Carta de CNDH-RD a gobierno de Argentina condenando desaparición forzada de Santiago Maldonado

Santo Domingo, D.N.

30 de agosto 2017

Al presidente de la República de Argentina

Mauricio Macri

vía

Excelentísima Embajadora

de la República de Argentina

Sra. María Cristina Castro

 

Asunto: Desaparición Forzada de Santiago Maldonado

Desde la  Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH-RD), institución promotora y defensora de los derechos del ciudadano, debidamente incorporada mediante el decreto No.184-95 de fecha 15 de agosto del 1995 del Poder Ejecutivo, en la República Dominicana, representada por su Presidente, Dr. Manuel María Mercedes Medina, dominicano, mayor de edad, portador de la cedula de identidad y electoral No. 001-0234211-0, domiciliado y residente en esta ciudad, con membresía de la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) con sede en París, Francia y de la Plataforma Interamericana, De

rechos Humanos , Democracia y Desarrollo, de la cual representamos el capítulo dominicano, por medio de la presente expresamos nuestra condena por la desaparición del jov

 

en Santiago Maldonado  en el territorio de la comunidad Pu Lof Cushamen, en la provincia de Chubut.

Santiago Maldonado desapareció el 01/08/2017 durante una violenta represión de la protesta de  una comunidad mapuche y su desalojo llevado a cabo  con la intervención de la Gendarmería Nacional y del Ministerio de Seguridad de la Nación.

santiago maldonado

Hay suficientes elementos para clasificar la desaparición de Santiago Maldonado como un caso de desaparición forzada y también suficientes elementos que demuestran de parte de las autoridades nacionales, antes   la inacción y la resistencia a investigar los hechos, negando hasta la presencia del joven en el lugar,  y luego,  frente a  la evidencia, el encubrimiento y la distracción de la opinión publica justificando el operativo por  una situación extrema (e inexistente) de seguridad.

Cuando existen motivos suficientes para presumir que una persona desapareció en manos de alguna fuerza de seguridad, como de hecho lo existen,  el Estado tiene la obligación internacional de activar rápidamente una investigación exhaustiva y objetiva de los hechos y sobre las fuerzas de seguridad que estaban involucradas en el operativo.

Hoy 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Victimas de Desapariciones Forzadas, lamentamos que el Estado argentino se manche una vez más de ese crimen horrendo que tantas víctimas ha cobrado y tanto  daño le ha hecho al tejido social de la nación.

Nos sumamos a los llamados y acciones  de las decenas de organizaciones defensoras y promotoras de los derechos humanos, en forma específica de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y del capítulo argentino de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo, que se han pronunciado respecto al caso de Santiago Maldonado  e instamos el gobierno nacional argentino a asumir urgentemente  las recomendaciones del Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, entre ellas:

  • que adopte “una estrategia integral y exhaustiva para la búsqueda y localización” de Santiago,
  • que tome inmediatamente “todas las medidas urgentes que sean necesarias para buscarlo y localizarlo, tomando en cuenta los datos proporcionados por los miembros de la comunidad mapuche Pu Lof presentes durante la acción represiva”,
  • que garantice “la efectiva conservación, resguardo y análisis de todos los elementos de prueba que ya obran en la investigación o puedan llegar a hacerlo y que podrían permitir determinar la ubicación del señor Santiago Maldonado y la identidad de las personas responsables de su desaparición”,
  • que “la Gendarmería Nacional Argentina se abstenga de participar en la búsqueda e investigación de la desaparición”,
  • que adopte de inmediato “las medidas cautelares de protección a favor de los familiares del señor Santiago Maldonado, sus representantes y los miembros de la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia involucrados en su búsqueda, que sean necesarias” para “preservar su vida e integridad personal” y “garantizar que puedan desarrollar las actividades relacionadas con la búsqueda del señor Santiago Maldonado, sin ser objeto de actos de violencia y hostigamiento”.
  • que el Estado argentino informe “sobre las acciones tomadas por las autoridades competentes parte para localizarlo, para aclarar su desaparición y para garantizar que esté bajo la protección de la ley”.

APARICIÓN CON VIDA Y ACASTIGO A LOS CULPABLES DE LA DESAPARICIÓN FORZADA DE SANTIAGO MALDONADO YA! 

Dr. Manuel María Mercedes

Presidente Nacional CNDH-RD

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Carta al Procurador General de la República sobre Desapariciones Forzadas

Santo Domingo, D.N.

30 de agosto 2017

Al : Licdo. Jean Alain Rodriguez

Procurador General de la República.

Vía : Dra. Danissa Cruz Taveras

Procuradora Adjunta y Encargada de DD.HH.

Asunto : Solicitud urgente de agilización investigaciones con relación a los casos de desapariciones forzadas y reunión con familiares de desaparecidos.

 

Honorable Procurador:

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), institución promotora y defensora de los derechos del ciudadano, debidamente incorporada mediante el decreto No.184-95 de fecha 15 de agosto del 1995 del Poder Ejecutivo, en la República Dominicana, representada por su Presidente, Dr. Manuel María Mercedes Medina, dominicano, mayor de edad, portador de la cedula de identidad y electoral No. 001-0234211-0, domiciliado y residente en esta ciudad, por medio de la presente tenemos a bien expresarle y solicitarle lo siguiente:

ATENDIDO: A que en fecha 21 de diciembre del año 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha declarado el 30 de agosto “Día Internacional de las Victimas de Desapariciones Forzadas”, la cual es considerada como un crimen de lesa humanidad también por la Organización de los Estados Americanos (OEA).

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CNDH le exige a nuevo Procurador General de la República creación de una comisión especial para casos de desaparecidos y reunión urgente con los familiares

Este 30 de agosto se celebra  un nuevo aniversario del Día Internacional de las Victimas de Desapariciones Forzadas.

En la República Dominicana esto significa un año más sin que   los familiares de los detenidos desaparecidos de nuestro país hayan tenido algún tipo de respuesta de parte de las autoridades competentes.

El silencio. Eso es lo que más duele en ese crimen de Estado, ya que sin un cuerpo para llorar se hace imposible para las familias la elaboración del luto y la esperanza se vuelve una pesadilla sin fin. Seguir leyendo “CNDH le exige a nuevo Procurador General de la República creación de una comisión especial para casos de desaparecidos y reunión urgente con los familiares”

Barahona.- A casi tres años de desaparición de Chulo, esposa cree autoridades han hecho poco para dar con su compañero.

Por Leo Corniel.-
Barahona.- A casi tres años de su desaparición, la señora Petronila Ramírez esposa de Alfonso Santana (Chulo), cree que las autoridades del Ministerio Publico de esta ciudad, han hecho muy poco para dar con su compañero.desaparecido
El señor Santana fue visto por sus familiares por última vez el lunes 27 de agosto de 2013, cuando salió de su vivienda del barrio San Diego hacia el palacio de justicia, donde laboraba como mayordomo.
Ramírez hizo un llamado al doctor Esteban Sánchez Díaz, quien era procurador de la Corte de Apelación de Barahona al momento de la desaparición de su esposo, dar una respuesta a sus familiares del paradero de Santana.
“Yo le pido a las autoridades del Ministerio Publico en esta ciudad y en particular al doctor Esteban Sánchez Díaz, para que digan donde está Alfonso Santana, ya que este era amigo de Sánchez además de ser su jefe, y no ha hecho nada para resolver esa desaparición”, agrego la angustiada mujer.
DERECHOS HUMANOS DICE PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA PROMETIÓ INVESTIGAR
El señor Raimundo de la Rosa (Mundito), miembro de la Comisión en Barahona para la Defensa de los Derechos Humanos, aseguró que a pesar que el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito se comprometió en iniciar una investigación sobre la desaparición de Alfonso Santana (Chulo), todo ha quedado en promesa.
Aseguró que la comisión que representa, tiene pruebas puntuales sobre las personas que presuntamente participaron y que responsables de la desaparición de Santana.
EL HECHO
Según familiares, Chulo acostumbrada cada día antes de presentarse a su trabajo, pasar por una traba de gallos de peleas, propiedad del doctor Esteban Sánchez Díaz, quien era Procurador de la Corte de Apelación, durante cuya gestión, nunca llegó a dar una información concreta sobre la desaparición de su empleado.
Luego Sánchez Díaz fue designado como Procurador Para la Defensa del Medio Ambiente, siendo sustituido como Procurador de la Corte de Apelación por el doctor Bolívar D Oleo Montero, en cuya gestión tampoco fue esclarecido el caso Santana.
A los pocos meses D oleo Montero enfermó por lo que Sánchez Díaz fue sustituido por el doctor Ulises Guevara, quien ha asegurado que como la desaparición de Santana no ha sido esclarecida, todavía sigue bajo investigación, y que se hace todo lo posible para lograrlo, para tranquilidad de sus familiares.
La tarde del día en que desapareció Santana, algunas personas dijeron que en horas de la mañana lo vieron montarse en una jipeta en la avenida Enriquillo, en la parte baja de esta ciudad.
En los primeros días de la desaparición de Santana, se comentó en la población que este pudo haberse suicidado, especie que de inmediato fue puesta en dudas por sus familiares, señalando que este no tenía problemas económicos, de salud ni de otra índole, que lo indujeran a atentar contra su vida.cd
En el marco de los días jueves, 13 y viernes, 14, personas desconocidas pegaron afiches con fotos del señor Alfonso Santana en postes del tendido eléctrico diseminados en toda el área del Palacio de Justicia local, en lo que se reclama al doctor Ulises Guevara, Procurador de la Corte de Apelación, que esclarezca esta desaparición que el 27 de agosto próximo cumplirá dos años.
Desde un tiempo a esta parte circulan rumores en esta población, uno de los cuales indica que Santana pudo haber sido interceptado por desconocidos cuando se dirigía a su trabajo, quienes lo habrían montado en un vehículo y conducido a la zona costera de esta provincia, donde lo asesinaron y lanzaron su cuerpo a las aguas del mar Caribe.
Otro de los rumores, entre los varios que circulan sobre el caso, expresa que Santana pudo haber visto algo complicado o enterarse de alguna conversación peligrosa entre personas, en el Palacio de Justicia, las cuales seguro no querían otros testigos que no fueran ellas.
(Juan Francisco Matos Espinosa, Noticiario Barahona)

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Informe Amnistía International 2015-2016 – República Dominicana

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REPÚBLICA DOMINICANA 2015/2016

No se aprobó una ley de reforma de la policía. Muchas personas de ascendencia haitiana seguían siendo apátridas a pesar de la aplicación de una ley cuyo propósito era abordar esa situación (Ley 169-14). No pudo entrar en vigor el nuevo Código Penal que eliminaba la prohibición total del aborto. El Congreso no adoptó legislación que podría haber promovido la protección de los derechos de las mujeres y niñas y de las personas pertenecientes al colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI).

Información general

En junio, tras un acuerdo entre el partido en el poder y los principales partidos de la oposición, el Congreso adoptó una reforma a la Constitución que permitía al presidente saliente presentarse a otro mandato consecutivo. Pocos días después, el presidente anunció que tenía la intención de concurrir a las elecciones presidenciales de 2016 para un segundo mandato.

En julio se remitió al Congreso un proyecto de reglamento para regular los procedimientos internos del Defensor del Pueblo, establecido en 2013; sin embargo, seguía pendiente al finalizar el año.

El Ministerio de Relaciones Exteriores llevó a cabo un proceso de consulta con diferentes grupos de la sociedad civil con el propósito de desarrollar un plan nacional de derechos humanos.

Policía y fuerzas de seguridad

La Procuraduría General de la República informó de 152 homicidios a manos de las fuerzas de seguridad entre enero y septiembre. Muchos homicidios tuvieron lugar en circunstancias que sugerían que podían haber sido ilegítimos.

El Congreso continuó debatiendo un anteproyecto de ley de reforma de la policía, pero al terminar el año todavía no se había aprobado. Como consecuencia de ello, el proceso para una reforma exhaustiva de la policía sufrió un nuevo retraso.

Entre enero y septiembre se registró una caída del 6 % en la cifra de asesinatos, en relación con el mismo periodo de 2014; sin embargo, la cifra seguía siendo elevada. Aparte de la publicación de los informes de progreso sobre el sistema nacional de atención a emergencias, no se hizo pública información adicional alguna sobre la aplicación del Plan Nacional de Seguridad, iniciado formalmente en marzo de 2013.

Impunidad

No se avanzó en la investigación de la desaparición forzada de tres hombres—Gabriel Sandi Alistar, Juan Almonte Herrera y Randy Vizcaíno González—, vistos por última vez cuando se hallaban bajo custodia policial en julio de 2009, septiembre de 2009 y diciembre de 2013, respectivamente. Su suerte y su paradero seguían siendo desconocidos.

En junio, la Suprema Corte de Justicia aceptó el recurso de apelación de seis miembros de las fuerzas de seguridad que alegaba que su procesamiento, en 2013, por el homicidio de Cecilio Díaz y William Checo en 2009 se había iniciado cuando el delito ya había prescrito, y sobreseyó la causa contra ellos.

Privación de la nacionalidad

Las autoridades continuaron aplicando la Ley 169-14, cuyo propósito era devolver la nacionalidad dominicana a las personas a las que la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional en 2013 se la había retirado de manera arbitraria y con carácter retroactivo. El proceso administrativo para que recuperaran la nacionalidad las personas de ascendencia extranjera nacidas en la República Dominicana cuyo nacimiento hubiera sido registrado previamente en el Registro Civil dominicano (las personas pertenecientes al denominado “Grupo A”) era lento, y a muchas personas se las seguía privando arbitrariamente de sus documentos de identidad. De las 55.000 personas, según cálculos, nacidas en la República Dominicana de ascendencia extranjera cuyo nacimiento no había sido registrado (las pertenecientes al denominado “Grupo B”), sólo 8.755 se inscribieron en el plan de naturalización previsto por la ley dentro del plazo, que venció el 1 de febrero. El gobierno no reconoció públicamente la existencia de un numeroso grupo de personas que no pudieron inscribirse en el plan y, por consiguiente, siguieron estando en situación de apatridia.1

Decenas de personas dominicanas de ascendencia haitiana fueron detenidas arbitrariamente y amenazadas con ser expulsadas a Haití como migrantes “irregulares”. No obstante, en la inmensa mayoría de los casos, las autoridades las dejaron en libertad tras verificar que habían nacido en la República Dominicana.

Derechos de las personas migrantes

En febrero, el cuerpo sin vida de un migrante haitiano fue hallado ahorcado en un árbol en un parque de Santiago tras un aumento de la tensión entre la República Dominicana y Haití. Se temía que hubiera sido víctima de un homicidio xenófobo. Al final del año no se había procesado a nadie por su muerte. Según la información recibida, hubo migrantes haitianos que sufrieron agresiones en represalia por delitos presuntamente cometidos por otros haitianos.2

El 17 de junio venció el plazo de inscripción en el Plan Nacional de Regularización de extranjeros en situación migratoria irregular. El gobierno anunció que se habían inscrito 288.486 migrantes. A finales de septiembre, las autoridades afirmaron que se había regularizado la situación de más de 239.000 solicitantes.

El gobierno reanudó oficialmente las deportaciones de migrantes en situación irregular a mediados de agosto.3 Desde mediados de junio, decenas de miles de migrantes haitianos decidieron regresar a Haití, principalmente por miedo a una expulsión violenta o por las presiones xenófobas de empleadores o vecinos. Ese movimiento de personas dio lugar a un incremento de la tensión entre la República Dominicana y Haití. La Organización de los Estados Americanos (OEA) respondió enviando una misión a ambos países en julio. Tras la visita, las autoridades dominicanas rechazaron la oferta de mediación del secretario general de la OEA, y también se negaron a negociar con Haití un protocolo de deportación. Las autoridades no hicieron público su propio protocolo.

En la mayoría de los casos de deportación, las autoridades evaluaban cada caso individualmente. Sin embargo, según la Organización Internacional para las Migraciones y algunas organizaciones de la sociedad civil dominicanas y haitianas, varias personas inscritas en el Plan Nacional de Regularización denunciaron haber sido deportadas.

Violencia contra las mujeres y las niñas

Según estadísticas oficiales, en la primera mitad del año la cifra de homicidios de mujeres y niñas se redujo en un 4 %, en relación con el mismo periodo de 2014.

El Congreso todavía no había adoptado la Ley para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, aprobada por el Senado en 2012.

Derechos sexuales y reproductivos

En diciembre de 2014, el Congreso había aprobado reformas al Código Penal que despenalizaban el aborto cuando el embarazo supusiera un riesgo para la vida de la mujer o niña embarazada, cuando el feto no tuviera posibilidades de sobrevivir fuera del útero, o cuando el embarazo fuera resultado de violación o incesto. Posteriormente, grupos contrarios al aborto recurrieron la constitucionalidad de la reforma. El 2 de diciembre, el Tribunal Constitucional declaró que la adopción del Código era inconstitucional debido a errores de procedimiento, y ordenó que siguiera en vigor el Código anterior, aprobado en 1884.4

El Ministerio de Salud, en colaboración con organizaciones de la sociedad civil, redactó borradores de protocolos para la aplicación de la despenalización del aborto en las tres circunstancias permitidas por el Código Penal.

En julio, debido a la presión ejercida por grupos religiosos, el presidente de la Cámara de Diputados eliminó un anteproyecto de ley sobre salud sexual y reproductiva de los temas a debatir en el Parlamento. Al finalizar el año, ese anteproyecto aún no se había debatido.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

Las organizaciones de la sociedad civil denunciaron crímenes de odio, como asesinato y violación, contra personas LGBTI.

La comisión de la Cámara de Diputados que revisaba el anteproyecto de ley sobre salud sexual y reproductiva eliminó las sanciones propuestas por discriminación en el acceso a la atención médica por motivos de orientación sexual e identidad de género. La ley estaba pendiente de debate al terminar el año.

  1. “Sin papeles no soy nadie”: Personas apátridas en la República Dominicana (AMR 27/2755/2015)
  2. República Dominicana: Las autoridades deben investigar la violencia xenófoba (AMR 27/1449/2015)
  3. La reanudación oficial de las deportaciones en República Dominicana genera preocupación por la población dominicana de ascendencia haitiana (AMR 27/2304/2015)
  4. La República Dominicana hace retroceder los derechos de la mujer a 1884 (noticia, 3 de diciembre)

Leer y descargar el informe completo a este enlace:

https://www.amnesty.org/es/latest/research/2016/02/annual-report-201516/