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SOLICITAN A AUTORIDADES JUDICIALES DE BRASIL, EUA Y SUIZA ESCLARECER SI ODEBRECHT OCULTO INFORMACION EN PUNTA CATALINA

rueda de prensa cnlcc del 9 de julio

Nota de Prensa,
Martes, 9 de julio de 2019,
Santo Domingo, D.N.

 

En rueda de prensa celebrada en la mañana de este martes, en la explanada de la Procuraduría General de la República, varias entidades informaron que solicitaron formalmente a las autoridades judiciales de Brasil, Estados Unidos de América y de la Confederación Suiza a que abran una investigación sobre el cumplimiento de Odebrecht del acuerdo de culpabilidad que esta empresa firmó con estos países, en Nueva York, EUA, el 21 de diciembre de 2016.

El Observatorio Dominicano de Políticas Públicas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la República Dominicana, el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático y Marcha Verde dijeron que en el acuerdo de culpabilidad que Odebrecht suscribió en diciembre del 2016, se comprometió a dar a conocer todas las informaciones y documentos de los actos de corrupción que realizó para obtener contratos de obras en países de América Latina y África, y particularmente en República Dominicana entre los años 2001 y 2014.

Afirmaron que la semana pasada depositaron la solicitud ante las embajadas de esos países en el país y la despacharon también vía internet a la Procuradora General de la República Federativa de Brasil, Raquel Elías Ferreira Dodge, al Fiscal General de la Confederación Suiza, Michael Lauber y al Secretario de Justicia de Estados Unidos de América, William Barr.

Explicaron que se debe esclarecer si Odebrecht cumplió o no con la entrega de todas las informaciones y de todos los documentos en los países donde cometió sus delitos como se comprometió en el acuerdo, frente a la revelación realizada el 25 de junio pasado, por el Consorcio internacional de Periodistas de Investigación, de que la empresa brasileña había pagado más de 39 millones de dólares en sobornos para Punta Catalina a través de su Departamento de Operaciones Estructuradas.

Manifestaron que la opinión pública es testigo de la controversia que se ha producido. Mientras Odebrecht dice que entregó todas las informaciones, incluidas las recientemente reveladas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el Procurador General de la República Dominicana, Jean Alain Rodríguez, niega en un comunicado oficial publicado el 28 de junio pasado, que la empresa le suministrara estas informaciones.

En la carta que remitieron, las entidades destacan que es muy importante que estas autoridades “esclarezcan si Odebrecht omitió y ocultó información y documentos relacionados con sus actos de corrupción admitidos en el acuerdo de culpabilidad del 21 de diciembre de 2016, porque si así fuese, constituiría una grave violación a este acuerdo y en consecuencia acarrearía fuertes sanciones para la empresa infractora”.

Explican en su comunicación que “hasta el momento, la Procuraduría General de la República Dominicana había descartado que en el gigantesco proyecto de Punta Catalina se hubiesen realizado actos de corrupción, a pesar de que en la delación premiada del antiguo gerente de Odebrecht en el país, Marco Antonio Vasconcelos Cruz afirmó que se habían pagado sobornos a legisladores para que aprobaran los préstamos a esta obra, y de que más de la mitad de los 92 millones de dólares pagados en sobornos por Odebrecht en el país se desembolsaron entre los años 2013 y 2014, período en que se licitó, se contrató y se aprobaron los préstamos de Punta Catalina”.

En opinión de las organizaciones, en el proyecto de Punta Catalina ha existido una colusión entre las autoridades dominicanas y Odebrecht, por lo cual la empresa no ha tenido interés de suministrar mayores informaciones que refuercen su culpabilidad, ni las autoridades las han demandado y las que están disponibles, las han ignorado.

“Durante los últimos años ha existido un complejo esquema de colusión entre las autoridades dominicanas y Odebrecht, que ha encubierto los actos de corrupción en Punta Catalina en los cuales están directamente implicados altos funcionarios, a cambio de que la empresa continúe con la contracción de la obra, a pesar de que las leyes nacionales prohíben que empresas que hayan incurrido en corrupción puedan ser suplidores o contratistas del Estado”, explican en la correspondencia.

También denuncian en la carta que el Poder Ejecutivo creó, en abierto desconocimiento de la independencia de los Poderes Públicos establecida en la Constitución, una comisión de investigación sobre Punta Catalina que determinó que no se había cometido ningún delito en esta obra. Basado en el informe de esta comisión, la Procuraduría General de la República excluyó a Punta Catalina del proceso seguido por la Suprema Corte de Justicia a los acusados de recibir sobornos de parte de Odebrecht.

Igualmente señalan en la misiva que durante más de dos años, el Tribunal Constitucional se negó a fallar sobre la acción de inconstitucional sobre el decreto 6-17 y de la comisión que éste creó, y cuando falló obvió abordar el fondo, “con lo que este tribunal también colaboró con mantener impune los actos de corrupción de Punta Catalina”.

Consideraron que la investigación que están solicitando ayudará a quebrar la impunidad que hasta el presente ha existido a favor de los delitos en Punta Catalina y para que sean finalmente juzgados por una justicia independiente.

Observan en la carta que el carácter transnacional del delito de corrupción y la existencia del acuerdo de culpabilidad suscrito por Odebrecht con Brasil, EUA y Suiza, “crean la base para la acción conjunta y la cooperación entre las diferentes jurisdicciones, sin desmedro de la soberanía nacional, en la persecución, enjuiciamiento y castigo de estos delitos”.

Al respecto, el martes, 18 de junio pasado, las entidades anunciaron que habían invitado al Fiscal General de Milán, Isidoro Palma, a que viniera al país a proseguir la investigación que inició en abril, sobre la participación de la empresa italiana Grupo Maire Tecnimont en actos de corrupción de Punta Catalina.

 

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CNDH-RD REALIZA CONGRESO DE ABOGADOS SOBRE EL TEMA “ODEBRECHY Y EL DEBIDO PROCESO” Y EXIGE APEGO AL ESTADO DE DERECHO Y EXPLICACIONES AL MINISTERIO PÚBLICO

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) , ha realizado el pasado 5 de agosto, en el hotel Radisson en Santo Domingo,  el  primer  Congreso de Abogados sobre el tema “Odebrecht y el Debido Proceso”.

Nos ha motivado a la puesta en marcha de tan importante actividad la preocupación que tenemos como organización defensora y promotora de los derechos humanos, y el análisis de los resultados de las consultas y mesas de trabajo realizadas hace algunas semanas, respecto a la conducta y el papel desempeñado por el  Ministerio Público en la presentación de las  acusaciones relativas al caso Odebrecht.

Por otro lado hemos también,   junto con destacados y prestigiosos juristas del país,  analizado detenidamente el expediente en su totalidad y las irregularidades encontradas nos han motivado a plantear públicamente algunas consideraciones. Seguir leyendo «CNDH-RD REALIZA CONGRESO DE ABOGADOS SOBRE EL TEMA “ODEBRECHY Y EL DEBIDO PROCESO” Y EXIGE APEGO AL ESTADO DE DERECHO Y EXPLICACIONES AL MINISTERIO PÚBLICO»

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“ODEBRECHT Y EL DEBIDO PROCESO”. CONCLUSIONES CONGRESO

“ODEBRECHT Y EL DEBIDO PROCESO”

SINTESIS DE LAS CONCLUSIONES A LAS QUE SE ARRIBÓ EN LAS CONSULTAS Y MESAS DE TRABAJO PREVIAS AL PRESENTE CONGRESO, REALIZADAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA:

MOTIVACIONES:

Considerando (1): Que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene como Misión principal la de “contribuir a la construcción y establecimiento de un efectivo Estado Social y Democrático de Derecho, basado en el respeto de los derechos fundamentales, de los derechos civiles y políticos  y de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de todas las personas”.

Considerando (2): Que el artículo 8 de la Constitución dispone que “es función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatible con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas”;

Considerando (3): Que en ese tenor el artículo 38 de la Constitución establece que “el Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes”. De igual forma señala que “la dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable y que su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos”;

Considerando (4): Que la efectividad de los derechos fundamentales y de la democracia, reside en el estricto apego a los mecanismos de tutela y protección, dispuestos en la Constitución y las leyes; Seguir leyendo «“ODEBRECHT Y EL DEBIDO PROCESO”. CONCLUSIONES CONGRESO»

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Manifiesto del Cibao

cibao

Comité Santiago por el fin de la impunidad

MANIFIESTO DEL CIBAO

Las dominicanas y dominicanos reunidos hoy 26 de marzo de 2017 al pie del Monumento a los Héroes de la Restauración de la República, en la ciudad de Santiago de los Caballeros, en ocasión de esta convocatoria de la Marcha Verde por el Fin de la Impunidad, dejamos testimonio histórico, a través de este manifiesto, de sus preocupaciones, aspiraciones y reclamos en este sensible tránsito de nuestra vida como nación.

NOS PREOCUPA el deterioro de la sociedad dominicana por:

a) El predominio de la impunidad y la inexistencia de control y fiscalización de la gestión pública.

b) Una concentración absoluta del poder en manos del partido gobierno que pervierte la nación y todas sus instituciones.

c) La perversión del sistema político y de partidos.

d) La exclusión o marginación de la sociedad no partidaria de los procesos y espacios de deliberación pública.

e) La inseguridad ciudadana y el fracaso de las entidades públicas por su manifiesta corrupción interna y la ausencia de políticas de Estado adecuadas.

Nos PREOCUPA la complicidad del Gobierno y de una parte de la clase política en los escándalos de corrupción, sobrevaluaciones y sobornos como son el caso Odebrecht, los Tucanos, la Sunland, OISOE, Punta Catalina, etc., con que se financiaron las campañas electorales y se acumularon gigantescas riquezas.

Nos PREOCUPA el sistema institucional construido desde ese poder para evadir las sanciones penales y morales frente al delito de Estado y el crimen organizado, al amparo del régimen de impunidad estructurado y sustentado en el control de la justicia.

Nos PREOCUPA que el Procurador General de la República haga un acuerdo secreto con una empresa delincuente para liberarla penalmente y garantizarle que continúe trabajando en el país.

Frente a esta realidad:

ASPIRAMOS a que, tras una historia oprobiosa de impunidades, en la República Dominicana se imponga por fin el imperio del orden, la legalidad y la autoridad que someta a sus gobernantes y gobernados al cumplimiento de la ley, sobre el principio inmutable de que sus actos y omisiones tendrán las mismas consecuencias sin distinguir rangos, estatus ni estirpes.

ASPIRAMOS a construir una fuerza social vigorosa que vigile el accionar de los partidos políticos y de la clase gobernante para que se sujeten a las obligaciones y deberes constitucionales, rindan cuentas y respondan por sus actos u omisiones.

ASPIRAMOS a un desempeño independiente, imparcial y soberano del Poder Judicial, del ministerio público y de las agencias de control y fiscalización de las cuentas públicas, mediante una reforma estructural en la que la sociedad civil participe de forma protagónica.

ASPIRAMOS a que el estado de corrupción y la tiranía de la impunidad prevalecientes en la República Dominicana desaparezcan por la fuerza de una sociedad hastiada de sus saqueos y movilizada por sus derechos.

ASPIRAMOS a una reforma institucional que facilite una auditoria sobre la organización y las funciones de la Administración Pública, la creación de la Fiscalía General contra la Corrupción y el Crimen organizado y La reestructuración de la Cámara de Cuentas.

Por esto demandamos:

1- La suspensión inmediata de las operaciones de la firma internacional Odebrecht, la aplicación de las medidas cautelares correspondientes sobre sus bienes, inversiones y cuentas.

2- Exigimos un informe auditado de los pagos, contribuciones y aportes realizados por la firma internacional Odebrecht y sus socias locales a favor de las campañas electorales del Presidente Danilo Medina para los periodos electorales 2012 y 2016 y que sea presentado a la nación en un plazo de tres semanas a partir de este requerimiento ciudadano;

3- La contratación de firmas internacionales de alta calificación para auditar los costos de todas las obras ejecutadas por ese cartel mafioso para determinar los montos de las sobrevaluaciones y exigir el pago mediante apremio judicial.

4- La instalación de un Observatorio que actúe con total independencia en las investigaciones, acusaciones y defensa del Estado en los procesos judiciales vinculados al caso Odebrecht.

5- La creación de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y el Crimen Organizado, con autonomía funcional y presupuestaria para asegurar la persecución de los delitos de corrupción (administrativa y privada) y crimen organizado, con integrantes escogidos de manera transparente, sin la intervención del Poder Ejecutivo.

Las mujeres y los hombres que marchamos en el corazón del Cibao juramos mantenernos en las calles demandando el Fin de la impunidad y la corrupción. Hoy ratificamos el camino de una nueva esperanza.

Nada ni nadie podrá detener la marcha de un pueblo decidido a cambiar su rumbo.

¡Viva la República Dominicana!

En la ciudad de Santiago de los Caballeros a los veintiséis (26) días del mes de marzo del dos mil diecisiete (2017)