La Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH-RD) hace un llamado al sistema de justicia dominicano a
que se active con rapidez para que se ponga fin a la impunidad en dos casos muy
graves apoderados por nosotros que descansan en los tribunales de la región
Este del país y para que se haga justicia
por esas víctimas.
Nos estamos refiriendo al caso
del asesinato del joven Alexander Acosta de 23 años ultimado a tiros por dos
miembros de la Armada Dominicana en Sabana de la Mar en el mes de abril del 2017.
El día 30 de este mes de enero en
Hato Mayor se realizará la audiencia que iniciará la fase de instrucción del
juicio de fondo donde hay dos marinos detenidos y una familia que espera
justicia en un caso que a todas evidencias representa una ejecución extrajudicial
con responsabilidad directa del Estado dominicano.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD)
exige la libertad inmediata sin cargos para Grabriel Sánchez vocero del Frente Amplio
de Lucha Popular (FALPO) y de los demás activistas de esa organización detenidos
esta mañana por haber lanzado excrementos
a la Suprema Corte de Justicia.
Llamamos por lo tanto todos nuestros activistas y
abogados a presentarse mañana, martes 8 de enero a las 10 am, frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva e
invitamos a todas las filiales del país
a expresarse consecuentemente.
Entendemos que las autoridades, en ese ejercicio
colectivo de reflexión que debieron haber hecho en el día de hoy en el que se
celebra el Día del Poder Judicial, así como les sugerimos en nuestro anterior documento
de prensa, tendrían que interrogarse sobre la legitimidad de esa forma de
protesta que no le hace daño a nadie y por ende puede definirse pacífica y que
expresa sencillamente el verdadero sentimiento de rechazo del pueblo dominicano
hacia el sistema de justicia imperante en nuestro país, así como indicado en las recientes encuestas.
En lugar de condenar los jóvenes del Falpo, sería
mucho más responsable y coherente de parte de las autoridades correspondientes,
pedirles perdón al pueblo dominicano como
solicitamos en el anterior y ya citado documento, por las ejecuciones
extrajudiciales, los abusos policiales, las detenciones arbitrarias, los actos de corrupción,
el tráfico de influencias, la venta de sentencias y de libertades, la impunidad
de la que gozan victimarios y carniceros, y por todo el infierno que les toca
soportar a las ciudadanas y ciudadanos dominicanos que tienen que cruzarse en algún momento de sus vidas con el Poder Judicial.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la
República Dominicana (CNDH-RD), considera este 7 de enero del 2019, que
lejos de celebrar este Día del Poder Judicial, las autoridades
competentes deberían reflexionar y
pedirles humildemente disculpas al
pueblo dominicano.
Disculpas por las tantas muertes inocentes a manos de
los organismos de “seguridad” del Estado en los mal llamados “intercambios de
disparos” y cuyos familiares nunca tendrán justicia.
Disculpas por los miles de presos en las cárceles de nuestro país detenidos
cuyos términos de prisión preventiva se han vencido y que nunca han sido
llevados en una sala de un tribunal.
Disculpas por un sistema de justicia secuestrado por
el partido-Estado que maneja a su antojo sentencias, jueces, libertad, vida y
muerte.
Disculpas por una justicia selectiva donde la
diferencia la hace la clase, el partido y el color de la piel en muchos casos.
Disculpas por todo esto y mucho más.
“Efectivamente no hay nada que celebrar” ha declarado
el Dr. Manuel María Mercedes Medina, presidente nacional de la CNDH-RD, refiriéndose a las celebraciones anunciadas
por la Suprema Corte de Justicia a las cuales participará también el presidente
de la República.
“De hecho somos espectadores una vez más de las
inútiles escenificaciones con las que el Estado quiere maquillar la
ineficiencia y la corrupción que imperan en el Poder Judicial y que transforman
la vida de los ciudadanos que tienen asuntos pendientes o que son vinculados
con la justicia, en un verdadero
infierno” ha expresado el Dr. Mercedes.
Denunciamos como ejemplo, el infierno en el que se ha transformado la vida del ciudadano Andrés Trinidad Mejia, quien ha transcurrido un año y medio preso injustamente en la cárcel de la Victoria por un asesinato que no ha cometido; infierno que sigue viviendo después de su liberación ya que ahora tratan de involucrarlo en un robo que no ha cometido.
Mientras hoy las autoridades celebran el Día del Poder
Judicial, en estos mismos días Andrés Trinidad Mejia corre el riesgo de ser
asesinado por sectores de la Policía Nacional vinculados a robos que se cometen
contra la empresa Philip Morris,
orquestados por un ejecutivo de dicha empresa en coordinación con policías
corruptos, ex militares y delincuentes comunes quienes roban, matan y realizan
sometimientos judiciales ante la indiferencia (o complicidad?) del Ministerio
Público.
A Andrés Trinidad Mejía el Poder Judicial le ha
violentado todos sus derechos: lo han detenido injustamente una primera vez,
después de haberle otorgado finalmente la libertad se le obliga todos los meses
a ir a Santiago a firmar, en el traslado ilegal de Santo Domingo a
Santiago le han falsificado su firma y
la firma de su abogado, le tienen secuestrada la resolución de su sentencia
desde el mes de mayo del 2018 y finalmente
le han robado hasta su herramienta de mecánico.
Denunciamos también como ejemplo de cómo funciona el Poder Judicial en nuestro país el infierno en el que se ha transformado la vida de los familiares de Rodorfo Cesarín Castillo Piña, el joven de 26 años asesinado el día 26 de diciembre del 2018 en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís presuntamente por sicariato. Al joven se le han violentado todos sus derechos, llegando a la muerte, propio por las deficiencias del Poder Judicial que las autoridades están celebrando en estas horas.
Rodorfo Cesarín Castillo Peña ha estado detenido más
de dos años como preventivo (cuando el límite máximo de prisión preventiva es
de un año) en San Pedro de Macorís sin ser registrado en ese centro y por lo
tanto prácticamente sin supervisión de la Procuraduría General de la República.
Tratándose de un interno psiquiátrico se le han negado en los últimos 5 meses
sus medicamentos necesarios a controlar su estado emocional, ha sido torturado
los cinco días previos a la muerte, cuando ha sido encontrado con la cabeza en
un inodoro esposado con las manos detrás de las espaldas ido encontrado con la cabeza
en un inodoro esposado con las manos detrás de las espaldas. A pesar de todo
esto los responsables del recinto penitenciario afirman que Castillo Peña se
ahogó, cosa que desmiente el certificado médico legal y el sentido común (¿cómo
es posible ahogarse en un inodoro sin agua estando esposado por detrás?). Como
si no fuera suficiente, el agente penitenciario presuntamente señalado por
haber cometido el hecho sigue libre y trabajando como si nada hubiera ocurrido.
Finalmente citamos el homicidio de la señora Eulalia Taveras, violada y brutalmente asesinada por su exyerno Leo Zapete, cuyo cuerpo ha sido encontrado en una cañada en la Gina de Miches en el mes de septiembre del 2017. El caso ha sido aplazado ya 5 veces porque nunca se presenta al tribunal el mayor Roberto Albuquerque, oficial investigador del caso, quien ha realizado la investigación y quien tiene todos los elementos, que nunca ha depositado, que permitirían incriminar definitivamente el asesino, y sobre el cual pesan ya tres órdenes de arresto por el Tribunal, ordenes firmadas, selladas y depositadas en la Jurídica, las cuales no son acatadas por la Policía Nacional.
Y estos son apenas tres casos emblemáticos, a los que
estamos dando seguimiento, ¿cuántos ocurren sin que las noticias lleguen a los
medios o a nuestra oficina?
Que sigan, que sigan celebrando las autoridades
dominicanas ese circo llamado Poder Judicial.
Disculpas deberían estar humildemente pidiendo al
pueblo dominicano y a todas las víctimas inocentes cuyos verdugos gozan en la
impunidad.
Santo Domingo, D.N. 7 de enero del 2019 Día del Poder Judicial
La Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH-RD) hace un llamado al sistema de justicia dominicano a
que se active con rapidez para que se ponga fin a la impunidad en dos casos muy
graves apoderados por nosotros que descansan en los tribunales de la región
Este del país y para que se haga justicia
por esas víctimas.
Nos estamos refiriendo al caso
del asesinato del joven Alexander Acosta de 23 años ultimado a tiros por dos
miembros de la Armada Dominicana en Sabana de la Mar en el mes de abril del 2017.
El día 30 de este mes de enero en
Hato Mayor se realizará la audiencia que iniciará la fase de instrucción del
juicio de fondo donde hay dos marinos detenidos y una familia que espera
justicia en un caso que a todas evidencias representa una ejecución extrajudicial
con responsabilidad directa del Estado dominicano.
El otro caso es el del asesinato
de la señora Eulalia Taveras, violada y brutalmente asesinada por su exyerno
Leo Zapete Martinez, cuyo cuerpo ha sido encontrado en una cañada en la Gina de
Miches en el mes de septiembre del 2017. El caso ha sido aplazado ya 5 veces
porque nunca se presenta al tribunal el mayor Roberto Albulquerque, oficial
investigador del caso, quien ha realizado la investigación y quien tiene
evidencias y elementos de prueba recogidas en el lugar de los hechos que
determinan el homicidio e incriminan el inculpado y que nunca ha depositado, que son el palo
ensangrentado, la sabana y almohada llenas de sangre, entre otras típicas del
caso levantadas en condición de perito investigador. “Estas pruebas permitirían incriminar definitivamente el
asesino, sobre el cual pesan ya tres órdenes de arresto por el Tribunal,
ordenes firmadas, selladas y depositadas en la Jurídica del Palacio P.N., las
cuales no son acatadas por la Policía Nacional” ha declarado el Dr. Felix
Telemin abogado de la CNDH-RD que está llevando el caso por la organización
defensora y promotora de los derechos humanos.
La próxima audiencia de este caso
será el jueves 31 de enero en El Seibo.
Llamamos por lo tanto las
autoridades correspondientes a que se
activen para que estas familias puedan obtener justicia y los victimarios
cumplir su condena por el crimen cometido.
La lentitud de estos juicios por
un lado representa una forma de impunidad y de negación de justicia para las
víctimas y sus familiares, por el otro representa costos adicionales para el ya
débil y precario sistema de justicia de nuestro país.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Foro de Juristas por la Democracia Constitucional estiman que la Cumbre de los Jueces que culmina hoy debe pronunciarse sobre los siguientes aspectos.
1. Sobre el Autonomía Presupuesto. Requerir que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia se reúna de urgencia para que emita una Resolución instruyendo al Consejo del Poder Judicial asumir formalmente las gestiones inmediatas o accionar por conflicto de competencia para que el Congreso Nacional cumpla el mandato de la ley 194-04 que establece un 2.66% del Presupuesto Nacional asignando una primera partida de 14,000,000 millones de pesos que en lo inmediato requiere la justicia para (1) poner en funcionamiento los 113 juzgado de paz pendientes (2) construir el Palacio de Justicia de la Provincia Santo Domingo que siendo la más poblada y violenta del país, donde el servicio de justicia se presta en furgones, los jueces sesionan en un escritorio, el personal auxiliar labora entre miles de expedientes bajo altísimo riesgo en una habitación sin salida de emergencia (3) activar los Tribunales Contencioso Administrativos de primera instancia conforme al mandato de la Constitución.
La propuesta de presupuesto consigna 23,000 millones de pesos para las Fuerzas Armadas y 33,000 millones para el Ministerio de Interior y Policía, en tanto que para la justicia que le corresponde por ley un porcentaje mayor que al de educación, apenas le consigna 6,800 millones, lo que refleja en ese enfoque el país necesita más guardias y policías que jueces.
2. Sobre la Independencia Interna. Requerir del Consejo del Poder Judicial recuperar la independencia funcional de los jueces, ajustar sus decisiones a la legalidad, que prohíbe trasladar los jueces sin su anuencia previa, juzgarlos disciplinariamente por dictar sentencias impopulares o cuando afectan intereses determinados, publicar las investigaciones y hacer juicios paralelos en los medios de comunicación.
Sin independencia judicial no hay garantías y sin garantías los derechos humanos y fundamentales son pura poesía constitucional. Una buena manera de comenzar seria disponer la reposición en sus puestos de todos los jueces y juezas trasladados sin su consentimiento.
3. Sobre la Sociedad Civil. La CNDH y el Foro de Juristas instamos a las demás entidades no gubernamentales para que, en la calidad de entes de un segmento importante de la sociedad, lancemos una acción de amparo en cumplimiento de la ley 194-04 que pone a cargo del Congreso Nacional la obligación de establecer un 2.66% del Presupuesto Nacional para el Poder Judicial, el 1.44% para el Ministerio Publico.
4. La autonomía presupuestaria es un componente de la independencia judicial, sin presupuesto no hay independencia y sin independencia no hay justicia.
Presentación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Foro de Juristas para la Democracia Constitucional, en la Cumbre Nacional del Poder Judicial. Hotel Crown Plaza. Santo Domingo, República Dominicana. El 26 de Agosto del 2016
La Cumbre de los Jueces. Consideraciones Generales
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Foro de Juristas para la Democracia Constitucional, estiman que esta Cumbre no debe ser “Del” poder judicial, sino “Por” el poder judicial porque da la impresión que la misma se realiza dentro de los jueces cuando debe ser desde afuera.
La cumbre cerrada solo para jueces y algunos sectores de la sociedad civil podría quedar truncada y terminar en lo mismo.
CNDH-RD APOYA RECLAMO PARA AUMENTO DEL PRESUPUESTO AL PODER JUDICIAL Y ABOGA PARA UNA REFORMA EFECTIVA DEL MISMO
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) se suma al justo reclamo de los magistrados de nuestro país quienes este lunes realizaron una protesta frente al Palacio de Justicia, reclamando que se asigne el 2.66 por ciento del presupuesto nacional al Poder Judicial, como establece la ley.
CNDH-RD presenta a Procuraduría General de la República propuesta para implementación definitiva del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) en una carta dirigida al Procurador General de la República Licdo. Francisco Domínguez Brito y depositada el 20 de abril en Procuraduría, solicita la implementación definitiva del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria en todo el territorio nacional.
La propuesta de la CNDH-RD cuenta con varios puntos y es fundamentada en diferentes consideraciones entre las cuales se indica “que en la actualidad la Dirección General de Prisiones no ha podido resolver las graves problemáticas de hacinamiento que atraviesan los internos” y que “desde ese viejo sistema penitenciario se fomenta y se facilita la formación de grupos criminales que controlan las más mínimas cárceles y que desde allí dirigen acciones delictivas fuera y dentro de las mismas”. Seguir leyendo «CNDH presenta a PGR propuesta para implementación Nuevo Modelo Gestión Penitenciaria»
A UN AÑO DEL HORRENDO HOMICIDIO DEL CIUDADANO HAITIANO TULILE OCURIDO EN SANTIAGO, ORGANIZACIONES ENVIAN:
CARTA ABIERTA SOBRE CASO DE TULILE
Santo Domingo, Distrito Nacional,
República Dominica, 11 de febrero de 2016
A: Sr. José Ramón Fadul
Ministro de Interior y Policía Sr. Francisco J. Domínguez Brito
Procurador General de la República Sr. Nelson
R. Peguero Paredes
Jefe de la Policía Nacional Dominicana
Ante la inquietud de no dejar en el olvido y la impunidad el horrendo asesinato del ciudadano haitiano de nombre Claude Jean Harry -conocido públicamente como Tulile-, ocurrido en Santiago el 11 febrero 2015, las organizaciones abajo firmantes exigimos que se haga justicia y se implementen acciones preventivas contra el odio y la violencia hacia inmigrantes haitianos y de cualquier otra nacionalidad.
Hace exactamente un año, un día como hoy, 11 de febrero en la mañana, se descubrió el cadáver de Jean Claude Harry (popularmente Tulile) colgado de un árbol, linchado en el parque público Ercilia Pepín de Santiago. Esto sucedió cuando en el país crecía una campaña de odio, violencia, racismo y anti-haitianismo, revestida de «defensa nacional», surgida luego de la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional que vulneró el derecho a la nacionalidad y la identidad de miles de dominicanos/as descendientes de inmigrantes.
En aquel momento, a la violencia del crimen -propia de las más espeluznantes escenas del odio racial vistas en el siglo XX en Estados Unidos, en Europa o en la masacre de 1937 en República Dominicana- se agregó la violencia de las declaraciones de las autoridades achacando el asesinato a un ajuste de cuentas, crimen pasional o robo del dinero de un «palé». Violencia sobre violencia, en un acuerdo tácito por sepultar el caso y hacer aparecer a la víctima como victimario, y diluir las connotaciones abiertamente racistas y de odio en este hecho espantoso, al tiempo de establecer total impunidad para los autores de esta atrocidad. Seguir leyendo «A un año del horrendo homicidio de Tulile, ciudadano haitiano»
CNDH-RD considera que decisión de la Policía Nacional de detener los ciudadanos con “perfil sospechoso” viola los derechos humanos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) considera que la decisión de la jefatura de la Policía Nacional implementada hace algunos días de detener los ciudadanos con “perfil sospechoso” es violatoria de los derechos humanos además de discriminatoria.
Constituye de por sí un atentado a las libertades de las y los dominicanos por parte de los agentes al servicio de esta institución, en lo relativo al libre tránsito y a la presunción de inocencia como figura jurídica universal establecida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales firmado y ratificado por la República Dominicana y en la misma Constitución Dominicana.
La CNDH llama al Jefe de la Policía Nacional a dejar sin efecto dicha decisión ya que en lo especifico viola nuestra Carta Magna en su Art. N. 40 numeral 1 sobre derecho a la libertad y seguridad personal (“Nadie podrá ser reducido a prisión o cohibido de su libertad sin orden motivada y escrita de juez competente, salvo el caso de fragrante delito”) y en su Art. N. 46 sobre libertad de tránsito (“Toda persona que se encuentre en territorio nacional tiene derecho a transitar, residir y salir libremente del mismo, de conformidad con las disposiciones legales”).
Advertimos que de no detener de inmediato esta práctica acudiremos ante el Tribunal Superior Administrativo para que la misma sea dejada sin efecto, así como ante los organismos internacionales correspondientes.