La Coalición
Nacional de Abogados Independientes (CONAI), practicando la
institucionalidad, la transparencia y sobre la base de los principios de la
ética y de la moral, cuestionamos públicamente al Dr. MIGUEL SURUM HERNANDEZ, presidente del Colegio de Abogados de la
República Dominicana, (CARD), por la
compra de este inmueble ubicado en la Avenida Bolívar n. 09 del sector Gazcue
del Distrito Nacional.
La citada adquisición de esta propiedad
se efectuó supuestamente por un monto de VEINTIDOS (22) MILLONES DE PESOS,
violentando la mecánica de los órganos del Colegio de Abogados.
Hasta le fecha de hecho no se ha dado a
conocer de manera clara bajo que tecnicismo se ha llevado a cabo este negocio tan costoso lo cual ha
implicado sacrificar los fondos de esta
entidad mientras en la calle hay cientos de abogados afectados con enfermedades
terminales y con afecciones crónicas a los cuales el Colegio de Abogados no le
da ningún tipo de ayuda.
La Coalición
Nacional de Abogados Independientes (CONAI) reitera que esta transacción
está fuera de la legitimidad de los órganos del Colegio de Abogados y de la Ley
de Compras y Contrataciones Públicas y
en consecuencias estamos ponderando el sometimiento del Dr. MIGUEL SURUM
HERNANDEZ, presidente de la institución ante los Tribunales de la República, para
que él y otras personas que pudieran estar involucradas respondan al gremio que
agrupa los abogados y ante la sociedad sobre esta cuestionable transacción inmobiliaria.
El Colegio de Abogados está en una
profunda crisis financiera y ética sin precedentes la cual ha sido generada por
su actual presidente. De hecho los togados del derecho actualmente no gozan de ninguna
garantía de jubilación, ni de Seguridad Social, ni de vivienda, ni de mecanismos para maestrías y doctorados
en universidades locales y extranjeras.
Finalmente informamos a la opinión pública
nacional que la Coalición Nacional de abogados
Independientes (CONAI) utilizará
todas las vías del Derecho posibles para esclarecer esta contratación que no
cuenta con el aval de toda la matrícula de los abogados.
Actividad del 23 de diciembre que ha sido suspendida ante las amenazas de un «baño de sangre»
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos condena de forma enérgica la actitud irresponsable y la debilidad que están manifestando tanto el director de la Policía Nacional general Ney Aldrin Bautista Almonte, cuanto el Procurador General de la República Jean Alain Rodríguez, frente a la violencia expresada por el grupo Nueva Orden Dominicana, el partido Fuerza Nacional Progresista y en general por sectores ultranacionalistas y xenófobos del país.
Ya desde el hecho
ocurrido en Santiago el pasado mes de noviembre, cuando el periodista Marino Zapete recibió amenazas
durante un conversatorio organizado por
el movimiento Marcha Verde y denunció una trama de muerte en su contra orquestada
por grupos xenófobos, alertamos sobre el peligro que representaban estos
sectores y la actitud pasiva y tolerante, casi cómplice, de las
autoridades frente a evidentes indicios de delitos perseguibles de oficio por
el Ministerio Público.
En ese caso tanto
la Policía Nacional que la Procuraduría de la República, a pesar de ser el Ministerio Publico el órgano que en el ejercicio de sus funciones tiene que
respetar “la Constitución y el ordenamiento jurídico dictado conforme a ésta, garantizar
los derechos fundamentales que asisten a las personas” demostraron una actitud
indiferente y permisiva hacia potenciales criminales.
Las declaraciones
del director de la Policía Nacional, Ney
Aldrin Batista Almonte, quien en ese entonces se refirió a los miembros de la Antigua Orden Dominicana como “muchachos que no se ve que tienen armas
de fuego ni están armados y hasta este momento no representan una mayor dificultad” y el
silencio del Procurador General de la República, nos preocuparon enormemente ya que al parecer
las amenazas de muerte hacia una figura pública como lo es Marino Zapete y su
familia, para los representantes de las
instituciones publicas llamadas a implementar el respeto de las leyes y de la
Constitución, no son perseguibles como
crimen.
Ni siquiera al
parecer, constituye un indicio de crimen la organización de un grupo paramilitar
que en las redes sociales llama públicamente a organizarse y tomar las armas para
enfrentar, a costa de la vida, la supuesta “invasión haitiana”.
Deberían preocupar,
como nos preocupan a nosotros, los videos, subidos a la página Facebook de la Antigua Orden Dominicana, de ciudadanos que llaman a tomar las armas en
contra de los haitianos presentes en el país, o los comentarios violentos y
racistas que en ese perfil público se pueden leer. No se equivoquen que esto
nada tiene que ver con la libertad de expresión.
En otro país, esta cuenta de Facebook sería bloqueada y su
administrador incriminado por amenazas, terrorismo, odio racial e instigación a
la violencia.
En otro país. Aquí no, ya que el Estado Social y Democrático
de Derecho establecido por nuestra Constitución en su articulo n. 7 en nuestro
país está secuestrado por un grupo neonazista y xenófobo que actúa con la
complicidad tacita de las instituciones dominicanas.
Tanto han sido
tolerantes, calladas, permisivas y cómplices por omisión nuestras instituciones, que una caminata pacifica con
fines de promoción del deporte organizada por la diáspora haitiana prevista para el da 23 de diciembre en el Mirador
Sur, ha tenido que ser suspendida por sus propios organizadores frente a las amenazas de realizar un “baño de sangre”
que integrantes de la Antigua Orden
Dominicana han líberamente difundido vía redes sociales.
Definitivamente,
director de la Policía Nacional y Procurador General de la República, están
dejando que la violencia y el odio pasen por encima de las leyes de nuestro país,
de la misma Constitución y que se violen derechos fundamentales. Todo esto con
su anuencia y su complicidad.
Es inaceptable.
¿Al Procurador General
de la Republica Jean Alain Rodríguez no le pareció suficiente como para
incriminar Manny Solano lo que este señor dice en un video que ha circulado en
estos días que, aunque sea con su carro “se los va a llevar todos” estilo
terrorista yihadista?
¿Al Procurador
General de la Republica Jean Alain Rodríguez no le pareció suficiente como para
incriminar Manny Solano los gravísimos insultos que Manny Solano le dirige al
presidente de la República?
¿Al Procurador
General de la Republica Jean Alain Rodríguez no le pareció suficiente como para
incriminar Manny Solano el llamado que este señor hace a sus milicianos “que
vayan y no vayan desarmados” el domingo 23 al Mirador Sur?
Estimadas
autoridades, ¿no creen acaso que antes
de que ocurra alguna tragedia con victimas inocentes a mano de algún nuestro salvador
de la patria yihadista al estilo
caribeño, sea el caso de dar una señal clara y contundente que amenazar con
realizar una masacre es un crimen punible por ley, así como violentar el
derecho a la libre expresión y al tránsito de ciudadanos extranjeros legalmente
presentes en el país?
Esperamos esta señal,
señor director de la Policía Nacional y señor Procurador General de la
República, lo más pronto posible, antes
de que la situación les escape de las manos y antes de que algún inocente pague con la
vida por su irresponsabilidad.
Condenamos firmemente, antes que todo, que a la fecha de hoy la empresa Polyplas, aun no haya entregado a las autoridades la lista de los empleados que estaban laborando el día de la explosión en el lugar.
Lamentamos la actitud de genuflexión, una vez más, del gobierno dominicano ante la actitud arrogante de algunos empresarios privados, en este caso Manuel Diez Cabral, quien se considera por encima de las leyes, de los protocolos y de las autoridades y que llega a desmentir descaradamente hasta el mismo jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, Rafael del Rosario, respecto a las causas del hecho.
Lamentamos el silencio cómplice del ministro del Trabajo, Winston Santos, ante una tragedia que afecta de forma tan grave la clase trabajadora dominicana y que trae sombras preocupantes sobre los protocolos de seguridad y prevención de desastres en las empresas privadas.
“Recordamos que la República Dominicana es signataria de dos importantes convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en materia de protección y seguridad en el trabajo”,ha declarado el Dr. Manuel María Mercedes presidente nacional de la CNDH-RD.
En el año 2006 el país ha ratificado el Convenio sobre los productos químicos del 1990, el cual indica precisas responsabilidades delos empleadores en el caso de las empresas donde productos químicos son utilizados por sus empleados o donde estos estén a directo contacto con productos químicos, y en el 2015 ha ratificado el Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo del 2006, cuyo objetivo es entre otros, la “mejora continua de la seguridad y salud en el trabajo con el fin de prevenir las lesiones,enfermedades y muertes ocasionadas por el trabajo mediante el desarrollo de una política, un sistema y un programa nacionales, en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores”. Este último convenio establece directrices obligatorias para los países signatarios, la gran mayoría de las cuales son inexistentes en nuestro país.
Condenamos también la actitud violenta de la Policía Nacional, que se demuestra una vez más una institución completamente inadecuada al rol que está llamada a desempeñar, llegando a reprimir con violencia los familiares de las víctimas.
Consideramos que sea necesaria y urgente la creación de una comisión de seguimiento integrada por autoridades, familiares de las víctimas y la Defensoría del Pueblo para que de forma inmediata se pueda manejar la situación con la altura y el respeto a las víctimas que se merecen y darle seguimiento a los daños y perjuicios de los afectados. Consideramos necesario y urgente además un registro de los daños a edificios públicos y privados afectados en el accidente y que a los desalojados se les garantice una ubicación segura y de calidad.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos exige demás que de forma rápida, efectiva y eficaz sea establecida la cadena de responsabilidades de lo ocurrido y que los responsables sean sometidos a la justicia, recordando que los dirigentes de la empresa, según el Código Civil y el Código Laboral son responsables civilmente por los daños sufridos como consecuencia de un accidente de trabajo. Condenamos que a la fecha, el Ministerio Publico no haya ejercido aun la obligatoriedad de la acción pública, así como previsto en el Art. 30 del Código Procesal Penal y que bien se aplica a este caso.
Solicitamos a las autoridades correspondientes la realización urgente de un plan de ordenamiento territorial del Gran Santo Domingo disponiendo el traslado de empresas peligrosas en las afueras de la ciudad, para que tragedias como estas no vuelvan a repetirse.
Finalmente informamos a los familiares de las víctimas y de los desaparecidos que pueden recurrir a nuestra oficina donde un equipo de abogados de forma gratuita les asesorará en sus inquietudes.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos condena el otorgamiento de la libertad a los implicados en la venta de los terrenos de los Tres Brazo, decisión tomada en una audiencia secreta el pasado 19 de octubre.
Una vez más la justicia de hace garante de un puñado de malhechores en contra de los derechos vulnerados del pueblo dominicano.
Fuente: Diario Libre
SANTO DOMINGO. La decisión de la Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional de variar la coerción a los siete imputados que estaban presos por la venta irregular de los terrenos de Los Tres Brazos, generó disgusto entre los residentes de ese barrio.
El dirigente comunitario Fernando Morillo, quien forma parte de la directiva del Comité de Lucha por la Defensa de Los Tres Brazos, expresó que la decisión desacredita al sistema de justicia.
Mientras que Manuel María Mercedes, quien es el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, considera que a pesar de la intranquilidad que generaron a los moradores de ese barrio de Santo Domingo Este, la Justicia ha sido benévola con los imputados.
Sin embargo, pese a ser favorecidos con un cambio de medida de coerción, los implicados en ese caso se mantendrán en Najayo hasta que aporten las garantías económicas millonarias que les impusieron pagar en efectivo, además de los costosos brazaletes electrónicos.
A Julio Gómez, Manuel Aybar y Juana Inés Gómez, la Corte les impuso el pago de 5 millones de pesos en efectivo en la cuenta de la Procuraduría General de la República, además deberán usar grilletes, estarán sujetos a la prisión domiciliaria y no podrán salir del país.
Leoncio Almánzar, José de Pool Dominici y Carlos Gómez deberán pagar una garantía de 10 millones de pesos en efectivo. Mientras que a Domingo Lebrón le impusieron el pago de tres millones.
Los delitos cometidos
El grupo es imputado de participar presuntamente en la comisión de diversos actos ilícitos con la supuesta venta irregular de los terrenos de Los Tres Brazos. Entre los delitos cometidos figura la prevaricación, abuso de jurisdicción, falsedad y uso de documentos falsos.
Ejecuciones Extrajudiciales en Los Alcarrizos (Santo Domingo)Final del formulario
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) con domicilio para recibir comunicaciones en la Avenida Ortega y Gasset n. 200 2do nivel de la Fundación Trópico esquina Reyes Católicos, Cristo Rey, Santo Domingo, Distrito Nacional Tel +1 (809)6161585 correo electrónico, cndhrd@hotmail.com,expresa su profunda preocupación y solicita respuesta urgente ante la denuncia aquí presentada de varias ejecuciones extrajudiciales que están ocurriendo en el municipio de Los Alcarrizos, Santo Domingo, este mes de enero de 2018. Seguir leyendo «Acción Urgente n. 1/18»
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos rechaza y condena tajantemente la detención irregular en el día de hoy, realizada por la policía ilegal y paramilitar del Central Romana Corporation y avalada por la Policía Nacional, en contra de Juan Nuñez, vocero de la Unión de Trabajadores Cañeros.
El sr. Nuñez se encontraba en la región Este esta mañana en un recorrido por bateyes de La Romana, dando seguimiento a 70 expedientes de trabajadores cañeros, a quienes les estaba realizando trámites para la expedición de su pensión, así como dispuesto por el presidente Danilo Medina.
El Central Romana Corporation, poderoso emporio económico basado sobre la explotación de miles y miles de seres humanos, en su mayoría migrantes haitianos, piensa que estamos aún en los años 50 y que hoy como entonces lo que tiene en la región Este de nuestro país, a parte de su inmenso latifundio, es un estado paralelo, donde actúa con su propia policía paramilitar al margen de las leyes y disposiciones del Estado dominicano.Seguir leyendo «CNDH-RD CONDENA Y RECHAZA TAJANTEMENTE LA DETENCIÓN ILEGAL DE JUAN NUÑEZ»
CARTA AL MINISTRO NAVARRO SOBRE CONSTRUCCIÓN ESCUELA BÁSICA BARRIO LINDO
Santo Domingo, DN. 16 de julio de 2018
Al : Arq.Lic. Andrés Navarro.
Ministro de Educación
De : Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Asunto : Construcción escuela básica Barrio Lindo
Distinguido Sr. Ministro,
Muy cortésmente nos dirigimos a Usted con el interés de darles nuestros más sinceros y cordiales saludos y al mismo tiempo solicitarle su atención respecto a la siguiente situación que se está dando en el sector de Barrio Lindo en Villa Mella, situación que como defensores de derechos humanos nos preocupa sumamente.
Nuestra filial de ese sector, junto a organizaciones comunitarias, están desde cuatro años luchando para la terminación de una escuela básica cuya construcción ha iniciado justamente hace ese tiempo.
Al parecer los trabajos fueron paralizados por la muerte del ingeniero a cargo, y el sucesivo no ha seguido con la obra, “por falta de presupuesto”.
La obra como resulta de los numerosos reportajes y servicios pasados en los medios de comunicación nacionales del país, resulta en abandono y en estado de deterioro.
En la actualidad cientos de niños, pertenecientes a más de 20 comunidades, están esperando cada año por la terminación de su escuela, y en esa espera toman sus clases en casuchas alquiladas de zinc, con baños de letrina, en terrenos baldíos que cuando llueve se vuelven pantanos, en condiciones paupérrimas.
Esperando poder encontrar por esta vía la forma de solucionar, junto a la institución que Usted tan dignamente representa, esta situación difícil que afecta esta comunidad, nos ponemos a disposición por lo que Usted considere necesario y cordialmente le saludamos.
Dr. Manuel María Mercedes Dionis Metivier
Presidente nacional Secr. de Organización Filial Villa Mella
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) , ha realizado el pasado 5 de agosto, en el hotel Radisson en Santo Domingo, el primer Congreso de Abogados sobre el tema “Odebrecht y el Debido Proceso”.
Nos ha motivado a la puesta en marcha de tan importante actividad la preocupación que tenemos como organización defensora y promotora de los derechos humanos, y el análisis de los resultados de las consultas y mesas de trabajo realizadas hace algunas semanas, respecto a la conducta y el papel desempeñado por el Ministerio Público en la presentación de las acusaciones relativas al caso Odebrecht.
SINTESIS DE LAS CONCLUSIONES A LAS QUE SE ARRIBÓ EN LAS CONSULTAS Y MESAS DE TRABAJO PREVIAS AL PRESENTE CONGRESO, REALIZADAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA:
MOTIVACIONES:
Considerando (1): Que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene como Misión principal la de “contribuir a la construcción y establecimiento de un efectivo Estado Social y Democrático de Derecho, basado en el respeto de los derechos fundamentales, de los derechos civiles y políticos y de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de todas las personas”.
Considerando (2): Que el artículo 8 de la Constitución dispone que “es función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatible con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas”;
Considerando (3): Que en ese tenor el artículo 38 de la Constitución establece que “el Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes”. De igual forma señala que “la dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable y que su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos”;
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos denuncia el atentado del que ha sido víctima en la madrugada del día de hoy nuestro vicepresidente nacional para le Región Este, Rafel Ureña.
El hecho ha sucedido alrededor de las 2.45 am en Villa Hermosa, La Romana, cuando el Sr. Ureña se encontraba en el patio de su casa.
Desconocidos a borde de un vehículo Honda Acord le han tirado una piedra que le ha golpeado fuertemente la cabeza ocasionándole una profunda herida, por lo que se ha visto necesario su inmediato traslado al hospital más cercano donde le han suturado la herida con 15 puntos.
Rafael Ureña quien cubre el cargo de vicepresidente nacional por la Región Este es miembro de la Junta Directiva Nacional de nuestra organización y es uno de nuestros más reconocidos dirigentes.
Es activo en varios frentes de lucha en la zona Este en la República Dominicana, desde la defensa de la Playa Macao, a los desalojos arbitrarios de comunidades campesinas en la provincia del Seibo, a la denuncia de abusos policiales en La Romana.
Hace meses viene manifestando la actitud violenta y de rechazo a la labor de los defensores de derechos humanos que lleva la Dirección Regional Este de la Policía Nacional dirigida por el General Juan Antonio Pilarte Feliz.
“Exigimos por lo tanto una profunda y exhaustiva investigación de los hechos de los que ha sido víctima el Sr. Ureña, sin descartar ninguna posibilidad, avisando que estamos cumpliendo con los pasos a lugar” ha declarado el Dr. Mercedes presidente de la organización.
Finalmente condenamos el hecho y alertamos las autoridades ante la situación pidiendo inmediatamente la otorgación de medidas cautelares de protección hacia el Sr. Ureña y su familia.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos denuncia el atentado del que ha sido víctima en la madrugada del día de hoy nuestro vicepresidente nacional para le Región Este, Rafel Ureña.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) 