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CNDH-RD solicita al Presidente Danilo Medina observar la Ley que aprueba la Reforma Policial

Santo Domingo, D.N.

Julio 8  del  2016

 

Señor

Danilo Medina

Presidente de la República

Palacio de la Presidencia

Su despacho

Ciudad.

 

Asunto. Solicitud de Observación Proyecto de Ley de la Policía Nacional por Violar la Constitución. –

Excelentísimo señor Presidente:

El Congreso Nacional ha votado un Proyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional para sustituir la Ley 96 del 28 de enero del año 2004, tramitándola a su despacho para observación o promulgación, al tenor de los artículos 101 y 102 de la Constitución de la República.

En ejercicio del derecho de ciudadanía establecido en el artículo 22.4 por tratarse de un asunto de interés público y cumpliendo con el deber fundamental de velar por el fortalecimiento y calidad de la democracia consignado en el artículo 75.12, de la Constitución. 

Por una policía digna, formada por personas con vocación ciudadana, formados y formadas para proteger los derechos humanos y fundamentales, con garantías como personas humanas que son.

Tenemos a bien solicitarle observar y devolver sin promulgar a la Cámara de origen del Congreso Nacional, el Proyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional, fundamentado en las siguientes consideraciones de orden constitucional.

  1. Desnaturaliza la Función Policial. El proyecto desnaturaliza al confundir la función con la misión policial al disponer que la policía es “un cuerpo armado constituido por agentes de la autoridad” (art.3 del Proyecto) suprimiendo la función como “organización civil al servicio de la ciudadanía y garante del ejercicio de los derechos y libertades” (arts.2 y 3, Ley 96-04) en violación por desnaturalización del artículo 255 de la Constitución.
  1. Derechos Humanos del y la Policía. Es una ley institucional que cambia las formas, no es una ley orgánica porque no toda el fondo para transformar la Policía Nacional en una Policía de Ciudadanía para proteger a las personas, ni establece un catálogo de derechos de los y las policías que aunque su función es de sujeción a las normas institucionales sin deliberación, esto no puede afectar su condición constitucional de ciudadanos y ciudadanas, pues esta ley les obliga a todo con derecho a nada.
  1. Las Comisiones Ciudadanas. Las Comisiones Externas que establece el artículo 40 del Proyecto son una mofa, porque (a) las nombra el Consejo Superior Policial que además (b) hará el reglamento operativo de las mismas (c) sus informes deben rendirlos al Consejo Superior Policial y (d) no son vinculantes sino de probabilidades. 
  1. El Consejo Superior Policial. Sin Representación de los Niveles Medios y Básicos[1].  El Consejo Superior Policial es un órgano conformado por dos funcionarios civiles y seis oficiales generales, sin  representación de los oficiales superiores como coroneles y mayores, los oficiales medios como capitanes y tenientes, ni los miembros del nivel básico como sargentos, cabos y rasos, sin embargo funge de jurisdicción disciplinaria para ciertas faltas muy graves y en apelación de las sanciones por faltas graves.  Este, que es el órgano de gobierno y disciplinario de la Policía Nacional, debe tener un representante de cada nivel como los tienen el Consejo del Poder Judicial y el Consejo Superior del Ministerio Público.
  • Juicio Disciplinario Inconstitucional. Las investigaciones las realiza la Dirección Central de Asuntos Internos y ciertas sanciones por faltas graves las impone el Inspector General, que además forman parte del Consejo Superior Policial con voz y voto, donde podrían conocer de nuevo para juzgar de un asunto disciplinario en que ya participaron, esto es violatorio del debido proceso administrativo mandado a observar por el artículo 69.10 de la Constitución.
  • Recurso Disciplinario Sin Garantías. El Consejo Superior Policial hace el reglamento disciplinario, conoce el juicio disciplinario, dispone la sanción disciplinaria y sus decisiones son apelables ante el mismo Ministro de Interior y Policía que lo preside, además que la suspensión o cancelación de los miembros de niveles básicos son decididas por el Director de la Policía Nacional pero el proyecto no indica ante quien o que órgano se impugna esta decisión. Esto es discriminación procesal, en violación del principio de igualdad ante la ley e igualdad ante el proceso (arts. 37 y 69.4, Const.) 
  1. Seguridad Jurídica de los Generales Activos. La CNDH ha sido y es de opinión que el país no requiere del exceso de oficiales superiores que existen, acogotando el presupuesto sin tantas plazas disponibles, pero también somos del criterio que los policías son personas y como todos los ciudadanos y ciudadanas también tienen derechos humanos y fundamentales que deben ser respetados. 
  • Compartimos el criterio de que el sistema de desmonte de los actuales generales para reducirlos a un máximo de veinte en los próximos dos años, sin establecer criterios claros, se presta a discrecionalidad, arbitrariedad y trato desigual que podría generar una caza de brujas contra los oficiales desafectos, afectando su seguridad jurídica por los derechos adquiridos como Oficiales Generales activos actualmente y la aplicación de esta nueva norma implicaría un cambio de su situación jurídica consolidada reconocida por las sentencias TC/0064/14 y TC/0236/15, lo cual viola el principio constitucional de vinculariedad imperativa de las decisiones del Tribunal Constitucional como máximo y último interprete de la Constitución de la República (art.184, Cont.) 
  1. Régimen de Los Ascensos. El régimen de ascenso que de un mínimo cuatro años en el rango hasta seis, siete u ocho años es inconstitucional por desproporcionado e irrazonable debido a que para un raso llegar a oficial general tendría que durar cerca de setenta años de servicio activo, lo que es incongruente con el tiempo máximo de duración en la institución. 
  1. Género Gramatical Sexista. El lenguaje utilizado en la redacción del proyecto discrimina, afecta el derecho de igualdad de la mujer, por estar centrado en una nomenclatura literaria de género masculino, sin hacer la acotación o salvedad correspondiente, pues bien podría esto generar controversias al momento de postular una mujer para una función ejecutiva en la Policía como Directora[2].

En esas atenciones y por las razones que usted tenga a bien ponderar, quedamos de usted.

 

Atentamente,

Dr. Manuel María Mercedes

Presidente

 

 

 

 

 

 

 

[1] El Consejo del Poder Judicial y el Consejo del Ministerio Público tienen por lo menos un representante de cada nivel correspondiente, desde abajo hasta arriba.

[2] Los legisladores debieron hacer una salvedad semejante a la que hizo la Asamblea Revisora en el art. 273 de la Constitución.

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