La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) saluda decisión de la procuradora general de la República Miriam Germán de revocar la “Instrucción general sobre procesamiento y sanciones por incumplimiento del toque de queda y prohibición de aglomeraciones”, emitida el 11 de enero de este año, con la que se establecían los montos a cobrar por violación de las multas en toque de queda.
De hecho la Instrucción había levantado una serie de cuestionamientos de parte de juristas y sociedad civil en general por no contar con el marco legal establecido por lo que concierne el cobro de multas.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos se había expresado en fecha 14 de enero a través de rueda de prensa y documento escrito respecto al asunto, solicitando a la procuradora general de la República que dejara sin efecto dicha disposición por ser violatoria al debido proceso.
Abogamos siempre por el respeto a la Constitución y las leyes y por un Estado Social y Democrático de Derecho.
Solicitamos también que haya transparencia hacia la ciudadanía respecto al uso de los recursos recaudados con el cobro de las multas hasta la fecha, las cuales, como dicho, no cuentan con un marco legal apropiado.
En tal sentido sugerimos se destinen a los centros de privación de libertad del país, los cuales, como hemos podido comprobar se encuentran en grave situación presupuestaria, que tiene peligrosa e impactante repercusión sobre la situación de los derechos humanos de los privados de libertad, sobre todo por lo que concierne el derecho a la salud, como ya hemos informado a la Procuraduría General de la República en nuestros tres informes detallados sobre la situación en el centro de privación de libertad de La Victoria.
CNDH-RD CONSIDERA QUE LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL HA REPRESENTADO UNA PAGINA NEGRA EN LA HISTORIA DE LA DEMOCRACIA DE NUESTRO PAÍS Y EXIGE DETENER DERIVA AUTORITARIA DEL GOBIERNO
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la República Dominicana (CNDH-RD) considera que la suspensión del proceso electoral del pasado domingo 16 de febrero ha representado una página negra en la historia democrática de nuestro país, que ha manchado de forma irrevocable la imagen del mismo frente a la comunidad internacional y que ha decretado el punto de caída más bajo de la confianza del pueblo dominicano en este gobierno.
Se ha tratado de una crónica de una muerte anunciada que se venía venir desde meses y que incluso ya había dado señales en las precedentes elecciones del 2016, cuando se invirtieron en ese entonces US$39.7 en los equipos para la automatización del registro y escrutinios de los votos y los mismos fueron un fracaso total, también por el mal manejo de los técnicos que estaban a cargo de ellos.
En este proceso la magnitud de irregularidades, fallos y mal manejo ha obligado la Junta Central Electoral a suspender las elecciones y a fijar nueva fecha para otras, estableciendo un proceso de votación manual, medida que apoyamos completamente.
Sin embargo exigimos que se abra una profunda y exhaustiva investigación de lo ocurrido, ya que ha sido evidente un intento de socavar la democracia a través de un fraude colosal a daño de la voluntad popular de millones de dominicanas y dominicanos que de forma pacífica el domingo se aprestaban a ejercer su derecho al voto.
Es evidente que hay un sector ni tan oscuro, involucrado en el poder, con acceso a tecnología y a procedimientos, que está en la capacidad de quebrantar el Estado Social y Democrático de Derecho en nuestro país y sobre ese aspecto debemos valorar como nulas o inexistentes las preocupaciones de la Procuraduría General de la República, ya que desde las primeras horas de la mañana del domingo pudimos comprobar que de los fiscales electorales designados nadie contestó a las llamadas que se les hacía desde los centros electorales.
Agradecemos también la presencia de los observadores internacionales que pudieron garantizar que las elecciones se suspendieron, sin embargo eso ha definitivamente dejado mal parado el país ante los ojos de la comunidad internacional, rebajándonos a categoría de “república bananera”, sin tener miedo a exagerar en esa valoración.
Nadie podrá reparar el daño moral y económico que le ha costado al país el día domingo 16 de febrero y el daño que le provocará un mes más de campaña electoral y la designación de una nueva fecha electoral.
Condenamos en ese mismo sentido la represión brutal con bombas lacrimógenas que se ha desatado en estas horas en contra de los jóvenes dominicanos que ante ese intento tan burdo y descarado de fraude electoral y la negación de sus derechos civiles y políticos, están protestando pacíficamente en la Plaza de la Bandera en Santo Domingo frente la Junta Central Electoral.
Consideramos inaceptables las declaraciones del ministro de Defensa de que agredirlos con bombas lacrimógenas ha sido una acción unilateral de un militar; en esos casos sabemos muy bien y el derecho internacional de los derechos humanos así lo establece, que las responsabilidades son siempre y exclusivamente institucionales. Desde tiempo hemos venido denunciando esa práctica de individualizar las respuestas de los agentes de seguridad del Estado a fines de desvincular las instituciones que lo representan de graves violaciones de derechos humanos, y la condenamos firmemente.
Por otro lado pedimos que se preserve la integridad física y psicológica del coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta y del técnico de Claro, Manuel Antonio Regalado, quienes son investigados por tener conocimiento de una presunta trama para boicotear las elecciones municipales del pasado domingo.
Es por ello que señores Presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, y Procurador de la República, Jean Alain Rodríguez, asuman por fin y de una vez por todas su rol como fieles garantes de la ejecución de la Ley Dominicana y de la justicia, cúbranse de honor e investiguen lo que ha pasado con el proceso electoral y aseguren a la justicia los funcionarios, técnicos, políticos y particulares que han tratado de imponer un golpe de estado al país a través de un fraude electoral en el día de ayer, de la misma forma detengan ya ese retroceso gravísimo de los espacios democráticos en nuestra república, retroceso en el que todas las instituciones del país están teniendo su responsabilidad, lo que está definitivamente caracterizando el gobierno actual como represivo y autoritario.
El pueblo dominicano está sediento de paz, justicia social y cambio político y se merece un país diferente y no la caricatura de estado que nos están ofreciendo.
Ejecución extrajudicial de menor en Higuey (República Dominicana), manipulación y alteración la investigación, denegación de la justicia, revictimización de la víctima y su familia.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) con domicilio para recibir comunicaciones en la Avenida Ortega y Gasset n. 200 2do nivel de la Fundación Trópico esquina Reyes Católicos, Cristo Rey, Santo Domingo, Distrito Nacional Tel +1 (809)6161585 correo electrónico, cndhrd@hotmail.com,expresa su profunda preocupación y solicita respuesta urgente ante la denuncia aquí presentada de ejecución extrajudicial del menor ROBERT JHONSON SANTANA, manipulación y alteración de la investigación, denegación de la justicia, revictimización de la víctima y su familia.
ACONTECIMIENTOS:
El día viernes 23 de abril del 2019, el joven ROBERT JHONSON SANTANA de 17 años se encontraba custodiado en el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de la ciudad de Higuey, ya que se le estaba pasando audiencia por una medida de coerción de tres meses, a raíz de una querella presentada por su propia madre, JAZMIN SANTANA, por conducta inadecuada en su hogar por el uso abusivo de sustancias controladas. Después de haber logrado un acuerdo con la magistrada que le conocía el caso, según el cual iba a pasar tres meses más en el Centro de Corrección para Niños Niñas y Adolescentes de Higuey, ya que se estaba rehabilitando satisfactoriamente, fue sacado y dejado sin esposas en el área donde estaban los demás menores en espera de juicio.
Siendo aproximadamente las 11.30 am el joven se paró en la ventana a conversar con su madre, quien se encontraba en la plata baja, dicha ventana estaba abierta ya que no había luz y los menores suelen pedir cosas a sus parientes desde ese lugar, entonces aprovechó de la situación resbalándose por el vuelo de la galería cayendo parado y protegiéndose acostado de espaldas en la pared ya que el raso JOHAN ANDRES ROSARIO DESAMONT, dominicano, 28 años de edad, miembro de la PN adscrito a la Procuraduría de la República en servicio en dicho tribunal, carnet n. 038535 cedula n. 402-2264355-9 residente en la ciudad de Higuey, lo buscaba desde arriba a punta de pistola.
La madre del joven, viendo esta escena le gritó al policía varias veces “no dispare”, diciéndole al hijo que se quede tranquilo donde está.
La mamá se acerca al hijo reiterándole al policía de no disparar. El menor entonces fue a saltar una verja baja que da a la calle y el policía le disparó a las espaldas a menos de 10 pies de distancia, directamente al costado desde la segunda planta donde se encontraba. El joven antes de morir le dice a la madre “ese maldito me mató”.
ROBERT JHONSON SANTANA falleció al instante a consecuencia de “herida por arma de fuego en región lumbar con entrada sin salida, probable causa de la muerte shock hemorrágico a determinar por autopsia porque también pudo ser desnucado al momento de haberse lanzado del 2do nivel de dicho edificio” así como reportado por la Policía Nacional División de Investigación de Higuey (hoja de envío de detenido del 24 de abril).
Se emite además un ACTA DE FLAGRANTE a las 12.15 del día 23 de abril donde se certifica el arresto del raso JOHAN ANDRÉS ROSARIO DESAMONT “por el hecho de haberle quitado la vida con arma de fuego mientras se encontraba de custodia el hoy occiso ROBERT JOHNSON SANTANA”.
El INACIF con acta de levantamiento de cadáver n. 28703 del día 23 de abril, certifica una muerte por “herida de bala en región lumbar sin salida”.
Ya desde el mismo día de los hechos se ha notado una actitud tanto en los medios que en las autoridades (Policía Nacional y Fiscalía) como de querer hacer pasar que la muerte del joven no fue debida a la bala sino a la caída.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) informa a la opinión publica nacional e internacional que ha emitido la Acción Urgente n. 2/19 respecto a la ejecución extrajudicial del menor Robert JhonsonSantana ocurrida en el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de Higuey el día 23 de abril del 2019 a manos del raso de la Policía Nacional Johan Andrés Rosario Desamont, además de denegación de la justicia, revictimizacion de la víctima, manipulación de investigación.
Denunciamos por medio de este documento que se enviará a todos los contactos de prensa nacionales e internacionales, además de las autoridades y organismos internacionales de derechos humanos, que desde las instituciones de la Policía Nacional y de la Procuraduría General de la República, se está manipulando la investigación en un claro intento de garantizar la impunidad del victimario y revictimizar la victima Robert Jhonson y su familia en la persona de su madre Jazmín Santana. Seguir leyendo «CNDH-RD EMITE ACCIÓN URGENTE N. 2/19 SOBRE CASO EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL DEL MENOR ROBERT JHONSON EN HIGUEY»
La Comisión nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD)
le exige al director de Prisiones, General Holguín, la inmediata cancelación del
alcalde de la cárcel pública de Higuey, Guillermo Concepción, a raíz de la
noticia filtrada en los medios y corroborada por pruebas, de que este se encontraba en una playa de Nagua,
disfrutando con una reclusa de dicho penal y otro agente de policía, en violación
abierta de todo procedimiento y normas y reglamentos.
Señalamos también que desde meses nuestra filial provincial
de Higuey está señalando y denunciado irregularidades en dicha penal y
situaciones de violación de derechos humanos y fundamentales hacia las reclusas,
sin embargo parece que la dirección de la cárcel nunca haya demostrado intención
de corregir estas situaciones.
Particularmente graves son las denuncias de golpizas
que algunas internas reciben de parte de
otras con función de “prebostes” a fines
de extorsión.
En toda responsabilidad podemos decir que la gestión
del Sr. Guillermo Concepción en este
recinto ha sido un total fracaso en todos los sentidos, tanto en el
administrativo cuanto respecto a las violaciones de los derechos humanos de las
internas.
Recordamos que el alcalde de dicho penal llegó a
Higuey a raíz de un traslado de la cárcel de El Seibo donde también su gestión se había cuestionado
mucho por supuesta corrupción en la administración del penal.
Es por ello que consideramos que la solución más idónea
sea la cancelación inmediata del Sr. Concepción y el restablecimiento del
orden, el respeto de los reglamentos y de los derechos humanos y fundamentales
en el penal de Higuey.
También solicitamos autorización para una visita
urgente de una comisión de nuestra institución en dicho centro de reclusión a
fines de supervisar las condiciones del mismo.
Una vez más reiteramos que a nuestro parecer, todos
los centros del viejo modelo carcelario deberían
ser substituidos lo más pronto posibles por Centros de Corrección y Rehabilitación adscritos
al Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria dependiente de la Procuraduría General
de la Republica.
Informamos por esa vía a la opinión pública nacional
y a los medios de comunicación, que el próximo día 5 de mayo se juramentará el
Departamento de Asuntos Penitenciarios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, iniciativa que hemos visto
urgente y necesaria frente a las decenas de denuncias de violaciones de
derechos humanos que llegan a nuestra
oficina desde las cárceles de todo el país.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD)
exige la libertad inmediata sin cargos para Grabriel Sánchez vocero del Frente Amplio
de Lucha Popular (FALPO) y de los demás activistas de esa organización detenidos
esta mañana por haber lanzado excrementos
a la Suprema Corte de Justicia.
Llamamos por lo tanto todos nuestros activistas y
abogados a presentarse mañana, martes 8 de enero a las 10 am, frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva e
invitamos a todas las filiales del país
a expresarse consecuentemente.
Entendemos que las autoridades, en ese ejercicio
colectivo de reflexión que debieron haber hecho en el día de hoy en el que se
celebra el Día del Poder Judicial, así como les sugerimos en nuestro anterior documento
de prensa, tendrían que interrogarse sobre la legitimidad de esa forma de
protesta que no le hace daño a nadie y por ende puede definirse pacífica y que
expresa sencillamente el verdadero sentimiento de rechazo del pueblo dominicano
hacia el sistema de justicia imperante en nuestro país, así como indicado en las recientes encuestas.
En lugar de condenar los jóvenes del Falpo, sería
mucho más responsable y coherente de parte de las autoridades correspondientes,
pedirles perdón al pueblo dominicano como
solicitamos en el anterior y ya citado documento, por las ejecuciones
extrajudiciales, los abusos policiales, las detenciones arbitrarias, los actos de corrupción,
el tráfico de influencias, la venta de sentencias y de libertades, la impunidad
de la que gozan victimarios y carniceros, y por todo el infierno que les toca
soportar a las ciudadanas y ciudadanos dominicanos que tienen que cruzarse en algún momento de sus vidas con el Poder Judicial.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la
República Dominicana (CNDH-RD), considera este 7 de enero del 2019, que
lejos de celebrar este Día del Poder Judicial, las autoridades
competentes deberían reflexionar y
pedirles humildemente disculpas al
pueblo dominicano.
Disculpas por las tantas muertes inocentes a manos de
los organismos de “seguridad” del Estado en los mal llamados “intercambios de
disparos” y cuyos familiares nunca tendrán justicia.
Disculpas por los miles de presos en las cárceles de nuestro país detenidos
cuyos términos de prisión preventiva se han vencido y que nunca han sido
llevados en una sala de un tribunal.
Disculpas por un sistema de justicia secuestrado por
el partido-Estado que maneja a su antojo sentencias, jueces, libertad, vida y
muerte.
Disculpas por una justicia selectiva donde la
diferencia la hace la clase, el partido y el color de la piel en muchos casos.
Disculpas por todo esto y mucho más.
“Efectivamente no hay nada que celebrar” ha declarado
el Dr. Manuel María Mercedes Medina, presidente nacional de la CNDH-RD, refiriéndose a las celebraciones anunciadas
por la Suprema Corte de Justicia a las cuales participará también el presidente
de la República.
“De hecho somos espectadores una vez más de las
inútiles escenificaciones con las que el Estado quiere maquillar la
ineficiencia y la corrupción que imperan en el Poder Judicial y que transforman
la vida de los ciudadanos que tienen asuntos pendientes o que son vinculados
con la justicia, en un verdadero
infierno” ha expresado el Dr. Mercedes.
Denunciamos como ejemplo, el infierno en el que se ha transformado la vida del ciudadano Andrés Trinidad Mejia, quien ha transcurrido un año y medio preso injustamente en la cárcel de la Victoria por un asesinato que no ha cometido; infierno que sigue viviendo después de su liberación ya que ahora tratan de involucrarlo en un robo que no ha cometido.
Mientras hoy las autoridades celebran el Día del Poder
Judicial, en estos mismos días Andrés Trinidad Mejia corre el riesgo de ser
asesinado por sectores de la Policía Nacional vinculados a robos que se cometen
contra la empresa Philip Morris,
orquestados por un ejecutivo de dicha empresa en coordinación con policías
corruptos, ex militares y delincuentes comunes quienes roban, matan y realizan
sometimientos judiciales ante la indiferencia (o complicidad?) del Ministerio
Público.
A Andrés Trinidad Mejía el Poder Judicial le ha
violentado todos sus derechos: lo han detenido injustamente una primera vez,
después de haberle otorgado finalmente la libertad se le obliga todos los meses
a ir a Santiago a firmar, en el traslado ilegal de Santo Domingo a
Santiago le han falsificado su firma y
la firma de su abogado, le tienen secuestrada la resolución de su sentencia
desde el mes de mayo del 2018 y finalmente
le han robado hasta su herramienta de mecánico.
Denunciamos también como ejemplo de cómo funciona el Poder Judicial en nuestro país el infierno en el que se ha transformado la vida de los familiares de Rodorfo Cesarín Castillo Piña, el joven de 26 años asesinado el día 26 de diciembre del 2018 en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís presuntamente por sicariato. Al joven se le han violentado todos sus derechos, llegando a la muerte, propio por las deficiencias del Poder Judicial que las autoridades están celebrando en estas horas.
Rodorfo Cesarín Castillo Peña ha estado detenido más
de dos años como preventivo (cuando el límite máximo de prisión preventiva es
de un año) en San Pedro de Macorís sin ser registrado en ese centro y por lo
tanto prácticamente sin supervisión de la Procuraduría General de la República.
Tratándose de un interno psiquiátrico se le han negado en los últimos 5 meses
sus medicamentos necesarios a controlar su estado emocional, ha sido torturado
los cinco días previos a la muerte, cuando ha sido encontrado con la cabeza en
un inodoro esposado con las manos detrás de las espaldas ido encontrado con la cabeza
en un inodoro esposado con las manos detrás de las espaldas. A pesar de todo
esto los responsables del recinto penitenciario afirman que Castillo Peña se
ahogó, cosa que desmiente el certificado médico legal y el sentido común (¿cómo
es posible ahogarse en un inodoro sin agua estando esposado por detrás?). Como
si no fuera suficiente, el agente penitenciario presuntamente señalado por
haber cometido el hecho sigue libre y trabajando como si nada hubiera ocurrido.
Finalmente citamos el homicidio de la señora Eulalia Taveras, violada y brutalmente asesinada por su exyerno Leo Zapete, cuyo cuerpo ha sido encontrado en una cañada en la Gina de Miches en el mes de septiembre del 2017. El caso ha sido aplazado ya 5 veces porque nunca se presenta al tribunal el mayor Roberto Albuquerque, oficial investigador del caso, quien ha realizado la investigación y quien tiene todos los elementos, que nunca ha depositado, que permitirían incriminar definitivamente el asesino, y sobre el cual pesan ya tres órdenes de arresto por el Tribunal, ordenes firmadas, selladas y depositadas en la Jurídica, las cuales no son acatadas por la Policía Nacional.
Y estos son apenas tres casos emblemáticos, a los que
estamos dando seguimiento, ¿cuántos ocurren sin que las noticias lleguen a los
medios o a nuestra oficina?
Que sigan, que sigan celebrando las autoridades
dominicanas ese circo llamado Poder Judicial.
Disculpas deberían estar humildemente pidiendo al
pueblo dominicano y a todas las víctimas inocentes cuyos verdugos gozan en la
impunidad.
Santo Domingo, D.N. 7 de enero del 2019 Día del Poder Judicial
Condenamos firmemente, antes que todo, que a la fecha de hoy la empresa Polyplas, aun no haya entregado a las autoridades la lista de los empleados que estaban laborando el día de la explosión en el lugar.
Lamentamos la actitud de genuflexión, una vez más, del gobierno dominicano ante la actitud arrogante de algunos empresarios privados, en este caso Manuel Diez Cabral, quien se considera por encima de las leyes, de los protocolos y de las autoridades y que llega a desmentir descaradamente hasta el mismo jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, Rafael del Rosario, respecto a las causas del hecho.
Lamentamos el silencio cómplice del ministro del Trabajo, Winston Santos, ante una tragedia que afecta de forma tan grave la clase trabajadora dominicana y que trae sombras preocupantes sobre los protocolos de seguridad y prevención de desastres en las empresas privadas.
“Recordamos que la República Dominicana es signataria de dos importantes convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en materia de protección y seguridad en el trabajo”,ha declarado el Dr. Manuel María Mercedes presidente nacional de la CNDH-RD.
En el año 2006 el país ha ratificado el Convenio sobre los productos químicos del 1990, el cual indica precisas responsabilidades delos empleadores en el caso de las empresas donde productos químicos son utilizados por sus empleados o donde estos estén a directo contacto con productos químicos, y en el 2015 ha ratificado el Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo del 2006, cuyo objetivo es entre otros, la “mejora continua de la seguridad y salud en el trabajo con el fin de prevenir las lesiones,enfermedades y muertes ocasionadas por el trabajo mediante el desarrollo de una política, un sistema y un programa nacionales, en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores”. Este último convenio establece directrices obligatorias para los países signatarios, la gran mayoría de las cuales son inexistentes en nuestro país.
Condenamos también la actitud violenta de la Policía Nacional, que se demuestra una vez más una institución completamente inadecuada al rol que está llamada a desempeñar, llegando a reprimir con violencia los familiares de las víctimas.
Consideramos que sea necesaria y urgente la creación de una comisión de seguimiento integrada por autoridades, familiares de las víctimas y la Defensoría del Pueblo para que de forma inmediata se pueda manejar la situación con la altura y el respeto a las víctimas que se merecen y darle seguimiento a los daños y perjuicios de los afectados. Consideramos necesario y urgente además un registro de los daños a edificios públicos y privados afectados en el accidente y que a los desalojados se les garantice una ubicación segura y de calidad.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos exige demás que de forma rápida, efectiva y eficaz sea establecida la cadena de responsabilidades de lo ocurrido y que los responsables sean sometidos a la justicia, recordando que los dirigentes de la empresa, según el Código Civil y el Código Laboral son responsables civilmente por los daños sufridos como consecuencia de un accidente de trabajo. Condenamos que a la fecha, el Ministerio Publico no haya ejercido aun la obligatoriedad de la acción pública, así como previsto en el Art. 30 del Código Procesal Penal y que bien se aplica a este caso.
Solicitamos a las autoridades correspondientes la realización urgente de un plan de ordenamiento territorial del Gran Santo Domingo disponiendo el traslado de empresas peligrosas en las afueras de la ciudad, para que tragedias como estas no vuelvan a repetirse.
Finalmente informamos a los familiares de las víctimas y de los desaparecidos que pueden recurrir a nuestra oficina donde un equipo de abogados de forma gratuita les asesorará en sus inquietudes.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) ha recibido a través de su filial de San Pedro de Macorís informaciones de repetidos y reiterados casos de violaciones de derechos humanos cometidas por integrantes de la Policía Nacional, a daños de ciudadanos de este pueblo.
En pocos días hemos recibido varios casos de denuncias de golpizas, insultos y atropellos propinados por agentes de la policía hacia ciudadanos humildes y trabajadores en su mayoría jóvenes y motoconchistas.
Hemos de hecho recibido varias denuncias de motoconchistas, recogidas también por los medios de comunicación de esta ciudad, de la práctica abusiva de detener personas que andan en motocicleta las cuales terminan siendo apresadas a pesar de tener todos sus documentos en orden.
Ejecuciones Extrajudiciales en Los Alcarrizos (Santo Domingo)Final del formulario
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) con domicilio para recibir comunicaciones en la Avenida Ortega y Gasset n. 200 2do nivel de la Fundación Trópico esquina Reyes Católicos, Cristo Rey, Santo Domingo, Distrito Nacional Tel +1 (809)6161585 correo electrónico, cndhrd@hotmail.com,expresa su profunda preocupación y solicita respuesta urgente ante la denuncia aquí presentada de varias ejecuciones extrajudiciales que están ocurriendo en el municipio de Los Alcarrizos, Santo Domingo, este mes de enero de 2018. Seguir leyendo «Acción Urgente n. 1/18»
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) informa a la opinión publica nacional e internacional que ha emitido la 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) ha recibido a través de su filial de San Pedro de Macorís informaciones de repetidos y reiterados casos de violaciones de derechos humanos cometidas por integrantes de la Policía Nacional, a daños de ciudadanos de este pueblo.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) 