La Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH-RD) hace un llamado al sistema de justicia dominicano a
que se active con rapidez para que se ponga fin a la impunidad en dos casos muy
graves apoderados por nosotros que descansan en los tribunales de la región
Este del país y para que se haga justicia
por esas víctimas.
Nos estamos refiriendo al caso
del asesinato del joven Alexander Acosta de 23 años ultimado a tiros por dos
miembros de la Armada Dominicana en Sabana de la Mar en el mes de abril del 2017.
El día 30 de este mes de enero en
Hato Mayor se realizará la audiencia que iniciará la fase de instrucción del
juicio de fondo donde hay dos marinos detenidos y una familia que espera
justicia en un caso que a todas evidencias representa una ejecución extrajudicial
con responsabilidad directa del Estado dominicano.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la
República Dominicana (CNDH-RD), considera este 7 de enero del 2019, que
lejos de celebrar este Día del Poder Judicial, las autoridades
competentes deberían reflexionar y
pedirles humildemente disculpas al
pueblo dominicano.
Disculpas por las tantas muertes inocentes a manos de
los organismos de “seguridad” del Estado en los mal llamados “intercambios de
disparos” y cuyos familiares nunca tendrán justicia.
Disculpas por los miles de presos en las cárceles de nuestro país detenidos
cuyos términos de prisión preventiva se han vencido y que nunca han sido
llevados en una sala de un tribunal.
Disculpas por un sistema de justicia secuestrado por
el partido-Estado que maneja a su antojo sentencias, jueces, libertad, vida y
muerte.
Disculpas por una justicia selectiva donde la
diferencia la hace la clase, el partido y el color de la piel en muchos casos.
Disculpas por todo esto y mucho más.
“Efectivamente no hay nada que celebrar” ha declarado
el Dr. Manuel María Mercedes Medina, presidente nacional de la CNDH-RD, refiriéndose a las celebraciones anunciadas
por la Suprema Corte de Justicia a las cuales participará también el presidente
de la República.
“De hecho somos espectadores una vez más de las
inútiles escenificaciones con las que el Estado quiere maquillar la
ineficiencia y la corrupción que imperan en el Poder Judicial y que transforman
la vida de los ciudadanos que tienen asuntos pendientes o que son vinculados
con la justicia, en un verdadero
infierno” ha expresado el Dr. Mercedes.
Denunciamos como ejemplo, el infierno en el que se ha transformado la vida del ciudadano Andrés Trinidad Mejia, quien ha transcurrido un año y medio preso injustamente en la cárcel de la Victoria por un asesinato que no ha cometido; infierno que sigue viviendo después de su liberación ya que ahora tratan de involucrarlo en un robo que no ha cometido.
Mientras hoy las autoridades celebran el Día del Poder
Judicial, en estos mismos días Andrés Trinidad Mejia corre el riesgo de ser
asesinado por sectores de la Policía Nacional vinculados a robos que se cometen
contra la empresa Philip Morris,
orquestados por un ejecutivo de dicha empresa en coordinación con policías
corruptos, ex militares y delincuentes comunes quienes roban, matan y realizan
sometimientos judiciales ante la indiferencia (o complicidad?) del Ministerio
Público.
A Andrés Trinidad Mejía el Poder Judicial le ha
violentado todos sus derechos: lo han detenido injustamente una primera vez,
después de haberle otorgado finalmente la libertad se le obliga todos los meses
a ir a Santiago a firmar, en el traslado ilegal de Santo Domingo a
Santiago le han falsificado su firma y
la firma de su abogado, le tienen secuestrada la resolución de su sentencia
desde el mes de mayo del 2018 y finalmente
le han robado hasta su herramienta de mecánico.
Denunciamos también como ejemplo de cómo funciona el Poder Judicial en nuestro país el infierno en el que se ha transformado la vida de los familiares de Rodorfo Cesarín Castillo Piña, el joven de 26 años asesinado el día 26 de diciembre del 2018 en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís presuntamente por sicariato. Al joven se le han violentado todos sus derechos, llegando a la muerte, propio por las deficiencias del Poder Judicial que las autoridades están celebrando en estas horas.
Rodorfo Cesarín Castillo Peña ha estado detenido más
de dos años como preventivo (cuando el límite máximo de prisión preventiva es
de un año) en San Pedro de Macorís sin ser registrado en ese centro y por lo
tanto prácticamente sin supervisión de la Procuraduría General de la República.
Tratándose de un interno psiquiátrico se le han negado en los últimos 5 meses
sus medicamentos necesarios a controlar su estado emocional, ha sido torturado
los cinco días previos a la muerte, cuando ha sido encontrado con la cabeza en
un inodoro esposado con las manos detrás de las espaldas ido encontrado con la cabeza
en un inodoro esposado con las manos detrás de las espaldas. A pesar de todo
esto los responsables del recinto penitenciario afirman que Castillo Peña se
ahogó, cosa que desmiente el certificado médico legal y el sentido común (¿cómo
es posible ahogarse en un inodoro sin agua estando esposado por detrás?). Como
si no fuera suficiente, el agente penitenciario presuntamente señalado por
haber cometido el hecho sigue libre y trabajando como si nada hubiera ocurrido.
Finalmente citamos el homicidio de la señora Eulalia Taveras, violada y brutalmente asesinada por su exyerno Leo Zapete, cuyo cuerpo ha sido encontrado en una cañada en la Gina de Miches en el mes de septiembre del 2017. El caso ha sido aplazado ya 5 veces porque nunca se presenta al tribunal el mayor Roberto Albuquerque, oficial investigador del caso, quien ha realizado la investigación y quien tiene todos los elementos, que nunca ha depositado, que permitirían incriminar definitivamente el asesino, y sobre el cual pesan ya tres órdenes de arresto por el Tribunal, ordenes firmadas, selladas y depositadas en la Jurídica, las cuales no son acatadas por la Policía Nacional.
Y estos son apenas tres casos emblemáticos, a los que
estamos dando seguimiento, ¿cuántos ocurren sin que las noticias lleguen a los
medios o a nuestra oficina?
Que sigan, que sigan celebrando las autoridades
dominicanas ese circo llamado Poder Judicial.
Disculpas deberían estar humildemente pidiendo al
pueblo dominicano y a todas las víctimas inocentes cuyos verdugos gozan en la
impunidad.
Santo Domingo, D.N. 7 de enero del 2019 Día del Poder Judicial
La Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH-RD) hace un llamado al sistema de justicia dominicano a
que se active con rapidez para que se ponga fin a la impunidad en dos casos muy
graves apoderados por nosotros que descansan en los tribunales de la región
Este del país y para que se haga justicia
por esas víctimas.
Nos estamos refiriendo al caso
del asesinato del joven Alexander Acosta de 23 años ultimado a tiros por dos
miembros de la Armada Dominicana en Sabana de la Mar en el mes de abril del 2017.
El día 30 de este mes de enero en
Hato Mayor se realizará la audiencia que iniciará la fase de instrucción del
juicio de fondo donde hay dos marinos detenidos y una familia que espera
justicia en un caso que a todas evidencias representa una ejecución extrajudicial
con responsabilidad directa del Estado dominicano.
El otro caso es el del asesinato
de la señora Eulalia Taveras, violada y brutalmente asesinada por su exyerno
Leo Zapete Martinez, cuyo cuerpo ha sido encontrado en una cañada en la Gina de
Miches en el mes de septiembre del 2017. El caso ha sido aplazado ya 5 veces
porque nunca se presenta al tribunal el mayor Roberto Albulquerque, oficial
investigador del caso, quien ha realizado la investigación y quien tiene
evidencias y elementos de prueba recogidas en el lugar de los hechos que
determinan el homicidio e incriminan el inculpado y que nunca ha depositado, que son el palo
ensangrentado, la sabana y almohada llenas de sangre, entre otras típicas del
caso levantadas en condición de perito investigador. “Estas pruebas permitirían incriminar definitivamente el
asesino, sobre el cual pesan ya tres órdenes de arresto por el Tribunal,
ordenes firmadas, selladas y depositadas en la Jurídica del Palacio P.N., las
cuales no son acatadas por la Policía Nacional” ha declarado el Dr. Felix
Telemin abogado de la CNDH-RD que está llevando el caso por la organización
defensora y promotora de los derechos humanos.
La próxima audiencia de este caso
será el jueves 31 de enero en El Seibo.
Llamamos por lo tanto las
autoridades correspondientes a que se
activen para que estas familias puedan obtener justicia y los victimarios
cumplir su condena por el crimen cometido.
La lentitud de estos juicios por
un lado representa una forma de impunidad y de negación de justicia para las
víctimas y sus familiares, por el otro representa costos adicionales para el ya
débil y precario sistema de justicia de nuestro país.
Presentación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Foro de Juristas para la Democracia Constitucional, en la Cumbre Nacional del Poder Judicial. Hotel Crown Plaza. Santo Domingo, República Dominicana. El 26 de Agosto del 2016
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