La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) hace un llamado al sistema de justicia dominicano a que se active con rapidez para que se ponga fin a la impunidad en dos casos muy graves apoderados por nosotros que descansan en los tribunales de la región Este del país y para que se haga justicia  por esas víctimas.

Nos estamos refiriendo al caso del asesinato del joven Alexander Acosta de 23 años ultimado a tiros por dos miembros de la Armada Dominicana en Sabana de la Mar en el mes de abril del 2017.

El día 30 de este mes de enero en Hato Mayor se realizará la audiencia que iniciará la fase de instrucción del juicio de fondo donde hay dos marinos detenidos y una familia que espera justicia en un caso que a todas evidencias representa una ejecución extrajudicial con responsabilidad directa del Estado dominicano.

El otro caso es el del asesinato de la señora Eulalia Taveras, violada y brutalmente asesinada por su exyerno Leo Zapete Martinez, cuyo cuerpo ha sido encontrado en una cañada en la Gina de Miches en el mes de septiembre del 2017. El caso ha sido aplazado ya 5 veces porque nunca se presenta al tribunal el mayor Roberto Albulquerque, oficial investigador del caso, quien ha realizado la investigación y quien tiene evidencias y elementos de prueba recogidas en el lugar de los hechos que determinan el homicidio e incriminan el inculpado y  que nunca ha depositado, que son el palo ensangrentado, la sabana y almohada llenas de sangre, entre otras típicas del caso levantadas en condición de perito investigador. “Estas pruebas  permitirían incriminar definitivamente el asesino, sobre el cual pesan ya tres órdenes de arresto por el Tribunal, ordenes firmadas, selladas y depositadas en la Jurídica del Palacio P.N., las cuales no son acatadas por la Policía Nacional” ha declarado el Dr. Felix Telemin abogado de la CNDH-RD que está llevando el caso por la organización defensora y promotora de los derechos humanos.

La próxima audiencia de este caso será el jueves 31 de enero en El Seibo.

Llamamos por lo tanto las autoridades correspondientes a  que se activen para que estas familias puedan obtener justicia y los victimarios cumplir su condena por el crimen cometido.

La lentitud de estos juicios por un lado representa una forma de impunidad y de negación de justicia para las víctimas y sus familiares, por el otro representa costos adicionales para el ya débil y precario sistema de justicia de nuestro país.

Santo Domingo, D.N.

28 de enero del 2018

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