CNDH-RD Candidatos presidenciales, Derechos Humanos, elecciones, Corrupción, Denuncias, Derechos civiles y políticos, Policia Nacional

CNDH-RD CONSIDERA QUE LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL HA REPRESENTADO UNA PAGINA NEGRA EN LA HISTORIA DE LA DEMOCRACIA DE NUESTRO PAÍS Y EXIGE DETENER DERIVA AUTORITARIA DEL GOBIERNO

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CNDH-RD CONSIDERA QUE LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL HA REPRESENTADO UNA PAGINA NEGRA EN LA HISTORIA DE LA DEMOCRACIA DE NUESTRO PAÍS Y EXIGE DETENER DERIVA AUTORITARIA DEL GOBIERNO

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la República Dominicana (CNDH-RD) considera que la suspensión del proceso electoral del pasado domingo 16 de febrero ha representado una página  negra en la historia democrática de nuestro país, que ha manchado de forma irrevocable la imagen del mismo frente a la comunidad internacional y que ha decretado el punto de caída más bajo de la confianza del pueblo dominicano en este gobierno.

Se ha tratado de una crónica de una muerte anunciada que  se venía venir desde meses y que incluso ya había dado señales en las precedentes elecciones del 2016, cuando se invirtieron  en ese entonces  US$39.7  en los equipos para la automatización del registro  y escrutinios de los votos y los mismos fueron un fracaso total, también por el mal manejo de los técnicos que estaban a cargo de ellos.

En este proceso la magnitud de irregularidades, fallos y mal manejo ha obligado la Junta Central Electoral a suspender las elecciones y a fijar nueva fecha para otras, estableciendo un proceso de votación manual, medida que apoyamos completamente.

Sin embargo exigimos que se abra una profunda y exhaustiva investigación de lo ocurrido, ya que ha sido evidente un intento de socavar la democracia a través de un fraude colosal a daño de la voluntad popular de millones  de dominicanas y dominicanos que de forma pacífica el domingo se aprestaban a ejercer su derecho al voto.

Es evidente que hay un sector ni tan oscuro, involucrado en el  poder, con acceso a tecnología y a procedimientos,  que está en la capacidad de quebrantar el Estado Social y Democrático de Derecho en nuestro país y sobre ese aspecto debemos valorar como nulas o inexistentes las  preocupaciones de la Procuraduría General de la  República, ya que desde las primeras horas de la mañana del domingo pudimos comprobar que de los fiscales electorales designados nadie contestó a las llamadas que se les hacía desde los centros electorales.

Agradecemos también la presencia de los observadores internacionales que pudieron garantizar que las elecciones se suspendieron, sin embargo eso ha definitivamente dejado mal parado el país ante los ojos de la comunidad internacional, rebajándonos a   categoría de “república bananera”, sin  tener miedo a exagerar en esa valoración.

Nadie podrá reparar el daño moral y económico que le ha costado al país el día domingo 16 de febrero y el daño que le provocará un mes más de campaña electoral y la designación de una nueva fecha electoral.

Condenamos en ese mismo sentido la represión brutal con bombas lacrimógenas que se ha desatado en estas horas en contra de los jóvenes dominicanos que ante ese intento tan burdo y descarado de fraude electoral y la negación de sus derechos civiles y políticos, están protestando pacíficamente en la Plaza de la Bandera en Santo Domingo frente la Junta Central Electoral.

Consideramos  inaceptables las declaraciones del ministro de Defensa de que agredirlos con bombas lacrimógenas ha sido una acción unilateral de un militar; en esos casos sabemos muy bien y el derecho internacional de los derechos humanos así lo establece, que  las responsabilidades son siempre y exclusivamente institucionales. Desde tiempo hemos venido denunciando  esa práctica de individualizar las respuestas de los agentes de seguridad del Estado a fines de desvincular las instituciones que lo representan de  graves violaciones de derechos humanos,  y la condenamos firmemente.

Por otro lado pedimos que se preserve la integridad física y psicológica del coronel  Ramón Antonio Guzmán Peralta y del técnico de Claro, Manuel Antonio Regalado, quienes son investigados por tener conocimiento de una presunta trama para boicotear las elecciones municipales del pasado domingo.

Es por ello que señores Presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, y Procurador de la República, Jean  Alain Rodríguez, asuman por fin y de una vez por todas su rol como fieles garantes de la  ejecución de la Ley Dominicana y de la justicia, cúbranse de  honor e investiguen lo que ha pasado con el proceso electoral  y aseguren a la justicia los funcionarios, técnicos, políticos y particulares que han tratado de imponer un golpe de estado al país a través de un fraude electoral en el día de ayer, de la misma forma  detengan ya ese retroceso gravísimo de los espacios democráticos en nuestra república, retroceso en el que todas las instituciones del país están teniendo su responsabilidad,  lo que está definitivamente caracterizando el gobierno actual como represivo y autoritario.

El pueblo dominicano está sediento de paz, justicia social y cambio político y se merece un país diferente y no la caricatura de estado que nos  están ofreciendo.

Santo Domingo, D.N. 20 d febrero del  2020

 

CNDH-RD Actividades, Ambiente, CNLCC, Corrupción, Denuncias, Marcha Verde

SOLICITAN A AUTORIDADES JUDICIALES DE BRASIL, EUA Y SUIZA ESCLARECER SI ODEBRECHT OCULTO INFORMACION EN PUNTA CATALINA

rueda de prensa cnlcc del 9 de julio

Nota de Prensa,
Martes, 9 de julio de 2019,
Santo Domingo, D.N.

 

En rueda de prensa celebrada en la mañana de este martes, en la explanada de la Procuraduría General de la República, varias entidades informaron que solicitaron formalmente a las autoridades judiciales de Brasil, Estados Unidos de América y de la Confederación Suiza a que abran una investigación sobre el cumplimiento de Odebrecht del acuerdo de culpabilidad que esta empresa firmó con estos países, en Nueva York, EUA, el 21 de diciembre de 2016.

El Observatorio Dominicano de Políticas Públicas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la República Dominicana, el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático y Marcha Verde dijeron que en el acuerdo de culpabilidad que Odebrecht suscribió en diciembre del 2016, se comprometió a dar a conocer todas las informaciones y documentos de los actos de corrupción que realizó para obtener contratos de obras en países de América Latina y África, y particularmente en República Dominicana entre los años 2001 y 2014.

Afirmaron que la semana pasada depositaron la solicitud ante las embajadas de esos países en el país y la despacharon también vía internet a la Procuradora General de la República Federativa de Brasil, Raquel Elías Ferreira Dodge, al Fiscal General de la Confederación Suiza, Michael Lauber y al Secretario de Justicia de Estados Unidos de América, William Barr.

Explicaron que se debe esclarecer si Odebrecht cumplió o no con la entrega de todas las informaciones y de todos los documentos en los países donde cometió sus delitos como se comprometió en el acuerdo, frente a la revelación realizada el 25 de junio pasado, por el Consorcio internacional de Periodistas de Investigación, de que la empresa brasileña había pagado más de 39 millones de dólares en sobornos para Punta Catalina a través de su Departamento de Operaciones Estructuradas.

Manifestaron que la opinión pública es testigo de la controversia que se ha producido. Mientras Odebrecht dice que entregó todas las informaciones, incluidas las recientemente reveladas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el Procurador General de la República Dominicana, Jean Alain Rodríguez, niega en un comunicado oficial publicado el 28 de junio pasado, que la empresa le suministrara estas informaciones.

En la carta que remitieron, las entidades destacan que es muy importante que estas autoridades “esclarezcan si Odebrecht omitió y ocultó información y documentos relacionados con sus actos de corrupción admitidos en el acuerdo de culpabilidad del 21 de diciembre de 2016, porque si así fuese, constituiría una grave violación a este acuerdo y en consecuencia acarrearía fuertes sanciones para la empresa infractora”.

Explican en su comunicación que “hasta el momento, la Procuraduría General de la República Dominicana había descartado que en el gigantesco proyecto de Punta Catalina se hubiesen realizado actos de corrupción, a pesar de que en la delación premiada del antiguo gerente de Odebrecht en el país, Marco Antonio Vasconcelos Cruz afirmó que se habían pagado sobornos a legisladores para que aprobaran los préstamos a esta obra, y de que más de la mitad de los 92 millones de dólares pagados en sobornos por Odebrecht en el país se desembolsaron entre los años 2013 y 2014, período en que se licitó, se contrató y se aprobaron los préstamos de Punta Catalina”.

En opinión de las organizaciones, en el proyecto de Punta Catalina ha existido una colusión entre las autoridades dominicanas y Odebrecht, por lo cual la empresa no ha tenido interés de suministrar mayores informaciones que refuercen su culpabilidad, ni las autoridades las han demandado y las que están disponibles, las han ignorado.

“Durante los últimos años ha existido un complejo esquema de colusión entre las autoridades dominicanas y Odebrecht, que ha encubierto los actos de corrupción en Punta Catalina en los cuales están directamente implicados altos funcionarios, a cambio de que la empresa continúe con la contracción de la obra, a pesar de que las leyes nacionales prohíben que empresas que hayan incurrido en corrupción puedan ser suplidores o contratistas del Estado”, explican en la correspondencia.

También denuncian en la carta que el Poder Ejecutivo creó, en abierto desconocimiento de la independencia de los Poderes Públicos establecida en la Constitución, una comisión de investigación sobre Punta Catalina que determinó que no se había cometido ningún delito en esta obra. Basado en el informe de esta comisión, la Procuraduría General de la República excluyó a Punta Catalina del proceso seguido por la Suprema Corte de Justicia a los acusados de recibir sobornos de parte de Odebrecht.

Igualmente señalan en la misiva que durante más de dos años, el Tribunal Constitucional se negó a fallar sobre la acción de inconstitucional sobre el decreto 6-17 y de la comisión que éste creó, y cuando falló obvió abordar el fondo, “con lo que este tribunal también colaboró con mantener impune los actos de corrupción de Punta Catalina”.

Consideraron que la investigación que están solicitando ayudará a quebrar la impunidad que hasta el presente ha existido a favor de los delitos en Punta Catalina y para que sean finalmente juzgados por una justicia independiente.

Observan en la carta que el carácter transnacional del delito de corrupción y la existencia del acuerdo de culpabilidad suscrito por Odebrecht con Brasil, EUA y Suiza, “crean la base para la acción conjunta y la cooperación entre las diferentes jurisdicciones, sin desmedro de la soberanía nacional, en la persecución, enjuiciamiento y castigo de estos delitos”.

Al respecto, el martes, 18 de junio pasado, las entidades anunciaron que habían invitado al Fiscal General de Milán, Isidoro Palma, a que viniera al país a proseguir la investigación que inició en abril, sobre la participación de la empresa italiana Grupo Maire Tecnimont en actos de corrupción de Punta Catalina.

 

CNDH-RD Abusos policiales, CNDH, Corrupción, Derechos civiles y políticos, Sin categoría

CNDH-RD CONDENA AGRESIONES A NUESTROS DIRIGENTES DE BAVARO – VERÓN

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) condena una nueva agresión de autoridades locales hacia miembros y dirigentes de nuestra organización, como ya ampliamente denunciado en nuestro Informe Anual de la Situación de los Derechos Humanos en nuestro país dado a conocer este 10 de diciembre a la prensa nacional e internacional.

En ese informe de hecho denunciamos “un aumento exponencial de los abusos, amenazas, agresiones e insultos de parte de las fuerzas de seguridad del Estado hacia los miembros de nuestra organización y de otras”.

En el mismo “responsabilizamos por estos hechos los miembros de la Policía Nacional  pero también [denunciamos que] se ha dado un patrón significativo de actos de intolerancia,  agresividad y exclusión de actividades públicas, de parte de funcionarios públicos como alcaldes de algunos pueblos”.

En el mes de julio denunciábamos dos casos de esta naturaleza ocurridos uno en el municipio de Villa Hermosa, provincia de La Romana y otro en el distrito municipal de la  Victoria, en el municipio de Santo Domingo Norte.

Esta vez, y es el motivo por el cual estamos aquí hoy, denunciamos hechos ocurridos en el municipio de Bávaro- Verón donde funcionarios del Ayuntamiento, en especial el director del distrito Manolito Ramírez conjuntamente a miembros de la Policía Municipal,  se están dedicando a amenazar y hasta golpear tanto el presidente cuanto el secretario general de nuestra filial de Bávaro-Verón respectivamente los señores Víctor Olivo y Miguel Ángel Marcial.

Esto por las actividades de protestas realizadas por los dirigentes de nuestra filial en reclamo de obras públicas que la comunidad necesita urgentemente y que nunca han sido realizadas a pesar de las promesas.

Lamentamos que quien fue uno de nuestros dirigentes en ese municipio, el Sr. Víctor Marcelino Pichardo Doñe, ahora mayor de la Policía Municipal de Bávaro, se dedique a golpear los que un tiempo fueron sus compañeros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Exigimos el cese de las amenazas de forma inmediata y la garantía de las libertades públicas en el municipio de Bávaro Verón incluso la de ejercer el derecho a la protesta pacífica y la expresión del disenso.

Pedimos además a las autoridades el otorgamiento de medidas cautelares a favor del presiente de la filial de la CNDH Víctor Olivo y del secretario general Miguel Angel Marcial, responsabilizando el alcalde Manolito Ramírez de lo que pueda ocurrir a nuestros dirigentes.

Finalmente informamos que en el día de hoy presentamos formal querella contra RAMÓN ANTONIO RAMÍREZ Alias Manolito Sindico de Verón y Los nombrados  PEDRO EDDY SAMBOY CARMONA,  MANUEL MATOS, ESTARLISDELIS, VÍCTOR MARCELINO PICHARDO DOÑE y Una tal KARINA los últimos 5 empleados del Ayuntamiento

Santo Domingo, D.N.

16 de enero del 2019

 

 

CNDH-RD Abusos policiales, Corrupción, Justicia, Policia Nacional

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) exige libertad inmediata sin cargos para los dirigentes del FALPO detenidos esta mañana

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) exige la libertad inmediata sin cargos para Grabriel Sánchez vocero del Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO) y de los demás activistas de esa organización detenidos esta mañana por haber lanzado  excrementos a la Suprema Corte de Justicia.

Llamamos por lo tanto todos nuestros activistas y abogados a presentarse mañana, martes 8 de enero  a las 10 am, frente  al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva e invitamos a  todas las filiales del país a expresarse consecuentemente.

Entendemos que las autoridades, en ese ejercicio colectivo de reflexión que debieron haber hecho en el día de hoy en el que se celebra el Día del Poder Judicial, así como les sugerimos en nuestro anterior documento de prensa, tendrían que interrogarse sobre la legitimidad de esa forma de protesta que no le hace daño a nadie y por ende puede definirse pacífica y que expresa sencillamente el verdadero sentimiento de rechazo del pueblo dominicano hacia el sistema de justicia imperante en nuestro país,  así como indicado en las recientes encuestas.

En lugar de condenar los jóvenes del Falpo, sería mucho más responsable y coherente de parte de las autoridades correspondientes,    pedirles perdón al pueblo dominicano como solicitamos en el anterior y ya citado documento, por las ejecuciones extrajudiciales, los abusos policiales, las  detenciones arbitrarias, los actos de corrupción, el tráfico de influencias, la venta de sentencias y de libertades, la impunidad de la que gozan victimarios y carniceros, y por todo el infierno que les toca soportar a las ciudadanas y ciudadanos dominicanos  que tienen que cruzarse  en algún  momento de sus vidas con el Poder Judicial.

Santo Domingo, D.N.

7 de enero del 2019

CNDH-RD Abusos policiales, Cárceles, Corrupción, Justicia, Policia Nacional

Lejos de celebrar este Día del Poder Judicial, las autoridades competentes deberían reflexionar y pedirles humildemente disculpas al pueblo dominicano, considera la CNDH-RD

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la República Dominicana (CNDH-RD), considera este 7 de enero del 2019,  que  lejos de celebrar este Día del Poder Judicial, las autoridades competentes deberían  reflexionar y pedirles humildemente  disculpas al pueblo dominicano.

Disculpas por las tantas muertes inocentes a manos de los organismos de “seguridad” del Estado en los mal llamados “intercambios de disparos” y cuyos familiares nunca tendrán justicia.

Disculpas por los miles de presos  en las cárceles de nuestro país detenidos cuyos términos de prisión preventiva se han vencido y que nunca han sido llevados en una sala de un tribunal.

Disculpas por un sistema de justicia secuestrado por el partido-Estado que maneja a su antojo sentencias, jueces, libertad, vida y muerte.

Disculpas por una justicia selectiva donde la diferencia la hace la clase, el partido y el color de la piel en muchos casos.

Disculpas por todo esto y mucho más.

“Efectivamente no hay nada que celebrar” ha declarado el Dr. Manuel María Mercedes Medina, presidente nacional de la CNDH-RD,  refiriéndose a las celebraciones anunciadas por la Suprema Corte de Justicia a las cuales participará también el presidente de la República.

“De hecho somos espectadores una vez más de las inútiles escenificaciones con las que el Estado quiere maquillar la ineficiencia y la corrupción que imperan en el Poder Judicial y que transforman la vida de los ciudadanos que tienen asuntos pendientes o que son vinculados con la justicia,  en un verdadero infierno” ha expresado el Dr. Mercedes.

Denunciamos como ejemplo,  el infierno en el que se ha transformado la vida del ciudadano Andrés Trinidad Mejia,  quien ha transcurrido un año y medio preso injustamente en la cárcel de la Victoria por un asesinato que no ha cometido; infierno que sigue viviendo después de su liberación ya que ahora tratan de involucrarlo en un robo que no ha cometido.

Mientras hoy las autoridades celebran el Día del Poder Judicial, en estos mismos días Andrés Trinidad Mejia corre el riesgo de ser asesinado por sectores de la Policía Nacional vinculados a robos que se cometen contra la  empresa Philip Morris, orquestados por un ejecutivo de dicha empresa en coordinación con policías corruptos, ex militares y delincuentes comunes quienes roban, matan y realizan sometimientos judiciales ante la indiferencia (o complicidad?) del Ministerio Público. 

A Andrés Trinidad Mejía el Poder Judicial le ha violentado todos sus derechos: lo han detenido injustamente una primera vez, después de haberle otorgado finalmente la libertad se le obliga todos los meses a ir a Santiago a firmar, en el traslado ilegal de Santo Domingo a Santiago  le han falsificado su firma y la firma de su abogado, le tienen secuestrada la resolución de su sentencia desde el mes de mayo del 2018 y finalmente  le han robado hasta su herramienta de mecánico.

Denunciamos también como ejemplo de cómo funciona el Poder Judicial en nuestro país el infierno en el que se ha transformado la vida de los familiares de Rodorfo Cesarín Castillo Piña, el joven de 26 años asesinado el día 26 de diciembre del 2018 en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís presuntamente por sicariato. Al joven se le han violentado todos sus derechos, llegando a la muerte, propio por las deficiencias del Poder Judicial  que las autoridades están celebrando en estas horas.

Rodorfo Cesarín Castillo Peña ha estado detenido más de dos años como preventivo (cuando el límite máximo de prisión preventiva es de un año) en San Pedro de Macorís sin ser registrado en ese centro y por lo tanto prácticamente sin supervisión de la Procuraduría General de la República. Tratándose de un interno psiquiátrico se le han negado en los últimos 5 meses sus medicamentos necesarios a controlar su estado emocional, ha sido torturado los cinco días previos a la muerte, cuando ha sido encontrado con la cabeza en un inodoro esposado con las manos detrás de las espaldas ido encontrado con la cabeza en un inodoro esposado con las manos detrás de las espaldas. A pesar de todo esto los responsables del recinto penitenciario afirman que Castillo Peña se ahogó, cosa que desmiente el certificado médico legal y el sentido común (¿cómo es posible ahogarse en un inodoro sin agua estando esposado por detrás?). Como si no fuera suficiente, el agente penitenciario presuntamente señalado por haber cometido el hecho sigue libre y trabajando como si nada hubiera ocurrido.

Finalmente citamos el homicidio de la señora Eulalia Taveras, violada y brutalmente asesinada por su exyerno Leo Zapete, cuyo cuerpo ha sido encontrado en una cañada en la Gina de Miches en el mes de septiembre del 2017.  El caso ha sido aplazado ya 5 veces porque nunca se presenta al tribunal el mayor Roberto Albuquerque, oficial investigador del caso, quien ha realizado la investigación y quien tiene todos los elementos, que nunca ha depositado, que permitirían incriminar definitivamente el asesino, y sobre el cual pesan ya tres órdenes de arresto por el Tribunal, ordenes firmadas, selladas y depositadas en la Jurídica, las cuales no son acatadas por la Policía Nacional.

Y estos son apenas tres casos emblemáticos, a los que estamos dando seguimiento, ¿cuántos ocurren sin que las noticias lleguen a los medios o a nuestra oficina?

Que sigan, que sigan celebrando las autoridades dominicanas ese circo llamado Poder Judicial.

Disculpas deberían estar humildemente pidiendo al pueblo dominicano y a todas las víctimas inocentes cuyos verdugos gozan en la impunidad.

Santo Domingo, D.N.
7  de enero del 2019
Día del Poder Judicial

CNDH-RD Corrupción, Marcha Verde, Notas de prensa

CNDH-RD SUSCRIBE COMPROMISO POR EL FIN DE LA IMPUNIDAD

MANUEL MARÍA MERCEDES EXHORTA A TODOS LOS SECTORES A FIRMAR EL COMPROMISO

RUEDA DE PRENSA COMPROMISO MARCHA VERDELa Comisión Nacional de los Derechos Humanos de República Dominicana suscribió hoy domingo 11 de noviembre, el Compromiso Verde por el Fin de la Impunidad, y dio inicio a la promoción de sus propuestas de transformaciones institucionales entre todos sus integrantes y allegados.

Durante su Asamblea Nacional realizada  en la sede de la CNDH-RD, su presidente, Manuel María Mercedes, valoró las siete propuestas de transformaciones institucionales incluidas en el Compromiso Ciudadano elaborado por Marcha Verde, y aseguró que las mismas permitirán llevar a la cárcel a los corruptos, recuperar el dinero robado y desmontar el régimen de impunidad instalado en las cortes y todo el aparato judicial.

“Todas las personas y organizaciones que luchamos por la protección de los derechos humanos tenemos el deber de comprometernos con la lucha por el fin de la impunidad, porque el robo de los recursos públicos no es otra cosa que el robo y la destrucción de la capacidad del Estado para garantizar servicios básicos de calidad a la población. Invitamos a todo el país a sumarse a esta iniciativa de Marcha Verde”, declaró María Mercedes durante el acto de suscripción del documento.

Manuel María Mercedes, además, dijo que el Compromiso Verde constituye una de las iniciativas más sólidas del movimiento por el Fin de la Impunidad, porque, a su juicio, al final el documento quedará como un mecanismo de articulación y direccionalidad para las diferentes fuerzas sociales y políticas que lo firmen.

La firma del Compromiso implica, primero, la renuncia y denuncia de cualquier tipo de práctica de corrupción e impunidad, incluyendo la compra de votos, los privilegios, abuso de poder, la prevaricación, entre otras. Se asume y promueve una cultura de ciudadanía y política para el bien colectivo.

Y en cuanto a las propuestas de reformas y acciones contra la corrupción y la impunidad, quienes firman exigen y promueven:

  1. Cárcel a los responsables de los grandes casos de corrupción y recuperación del dinero robado al pueblo dominicano.
  2. Cancelación de todo contrato del Estado con empresas mafiosas, como Odebrecht.
  3. Investigación independiente de la relación contractual de la Presidencia de la República con el delincuente internacional Joao Santana, asesor del presidente Danilo Medina.
  4. Justicia Independiente, a través de la reconfiguración del Consejo Nacional de la Magistratura, para que el tigueraje político no pueda estar dirigiendo tribunales. Se propone sacar al Procurador del CNM y nombrar un Fiscal Anticorrupción independiente del Poder Ejecutivo, que esté nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura por un período de seis años, renovable solo una vez.
  5. Sacar a los dirigentes políticos de la Cámara de Cuentas ya! Nombrar a personas capaces e independientes de los partidos.
  6. Diseñar y aplicar un nuevo marco político y electoral, que sancione drásticamente las prácticas que violentan la voluntad popular: el clientelismo, la compra de votos, el financiamiento ilícito, entre otros.
  7. Promover que cualquier cambio a la Constitución para aplicar las propuestas del compromiso se hagan por la vía más democrática posible, que, desde nuestro punto de vista, es una asamblea constituyente. Santo Domingo, domingo 11 de noviembre del 2018

 

CNDH-RD Corrupción, Denuncias

CNDH-RD CONDENA TRIBUNAL OTORGUE LIBERTAD A IMPLICADOS EN VENTA DE LOS TRES BRAZOS

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos condena el otorgamiento  de la libertad a los implicados en la venta de los terrenos de los Tres Brazo, decisión tomada en una audiencia secreta el pasado 19 de octubre.

Una vez más la justicia de hace garante de un puñado de malhechores en contra de los derechos vulnerados del pueblo dominicano.

Fuente: Diario Libre

SANTO DOMINGO. La decisión de la Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional de variar la coerción a los siete imputados que estaban presos por la venta irregular de los terrenos de Los Tres Brazos, generó disgusto entre los residentes de ese barrio.

El dirigente comunitario Fernando Morillo, quien forma parte de la directiva del Comité de Lucha por la Defensa de Los Tres Brazos, expresó que la decisión desacredita al sistema de justicia.

Mientras que Manuel María Mercedes, quien es el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, considera que a pesar de la intranquilidad que generaron a los moradores de ese barrio de Santo Domingo Este, la Justicia ha sido benévola con los imputados.

Sin embargo, pese a ser favorecidos con un cambio de medida de coerción, los implicados en ese caso se mantendrán en Najayo hasta que aporten las garantías económicas millonarias que les impusieron pagar en efectivo, además de los costosos brazaletes electrónicos.

A Julio Gómez, Manuel Aybar y Juana Inés Gómez, la Corte les impuso el pago de 5 millones de pesos en efectivo en la cuenta de la Procuraduría General de la República, además deberán usar grilletes, estarán sujetos a la prisión domiciliaria y no podrán salir del país.

Leoncio Almánzar, José de Pool Dominici y Carlos Gómez deberán pagar una garantía de 10 millones de pesos en efectivo. Mientras que a Domingo Lebrón le impusieron el pago de tres millones.

Los delitos cometidos

El grupo es imputado de participar presuntamente en la comisión de diversos actos ilícitos con la supuesta venta irregular de los terrenos de Los Tres Brazos. Entre los delitos cometidos figura la prevaricación, abuso de jurisdicción, falsedad y uso de documentos falsos.
CNDH-RD Actividades, Corrupción, Denuncias, Derechos civiles y políticos, Sin categoría

CNDH-RD REALIZA CONGRESO DE ABOGADOS SOBRE EL TEMA “ODEBRECHY Y EL DEBIDO PROCESO” Y EXIGE APEGO AL ESTADO DE DERECHO Y EXPLICACIONES AL MINISTERIO PÚBLICO

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) , ha realizado el pasado 5 de agosto, en el hotel Radisson en Santo Domingo,  el  primer  Congreso de Abogados sobre el tema “Odebrecht y el Debido Proceso”.

Nos ha motivado a la puesta en marcha de tan importante actividad la preocupación que tenemos como organización defensora y promotora de los derechos humanos, y el análisis de los resultados de las consultas y mesas de trabajo realizadas hace algunas semanas, respecto a la conducta y el papel desempeñado por el  Ministerio Público en la presentación de las  acusaciones relativas al caso Odebrecht.

Por otro lado hemos también,   junto con destacados y prestigiosos juristas del país,  analizado detenidamente el expediente en su totalidad y las irregularidades encontradas nos han motivado a plantear públicamente algunas consideraciones. Seguir leyendo «CNDH-RD REALIZA CONGRESO DE ABOGADOS SOBRE EL TEMA “ODEBRECHY Y EL DEBIDO PROCESO” Y EXIGE APEGO AL ESTADO DE DERECHO Y EXPLICACIONES AL MINISTERIO PÚBLICO»

CNDH-RD Actividades, Corrupción, Denuncias, Derechos civiles y políticos, Sin categoría

“ODEBRECHT Y EL DEBIDO PROCESO”. CONCLUSIONES CONGRESO

“ODEBRECHT Y EL DEBIDO PROCESO”

SINTESIS DE LAS CONCLUSIONES A LAS QUE SE ARRIBÓ EN LAS CONSULTAS Y MESAS DE TRABAJO PREVIAS AL PRESENTE CONGRESO, REALIZADAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA:

MOTIVACIONES:

Considerando (1): Que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene como Misión principal la de “contribuir a la construcción y establecimiento de un efectivo Estado Social y Democrático de Derecho, basado en el respeto de los derechos fundamentales, de los derechos civiles y políticos  y de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de todas las personas”.

Considerando (2): Que el artículo 8 de la Constitución dispone que “es función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatible con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas”;

Considerando (3): Que en ese tenor el artículo 38 de la Constitución establece que “el Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes”. De igual forma señala que “la dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable y que su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos”;

Considerando (4): Que la efectividad de los derechos fundamentales y de la democracia, reside en el estricto apego a los mecanismos de tutela y protección, dispuestos en la Constitución y las leyes; Seguir leyendo «“ODEBRECHT Y EL DEBIDO PROCESO”. CONCLUSIONES CONGRESO»

CNDH-RD Corrupción, Denuncias, salud

Entrevista al Dr. Senen Caba sobre el hospital Moscoso Puello

Cada dominicano dolido con su país debería ver de forma integral este video respecto a lo ocurrido con las recientes lluvias, y cuanto ocurrido inmediatamente después de la inauguración del Moscoso Puello. La inauguración tuvo lugar en abril. El hospital tuvo un costo inicial presupuestado de 43mil millones de pesos y costó finalmente más de 685 millones de pesos.