CNDH-RD LE EXIGE AL DIRECTOR DE PRISIONES CANCELACION INMEDIATA DEL ALCALDE DEL PENAL PUBLICO DE HIGUEY GUILLERMO CONCEPCION

La Comisión nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) le exige al director de Prisiones, General Holguín, la inmediata cancelación del alcalde de la cárcel pública de Higuey, Guillermo Concepción, a raíz de la noticia filtrada en los medios y corroborada por pruebas,  de que este  se encontraba en una playa de Nagua, disfrutando con una reclusa de dicho penal y otro agente de policía, en violación abierta de todo procedimiento y normas y reglamentos.

Señalamos también que desde meses nuestra filial provincial de Higuey está señalando y denunciado irregularidades en dicha penal y situaciones de violación de derechos humanos y fundamentales hacia las reclusas, sin embargo parece que la dirección de la cárcel nunca haya demostrado intención de corregir estas situaciones.

Particularmente graves son las denuncias de golpizas que algunas internas  reciben de parte de otras con función de  “prebostes” a fines de extorsión.

En toda responsabilidad podemos decir que la gestión  del Sr. Guillermo Concepción en este recinto ha sido un total fracaso en todos los sentidos, tanto en el administrativo cuanto respecto a las violaciones de los derechos humanos de las internas.

Recordamos que el alcalde de dicho penal llegó a Higuey a raíz de un traslado de la cárcel de El  Seibo donde también su gestión se había cuestionado mucho por supuesta corrupción en la administración del penal.

Es por ello que consideramos que la solución más idónea sea la cancelación inmediata del Sr. Concepción y el restablecimiento del orden, el respeto de los reglamentos y de los derechos humanos y fundamentales en el penal de Higuey.

También solicitamos autorización para una visita urgente de una comisión de nuestra institución en dicho centro de reclusión a fines de supervisar las condiciones del mismo.

Una vez más reiteramos que a nuestro parecer, todos los centros del  viejo modelo carcelario deberían ser substituidos lo más pronto posibles  por Centros de Corrección y Rehabilitación adscritos al Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria dependiente de la Procuraduría General de la Republica.

Informamos por esa vía a la opinión pública nacional y a los medios de comunicación, que el próximo día 5 de mayo se juramentará el Departamento de Asuntos Penitenciarios de la Comisión Nacional de los  Derechos Humanos, iniciativa que hemos visto urgente y necesaria frente a las decenas de denuncias de violaciones de derechos humanos  que llegan a nuestra oficina desde  las cárceles de todo el país.

Santo Domingo, DN.

5 de abril del 2019

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CNDH-RD exige exhaustiva investigación por interno asesinado en el CCR 11 de San Pedro de Macorís

Santo Domingo, DN.

10 de enero del 2019

Al                                     : Procurador General de la República

                                           Licdo. Jean Alain Rodríguez   

Asunto                             : Investigación fallecimiento del joven RODORFO CESARÍN 

                                           CASTILLO PIÑA CCR n. 11 de San Pedro de                               

                                           Macorís   

Quien suscribe la presente, Dr. Manuel María Mercedes Medina, dominicano,  mayor de edad,  portador de la cedula de identidad y electoral No.001-0234211-0, actuando en mi facultad  de Presidente  Nacional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la República Dominicana, organización no gubernamental sin fines  de lucro, fundada en el año 1987 e incorporada mediante decreto dado por el Poder Ejecutivo No. 184-95 de fecha 15 de agosto del 1995,  por medio de la presente tiene a bien expresarle  lo siguiente:

ATENDIDO: Que en fecha 26/12/2018 ha sido encontrado muerto en circunstancias extrañas (con la cabeza en un inodoro)  en el Centro de Corrección y Rehabilitación n. 11 de San Pedro de Macorís el joven Rodorfo Cesarín Castillo Piña, de 27 años, soltero, obrero, ced. 023-0162561-8  y que todas las investigaciones realizadas por nuestro equipo de investigación arrojan a un caso de sicariato realizado con la complicidad de uno o más  guardias penitenciarios. 

ATENDIDO: Que el joven se encontraba detenido en el CCR n. 11 desde más de dos años sin ser registrado en el listado de los reclusos de dicho centro, y  que por lo tanto estaba detenido sin la supervisión de la Procuraduría General de la República que es el organismo que supervisa el Nuevo Sistema de Gestión Penitenciaria.

ATENDIDO: Que hay evidencias y testimonios de que el joven ha sido sometido a tortura y tratos deshumanos y degradantes algunos días antes de su muerte,  consistentes en privación de agua y esposamiento por detrás de las espaldas de forma continuativa en su celda.

ATENDIDO: Que el joven  se podía clasificar como preso psiquiátrico y estaba detenido sin recibir las atenciones médicas y farmacológicas que su condición ameritaban ya que hay fuertes indicios de que desde más de 5 meses se le negaba el medicamento necesario dada su condición, además no se le recibía de sus padres el medicamento en el CCR n. 11 los días domingo cuando la familia le hacía visita,  ya que al parecer ese día “no es día de entrega de medicamentos”. Los familiares tenían que dejar el medicamento, muy caro por cierto, con un vendedor en la calle para que lo entregar al centro en otro día.

ATENDIDO: Que hay indicios  de que se ha tratado de ocultar evidencias y de manipular hechos y documentos inherentes al caso, así como señalado por el Dr. Feliz Telemin representante de la CNDH-RD.

ATENDIDO: Que a pesar de que el certificado del hospital Musa indica que Castillo Piña haya fallecido en el mismo, testigos indican que había fallecido desde la noche o presuntamente la madrugada y la misma apariencia del cadáver hace presumir que no haya fallecido en el hospital sino muchas horas antes en el CCR.

ATENDIDO: Que el Estado es responsable nacional e internacionalmente de la vida y las condiciones de reclusión de los internos.

POR TALES razones y motivos  la CNDH-RD a través de su Presidente exige  lo siguiente:

1.: Que se realice una profunda y exhaustiva investigación de los hechos escuchando todos los testigos y que tenga como objetivo esclarecer la verdad y asegurar a la justicia el o los implicados. Nadie será sometido a tortura ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Se tendrán en cuenta las necesidades individuales de los reclusos, en particular las de las categorías más vulnerables en el contexto penitenciario.

2.: Que se produzcan los siguientes documentos:

:

  • Acta de defunción del hospital
  • Listado del personal de servicio presente en al centro en la fecha del 26/12/2018
  • Expediente médico del fallecido
  • Registro de entrada de Castillo Piña al hospital Musa,  hora, personal presente y condiciones del cuerpo
  • Resultado de la autopsia
  • Registro de llamadas entre algunas personas cuyas referencias están en las manos de la fiscal Digna Ortiz
  • Video cámara del penal del momento de la salida del cuerpo

                   Dr. Manuel María Mercedes Medina

Presidente Nacional CNDH-RD.

Raquel del Rosario Piña y Alcantara madre del joven asesinado en el CCR 11

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) exige libertad inmediata sin cargos para los dirigentes del FALPO detenidos esta mañana

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) exige la libertad inmediata sin cargos para Grabriel Sánchez vocero del Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO) y de los demás activistas de esa organización detenidos esta mañana por haber lanzado  excrementos a la Suprema Corte de Justicia.

Llamamos por lo tanto todos nuestros activistas y abogados a presentarse mañana, martes 8 de enero  a las 10 am, frente  al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva e invitamos a  todas las filiales del país a expresarse consecuentemente.

Entendemos que las autoridades, en ese ejercicio colectivo de reflexión que debieron haber hecho en el día de hoy en el que se celebra el Día del Poder Judicial, así como les sugerimos en nuestro anterior documento de prensa, tendrían que interrogarse sobre la legitimidad de esa forma de protesta que no le hace daño a nadie y por ende puede definirse pacífica y que expresa sencillamente el verdadero sentimiento de rechazo del pueblo dominicano hacia el sistema de justicia imperante en nuestro país,  así como indicado en las recientes encuestas.

En lugar de condenar los jóvenes del Falpo, sería mucho más responsable y coherente de parte de las autoridades correspondientes,    pedirles perdón al pueblo dominicano como solicitamos en el anterior y ya citado documento, por las ejecuciones extrajudiciales, los abusos policiales, las  detenciones arbitrarias, los actos de corrupción, el tráfico de influencias, la venta de sentencias y de libertades, la impunidad de la que gozan victimarios y carniceros, y por todo el infierno que les toca soportar a las ciudadanas y ciudadanos dominicanos  que tienen que cruzarse  en algún  momento de sus vidas con el Poder Judicial.

Santo Domingo, D.N.

7 de enero del 2019

Lejos de celebrar este Día del Poder Judicial, las autoridades competentes deberían reflexionar y pedirles humildemente disculpas al pueblo dominicano, considera la CNDH-RD

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la República Dominicana (CNDH-RD), considera este 7 de enero del 2019,  que  lejos de celebrar este Día del Poder Judicial, las autoridades competentes deberían  reflexionar y pedirles humildemente  disculpas al pueblo dominicano.

Disculpas por las tantas muertes inocentes a manos de los organismos de “seguridad” del Estado en los mal llamados “intercambios de disparos” y cuyos familiares nunca tendrán justicia.

Disculpas por los miles de presos  en las cárceles de nuestro país detenidos cuyos términos de prisión preventiva se han vencido y que nunca han sido llevados en una sala de un tribunal.

Disculpas por un sistema de justicia secuestrado por el partido-Estado que maneja a su antojo sentencias, jueces, libertad, vida y muerte.

Disculpas por una justicia selectiva donde la diferencia la hace la clase, el partido y el color de la piel en muchos casos.

Disculpas por todo esto y mucho más.

“Efectivamente no hay nada que celebrar” ha declarado el Dr. Manuel María Mercedes Medina, presidente nacional de la CNDH-RD,  refiriéndose a las celebraciones anunciadas por la Suprema Corte de Justicia a las cuales participará también el presidente de la República.

“De hecho somos espectadores una vez más de las inútiles escenificaciones con las que el Estado quiere maquillar la ineficiencia y la corrupción que imperan en el Poder Judicial y que transforman la vida de los ciudadanos que tienen asuntos pendientes o que son vinculados con la justicia,  en un verdadero infierno” ha expresado el Dr. Mercedes.

Denunciamos como ejemplo,  el infierno en el que se ha transformado la vida del ciudadano Andrés Trinidad Mejia,  quien ha transcurrido un año y medio preso injustamente en la cárcel de la Victoria por un asesinato que no ha cometido; infierno que sigue viviendo después de su liberación ya que ahora tratan de involucrarlo en un robo que no ha cometido.

Mientras hoy las autoridades celebran el Día del Poder Judicial, en estos mismos días Andrés Trinidad Mejia corre el riesgo de ser asesinado por sectores de la Policía Nacional vinculados a robos que se cometen contra la  empresa Philip Morris, orquestados por un ejecutivo de dicha empresa en coordinación con policías corruptos, ex militares y delincuentes comunes quienes roban, matan y realizan sometimientos judiciales ante la indiferencia (o complicidad?) del Ministerio Público. 

A Andrés Trinidad Mejía el Poder Judicial le ha violentado todos sus derechos: lo han detenido injustamente una primera vez, después de haberle otorgado finalmente la libertad se le obliga todos los meses a ir a Santiago a firmar, en el traslado ilegal de Santo Domingo a Santiago  le han falsificado su firma y la firma de su abogado, le tienen secuestrada la resolución de su sentencia desde el mes de mayo del 2018 y finalmente  le han robado hasta su herramienta de mecánico.

Denunciamos también como ejemplo de cómo funciona el Poder Judicial en nuestro país el infierno en el que se ha transformado la vida de los familiares de Rodorfo Cesarín Castillo Piña, el joven de 26 años asesinado el día 26 de diciembre del 2018 en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís presuntamente por sicariato. Al joven se le han violentado todos sus derechos, llegando a la muerte, propio por las deficiencias del Poder Judicial  que las autoridades están celebrando en estas horas.

Rodorfo Cesarín Castillo Peña ha estado detenido más de dos años como preventivo (cuando el límite máximo de prisión preventiva es de un año) en San Pedro de Macorís sin ser registrado en ese centro y por lo tanto prácticamente sin supervisión de la Procuraduría General de la República. Tratándose de un interno psiquiátrico se le han negado en los últimos 5 meses sus medicamentos necesarios a controlar su estado emocional, ha sido torturado los cinco días previos a la muerte, cuando ha sido encontrado con la cabeza en un inodoro esposado con las manos detrás de las espaldas ido encontrado con la cabeza en un inodoro esposado con las manos detrás de las espaldas. A pesar de todo esto los responsables del recinto penitenciario afirman que Castillo Peña se ahogó, cosa que desmiente el certificado médico legal y el sentido común (¿cómo es posible ahogarse en un inodoro sin agua estando esposado por detrás?). Como si no fuera suficiente, el agente penitenciario presuntamente señalado por haber cometido el hecho sigue libre y trabajando como si nada hubiera ocurrido.

Finalmente citamos el homicidio de la señora Eulalia Taveras, violada y brutalmente asesinada por su exyerno Leo Zapete, cuyo cuerpo ha sido encontrado en una cañada en la Gina de Miches en el mes de septiembre del 2017.  El caso ha sido aplazado ya 5 veces porque nunca se presenta al tribunal el mayor Roberto Albuquerque, oficial investigador del caso, quien ha realizado la investigación y quien tiene todos los elementos, que nunca ha depositado, que permitirían incriminar definitivamente el asesino, y sobre el cual pesan ya tres órdenes de arresto por el Tribunal, ordenes firmadas, selladas y depositadas en la Jurídica, las cuales no son acatadas por la Policía Nacional.

Y estos son apenas tres casos emblemáticos, a los que estamos dando seguimiento, ¿cuántos ocurren sin que las noticias lleguen a los medios o a nuestra oficina?

Que sigan, que sigan celebrando las autoridades dominicanas ese circo llamado Poder Judicial.

Disculpas deberían estar humildemente pidiendo al pueblo dominicano y a todas las víctimas inocentes cuyos verdugos gozan en la impunidad.

Santo Domingo, D.N.
7  de enero del 2019
Día del Poder Judicial

CNDH-RD CONDENA MASACRE DE LA DNCD EN EL MERCADO DE CAPOTILLO

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos denuncia y condena ante la opinión pública nacional e internacional la masacre ocurrida en el mercado nuevo de Capotillo a manos de una patrulla de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el pasado 25 de octubre.

Definitivamente podemos decir que estamos frente a organismos de seguridad que no manejan ni siquiera los mínimos protocolos de uso de la fuerza letal y que consideran las calles como si fueran un escenario de una película de vaqueros del Viejo Oeste.

Un tiroteo a lo loco, entre los transeúntes y ciudadanos que se dedicaban a sus trabajos,  ha dejado un saldo de dos hombres muertos, comerciantes honestos y trabajadores y varios heridos.

Esa fue la brutal y desaprensiva respuesta de un patrulla de la DNCD que se encontraba en el lugar por un allanamiento y que de esa forma reaccionó solamente porque alguien le tiró un botella en la camioneta en la que iban.

“Esa situación no puede quedarse así, exigimos primeramente que los responsables de ese acto barbárico sean asegurados a la justicia y segundo que el jefe de la DNCD, mayor general José Eugenio Matos de la Cruz, se comprometa a revisar los requisitos y protocolo de ingreso en la DNCD así a implementar cursos y talleres de formación para sus agentes” ha declarado el Dr. Manuel María Mercedes, presidente  de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Por otro lado informamos que una relación detallada de los hechos será enviada a las organizaciones internacionales de las que somos parte.

Santo Domingo,

1 de noviembre del 2018

CNDH-RD DENUNCIA PATRÓN DE ABUSOS POLICIALES EN SAN PEDRO DE MACORÍS

AGRESION BAVARO 1La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD)  ha recibido a través de su filial de San Pedro de Macorís informaciones de repetidos y reiterados casos de violaciones de derechos humanos cometidas por integrantes de la Policía Nacional,  a daños de ciudadanos de este pueblo.

En pocos días hemos recibido varios casos de  denuncias de golpizas, insultos y atropellos  propinados por agentes de la policía hacia ciudadanos humildes y trabajadores en su mayoría jóvenes y motoconchistas.

Hemos de hecho recibido varias denuncias de motoconchistas, recogidas también por los medios de comunicación de esta ciudad, de la  práctica abusiva de detener personas que andan en motocicleta las cuales terminan siendo apresadas a pesar de tener todos sus documentos en orden.

Nuestra organización ha recibido también varias denuncias respecto a comportamientos abusivos de otras instituciones del orden como el DICAN, la Dirección Nacional de Control de Drogas y de DIGESETT  hacia la ciudadanía. Seguir leyendo “CNDH-RD DENUNCIA PATRÓN DE ABUSOS POLICIALES EN SAN PEDRO DE MACORÍS”

Acción Urgente n. 1/18

República Dominicana, 30 de enero de 2018

 Acción urgente N. 1/18

 Ejecuciones Extrajudiciales en Los Alcarrizos (Santo Domingo)Final del formulario

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD)  con domicilio para recibir comunicaciones en la Avenida Ortega y Gasset n. 200 2do nivel de la Fundación Trópico esquina Reyes Católicos, Cristo Rey, Santo Domingo, Distrito Nacional Tel +1 (809)6161585 correo electrónico, cndhrd@hotmail.com, expresa su profunda preocupación y solicita respuesta urgente ante la denuncia aquí presentada de varias ejecuciones extrajudiciales que están ocurriendo en el municipio de Los Alcarrizos, Santo Domingo, este mes de enero de 2018. Seguir leyendo “Acción Urgente n. 1/18”

Bávaro: Desalojan residentes de Haití Chiquito que tenían más de 30 años en el lugar

Bávaro: Desalojan residentes de Haití Chiquito que tenían más de 30 años en el lugar Fuente: El Tiempo
Bávaro. El Ministerio Público, auxiliado por la Policía Nacional desalojó a unas 30 familias que vivían en el sector de Haití Chiquito, en Bávaro, algunos de los cuales habían revelado que tienen más de 30 años viviendo en el lugar, acorde a publicaciones anteriores de este medio. El desalojo fue ordenado por el Estado,  luego de que un hotel cercano al sector de “solicitara el otorgamiento de la fuerza pública para recuperar su propiedad de manos de terceros, quienes de manera ilegal invadieron los terrenos debidamente amparados en su Certificado de Titulo, ya que la empresa habían agotado todo el procedimiento legal correspondiente”, según indica el informe de desalojo. Sin embargo, en marzo del año pasado, cuando se les notificó la salida a los residentes de esta empobrecida comunidad,  José María Martínez Mercedes, de 70 años, uno de los primeros pobladores de la zona, indicó que esos terrenos son parte de seis mil tareas de tierra que él le compró a la Iglesia católica, hace más 30 años. El sector de Haití Chiquito es uno de los más vulnerables de este distrito Verón-Punta Cana. Cada vez que llueve con intensidad se inunda por completo, dañando gran parte de los electrodomésticos de los residentes de este lugar. Los enseres de los ocupantes han sido auditados y depositados en un almacén facilitado por el Ayuntamiento de Higüey, donde están debidamente resguardados para posteriormente ser entregados a sus propietarios. ………………………………………………………………………………………………………… INFORMACIONES ADICIONALES SOBRE LOS DESALOJOS FORZOSOS. FUENTE CNDH Desalojos forzosos- Naciones Unidas Los desalojos forzosos constituyen graves violaciones de una serie de derechos humanos internacionalmente reconocidos, en particular los derechos humanos a una vivienda adecuada, a la alimentación, al agua, a la salud, a la educación, al trabajo, a la seguridad de la persona, a la libertad de tratos crueles, inhumanos y degradantes, y a la libertad de circulación. Los desalojos forzosos con frecuencia están vinculados a la falta de una tenencia jurídicamente segura, lo que constituye un elemento esencial del derecho a una vivienda adecuada. Los desalojos forzosos comparten muchas consecuencias similares a las derivadas de los desplazamientos arbitrarios, en particular el traslado de la población, las expulsiones en masa, los éxodos en masa, la depuración étnica y otras prácticas que significan el desplazamiento coaccionado e involuntario de personas de sus hogares, tierras y comunidades. Como resultado de los desalojos forzosos a menudo las personas se quedan sin hogar y en la miseria, sin medios de ganarse la vida y, en la práctica, sin un acceso real a recursos jurídicos o de otro tipo. Los desalojos forzosos intensifican la desigualdad, los conflictos sociales y la segregación, que invariablemente afectan a los sectores de la sociedad más pobres, más vulnerables social y económicamente y a los marginados, especialmente a las mujeres, a los niños, a las minorías y a los pueblos indígenas. La obligación de los Estados de abstenerse de los desalojos forzosos y de proteger contra los desalojos de los hogares y de la tierra se deriva de varios instrumentos jurídicos internacionales. Entre éstos figuran la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (párr. 1, art. 11), la Convención sobre los Derechos del Niño (párr. 3, art. 27), las disposiciones sobre la no discriminación que figuran en el párrafo 2 h) del artículo 14 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y el párrafo e) del artículo 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. En su resolución 1993/77, la Comisión de Derechos Humanos declaró que la “práctica de los desalojos forzosos constituye una violación grave de los derechos humanos, en particular el derecho a una vivienda adecuada”. En 1977, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales publicó su Observación general No. 7 sobre los desalojos forzosos. Los desalojos se pueden llevar a cabo de forma legal, únicamente en circunstancias excepcionales y de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho internacional relativo a los derechos humanos y del derecho humanitario. En 2007, la Relatora Especial sobre una vivienda adecuada presentó al Consejo de Derechos Humanos un conjunto de “Principios básicos y directrices sobre los desalojos y el desplazamiento generados por el desarrollo”. Estas directrices tienen por objeto ayudar a los Estados a elaborar políticas y legislaciones para evitar los desalojos forzosos en el ámbito nacional. Los Principios básicos y directrices sobre los desalojos y el desplazamiento generados por el desarrollo representan una evolución de las Directrices completas de las Naciones Unidas para los derechos humanos en relación con los desplazamientos basados en el desarrollo . (E/CN.4/Sub.2/1997/7, anexo). Los Principios básicos y directrices sobre los desalojos y el desplazamiento generados por el desarrollo figuran en el anexo 1 del informe de la Relatora Especial, A/HRC/4/18:
inglésfrancés | español | rusoárabe | chino Otros enlaces: Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general No. 7- El derecho a una vivienda adecuada: desalojos forzosos (párrafo 1 del artículo 11 del Pacto) 
inglés | francés | españolruso | árabe | chino Folleto informativo No. 25- Los desalojos forzosos y los derechos humanos 
inglés | francés |español | chino        

CNDH-RD CONDENA Y RECHAZA TAJANTEMENTE LA DETENCIÓN ILEGAL DE JUAN NUÑEZ

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos rechaza y condena tajantemente la detención  irregular en el día de hoy,  realizada por la policía ilegal y paramilitar del Central Romana Corporation y avalada por la Policía Nacional, en contra de Juan Nuñez, vocero de la Unión de Trabajadores Cañeros.

El sr. Nuñez se encontraba en la región Este esta mañana en un recorrido por bateyes de La Romana, dando seguimiento a 70 expedientes de trabajadores cañeros, a quienes les estaba realizando trámites para la expedición de su pensión, así como dispuesto por el presidente Danilo Medina.

El Central Romana Corporation, poderoso emporio económico basado sobre la explotación de miles y miles de seres humanos, en su mayoría migrantes haitianos, piensa que estamos aún en los años 50 y que hoy como entonces lo que tiene en la región Este de nuestro país, a parte de su inmenso latifundio, es un estado paralelo, donde actúa con su propia policía paramilitar al margen de las leyes y disposiciones del Estado dominicano. Seguir leyendo “CNDH-RD CONDENA Y RECHAZA TAJANTEMENTE LA DETENCIÓN ILEGAL DE JUAN NUÑEZ”

CNDH-RD RECHAZA Y CONDENA DESALOJOS ILEGALES QUE SE REALIZAN EN TODA LA REGIÓN ESTE DEL PAÍS CON LA COMPLICIDAD DE LOS ABOGADOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) rechaza y condena los desalojos ilegales que se realizan y se plantean realizar en toda la región Este del país con la complicidad de los abogados del Estado y autoridades, para favorecer a terratenientes que se quieren adueñar de las tierras del Estado dominicano.

En el día de hoy deseamos hacerle un llamado al presidente de la República, Licdo. Danilo Medina, al procurador general de la República,  Licdo. Jean Alain Rodríguez y a la Defensoría del Pueblo sobre esta situación que se está verificando en toda la región Este del país,  en donde se esta actuando un plan para que terratenientes locales se adueñen de tierras del Estado desalojando ciudadanos y campesinos que las habitan y trabajan desde décadas.

Entre varias situaciones que estanos monitoreando desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en toda la región Este, señalamos la de Boca de Yuma donde hace algunos días la CNDH-RD, moradores del lugar y regidores estuvieron lanzados a la calle en rechazo a los desalojos autorizados por el abogado del Estado en contra de uno de los sectores más vulnerables y más humildes de esta demarcación, gestionado por el presidente del PLD de la provincia de la Altagracia, el Dr. Pedro Rojas Morillo  el cual en confabulación con un terrateniente quieren adueñarse de una porción de tierra ubicada en la parcela 92-HD/C 10 de este lugar.

La misma esta de hecho ocupada por una gran cantidad de familias de escasos recursos por más d 20 años donde existen más de 100 viviendas y la ocupan unas 300 personas.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene una línea firme de condena y rechazo de los desalojos ilegales y del acaparramiento de tierras a favor de terratenientes realizados con métodos y contratos ilegales” ha declarado el Dr. Manuel María Mercedes presidente de la organización defensora y promotora de los derechos humanos.

Jamás aceptaremos que familias enteras con niños y ancianos sean desalojadas de tierras que habitan y cultivan desde décadas porque funcionarios del Estado,  que en vez de proteger los bienes públicos y favorecer  los ciudadanos,  confabulan con terratenientes para robarle al Estado su patrimonio.  Esto jamás irá a pasar. Deberán pasar sobre nuestros cadáveres y de todo los moradores de esas parcelas” ha finalizado el Dr. Mercedes.

 “Todas la filiales de la CNDH-RD de la Región Este están movilizadas y en pie de lucha para garantizar el derecho a la vivienda y a la seguridad alimentaria de estos ciudadanos de Boca de Yuma y de otras áreas de la región, como Mata de Palma en El Seibo”, precisa el Sr. Rafael Ureña, vicepresidente nacional de la CNDH-RD para la Región Este.

Recordamos que la obligación de los Estados de abstenerse de los desalojos forzosos y de proteger contra los desalojos de los hogares y de la tierra se deriva de varios instrumentos jurídicos internacionales que protegen el derecho humano a una vivienda adecuada y otros derechos humanos conexos. Entre éstos figuran la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos del Niño,  entre otros instrumentos internacionales.

Los desalojos forzosos constituyen graves violaciones de una serie de derechos humanos internacionalmente reconocidos, en particular los derechos humanos a una vivienda adecuada, a la alimentación, al agua, a la salud, a la educación, al trabajo, a la seguridad de la persona, a la libertad de tratos crueles, inhumanos y degradantes, y a la libertad de circulación.

Santo Domingo, D.N.

23 de agosto de 2018