CNDH-RD reconoce Juan Hubieres

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos entrega en fecha 7 de febrero del 2019 el reconocimiento “Fray Antón de Montesinos” a Juan Hubieres por su compromiso constante e incansable con la lucha por los derechos del pueblo dominicano.

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CNDH-RD visita Los Guandules

Una delegación de la Comisión nacional de los Derechos Humanos visita la comunidad de Los Guandules afectada por desalojos forzosos. No se puede, en nombre del progreso, violentar derechos. No se puede, para salvaguardar algunos derechos, violentar otros.

Coalición Nacional de Abogados Independientes (CONAI) cuestiona el Dr. Miguel Surum por compra ilícita de inmueble

La Coalición Nacional de Abogados Independientes (CONAI), practicando la institucionalidad, la transparencia y sobre la base de los principios de la ética y de la moral, cuestionamos públicamente al Dr. MIGUEL SURUM HERNANDEZ, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, (CARD),  por la compra de este inmueble ubicado en la Avenida Bolívar n. 09 del sector Gazcue del Distrito Nacional.

La citada adquisición de esta propiedad se efectuó supuestamente por un monto de VEINTIDOS (22) MILLONES DE PESOS, violentando la mecánica de los órganos del Colegio de Abogados.

Hasta le fecha de hecho no se ha dado a conocer de manera clara bajo que tecnicismo se ha llevado a  cabo este negocio tan costoso lo cual ha implicado  sacrificar los fondos de esta entidad mientras en la calle hay cientos de abogados afectados con enfermedades terminales y con afecciones crónicas a los cuales el Colegio de Abogados no le da ningún tipo de ayuda.

La Coalición Nacional de Abogados Independientes (CONAI) reitera que esta transacción está fuera de la legitimidad de los órganos del Colegio de Abogados y de la Ley de Compras y Contrataciones  Públicas y en consecuencias estamos ponderando el sometimiento del Dr. MIGUEL SURUM HERNANDEZ, presidente de la institución ante los Tribunales de la República, para que él y otras personas que pudieran estar involucradas respondan al gremio que agrupa los abogados y ante la sociedad sobre esta cuestionable  transacción inmobiliaria.

El Colegio de Abogados está en una profunda crisis financiera y ética sin precedentes la cual ha sido generada por su actual presidente. De hecho los togados del derecho actualmente no gozan de ninguna garantía de jubilación, ni de Seguridad Social, ni de vivienda,  ni de mecanismos para maestrías y doctorados en universidades locales  y extranjeras.

Finalmente informamos a la opinión pública nacional que la Coalición Nacional de abogados Independientes  (CONAI) utilizará todas las vías del Derecho posibles para esclarecer esta contratación que no cuenta con el aval de toda la matrícula de los abogados.

Santo Domingo, D.N.

6 de febrero del 2019

CNDH-RD llama a sistema de justicia dominicano a poner fin a la impunidad y acelerar su curso en casos muy graves que descansan en los tribunales

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) hace un llamado al sistema de justicia dominicano a que se active con rapidez para que se ponga fin a la impunidad en dos casos muy graves apoderados por nosotros que descansan en los tribunales de la región Este del país y para que se haga justicia  por esas víctimas.

Nos estamos refiriendo al caso del asesinato del joven Alexander Acosta de 23 años ultimado a tiros por dos miembros de la Armada Dominicana en Sabana de la Mar en el mes de abril del 2017.

El día 30 de este mes de enero en Hato Mayor se realizará la audiencia que iniciará la fase de instrucción del juicio de fondo donde hay dos marinos detenidos y una familia que espera justicia en un caso que a todas evidencias representa una ejecución extrajudicial con responsabilidad directa del Estado dominicano.

CNDH-RD exige exhaustiva investigación por interno asesinado en el CCR 11 de San Pedro de Macorís

Santo Domingo, DN.

10 de enero del 2019

Al                                     : Procurador General de la República

                                           Licdo. Jean Alain Rodríguez   

Asunto                             : Investigación fallecimiento del joven RODORFO CESARÍN 

                                           CASTILLO PIÑA CCR n. 11 de San Pedro de                               

                                           Macorís   

Quien suscribe la presente, Dr. Manuel María Mercedes Medina, dominicano,  mayor de edad,  portador de la cedula de identidad y electoral No.001-0234211-0, actuando en mi facultad  de Presidente  Nacional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la República Dominicana, organización no gubernamental sin fines  de lucro, fundada en el año 1987 e incorporada mediante decreto dado por el Poder Ejecutivo No. 184-95 de fecha 15 de agosto del 1995,  por medio de la presente tiene a bien expresarle  lo siguiente:

ATENDIDO: Que en fecha 26/12/2018 ha sido encontrado muerto en circunstancias extrañas (con la cabeza en un inodoro)  en el Centro de Corrección y Rehabilitación n. 11 de San Pedro de Macorís el joven Rodorfo Cesarín Castillo Piña, de 27 años, soltero, obrero, ced. 023-0162561-8  y que todas las investigaciones realizadas por nuestro equipo de investigación arrojan a un caso de sicariato realizado con la complicidad de uno o más  guardias penitenciarios. 

ATENDIDO: Que el joven se encontraba detenido en el CCR n. 11 desde más de dos años sin ser registrado en el listado de los reclusos de dicho centro, y  que por lo tanto estaba detenido sin la supervisión de la Procuraduría General de la República que es el organismo que supervisa el Nuevo Sistema de Gestión Penitenciaria.

ATENDIDO: Que hay evidencias y testimonios de que el joven ha sido sometido a tortura y tratos deshumanos y degradantes algunos días antes de su muerte,  consistentes en privación de agua y esposamiento por detrás de las espaldas de forma continuativa en su celda.

ATENDIDO: Que el joven  se podía clasificar como preso psiquiátrico y estaba detenido sin recibir las atenciones médicas y farmacológicas que su condición ameritaban ya que hay fuertes indicios de que desde más de 5 meses se le negaba el medicamento necesario dada su condición, además no se le recibía de sus padres el medicamento en el CCR n. 11 los días domingo cuando la familia le hacía visita,  ya que al parecer ese día “no es día de entrega de medicamentos”. Los familiares tenían que dejar el medicamento, muy caro por cierto, con un vendedor en la calle para que lo entregar al centro en otro día.

ATENDIDO: Que hay indicios  de que se ha tratado de ocultar evidencias y de manipular hechos y documentos inherentes al caso, así como señalado por el Dr. Feliz Telemin representante de la CNDH-RD.

ATENDIDO: Que a pesar de que el certificado del hospital Musa indica que Castillo Piña haya fallecido en el mismo, testigos indican que había fallecido desde la noche o presuntamente la madrugada y la misma apariencia del cadáver hace presumir que no haya fallecido en el hospital sino muchas horas antes en el CCR.

ATENDIDO: Que el Estado es responsable nacional e internacionalmente de la vida y las condiciones de reclusión de los internos.

POR TALES razones y motivos  la CNDH-RD a través de su Presidente exige  lo siguiente:

1.: Que se realice una profunda y exhaustiva investigación de los hechos escuchando todos los testigos y que tenga como objetivo esclarecer la verdad y asegurar a la justicia el o los implicados. Nadie será sometido a tortura ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Se tendrán en cuenta las necesidades individuales de los reclusos, en particular las de las categorías más vulnerables en el contexto penitenciario.

2.: Que se produzcan los siguientes documentos:

:

  • Acta de defunción del hospital
  • Listado del personal de servicio presente en al centro en la fecha del 26/12/2018
  • Expediente médico del fallecido
  • Registro de entrada de Castillo Piña al hospital Musa,  hora, personal presente y condiciones del cuerpo
  • Resultado de la autopsia
  • Registro de llamadas entre algunas personas cuyas referencias están en las manos de la fiscal Digna Ortiz
  • Video cámara del penal del momento de la salida del cuerpo

                   Dr. Manuel María Mercedes Medina

Presidente Nacional CNDH-RD.

Raquel del Rosario Piña y Alcantara madre del joven asesinado en el CCR 11

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) exige libertad inmediata sin cargos para los dirigentes del FALPO detenidos esta mañana

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) exige la libertad inmediata sin cargos para Grabriel Sánchez vocero del Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO) y de los demás activistas de esa organización detenidos esta mañana por haber lanzado  excrementos a la Suprema Corte de Justicia.

Llamamos por lo tanto todos nuestros activistas y abogados a presentarse mañana, martes 8 de enero  a las 10 am, frente  al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva e invitamos a  todas las filiales del país a expresarse consecuentemente.

Entendemos que las autoridades, en ese ejercicio colectivo de reflexión que debieron haber hecho en el día de hoy en el que se celebra el Día del Poder Judicial, así como les sugerimos en nuestro anterior documento de prensa, tendrían que interrogarse sobre la legitimidad de esa forma de protesta que no le hace daño a nadie y por ende puede definirse pacífica y que expresa sencillamente el verdadero sentimiento de rechazo del pueblo dominicano hacia el sistema de justicia imperante en nuestro país,  así como indicado en las recientes encuestas.

En lugar de condenar los jóvenes del Falpo, sería mucho más responsable y coherente de parte de las autoridades correspondientes,    pedirles perdón al pueblo dominicano como solicitamos en el anterior y ya citado documento, por las ejecuciones extrajudiciales, los abusos policiales, las  detenciones arbitrarias, los actos de corrupción, el tráfico de influencias, la venta de sentencias y de libertades, la impunidad de la que gozan victimarios y carniceros, y por todo el infierno que les toca soportar a las ciudadanas y ciudadanos dominicanos  que tienen que cruzarse  en algún  momento de sus vidas con el Poder Judicial.

Santo Domingo, D.N.

7 de enero del 2019

Lejos de celebrar este Día del Poder Judicial, las autoridades competentes deberían reflexionar y pedirles humildemente disculpas al pueblo dominicano, considera la CNDH-RD

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la República Dominicana (CNDH-RD), considera este 7 de enero del 2019,  que  lejos de celebrar este Día del Poder Judicial, las autoridades competentes deberían  reflexionar y pedirles humildemente  disculpas al pueblo dominicano.

Disculpas por las tantas muertes inocentes a manos de los organismos de “seguridad” del Estado en los mal llamados “intercambios de disparos” y cuyos familiares nunca tendrán justicia.

Disculpas por los miles de presos  en las cárceles de nuestro país detenidos cuyos términos de prisión preventiva se han vencido y que nunca han sido llevados en una sala de un tribunal.

Disculpas por un sistema de justicia secuestrado por el partido-Estado que maneja a su antojo sentencias, jueces, libertad, vida y muerte.

Disculpas por una justicia selectiva donde la diferencia la hace la clase, el partido y el color de la piel en muchos casos.

Disculpas por todo esto y mucho más.

“Efectivamente no hay nada que celebrar” ha declarado el Dr. Manuel María Mercedes Medina, presidente nacional de la CNDH-RD,  refiriéndose a las celebraciones anunciadas por la Suprema Corte de Justicia a las cuales participará también el presidente de la República.

“De hecho somos espectadores una vez más de las inútiles escenificaciones con las que el Estado quiere maquillar la ineficiencia y la corrupción que imperan en el Poder Judicial y que transforman la vida de los ciudadanos que tienen asuntos pendientes o que son vinculados con la justicia,  en un verdadero infierno” ha expresado el Dr. Mercedes.

Denunciamos como ejemplo,  el infierno en el que se ha transformado la vida del ciudadano Andrés Trinidad Mejia,  quien ha transcurrido un año y medio preso injustamente en la cárcel de la Victoria por un asesinato que no ha cometido; infierno que sigue viviendo después de su liberación ya que ahora tratan de involucrarlo en un robo que no ha cometido.

Mientras hoy las autoridades celebran el Día del Poder Judicial, en estos mismos días Andrés Trinidad Mejia corre el riesgo de ser asesinado por sectores de la Policía Nacional vinculados a robos que se cometen contra la  empresa Philip Morris, orquestados por un ejecutivo de dicha empresa en coordinación con policías corruptos, ex militares y delincuentes comunes quienes roban, matan y realizan sometimientos judiciales ante la indiferencia (o complicidad?) del Ministerio Público. 

A Andrés Trinidad Mejía el Poder Judicial le ha violentado todos sus derechos: lo han detenido injustamente una primera vez, después de haberle otorgado finalmente la libertad se le obliga todos los meses a ir a Santiago a firmar, en el traslado ilegal de Santo Domingo a Santiago  le han falsificado su firma y la firma de su abogado, le tienen secuestrada la resolución de su sentencia desde el mes de mayo del 2018 y finalmente  le han robado hasta su herramienta de mecánico.

Denunciamos también como ejemplo de cómo funciona el Poder Judicial en nuestro país el infierno en el que se ha transformado la vida de los familiares de Rodorfo Cesarín Castillo Piña, el joven de 26 años asesinado el día 26 de diciembre del 2018 en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís presuntamente por sicariato. Al joven se le han violentado todos sus derechos, llegando a la muerte, propio por las deficiencias del Poder Judicial  que las autoridades están celebrando en estas horas.

Rodorfo Cesarín Castillo Peña ha estado detenido más de dos años como preventivo (cuando el límite máximo de prisión preventiva es de un año) en San Pedro de Macorís sin ser registrado en ese centro y por lo tanto prácticamente sin supervisión de la Procuraduría General de la República. Tratándose de un interno psiquiátrico se le han negado en los últimos 5 meses sus medicamentos necesarios a controlar su estado emocional, ha sido torturado los cinco días previos a la muerte, cuando ha sido encontrado con la cabeza en un inodoro esposado con las manos detrás de las espaldas ido encontrado con la cabeza en un inodoro esposado con las manos detrás de las espaldas. A pesar de todo esto los responsables del recinto penitenciario afirman que Castillo Peña se ahogó, cosa que desmiente el certificado médico legal y el sentido común (¿cómo es posible ahogarse en un inodoro sin agua estando esposado por detrás?). Como si no fuera suficiente, el agente penitenciario presuntamente señalado por haber cometido el hecho sigue libre y trabajando como si nada hubiera ocurrido.

Finalmente citamos el homicidio de la señora Eulalia Taveras, violada y brutalmente asesinada por su exyerno Leo Zapete, cuyo cuerpo ha sido encontrado en una cañada en la Gina de Miches en el mes de septiembre del 2017.  El caso ha sido aplazado ya 5 veces porque nunca se presenta al tribunal el mayor Roberto Albuquerque, oficial investigador del caso, quien ha realizado la investigación y quien tiene todos los elementos, que nunca ha depositado, que permitirían incriminar definitivamente el asesino, y sobre el cual pesan ya tres órdenes de arresto por el Tribunal, ordenes firmadas, selladas y depositadas en la Jurídica, las cuales no son acatadas por la Policía Nacional.

Y estos son apenas tres casos emblemáticos, a los que estamos dando seguimiento, ¿cuántos ocurren sin que las noticias lleguen a los medios o a nuestra oficina?

Que sigan, que sigan celebrando las autoridades dominicanas ese circo llamado Poder Judicial.

Disculpas deberían estar humildemente pidiendo al pueblo dominicano y a todas las víctimas inocentes cuyos verdugos gozan en la impunidad.

Santo Domingo, D.N.
7  de enero del 2019
Día del Poder Judicial

CNDH-RD condena debilidad y actitud irresponsable del director de la Policía Nacional y del Procurador General de la República ante violencia de grupos xenófobos

Actividad del 23 de diciembre que ha sido suspendida ante las amenazas de un “baño de sangre”

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos condena de forma enérgica la actitud irresponsable y la debilidad que están manifestando   tanto el director de la Policía Nacional general Ney Aldrin Bautista Almonte,  cuanto el Procurador General de la República Jean Alain Rodríguez,   frente a la violencia expresada por el grupo  Nueva Orden Dominicana y en general por sectores  ultranacionalistas y xenófobos del país.

Ya desde el hecho ocurrido en Santiago el pasado mes de noviembre,  cuando el periodista Marino Zapete recibió amenazas durante un conversatorio  organizado por el movimiento Marcha Verde y denunció una trama de muerte en su contra orquestada por grupos xenófobos, alertamos sobre el peligro que representaban estos sectores y la actitud pasiva y tolerante, casi cómplice,   de las autoridades frente a evidentes indicios de delitos perseguibles de oficio por el Ministerio Público.

En ese caso tanto la Policía Nacional que la Procuraduría de la República,  a pesar de ser el Ministerio Publico  el órgano que en  el ejercicio de sus funciones tiene que respetar “la Constitución y el ordenamiento jurídico dictado conforme a ésta, garantizar los derechos fundamentales que asisten a las personas” demostraron una actitud indiferente y permisiva hacia potenciales criminales.

Las declaraciones del  director de la Policía Nacional, Ney Aldrin Batista Almonte, quien en ese entonces se refirió a los  miembros de la Antigua Orden Dominicana  como “muchachos que no se ve que tienen armas de fuego ni están armados y hasta este momento no  representan una mayor dificultad” y el silencio del Procurador General de la República,  nos preocuparon enormemente ya que al parecer las amenazas de muerte hacia una figura pública como lo es Marino Zapete y su familia,  para los representantes de las instituciones publicas llamadas a implementar el respeto de las leyes y de la Constitución,  no son perseguibles como crimen.

Ni siquiera al parecer, constituye un indicio de crimen la organización de un grupo paramilitar que en las redes sociales llama públicamente a organizarse y tomar las armas para enfrentar,  a costa de la vida,  la supuesta “invasión haitiana”.

Deberían preocupar, como nos preocupan a nosotros, los videos,  subidos a la página Facebook  de la Antigua  Orden Dominicana,  de ciudadanos que llaman a tomar las armas en contra de los haitianos presentes en el país, o los comentarios violentos y racistas que en ese perfil público se pueden leer. No se equivoquen que esto nada tiene que ver con la libertad de expresión.

En otro país,  esta cuenta de Facebook sería bloqueada y su administrador incriminado por amenazas, terrorismo, odio racial e instigación a la violencia.

En otro país.  Aquí no, ya que el Estado Social y Democrático de Derecho establecido por nuestra Constitución en su articulo n. 7 en nuestro país está secuestrado por un grupo neonazista y xenófobo que actúa con la complicidad tacita de las instituciones dominicanas.

Tanto han sido tolerantes, calladas, permisivas y cómplices por omisión  nuestras  instituciones, que una caminata pacifica con fines de promoción del deporte organizada por la diáspora haitiana  prevista para el da 23 de diciembre en el Mirador Sur, ha tenido que ser suspendida  por  sus propios organizadores frente  a las amenazas de realizar un “baño de sangre” que integrantes de la Antigua  Orden Dominicana han líberamente difundido vía redes sociales.

Definitivamente, director de la Policía Nacional y Procurador General de la República, están dejando que la violencia y el odio pasen por encima de las leyes de nuestro país, de la misma Constitución y que se violen derechos fundamentales. Todo esto con su anuencia y su complicidad.

Es inaceptable.

¿Al Procurador General de la Republica Jean Alain Rodríguez no le pareció suficiente como para incriminar Manny Solano lo que este señor dice en un video que ha circulado en estos días que, aunque sea con su carro “se los va a llevar todos” estilo terrorista yihadista?

¿Al Procurador General de la Republica Jean Alain Rodríguez no le pareció suficiente como para incriminar Manny Solano los gravísimos insultos que Manny Solano le dirige al presidente de la República?

¿Al Procurador General de la Republica Jean Alain Rodríguez no le pareció suficiente como para incriminar Manny Solano el llamado que este señor hace a sus milicianos “que vayan y no vayan desarmados” el domingo 23 al Mirador Sur?

Estimadas autoridades,  ¿no creen acaso que antes de que ocurra alguna tragedia con victimas inocentes a mano de algún nuestro salvador de la patria  yihadista al estilo caribeño, sea el caso de dar una señal clara y contundente que amenazar con realizar una masacre es un crimen punible por ley, así como violentar el derecho a la libre expresión y al tránsito de ciudadanos extranjeros legalmente presentes en el país?

Esperamos esta señal, señor director de la Policía Nacional y señor Procurador General de la República,  lo más pronto posible, antes de que la situación les escape de las manos  y antes de que algún inocente pague con la vida por su irresponsabilidad.

Santo Domingo, D.N.

21 de diciembre del 2018

CNDH-RD EXIGE SEAN RESPETADOS PROTOCOLOS Y DERECHOS HUMANOS DE VICTIMAS Y FAMILIARES EN CASO POLYPLAS

Desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) denunciamos como al transcurrir de las horas,  quedan claramente  evidenciadas numerosas fallas en el manejo de parte de las autoridades y de los directivos de la empresa Polyplas y una falta absoluta de respeto de los derechos humanos tanto de las victimas como de sus familiares, ante la tragedia ocurrida el miércoles pasado,cuando una explosión en la fabrica de plásticos ubicada en Villas Agrícolas ha dejado a la fecha de hoy un saldo provisional de seis muertos y decenas de heridos.

Condenamos firmemente, antes que todo, que a la fecha de hoy la empresa Polyplas,  aun no haya entregado a las autoridades la lista de los empleados que estaban laborando el día de la explosión en el lugar.

Lamentamos la actitud de genuflexión, una vez más,  del gobierno dominicano ante la actitud arrogante de algunos empresarios privados, en este caso  Manuel Diez Cabral,  quien se considera por encima de las leyes,  de los protocolos y de las autoridades y que llega a desmentir descaradamente hasta el mismo jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, Rafael del Rosario, respecto a las causas del hecho.

Lamentamos el silencio cómplice del ministro del Trabajo, Winston Santos, ante una tragedia que afecta de forma tan grave la clase trabajadora dominicana y que trae sombras preocupantes sobre los protocolos de seguridad y prevención de desastres en las empresas privadas.

“Recordamos que la República Dominicana es signataria de dos importantes convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en materia de protección y seguridad en el  trabajo”,ha declarado el Dr. Manuel María Mercedes presidente nacional de la CNDH-RD.

En el  año 2006 el país ha ratificado el  Convenio sobre los productos químicos  del 1990,  el cual indica precisas responsabilidades delos empleadores en el caso de las empresas donde  productos químicos son utilizados por sus empleados o donde estos estén a directo contacto con productos químicos, y en el 2015 ha ratificado el Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo del 2006,  cuyo objetivo es entre otros,  la “mejora continua de la seguridad y salud en el trabajo con el fin de prevenir las lesiones,enfermedades y muertes ocasionadas por el trabajo mediante el desarrollo de una política, un sistema y un programa nacionales, en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores”. Este último convenio establece directrices obligatorias para los países signatarios,  la gran mayoría de las cuales son inexistentes en nuestro país.

Condenamos  también la actitud violenta de la Policía Nacional,  que se demuestra una vez más una institución completamente inadecuada al rol que está llamada a desempeñar, llegando a reprimir con violencia los familiares de las víctimas.

Consideramos que sea necesaria y urgente la creación de una comisión de seguimiento integrada por autoridades, familiares de las víctimas y la Defensoría del Pueblo  para que de forma inmediata se pueda manejar la situación con la altura y el respeto a las víctimas  que se merecen y darle seguimiento a los daños y perjuicios de los afectados. Consideramos necesario y urgente además un registro de los daños a edificios públicos y privados afectados en el accidente y que a los desalojados se les garantice una ubicación segura y de calidad.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos exige  demás que de forma rápida, efectiva y eficaz sea establecida la cadena de  responsabilidades de lo ocurrido y que los responsables sean sometidos a la justicia, recordando que los dirigentes de la empresa, según el Código Civil y el Código Laboral son responsables civilmente por los daños sufridos como consecuencia de un accidente de trabajo. Condenamos que a la fecha,  el Ministerio Publico no haya ejercido aun la obligatoriedad de la acción pública, así como previsto en el Art. 30 del Código Procesal Penal y que bien se aplica a este caso.

Solicitamos a las autoridades correspondientes la realización urgente de un plan de ordenamiento territorial del Gran Santo Domingo disponiendo el traslado de empresas peligrosas en las afueras de la ciudad, para que tragedias como estas no vuelvan a repetirse.

Finalmente informamos a los familiares de las víctimas y de los desaparecidos que pueden recurrir a nuestra oficina donde un equipo de abogados de forma gratuita les asesorará en sus inquietudes.

Santo Domingo, D.N.

7 de diciembre del 2018

CNDH-RD FIJA POSICIÓN SOBRE EL PACTO MIGRATORIO DE LAS NACIONES UNIDAS

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos desea por esta vía fijar brevemente posición publica sobre el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular.   

El 19 de septiembre, de 2016, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, los 193 países miembros de la ONU reconocieron la necesidad de enfrentar el fenómeno migratorio, los desafíos que este significa para sus naciones y la necesidad de la protección de los derechos humanos de las poblaciones migrantes,  de una forma global e integral.

Adoptaron entonces la  Declaración de Nueva York para Refugiados y Migrantes, a través de la cual se iniciaron consultas para la adopción de un Pacto mundial  para una migración segura, regular y ordenada, así como para un pacto mundial específico para los refugiados.  

El Pacto Mundial se encuadra con el objetivo 10.7 del Programa de Desarrollo Sostenible de 2030 en el que los Estados Miembros se comprometen a cooperar internacionalmente para facilitar una migración segura, ordenada y regular.  

Desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la República Dominicana, manteniendónos fieles a la Misión, Visión y Valores que rigen nuestro accionar tanto en el plano nacional que internacional y que tienen como fundamento la solidaridad, el respeto y la más alta consideración del ser humano independientemente de  su nacionalidad, credo político, etnia, orientación sexual, religión o condición social, considera el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular una oportunidad histórica para enfrentar de manera global un fenómeno global y para  humanizar los procesos migratorios y post migratorios.  

Ya hemos visto que nadie detiene los seres humanos cuando huyen de situaciones difíciles como lo son la pobreza extrema, el miedo, la violencia, las guerras o hambrunas. Las respuestas que han dado lo gobiernos hasta ahora han sido ineficaces en solucionar este fenómeno y sobre todo no han solucionado el reto que tiene que ver con el respeto de los derechos humanos y fundamentales de las poblaciones migrantes y de los refugiados.  

Solamente dando respuestas efectivas, disponiendo protocolos seguros, canales regulares a frente de flujos ordenados,  será posible tal vez en un futuro,  hacer que la migración sea un libre elección y no una imposición dictada por necesidad.  

Respecto a la situación de nuestro país rechazamos las declaraciones de estos días respecto al Pacto Mundial   para la Migración Segura, Ordenada y Regular dictadas la mayoría de ellas sobre la base de xenofobia y fines electorales.  

Recordamos que el Pacto establece que “dentro de su jurisdicción soberana, los Estados podrán distinguir entre el estatus migratorio regular e irregular, incluso al decidir con qué medidas legislativas y normativas aplicarán el Pacto Mundial, teniendo en cuenta sus diferentes realidades, políticas y prioridades, y los requisitos para entrar, residir y trabajar en el país, de conformidad con el derecho internacional”.  

Pedimos a la prensa nacional de reportar noticias de forma objetiva sin ser bocina de sectores ultranacionalistas los cuales  defienden la soberanía nacional solamente cuando más les conviene.  

Demandamos finalmente al Estado dominicano que ratifique el Pacto el próximo 11 de diciembre.  

Santo Domingo, 1 de diciembre de 2018 *