60 organizaciones de la FIDH hacen un llamado al presidente francés Hollande

Más de 60 organizaciones miembros de la FIDH, entre ellas, por supuesto, la liga Francesa de Derechos Humanos, están particularmente preocupadas por la situación de las libertades públicas e individuales en Francia. Todos nuestros miembros están conmocionados por los atentados que tuvieron lugar en el año 2015 en París y en Saint Denis. Estos actos de terrorismo se han cometido en muchas partes del mundo y es responsabilidad de los Estados darles respuesta dentro del respeto tanto de la seguridad como de las libertades.

La FIDH y sus organizaciones miembros, a partir de su experiencia casi centenaria, afirman que esta lucha debe realizarse imperativamente en el más estricto respeto de los derechos humanos so pena de socavar los principios mismos de la democracia, cumpliendo así los objetivos de los criminales. A todo ello se añade el hecho de que, cuando no se respetan las libertades fundamentales, se alimenta la estigmatización y la discriminación, con el riesgo de poner en peligro la cohesión de un país. 

Tanto nuestras organizaciones como los Gobiernos de todo el mundo y las organizaciones internacionales permanecen atentos a la reacción de las autoridades francesas. Toda medida que atente contra los derechos de las personas y las libertades públicas constituiría un incumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por Francia y un acto indigno del país de la Declaración de los Derechos Humanos. Además, los regímenes más autoritarios lo tomarían como ejemplo para legitimizar sus políticas de represión contra la oposición política, periodistas u ONG como las nuestras, que llevan a cabo bajo el falso pretexto de la lucha antiterrorista.

Por estas razones nuestras organizaciones están especialmente preocupadas por la prórroga del estado de emergencia, y, más aún, por su anunciada renovación a partir del 26 de febrero. Aún cuando existen muchos mecanismos democráticos que permiten examinar sus condiciones de aplicación, varias informaciones y testimonios indican que se trata de un recurso innecesario al uso de la fuerza, al tiempo que se han detectado errores en el marco de los más de 3 000 registros realizados sin orden judicial. Por otra parte, los prefectos han dictado cerca de 400 arrestos domiciliarios únicamente a partir de información anónima, algunos de los cuales exceden el marco de la lucha contra el terrorismo puesto que conciernen, por ejemplo, a activistas ecologistas. La justicia administrativa ha validado casi en su totalidad estas medidas, aunque el control se ha realizado a posteriori y se ha revelado claramente insuficiente e incluso ineficaz cuando se trata de registros. Además, observamos igualmente que, incluso según el propio mecanismo parlamentario de supervisión del estado de emergencia, los servicios implicados apenas utilizan las modalidades de acción establecidas por dicho mecanismo. Llegamos por tanto a la conclusión de que los medios del derecho común permiten hacer frente a la actual situación.

El proyecto de reforma constitucional sobre el estado de emergencia y la privación de la nacionalidad, así como el proyecto de reforma del procedimiento penal, que se suman a la ley sobre la vigilancia por medios electrónicos y a treinta años de abundante legislación en materia de lucha contra el terrorismo, también nos preocupan sobremanera, por el aumento del riesgo de violaciones contra las libertades y los derechos fundamentales de la ciudadanía. Francia será uno de los pocos países cuya Constitución recoja tres dispositivos de excepción.

A pesar del apoyo a estas reformas que parece reflejarse en los sondeos de opinión, por nuestra parte tememos profundamente que contribuyan a reforzar un sentimiento de arbitrariedad entre la población en general, y especialmente entre las personas más vulnerables, que favorezcan la aparición de actos de estigmatización y de discriminación y que rompan aún más la cohesión social.

Resultaría cuando menos paradójico que con el pretexto de contribuir a la unidad nacional, estas reformas promuevan, por el contrario, la desunión y, en última instancia, no hagan más que beneficiar principalmente a las fuerzas políticas más extremistas de la sociedad francesa. Sin embargo, esta es la profunda preocupación que nos inspiran estas reformas, a la luz de la dolorosa experiencia a la que hemos asistido en muchos países después del 11 de septiembre de 2001.

Nuestras organizaciones piden asimismo que no se prorrogue el estado de emergencia, que se retiren las reformas constitucionales propuestas y que se garantice el más estricto respeto de los derechos humanos en el marco de cualquier reforma que se realice, así como en la política exterior de Francia en materia de lucha contra el terrorismo.

También instamos a las autoridades francesas a que reanuden el diálogo con la sociedad civil en su conjunto y se apoyen en su conocimiento y experiencia.

Por último, le recomendamos que invite formalmente a Francia, con vistas a una investigación, a los principales organismos competentes del Consejo de Europa y de las Naciones Unidas, para evaluar las medidas propuestas o vigentes así como las prácticas actuales a la luz de las obligaciones contraídas en virtud de los tratados internacionales ratificados por la República Francesa. Entre otros, nos parece que debería invitarse con carácter prioritario al Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa y al Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo.