante, propuso a la Procuraduría  General de la República y a la Comisión de Alto Nivel designada por el gobierno para la prevención y control del Coronavirus, reunirse con urgencia para revisar los expedientes de los reclusos que están próximo a cumplir condena, los envejecientes y los que padecen de enfermedades infectocontagiosas (hepatitis, tuberculosis, VIH-SIDA), a fin de que se gestione  su libertad con celeridad para evitar la expansión del Coronavirus en los recintos penitenciarios.

A pesar de todo esto, sin embargo,  podemos decir que   las medidas tomadas por las autoridades ni han sido suficientes ni han sido urgentes.

En la cárcel de La Victoria según datos del 2014[1] , de un total de 26,350 reclusos, 8,555 están recluidos en ese recinto, o sea el 32.5%. De ellos “3,232 tienen condenas de los tribunales (37.8%), mientras que 5,318 (62.1%) están en calidad de preventivos”.

Justamente La Victoria representaba nuestra mayor preocupación; su gran índice de hacinamiento y las terribles condiciones higiénicas en las que los privados de libertad se encuentran, la hacen un lugar de alto riesgo.

En la cárcel de La Victoria construida para 2.000 presos y que alberga 9.000,  resultan 192 positivos que han sido trasladados al batey Bienvenido en aislamiento, 4 hospitalizados y 7 personas ya han fallecido, según las autoridades, a la fecha. 112 mayores de 60 años han sido trasladados a Boca Chica y han sido realizadas 3,300 pruebas rápidas, lo que nos preocupa, vista la población de la cárcel que es de alrededor 9mil privados de libertad.

Señalamos que nos ha llegado denuncia de otro fallecimiento, de Joel Batista Soto, quien era preso preventivo y ha fallecido con sintomatología de Covid-19 en espera de su libertad que estaba ya firmada. A Joel no se le ha realizado prueba y no ha sido contabilizado en los  fallecimientos de La Victoria.

A pesar de los esfuerzos que se están realizando en estos días, que se han implementado de forma tardía, la epidemia sigue propagándose en La Victoria muy rápidamente y no han sido tomadas medidas suficientes para su descongestionamiento.

Mientras, en la cárcel  de San Francisco de Macorís, en la provincia Duarte, perteneciente al viejo modelo de gestión penitenciaria, las autoridades reportan un deceso sospechoso por covid-19 y están a la espera de los resultados.

Sin embargo, dos de los cuatro compañeros de celda del fallecido han dado positivo en coronavirus[2].

También la cárcel del Pinito de La Vega ha sido afectada por el Covid-19: siete reclusos, entre ellos un nacional francés y un Agente de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario (VTP) ha resultado  positivos, lo que indica que también los centros del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria  están siendo afectados.[3]

La semana pasada, vistas las insuficientes medidas  tomadas por las autoridades para  descongestionar la situación de grave hacinamiento de la cárcel de La Victoria (que anda por un 300%) y otros recintos,  se ha creado una comisión formada por  representantes de la sociedad civil e instituciones con el objetivo de dar seguimiento al tema carcelario.

La comisión está integrada por el Licdo. Roberto Santana (presidente de la Academia Regional Penitenciaria), Fray Arístides Richardson (coordinador de la Pastoral Penitenciaria), el magistrado Rafael Báez (Tribunal Contencioso Administrativo) y el presidente de la CNDH-RD, Dr. Manuel María Mercedes.

Conforme a informaciones recibidas de la Suprema Corte de Justicia, hay alrededor de 2mil detenidos que pudieran estar en libertad ya que han cumplido su pena o han hecho acuerdos y que sus trámites han quedado paralizados a raíz del cierre de los tribunales.

Hemos detectado también que más de 300 de ellos en todos los recintos del país tienen orden de libertad y pudieran estar ya fuera de la cárcel y más de mil están privados de libertad por multa o por garantías económicas.

En esos casos el Estado puede asumir y a través del juez de ejecución de la  pena  con una resolución variar la medida.

Otra situación que se ha determinado es que el 35%  de los más de 26mil privados  de libertad de las cárceles del país están presos por delitos menores, los cuales se les puede variar la medida o ponerlos provisionalmente en libertad a fines de descongestionar  los recintos, según las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio).

Sumando todas estas situaciones llegaríamos casi  a la mitad del total de detenidos que pudieran ser puestos en libertad en diferentes  formas.

La comisión, que se ha estado reuniendo vía plataforma telemática, ha hecho contacto con el director de Prisiones, con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, con el director de la Policía Nacional, con el ministro de la Presidencia y con el procurador general de la República, haciendo a todos ellos estas  recomendaciones.

Sin embargo seguimos en espera de respuestas.

La comisión se ha dado  las siguientes TAREAS:

  1. Realizar visitas al penal de La Victoria y otros penales para conversar  con los internos encargados de áreas y representantes de celdas para escucharlos y tomar nota de sus peticiones y quejas.
  2. Informar la dirección de la Policía Nacional, la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Prisiones,  sobre situaciones de maltratos y abusos de las cuales han llegado denuncias a la CNDH-RD.
  3. Conseguir el listado que tiene la Dirección General de Prisiones  de los internos que dicen haber cumplido su pena para que sean comunicados a los abogados de la defensa pública y a la CNDH-RD, para que se  hagan las solicitudes correspondientes a los respectivos  Tribunales de Ejecución de la Pena para fines de declaratoria de cumplimiento  de la pena.
  4. Conseguir el listado de decisiones que tiene el Poder Judicial relativas a órdenes de libertad para su inmediato cumplimiento.
  5. Continuar el proceso de evacuación y aislamiento de los internos contagiados para que sigan los traslados al lugar en donde están siendo atendidos y reforzar el personal médico que les atiende, así como la seguridad del lugar.
  6. Establecer comunicación con el Director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública para la coordinación de los trabajos junto con el equipo de abogados de la CNDH-RD, cuya misión será agilizar, tramitar y dar seguimiento a las solicitudes de libertad por pena cumplida en los distintos tribunales.
  7. Proponer y canalizar al presidente de la Suprema Corte de Justicia la habilitación de los tribunales con un personal mínimo para la localización de los documentos necesarios para solicitar a los jueces de ejecución de la pena el cómputo y orden de libertad de los internos cumplidos.
  8. Inventariar los casos de personas que se les ha impuesto garantía económica para que las mismas puedan ser pagadas por el Ministerio Público, alguna entidad sin fines de lucro o fundación, o el Defensor del Pueblo si fuese necesario.

La comisión también formula las siguientes RECOMENDACIONES:

  1. Que se informen debidamente los privados de libertad de la necesidad de implementar medidas para contrarrestar la difusión del COVID-19 y sobre elementos básicos de higiene a esos fines. Hacer énfasis en la naturaleza

temporal de las medidas y los beneficios para la salud de las personas privadas de libertad.

  1. Realizar pruebas masivas de detección PCR de COVID -19 a los privados de libertad y al personal penitenciario.
  2. Que se garantice acceso al agua, jabón y solución desinfectante o alcohol para la población carcelaria.
  3. Que se dé seguimiento al tema de la comida, donde en primer término las autoridades deberán comprometerse a resolver el problema de la entrada de alimentos crudos al penal para suplir los pequeños colmados de las distintas áreas del mismo,  así como el agua potable en botellones.   Por otro lado el  ministerio de Salud Pública debe garantizar el estricto control sanitario en los puntos de entrada de alimentos y otros insumos necesarios para la higiene personal de los internos.
  4. Brindar atención médica de calidad y urgente a los detenidos que la necesiten.
  5. Se reitera la sugerencia de suspender las visitas y que se  prevén  medidas para promover el contacto no físico con los familiares de las personas privadas de libertad, como llamadas telefónicas o correos electrónicos. También se sugiere que sea habilitado un personal para la entrega de dinero efectivo y medicinas a personas con condición de salud específicas.
  6. Se recomienda sustituir el personal de vigilancia y de planta que actualmente está en el penal por otro personal.
  7. Se recomienda promover junto al Ministerio de Salud Pública una sanitación  de los penales afectados por coronavirus.
  8. Se recomienda a las autoridades competentes solicitar una visita de la Cruz Roja Internacional para que pueda apoyar los recintos carcelarios del país con insumos y equipos.

Santo Domingo, DN

18 de abril del 2020

 

[1] http://www.diariolibre.com/noticias/la-victoria-llega-a-un-32-del-total-de-reos-KGDL792091

[2] https://cnnespanol.cnn.com/2020/04/09/alerta-republica-dominicana-registra-238-casos-nuevos-de-covid-19-en-un-dia-17-presos-en-dos-carceles-dan-positivo/

[3] https://almomento.net/siete-reclusos-dan-positivo-alcoronavirus-en-carcel-el-pinito/

PALABRAS DE AGRADECIMIENTO PARA LAS ACCIONES LLEVADAS A CABO EN EL DÍA DE LA MEMORIA Y EL COMPROMISO, EL 21 DE MARZO

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Estimadas y estimados,

queremos mandarle un saludo para agradecerles el gran y generoso compromiso realizado el sábado al “construir” juntos una plaza virtual llena de afecto y creatividad al recordar las historias de las víctimas de las mafias. Para muchos de los familiares de las víctimas, este detalle marcó la diferencia: ese maravilloso abrazo que recibimos de todos vosotros cada año, y que intercambiamos entre nosotros durante el día del 21 de marzo, lo pudimos sentir del mismo modo al percibir vuestra atención afectuosa y recordar a nuestros seres queridos y a nosotros mismos. El sábado, todos juntos, vivimos un día diferente e inolvidable, ya que se desarrolló en el momento difícil y complejo que atraviesa el país, pero, precisamente por esta razón, se vio caracterizada por esa extraordinaria solidaridad y cercanía humana que distingue a nuestra comunidad.

El camino que nos ha llevado a construir la memoria que ha acompañado nuestro compromiso diario durante 25 años y del cual cada uno de nosotros representa una parte activa del mismo, tiene un contenido ético de gran valor, precisamente porque no “teme” acceder a la dimensión más humana de todas nuestras actividades: el de cuidar a la persona y sus sentimientos y que, en el caso de las víctimas inocentes de las mafias, asume un compromiso aún más importante, ya que las personas que recordamos han sido asesinadas y, muchas de ellas, la mayoría, se arriesgan a entrar en el olvido sin posibilidad de volver. Todos, durante 25 años, hemos trabajado para evitar que esto suceda, conscientes de que esas vidas traen consigo una historia que esconden los valores, el contenido de los sueños y proyectos que estas personas tuvieron en vida, pero también contamos con un contexto social, histórico y geográfico que nos ha permitido comprender las organizaciones criminales de tipo mafioso acontecido en los diversos lugares de Italia y más allá de las fronteras de nuestro país, facilitándonos la labor de interpretación de las mafias y los fenómenos corruptos que suceden en la actualidad.

Este sábado nos permitió, una vez más, no perder el sentido de todo esto, habida cuenta de la dificultad del momento y considerando el profundo duelo que estamos experimentando, expresando cercanía con quienes sienten el sufrimiento hoy.

Gracias, en nombre de los miembros de la familia que represento y en el mío propio. Os mando un abrazo con mucho cariño. Hasta pronto.

 

Daniela  Marcone

Responsable de Memoria y Vicepresidenta de Libera, Asociaciones de Nombres y Números Contra las Mafias

CARTA DE LA CNDH-RD AL PRESIDENTE MEDINA PIDIENDO INDULTO HUMANITARIO PRESOS MAYORES DE 65 AÑOS

Santo Domingo, D.N.

24 de Marzo 2020

Lic. DANILO MEDINA SÁNCHEZ

Excelentísimo Presidente Constitucional

De la República Dominicana.

 

Magistrado JEAN ALAIN RODRÍGUEZ

Procurador General de la República Dominicana,

Su despacho.

 

Estimados Señores,

Luego de saludarles, sirva la presente para referirnos a la preocupante situación que enfrentamos ante el COVID-19, el cual ha logrado infectar a más de 400,000 personas a nivel Mundial, con más de 19,000 fallecidos; Es en ese orden de ideas, dada la alta peligrosidad que representa dicha enfermedad para la población penitenciaria, entendemos que se hace necesario tomar medidas urgentes para descongestionar nuestras cárceles, tal y como ya lo hicieron países como IRÁN, ESPAÑA, ALEMANIA, ESTADOS UNIDOS, etc, por lo que, muy respetuosamente, para evitar que la privación de libertad se convierta en pena de muerte, sugerimos adoptar las siguientes medidas:

  1. a) Indulto humanitario y masivo a todos los internos en las cárceles públicas del país con enfermedades terminales, previo cumplimiento de las formalidades de Ley.
  2. b) Indulto humanitario y masivo a todos los adultos mayores de 65 años en las cárceles públicas del país, previo cumplimiento de las formalidades de Ley.
  3. c) Libertad pura y simple a todos los internos con medida de coerción consistentes en pago de una garantía económica, previo cumplimiento de las formalidades de Ley.
  4. d) Libertad para aquellos que están presos por multas, previo cumplimiento de las formalidades de Ley.
  5. e) Libertad para aquellos que están privados de libertad por trámites burocráticos, previo cumplimiento de las formalidades de Ley.
  6. f) Libertad para aquellos presos que le faltan solo meses para cumplir su condena total, previo cumplimiento de las formalidades de Ley.
  7. g) Libertad para los presos que ya han cumplido ¾ de la pena total, previo cumplimiento de las formalidades de Ley.
  8. h) Libertad para los que están privados de libertad por delitos menores, previo cumplimiento de las formalidades de Ley.

Comprendemos que son medidas radicales, pero necesarias para evitar que se produzca una tragedia en las cárceles dominicanas.

Sin más por el particular, esperando que la presente sea de su agrado,

Se despiden,

MANUEL MARIA MERCEDES                             LIC. JOSÉ ENRIQUE ALEVANTE TAVERAS

Presidente de la CNDH-RD                                          Vicepresidente de la CNDH-RD

 

PRIMER BOLETÍN DE LA CNDH-RD DE OBSERVACIÓN DE LA EPIDEMIA DEL COVID-19 EN EL PAÍS

19 de marzo del 2020

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) desea antes que todo informarle a la opinión pública nacional e internacional que si bien habíamos agendado la realización de una rueda de prensa para este jueves 19 de marzo a las 9:30 am frente  al ministerio de Salud Pública, hemos decidido, en observancia de las medidas implementadas por el Gobierno para contrarrestar la difusión del COVID 19 en nuestro país,   enviar vía correo electrónico a todos los medios el documento de prensa, comunicando además  la disponibilidad del Dr. Manuel Maria Mercedes,  presidente nacional de nuestra organización,  a realizar entrevistas telefónicas para aquellos medios que deseen ampliar las informaciones.

Desde la CNDH-RD hemos dado seguimiento temprano  a la situación de la propagación del virus COVID-19, tanto a nivel de la difusión epidemiológica cuanto a nivel del punto de vista científico y médico, justamente para fortalecer nuestros conocimientos y estar preparados ante la situación que estamos enfrentando  en estas semanas.

Estamos convencidos de que esta pandemia se podrá derrotar solo y  exclusivamente con esfuerzos colectivos concertados entre  los gobiernos,   los ciudadanos y los demás actores sociales.

En ese sentido, como organización defensora y promotora de los derechos humanos, atentos al bienestar físico y emocional del pueblo dominicano, de forma responsable  apoyamos las medidas implementadas por el Poder Ejecutivo en la noche del martes 17 de marzo y que han entrado en vigencia desde esta mañana.

Invitamos toda la ciudadanía y nuestros dirigentes, miembros y activistas a respetar la cuarentena de forma cívica y responsable, manteniendo el distanciamiento social necesario y las medidas de higiene recomendadas, ya que la situación terrible que están viviendo en otros países se ha debido a que no se ha contenido de forma temprana  y efectiva la propagación del virus.

Estamos llamados todos, como Nación,  a participar en ese esfuerzo colectivo para vencer y detener ese enemigo invisible que amenaza  tanto nuestras vidas cuanto nuestra propia sociedad.

Sin embargo,  queremos resaltar que estas medidas, que en cierta medida limitan nuestras libertades y que nos obligan a cambios drásticos y repentinos de nuestro estilo de vida, serán inútiles si las autoridades  de Salud Pública y de la Dirección General de Epidemiologia no actúan de forma seria, coordinada y responsable ante esta amenaza.

En forma específica pedimos que se le dé estricto seguimiento epidemiológico   a todos los casos de contagio y a los contactos de las personas que resultan positivas a la prueba y que se rectifiquen los comportamientos y los errores que todos hemos podido observar en el manejo por ejemplo del caso de Villa Riva,  así como pedimos que se realicen las pruebas de rigor de forma estricta y expedita.

Sugerimos que se incrementen y difundan masivamente  las informaciones respecto a la línea telefónica de la Dirección General de Epidemiologia habilitada recientemente y los pasos que debe seguir una persona que sospeche estar contagiada  por el COVID-19, ya que tenemos constancia de que la gran mayoría de la población desconoce ese  número y está muy confundida sobre los pasos que debe  seguir en caso de contagio.

De hecho hemos relevado mensajes contradictorios de parte tanto de las autoridades cuanto de algunos médicos especialistas,   quienes han llamado a la población a acudir,  en caso de  sospecha de ser afectados  por el COVID-19,  a “los centros médicos mas cercanos” o a “emergencias”, cuando consideramos, sobre la base de lo observado en otros países,  que la costumbre  de ir a consultarse en emergencia   de parte de las personas con síntomas, luego resultadas positivas a la prueba, ha creado  importantes y graves focos de contagio en los hospitales, donde han resultado contagiados  médicos y personal sanitario que en este momento al contrario  deben ser tutelados y protegidos.

En Italia de hecho,  precisamente a la fecha de hoy,  el personal sanitario contagiado por COVID-19 representa casi el 9% de todos los positivos.

Por otro lado les exigimos a las autoridades de Salud Pública mantener la transparencia y la eficiencia en la difusión de las informaciones. Tenemos la sensación, al igual que la gran mayoría de la ciudadanía,  de que no se está siendo transparentes sobre el real tamaño de la epidemia en el país, ya sea por estar subestimando los contagios, por estar realizando pocas pruebas o por censura en las informaciones.

Cualquiera sea la causa, se está difundiendo entre la población una peligrosa  incertidumbre  y desconfianza en las autoridades sanitarias.

Recordamos que la misma Organización Mundial de la Salud ha lanzado en estos días un llamado a los países para que realicen “pruebas, pruebas, pruebas”  con el objetivo de que las medidas de cuarentena sean verdaderamente efectivas, ya que  de que por sí solas no son suficientes, así que solicitamos que sean realizada de forma expedita todas las pruebas que sean necesarias a las personas aunque tengan sintomatología leve y a las que aunque no tengan sintomatología haya estado en contacto cercano con un positivo. Es de estos días la investigación según la cual los asintomáticos son tan contagiosos como las personas que presentan síntomas y es por no aislar debidamente los asintomáticos cercanos a los positivos que el virus se está difundiendo tanto a nivel mundial.

Además de estos aspectos, hay situaciones que nos preocupan y que tienen que ver estrictamente con la defensa de los derechos humanos. Por lo que concierne el tema laboral, nos sentimos extremadamente preocupados por todos aquellos trabajadores que están en riesgo de perder su trabajo a causa de la crisis económica que afectará inevitablemente el país.

Respecto a la disposición de cuarentena hacemos un llamado al empresariado dominicano a acatar la misma para sus trabajadores, en  el estricto respeto de sus  derechos laborales y a implementar donde posible el trabajo desde la casa o en línea de sus empleados.

Consideramos también que el gobierno debe disponer facilidades para que el sector informal pueda llevar la cuarentena  sin dificultad.

Finalmente expresamos preocupación para los miles de privados de libertad en los recintos carcelarios del país.

Informamos que nuestro presidente Dr. Manuel María Mercedes se pondrá en contacto inmediato con las autoridades competentes para solicitarles medidas que puedan ayudar la descongestión de los centros carcelarios a fines de evitar la propagación del virus, como por ejemplo instar a los jueces que consideren la medida de prisión preventiva como excepcional, como efectivamente lo es conforme a la Constitución, otorgar medidas de privación de libertad alternativas,  en los recintos  facilitar insumos y desinfectantes, implementar medidas extraordinarias de higiene, agilizar las visitas y chequeos médicos para detección temprana de casos de coronavirus, realizar jornadas informativas respecto a las medidas para la protección, entre otras.

Queremos asegurar al pueblo dominicano que estaremos atentos y vigiles  ante cualquier extralimitación del estado de emergencia  y ante cualquier abuso o exceso que se pueda dar de parte de las autoridades,  no finalizado a la contención del virus COVID-19 y que de forma periódica estaremos emitiendo boletines sobre el tema.

 

 

 

CNDH-RD CONSIDERA QUE LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL HA REPRESENTADO UNA PAGINA NEGRA EN LA HISTORIA DE LA DEMOCRACIA DE NUESTRO PAÍS Y EXIGE DETENER DERIVA AUTORITARIA DEL GOBIERNO

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CNDH-RD CONSIDERA QUE LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL HA REPRESENTADO UNA PAGINA NEGRA EN LA HISTORIA DE LA DEMOCRACIA DE NUESTRO PAÍS Y EXIGE DETENER DERIVA AUTORITARIA DEL GOBIERNO

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la República Dominicana (CNDH-RD) considera que la suspensión del proceso electoral del pasado domingo 16 de febrero ha representado una página  negra en la historia democrática de nuestro país, que ha manchado de forma irrevocable la imagen del mismo frente a la comunidad internacional y que ha decretado el punto de caída más bajo de la confianza del pueblo dominicano en este gobierno.

Se ha tratado de una crónica de una muerte anunciada que  se venía venir desde meses y que incluso ya había dado señales en las precedentes elecciones del 2016, cuando se invirtieron  en ese entonces  US$39.7  en los equipos para la automatización del registro  y escrutinios de los votos y los mismos fueron un fracaso total, también por el mal manejo de los técnicos que estaban a cargo de ellos.

En este proceso la magnitud de irregularidades, fallos y mal manejo ha obligado la Junta Central Electoral a suspender las elecciones y a fijar nueva fecha para otras, estableciendo un proceso de votación manual, medida que apoyamos completamente.

Sin embargo exigimos que se abra una profunda y exhaustiva investigación de lo ocurrido, ya que ha sido evidente un intento de socavar la democracia a través de un fraude colosal a daño de la voluntad popular de millones  de dominicanas y dominicanos que de forma pacífica el domingo se aprestaban a ejercer su derecho al voto.

Es evidente que hay un sector ni tan oscuro, involucrado en el  poder, con acceso a tecnología y a procedimientos,  que está en la capacidad de quebrantar el Estado Social y Democrático de Derecho en nuestro país y sobre ese aspecto debemos valorar como nulas o inexistentes las  preocupaciones de la Procuraduría General de la  República, ya que desde las primeras horas de la mañana del domingo pudimos comprobar que de los fiscales electorales designados nadie contestó a las llamadas que se les hacía desde los centros electorales.

Agradecemos también la presencia de los observadores internacionales que pudieron garantizar que las elecciones se suspendieron, sin embargo eso ha definitivamente dejado mal parado el país ante los ojos de la comunidad internacional, rebajándonos a   categoría de “república bananera”, sin  tener miedo a exagerar en esa valoración.

Nadie podrá reparar el daño moral y económico que le ha costado al país el día domingo 16 de febrero y el daño que le provocará un mes más de campaña electoral y la designación de una nueva fecha electoral.

Condenamos en ese mismo sentido la represión brutal con bombas lacrimógenas que se ha desatado en estas horas en contra de los jóvenes dominicanos que ante ese intento tan burdo y descarado de fraude electoral y la negación de sus derechos civiles y políticos, están protestando pacíficamente en la Plaza de la Bandera en Santo Domingo frente la Junta Central Electoral.

Consideramos  inaceptables las declaraciones del ministro de Defensa de que agredirlos con bombas lacrimógenas ha sido una acción unilateral de un militar; en esos casos sabemos muy bien y el derecho internacional de los derechos humanos así lo establece, que  las responsabilidades son siempre y exclusivamente institucionales. Desde tiempo hemos venido denunciando  esa práctica de individualizar las respuestas de los agentes de seguridad del Estado a fines de desvincular las instituciones que lo representan de  graves violaciones de derechos humanos,  y la condenamos firmemente.

Por otro lado pedimos que se preserve la integridad física y psicológica del coronel  Ramón Antonio Guzmán Peralta y del técnico de Claro, Manuel Antonio Regalado, quienes son investigados por tener conocimiento de una presunta trama para boicotear las elecciones municipales del pasado domingo.

Es por ello que señores Presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, y Procurador de la República, Jean  Alain Rodríguez, asuman por fin y de una vez por todas su rol como fieles garantes de la  ejecución de la Ley Dominicana y de la justicia, cúbranse de  honor e investiguen lo que ha pasado con el proceso electoral  y aseguren a la justicia los funcionarios, técnicos, políticos y particulares que han tratado de imponer un golpe de estado al país a través de un fraude electoral en el día de ayer, de la misma forma  detengan ya ese retroceso gravísimo de los espacios democráticos en nuestra república, retroceso en el que todas las instituciones del país están teniendo su responsabilidad,  lo que está definitivamente caracterizando el gobierno actual como represivo y autoritario.

El pueblo dominicano está sediento de paz, justicia social y cambio político y se merece un país diferente y no la caricatura de estado que nos  están ofreciendo.

Santo Domingo, D.N. 20 d febrero del  2020

 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (CNDH-RD) Y ORGANIZACIONES INTEGRANTES RED-ALAS CONDENAN EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la República Dominicana (CNDH-RD) y las demás organizaciones regionales, abajo firmantes, reunidas en  la 3ra. Asamblea de la Red Alas que se desarrolla en Guatemala desde el 4 hasta el 10 de diciembre de este 2019, denuncian  a la comunidad nacional e internacional el alto número de ejecuciones extrajudiciales que se dan en la República Dominicana, en su mayoría de jóvenes pertenecientes a los sectores  más marginados de la sociedad,  y que cada año tanto dolor le causan a decenas de  familias.

Podemos decir que las ejecuciones extrajudiciales se han vuelto en la República Dominicana como una práctica de Estado para  ejecutar de forma encubierta la pena de muerte,   a pesar de esta estar expresamente prohibida en la Constitución Dominicana en su artículo n. 37.

Según datos de la CNDH-RD el número de las ejecuciones extrajudiciales este 2019 ha sido de alrededor de 100.

Cada año decenas y decenas de ciudadanos en su mayoría jóvenes, caen por mano de miembros de la Policía Nacional  y demás agencias de seguridad del Estado en los mal llamados intercambio de disparos.

Informes e investigaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) han de hecho demostrado que en su mayoría estos intercambios de disparos no son otra cosa que ejecuciones a quemarropa de ciudadanos los cuales ya se encontraban  en condición de indefensión ante la autoridad (ej, esposados al suelo o ya detenidos y que luego aparecen muertos).

Recordamos entre todos el muy reciente caso del joven Ignacio Alfonso Abreu (30 años) hijo del secretario de organización de la filial de Moca de la CNDH-RD, ejecutado con un tiro en la cabeza el pasado mes de octubre por un efectivo de una patrulla del Grupo de Acción Rápida de la Policía Nacional cuando se encontraba ya en el suelo esposado a boca abajo durante un operativo policial.

Este hecho ocurre  apenas pocos días después de la ejecución extrajudicial en  Higuey  del joven Sandy Guerrero de 23 años  quien solamente  regresaba de su trabajo y quien también se encontraba en posición de indefensión durante un operativo policial.

Nos sumamos por lo tanto a la petición que hace la Comisión Nacional de los Derechos  Humanos (CNDH-RD) de que ante esta situación el  Director de la  Policía Nacional General Ney Aldrin Bautista Almonte renuncie y que el presidente de la República  Danilo Medina conjuntamente a las  demás instituciones públicas involucradas e interesadas en el tema  que de forma inmediata detengan esta matanza  de nuestra juventud, admitan  públicamente el problema y además propongan soluciones a breve mediano y largo plazo para que hechos como estos no se repitan.

Recordamos que las ejecuciones extrajudiciales son una de las violaciones de derechos humanos  más graves condenadas por todos los organismos internacionales y que los agentes policiales están llamados a actuar según protocolos que prevén un uso proporcional de la fuerza lo que evidentemente desconocen los miembros  de la Policía Nacional de la República Dominicana.

Guatemala, 10 de diciembre del 2019

LIBERA, Associazioni, Nomi e Numeri CONTRO LE MAFIE,  Italia

Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Argentina

Movimiento de Trabajadores Excluidos – Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (MTE-CTEP), Argentina

Fundación MULTIPOLAR, Argentina

Acción por una Educación Activa (APEA), Bolivia

Colectivo Casa,  Bolivia

Movimiento Afroindígena Yabatach, Bolivia

Coordinadora de la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra (RENAMAT), Bolivia

Comisión Pastoral de la Tierra, Brasil

Colectivo Fala Acari, Brasil

Instituição Beneficente Conceição Macedo – IBCM, Brasil

Universidades do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) Brasil

Associaco Catarinense, Brasil

Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios (ACEU), Colombia

Asociación Nacional de Mujeres Colombianas (ASONAM), Colombia

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), Colombia

Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia (CPDH), Colombia

FIS, Colombia

HIJOS, Colombia

Comisión Intereclesial Justicia y Paz, Colombia

Movimiento de Victimas de Crímenes de Estado (MOVICE), Colombia

Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, PDPMM

Madres Falsos Positivos de Soacha y Bogotá, Colombia

Corporación KIRIMINA,  Ecuador

Trabajadoras Sociales, Ecuador

Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en el Ecuador (ASFADEC), Ecuador

Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), Ecuador

Fundación Nueva Vida Ecuador

Movimiento Salvadoreño de Mujeres (MSM) El Salvador

Irreal Teatro El Salvador

Supérate y Crece, El Salvador

Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ),  Honduras

Caravana Red Retoño,  Honduras

Alta Escuela para la Construcción de Paz, México

Cauce Ciudadano, México

Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desparecidas, México

Brigada Humanitaria de Paz Marabunta, México

Movimiento Nacional par Nuestros Desaparecidos en México, México

Red Retoño, México

Organización Popular Independiente (ORPOIN), México

Solidaridad Internacional Kanda AC (SIKANDA) Oaxaca México

Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción Asociación Civil (CEPIADET), México

Coordinadora Civil,  Nicaragua

Articulación Movimientos Sociales,  Nicaragua

Asociación Educadores Comunitarios de Cuzco, Perú

Centro de Promoción Familiar, Perú

Color Energía, Perú

Coordinadora Nacional de Organizaciones de Afectados por la Violencia Política (CONAVIP), Perú

Asociación para la Promociona de la Educación y el  Desarrollo de Apurimac Tarpurisunchis, Perú

Caras Alegres – Xela, Guatemala

Grupo Ceiba, Guatemala

Sociedad Civil para el Desarrollo de la Juventud (SODEJU)-Fundación para la Juventud (FUNDAJU), Guatemala

Movimiento de Jóvenes de la Calle (MOJOCA), GUATEMALA

Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), Guatemala

Seguridad en Democracia (SEDEM), Guatemala

Sulla Strada, Guatemala

Comunidad Indígena de Chuarrancho, Guatemala

Asamblea Autoridades Ancestrales Chuarrancho, Guatemala