La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) condena la ejecución extrajudicial que ha llevado a la muerte del menor Robert Jhonson de 17 años de edad, quien fue ultimado por un tiro a la espalda por el raso policial Johan Andrés Rosario Desamont en momentos en que el joven intentó la fuga del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de la ciudad de Higuey, en donde acababa de recibir una condena a seis meses de reclusión por violencia intrafamiliar contra su madre.
Recordamos que la ejecución extrajudicial es uno de los crímenes de Estado más graves y se define como la privación arbitraria de la vida por parte de agentes del Estado, o con la complicidad, tolerancia o aquiescencia de éstos, sin un proceso judicial o legal que lo disponga.
El joven, quien era desarmado, fue ultimado por un tiro a la espalda mientras se aprestaba a saltar una verja del Tribunal frente a decenas de personas incluso su propia madre.
Una vez más tenemos que denunciar una muerte innecesaria y evitable a mano de un miembro de la Policía Nacional, institución que parece ha dejado de un lado la formación básica de sus alistados sobre el Reglamento Sobre el Uso de la Fuerza y sobre los tratados y convenios internacionales de los cuales la República Dominicana es signataria.
El articulo nueve de dicho reglamento de hecho dispone que “El uso de armas de fuego se considera fuerza letal y se le concede a la Policía Nacional, cuando la o las personas involucradas son un peligro inmediato para los agentes actuantes o para terceras personas”. Varios testigos presentes al momento del hecho, incluso la madre de la víctima, informan que el joven no representaba peligro ni por el raso ni por los demás presentes.
Exigimos por lo tanto una investigación transparente y exhaustiva y non nos conformamos que esta sea llevada a cabo de forma individual por la Procuraduría General de la República, sino que se debe designar una comisión independiente de la cual la CNDH-RD debe ser parte.
Al mismo tiempo ponemos a disposición de la familia nuestro equipo legal para que sean asistidos de forma gratuita y por lo tanto invitamos los familiares del joven a acercarse con nuestros comisionados de la provincia de Higuey.
Finalmente, nos dirigimos al director de la Policía Nacional, Gen. Ney Aldrin Bautista Almonte, al procurador General de la República Jean Alain Rodriguez, y al mismo Presidente de la República para preguntarles si se están dando cuenta de las muertes y abusos que se llevan a cabo desde las filas de la Policía Nacional o de verdad son ciegos, sordos y mudos frente a esta terrible realidad.
Les preguntamos esta vez, si es que ellos no leen los periódicos o no escuchan los noticieros, porque es un goteo imparable de muertes, abusos, vejaciones, golpizas, maltratos lo que a diario les cae encima de los dominicanos, sobre todo los de bajos recursos y de sectores vulnerables todos los días.
Por esa vía les preguntamos, distinguidas autoridades, cuando decidirán poner fin a todo esto para que ningún ciudadano le deba tener temor a cada policía que encuentra en la calle.
Quedamos en la espera de respuestas. De no obtenerlas anunciamos una visita masiva frente al Palacio de la Policía Nacional donde le pediremos a cada dominicano indignado por esta situación a que nos acompañe ese día.
Santo Domingo, D.N.
25 de abril del 2019
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) 