Santo Domingo, D.N.

30 de agosto 2017

Al : Licdo. Jean Alain Rodriguez

Procurador General de la República.

Vía : Dra. Danissa Cruz Taveras

Procuradora Adjunta y Encargada de DD.HH.

Asunto : Solicitud urgente de agilización investigaciones con relación a los casos de desapariciones forzadas y reunión con familiares de desaparecidos.

 

Honorable Procurador:

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), institución promotora y defensora de los derechos del ciudadano, debidamente incorporada mediante el decreto No.184-95 de fecha 15 de agosto del 1995 del Poder Ejecutivo, en la República Dominicana, representada por su Presidente, Dr. Manuel María Mercedes Medina, dominicano, mayor de edad, portador de la cedula de identidad y electoral No. 001-0234211-0, domiciliado y residente en esta ciudad, por medio de la presente tenemos a bien expresarle y solicitarle lo siguiente:

ATENDIDO: A que en fecha 21 de diciembre del año 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha declarado el 30 de agosto “Día Internacional de las Victimas de Desapariciones Forzadas”, la cual es considerada como un crimen de lesa humanidad también por la Organización de los Estados Americanos (OEA).

CONSIDERANDO: Que se considera como desaparición forzada “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley” (artículo 2 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, aprobada en 2006).

 

CONSIDERANDO: Que la desaparición forzada de personas es un crimen imprescriptible y continuado, sin posibilidad de indulto o amnistía.

CONSIDERANDO: Que en el año 2006  la Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado la Convención para la Protección de Todas las Personas de las Desapariciones Forzadas.

 

CONSIDERANDO: Que la Organización de los Estados Americanos ha adoptado en 1994 la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

 

CONSIDERANDO: Que “las desapariciones pueden entrañar también violaciones graves de instrumentos internacionales que no adoptan la forma de un convenio, como las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, aprobadas por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en 1957, así como el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, aprobados por la Asamblea General en 1979 y 1988, respectivamente.

 

CONSIDERANDO: Que la desaparición forzada afecta como una forma de tortura permanente la familia y los amigos de las personas desaparecidas, quienes  sufren una angustia mental lenta, ignorando si la víctima vive aún y, de ser así, dónde se encuentra recluida, en qué condiciones y cuál es su estado de salud. Además, conscientes de que ellos también están amenazados, saben que pueden correr la misma suerte y que el mero hecho de indagar la verdad tal vez les exponga a un peligro aún mayor.

 

CONSIDERANDO: Que la desaparición forzada de personas ha sido recientemente tipificada en el Código Penal, donde en el artículo 90 se define la desaparición forzada de personas: “Comete del delito de desaparición forzada de personas el agente del Estado, la persona o grupo de persona que actuando con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, arresta, detiene, secuestra o priva de la libertad de cualquier otra forma a una persona, seguido de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.

 

CONSIDERANDO: Que en los Párrafos I y sig. se prevén las penas para los que cometen el crimen de desaparición forzada de personas en la siguiente manera:

Párrafo I. La desaparición forzada de una persona se castigará con una pena de veinte a treinta años de prisión mayor. Si la víctima de la desaparición forzada resulta ser una mujer embarazada, un niño, niña o adolescente, o una persona con más de 60 años de edad o con alguna discapacidad, sin importar su edad, se impondrá una pena de treinta a cuarenta años de prisión mayor.

Párrafo II. Con la misma pena será sancionada la desaparición forzada, cuando el delito recaiga sobre un funcionario público, electo o designado, o sobre un representante diplomático o consular, o ascendientes, o descendientes de cualquiera de ellos.

Párrafo III. Cuando esta infracción concurre con el asesinato o el homicidio de la víctima se aplican las reglas del concurso de infracciones.

 

CONSIDERANDO: Que no hemos obtenido ninguna respuesta o seguimiento a nuestras correspondencias que reiteradamente hemos entregado a la Procuraduría General de la República los años 2014 y 2015 y que lamentablemente la actitud  ha sido caracterizada por el silencio que no lastima tanto como defensores de derechos humanos que como ciudadanos.

 

Por tales razones y motivos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Comité de Familiares de Víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales y Desapariciones Forzadas, le solicitamos al Honorable Procurador General de la República interponer sus buenos y acostumbrados oficios, a los fines de:

PRIMERO: Ordenar una exhaustiva investigación sobre las desapariciones forzadas de los casos del periodista y abogado Guido Gil desaparecido en 1967, del líder popular Henry Segarra, desaparecido en 1969 y del líder sindical Mauricio Báez desaparecido en 1950. También sobre los casos más recientes de  Narciso González “Narcisazo” desaparecido en 1994 (el Estado  ha sido condenado por este caso por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el 2012), del joven dominico-haitiano Gabriel Sandy Alistar desaparecido en 2004,  el de   Juan Almonte, militante y defensor de derechos humanos desaparecido en 2009, el controvertido  caso de Alfonso Santana en  2012,  el del joven fotógrafo Juan Alfredo Díaz Lora, desaparecido de Herrera en el 2012  y el más reciente, el de Randy Vizcaíno, desaparecido desde el mes de diciembre de 2013 después de haber sido detenido y llevado en un cuartel de policía.   Por todos ellos hay fuertes evidencias de que se trata de desapariciones forzadas.

 

SEGUNDO: Gestionar con urgencia ante el Congreso de la República la firma y ratificación de las dos Convenciones sobre Desapariciones Forzadas de Personas, tanto la de la OEA cuanto la de la ONU firmada en París, Francia, el 6 de febrero de 2007.

 

TERCERO: Designar con urgencia a un Procurador adjunto para que dé seguimiento a las investigaciones de todos los casos arriba mencionados.

 

CUARTO: Reunirse con urgencia  con los familiares de los desaparecidos para recibir sus inquietudes y escuchar su situación y explicarles sobre los avances de las investigaciones.

Es justicia os pide y espera merecer en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional a los 30 días del mes de agosto 2017.

Dr. Manuel María Mercedes Medina.

Presidente Nacional CNDH-RD

 

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