Lejos de celebrar este Día del Poder Judicial, las autoridades competentes deberían reflexionar y pedirles humildemente disculpas al pueblo dominicano, considera la CNDH-RD

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la República Dominicana (CNDH-RD), considera este 7 de enero del 2019,  que  lejos de celebrar este Día del Poder Judicial, las autoridades competentes deberían  reflexionar y pedirles humildemente  disculpas al pueblo dominicano.

Disculpas por las tantas muertes inocentes a manos de los organismos de “seguridad” del Estado en los mal llamados “intercambios de disparos” y cuyos familiares nunca tendrán justicia.

Disculpas por los miles de presos  en las cárceles de nuestro país detenidos cuyos términos de prisión preventiva se han vencido y que nunca han sido llevados en una sala de un tribunal.

Disculpas por un sistema de justicia secuestrado por el partido-Estado que maneja a su antojo sentencias, jueces, libertad, vida y muerte.

Disculpas por una justicia selectiva donde la diferencia la hace la clase, el partido y el color de la piel en muchos casos.

Disculpas por todo esto y mucho más.

“Efectivamente no hay nada que celebrar” ha declarado el Dr. Manuel María Mercedes Medina, presidente nacional de la CNDH-RD,  refiriéndose a las celebraciones anunciadas por la Suprema Corte de Justicia a las cuales participará también el presidente de la República.

“De hecho somos espectadores una vez más de las inútiles escenificaciones con las que el Estado quiere maquillar la ineficiencia y la corrupción que imperan en el Poder Judicial y que transforman la vida de los ciudadanos que tienen asuntos pendientes o que son vinculados con la justicia,  en un verdadero infierno” ha expresado el Dr. Mercedes.

Denunciamos como ejemplo,  el infierno en el que se ha transformado la vida del ciudadano Andrés Trinidad Mejia,  quien ha transcurrido un año y medio preso injustamente en la cárcel de la Victoria por un asesinato que no ha cometido; infierno que sigue viviendo después de su liberación ya que ahora tratan de involucrarlo en un robo que no ha cometido.

Mientras hoy las autoridades celebran el Día del Poder Judicial, en estos mismos días Andrés Trinidad Mejia corre el riesgo de ser asesinado por sectores de la Policía Nacional vinculados a robos que se cometen contra la  empresa Philip Morris, orquestados por un ejecutivo de dicha empresa en coordinación con policías corruptos, ex militares y delincuentes comunes quienes roban, matan y realizan sometimientos judiciales ante la indiferencia (o complicidad?) del Ministerio Público. 

A Andrés Trinidad Mejía el Poder Judicial le ha violentado todos sus derechos: lo han detenido injustamente una primera vez, después de haberle otorgado finalmente la libertad se le obliga todos los meses a ir a Santiago a firmar, en el traslado ilegal de Santo Domingo a Santiago  le han falsificado su firma y la firma de su abogado, le tienen secuestrada la resolución de su sentencia desde el mes de mayo del 2018 y finalmente  le han robado hasta su herramienta de mecánico.

Denunciamos también como ejemplo de cómo funciona el Poder Judicial en nuestro país el infierno en el que se ha transformado la vida de los familiares de Rodorfo Cesarín Castillo Piña, el joven de 26 años asesinado el día 26 de diciembre del 2018 en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís presuntamente por sicariato. Al joven se le han violentado todos sus derechos, llegando a la muerte, propio por las deficiencias del Poder Judicial  que las autoridades están celebrando en estas horas.

Rodorfo Cesarín Castillo Peña ha estado detenido más de dos años como preventivo (cuando el límite máximo de prisión preventiva es de un año) en San Pedro de Macorís sin ser registrado en ese centro y por lo tanto prácticamente sin supervisión de la Procuraduría General de la República. Tratándose de un interno psiquiátrico se le han negado en los últimos 5 meses sus medicamentos necesarios a controlar su estado emocional, ha sido torturado los cinco días previos a la muerte, cuando ha sido encontrado con la cabeza en un inodoro esposado con las manos detrás de las espaldas ido encontrado con la cabeza en un inodoro esposado con las manos detrás de las espaldas. A pesar de todo esto los responsables del recinto penitenciario afirman que Castillo Peña se ahogó, cosa que desmiente el certificado médico legal y el sentido común (¿cómo es posible ahogarse en un inodoro sin agua estando esposado por detrás?). Como si no fuera suficiente, el agente penitenciario presuntamente señalado por haber cometido el hecho sigue libre y trabajando como si nada hubiera ocurrido.

Finalmente citamos el homicidio de la señora Eulalia Taveras, violada y brutalmente asesinada por su exyerno Leo Zapete, cuyo cuerpo ha sido encontrado en una cañada en la Gina de Miches en el mes de septiembre del 2017.  El caso ha sido aplazado ya 5 veces porque nunca se presenta al tribunal el mayor Roberto Albuquerque, oficial investigador del caso, quien ha realizado la investigación y quien tiene todos los elementos, que nunca ha depositado, que permitirían incriminar definitivamente el asesino, y sobre el cual pesan ya tres órdenes de arresto por el Tribunal, ordenes firmadas, selladas y depositadas en la Jurídica, las cuales no son acatadas por la Policía Nacional.

Y estos son apenas tres casos emblemáticos, a los que estamos dando seguimiento, ¿cuántos ocurren sin que las noticias lleguen a los medios o a nuestra oficina?

Que sigan, que sigan celebrando las autoridades dominicanas ese circo llamado Poder Judicial.

Disculpas deberían estar humildemente pidiendo al pueblo dominicano y a todas las víctimas inocentes cuyos verdugos gozan en la impunidad.

Santo Domingo, D.N.
7  de enero del 2019
Día del Poder Judicial

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CNDH-RD condena debilidad y actitud irresponsable del director de la Policía Nacional y del Procurador General de la República ante violencia de grupos xenófobos

Actividad del 23 de diciembre que ha sido suspendida ante las amenazas de un “baño de sangre”

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos condena de forma enérgica la actitud irresponsable y la debilidad que están manifestando   tanto el director de la Policía Nacional general Ney Aldrin Bautista Almonte,  cuanto el Procurador General de la República Jean Alain Rodríguez,   frente a la violencia expresada por el grupo  Nueva Orden Dominicana, el partido Fuerza Nacional Progresista y en general por sectores  ultranacionalistas y xenófobos del país.

Ya desde el hecho ocurrido en Santiago el pasado mes de noviembre,  cuando el periodista Marino Zapete recibió amenazas durante un conversatorio  organizado por el movimiento Marcha Verde y denunció una trama de muerte en su contra orquestada por grupos xenófobos, alertamos sobre el peligro que representaban estos sectores y la actitud pasiva y tolerante, casi cómplice,   de las autoridades frente a evidentes indicios de delitos perseguibles de oficio por el Ministerio Público.

En ese caso tanto la Policía Nacional que la Procuraduría de la República,  a pesar de ser el Ministerio Publico  el órgano que en  el ejercicio de sus funciones tiene que respetar “la Constitución y el ordenamiento jurídico dictado conforme a ésta, garantizar los derechos fundamentales que asisten a las personas” demostraron una actitud indiferente y permisiva hacia potenciales criminales.

Las declaraciones del  director de la Policía Nacional, Ney Aldrin Batista Almonte, quien en ese entonces se refirió a los  miembros de la Antigua Orden Dominicana  como “muchachos que no se ve que tienen armas de fuego ni están armados y hasta este momento no  representan una mayor dificultad” y el silencio del Procurador General de la República,  nos preocuparon enormemente ya que al parecer las amenazas de muerte hacia una figura pública como lo es Marino Zapete y su familia,  para los representantes de las instituciones publicas llamadas a implementar el respeto de las leyes y de la Constitución,  no son perseguibles como crimen.

Ni siquiera al parecer, constituye un indicio de crimen la organización de un grupo paramilitar que en las redes sociales llama públicamente a organizarse y tomar las armas para enfrentar,  a costa de la vida,  la supuesta “invasión haitiana”.

Deberían preocupar, como nos preocupan a nosotros, los videos,  subidos a la página Facebook  de la Antigua  Orden Dominicana,  de ciudadanos que llaman a tomar las armas en contra de los haitianos presentes en el país, o los comentarios violentos y racistas que en ese perfil público se pueden leer. No se equivoquen que esto nada tiene que ver con la libertad de expresión.

En otro país,  esta cuenta de Facebook sería bloqueada y su administrador incriminado por amenazas, terrorismo, odio racial e instigación a la violencia.

En otro país.  Aquí no, ya que el Estado Social y Democrático de Derecho establecido por nuestra Constitución en su articulo n. 7 en nuestro país está secuestrado por un grupo neonazista y xenófobo que actúa con la complicidad tacita de las instituciones dominicanas.

Tanto han sido tolerantes, calladas, permisivas y cómplices por omisión  nuestras  instituciones, que una caminata pacifica con fines de promoción del deporte organizada por la diáspora haitiana  prevista para el da 23 de diciembre en el Mirador Sur, ha tenido que ser suspendida  por  sus propios organizadores frente  a las amenazas de realizar un “baño de sangre” que integrantes de la Antigua  Orden Dominicana han líberamente difundido vía redes sociales.

Definitivamente, director de la Policía Nacional y Procurador General de la República, están dejando que la violencia y el odio pasen por encima de las leyes de nuestro país, de la misma Constitución y que se violen derechos fundamentales. Todo esto con su anuencia y su complicidad.

Es inaceptable.

¿Al Procurador General de la Republica Jean Alain Rodríguez no le pareció suficiente como para incriminar Manny Solano lo que este señor dice en un video que ha circulado en estos días que, aunque sea con su carro “se los va a llevar todos” estilo terrorista yihadista?

¿Al Procurador General de la Republica Jean Alain Rodríguez no le pareció suficiente como para incriminar Manny Solano los gravísimos insultos que Manny Solano le dirige al presidente de la República?

¿Al Procurador General de la Republica Jean Alain Rodríguez no le pareció suficiente como para incriminar Manny Solano el llamado que este señor hace a sus milicianos “que vayan y no vayan desarmados” el domingo 23 al Mirador Sur?

Estimadas autoridades,  ¿no creen acaso que antes de que ocurra alguna tragedia con victimas inocentes a mano de algún nuestro salvador de la patria  yihadista al estilo caribeño, sea el caso de dar una señal clara y contundente que amenazar con realizar una masacre es un crimen punible por ley, así como violentar el derecho a la libre expresión y al tránsito de ciudadanos extranjeros legalmente presentes en el país?

Esperamos esta señal, señor director de la Policía Nacional y señor Procurador General de la República,  lo más pronto posible, antes de que la situación les escape de las manos  y antes de que algún inocente pague con la vida por su irresponsabilidad.

Santo Domingo, D.N.

21 de diciembre del 2018

CNDH-RD EXIGE SEAN RESPETADOS PROTOCOLOS Y DERECHOS HUMANOS DE VICTIMAS Y FAMILIARES EN CASO POLYPLAS

Desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) denunciamos como al transcurrir de las horas,  quedan claramente  evidenciadas numerosas fallas en el manejo de parte de las autoridades y de los directivos de la empresa Polyplas y una falta absoluta de respeto de los derechos humanos tanto de las victimas como de sus familiares, ante la tragedia ocurrida el miércoles pasado,cuando una explosión en la fabrica de plásticos ubicada en Villas Agrícolas ha dejado a la fecha de hoy un saldo provisional de seis muertos y decenas de heridos.

Condenamos firmemente, antes que todo, que a la fecha de hoy la empresa Polyplas,  aun no haya entregado a las autoridades la lista de los empleados que estaban laborando el día de la explosión en el lugar.

Lamentamos la actitud de genuflexión, una vez más,  del gobierno dominicano ante la actitud arrogante de algunos empresarios privados, en este caso  Manuel Diez Cabral,  quien se considera por encima de las leyes,  de los protocolos y de las autoridades y que llega a desmentir descaradamente hasta el mismo jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, Rafael del Rosario, respecto a las causas del hecho.

Lamentamos el silencio cómplice del ministro del Trabajo, Winston Santos, ante una tragedia que afecta de forma tan grave la clase trabajadora dominicana y que trae sombras preocupantes sobre los protocolos de seguridad y prevención de desastres en las empresas privadas.

“Recordamos que la República Dominicana es signataria de dos importantes convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en materia de protección y seguridad en el  trabajo”,ha declarado el Dr. Manuel María Mercedes presidente nacional de la CNDH-RD.

En el  año 2006 el país ha ratificado el  Convenio sobre los productos químicos  del 1990,  el cual indica precisas responsabilidades delos empleadores en el caso de las empresas donde  productos químicos son utilizados por sus empleados o donde estos estén a directo contacto con productos químicos, y en el 2015 ha ratificado el Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo del 2006,  cuyo objetivo es entre otros,  la “mejora continua de la seguridad y salud en el trabajo con el fin de prevenir las lesiones,enfermedades y muertes ocasionadas por el trabajo mediante el desarrollo de una política, un sistema y un programa nacionales, en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores”. Este último convenio establece directrices obligatorias para los países signatarios,  la gran mayoría de las cuales son inexistentes en nuestro país.

Condenamos  también la actitud violenta de la Policía Nacional,  que se demuestra una vez más una institución completamente inadecuada al rol que está llamada a desempeñar, llegando a reprimir con violencia los familiares de las víctimas.

Consideramos que sea necesaria y urgente la creación de una comisión de seguimiento integrada por autoridades, familiares de las víctimas y la Defensoría del Pueblo  para que de forma inmediata se pueda manejar la situación con la altura y el respeto a las víctimas  que se merecen y darle seguimiento a los daños y perjuicios de los afectados. Consideramos necesario y urgente además un registro de los daños a edificios públicos y privados afectados en el accidente y que a los desalojados se les garantice una ubicación segura y de calidad.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos exige  demás que de forma rápida, efectiva y eficaz sea establecida la cadena de  responsabilidades de lo ocurrido y que los responsables sean sometidos a la justicia, recordando que los dirigentes de la empresa, según el Código Civil y el Código Laboral son responsables civilmente por los daños sufridos como consecuencia de un accidente de trabajo. Condenamos que a la fecha,  el Ministerio Publico no haya ejercido aun la obligatoriedad de la acción pública, así como previsto en el Art. 30 del Código Procesal Penal y que bien se aplica a este caso.

Solicitamos a las autoridades correspondientes la realización urgente de un plan de ordenamiento territorial del Gran Santo Domingo disponiendo el traslado de empresas peligrosas en las afueras de la ciudad, para que tragedias como estas no vuelvan a repetirse.

Finalmente informamos a los familiares de las víctimas y de los desaparecidos que pueden recurrir a nuestra oficina donde un equipo de abogados de forma gratuita les asesorará en sus inquietudes.

Santo Domingo, D.N.

7 de diciembre del 2018

CNDH-RD FIJA POSICIÓN SOBRE EL PACTO MIGRATORIO DE LAS NACIONES UNIDAS

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos desea por esta vía fijar brevemente posición publica sobre el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular.   

El 19 de septiembre, de 2016, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, los 193 países miembros de la ONU reconocieron la necesidad de enfrentar el fenómeno migratorio, los desafíos que este significa para sus naciones y la necesidad de la protección de los derechos humanos de las poblaciones migrantes,  de una forma global e integral.

Adoptaron entonces la  Declaración de Nueva York para Refugiados y Migrantes, a través de la cual se iniciaron consultas para la adopción de un Pacto mundial  para una migración segura, regular y ordenada, así como para un pacto mundial específico para los refugiados.  

El Pacto Mundial se encuadra con el objetivo 10.7 del Programa de Desarrollo Sostenible de 2030 en el que los Estados Miembros se comprometen a cooperar internacionalmente para facilitar una migración segura, ordenada y regular.  

Desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la República Dominicana, manteniendónos fieles a la Misión, Visión y Valores que rigen nuestro accionar tanto en el plano nacional que internacional y que tienen como fundamento la solidaridad, el respeto y la más alta consideración del ser humano independientemente de  su nacionalidad, credo político, etnia, orientación sexual, religión o condición social, considera el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular una oportunidad histórica para enfrentar de manera global un fenómeno global y para  humanizar los procesos migratorios y post migratorios.  

Ya hemos visto que nadie detiene los seres humanos cuando huyen de situaciones difíciles como lo son la pobreza extrema, el miedo, la violencia, las guerras o hambrunas. Las respuestas que han dado lo gobiernos hasta ahora han sido ineficaces en solucionar este fenómeno y sobre todo no han solucionado el reto que tiene que ver con el respeto de los derechos humanos y fundamentales de las poblaciones migrantes y de los refugiados.  

Solamente dando respuestas efectivas, disponiendo protocolos seguros, canales regulares a frente de flujos ordenados,  será posible tal vez en un futuro,  hacer que la migración sea un libre elección y no una imposición dictada por necesidad.  

Respecto a la situación de nuestro país rechazamos las declaraciones de estos días respecto al Pacto Mundial   para la Migración Segura, Ordenada y Regular dictadas la mayoría de ellas sobre la base de xenofobia y fines electorales.  

Recordamos que el Pacto establece que “dentro de su jurisdicción soberana, los Estados podrán distinguir entre el estatus migratorio regular e irregular, incluso al decidir con qué medidas legislativas y normativas aplicarán el Pacto Mundial, teniendo en cuenta sus diferentes realidades, políticas y prioridades, y los requisitos para entrar, residir y trabajar en el país, de conformidad con el derecho internacional”.  

Pedimos a la prensa nacional de reportar noticias de forma objetiva sin ser bocina de sectores ultranacionalistas los cuales  defienden la soberanía nacional solamente cuando más les conviene.  

Demandamos finalmente al Estado dominicano que ratifique el Pacto el próximo 11 de diciembre.  

Santo Domingo, 1 de diciembre de 2018 *

CNDH-RD LLAMA AL ESTADO A IMPLEMENTAR POLÍTICAS PUBLICAS MÁS EFICACES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN TODAS SUS FORMAS

La Unidad de Género de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD), en apoyo incondicional  con la conmemoración del 25 de Noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se solidariza con las tres demandas de nuestras mujeres, niñas y adolescentes y une su voz al clamor de dolor e indignación de una población desprotegida para exigir políticas públicas que culminen con la erradicación de las diferentes formas de violencia en todo el mundo y especialmente en nuestro país.

1-Violencia Contra La Mujer: Nuestro país ocupaba el tercer lugar en feminicidios a diciembre de 2017; no podemos permitir que las instituciones gubernamentales sigan aplicando alrededor de 10 políticas públicas desde 2008 hasta la fecha, evidentemente ineficientes, pues no han logrado una disminución significativa de los feminicidios.

Las causas estimadas en nuestra sociedad son: falta de educación, cultura, concepto de familia patriarcal, machismo, un errado concepto relación hombre-mujer y fallas en las Políticas de Gobierno y en los protocolos de atención que desde el sistema de Justicia se les brinda a los casos de violencia de género e intrafamiliar.

¿Que origina esta masacre perpetuada en muchas ocasiones frente a los hijos, dejándolos sin protección ni futuro, y asesinándolos también en el peor de los casos? ¿Porque el Gobierno no controla esta barbarie?

El 80% de los casos de feminicidios, han pasado por la Unidad de Atención a Víctimas de la Fiscalía, sin encontrar la protección adecuada; estas víctimas acuden escondidas en busca de ayuda, ¿y que hace la Fiscalía? Les entregan un documento judicial en sus manos para entregar a sus verdugos.

¿Como podemos erradicar esta epidemia? La CNDH se une a la propuesta de llevar a través de la educación un concepto sano de masculinidad y familia a escuelas,barrios, lugares de trabajo y medios de comunicación; el Estado debe revisarse en sus diversas áreas relacionadas y asumir esta tragedia como suya, pues tiene gran parte de responsabilidad; el sistema educativo debe incluir este tema para eliminar la falsa supremacía del hombre sobre la mujer, que crece cosificándola; el Sistema Judicial debe dar seguimiento y protección a la mujer, así como revisar las penas.

2- Interrupción del Aborto en sus tres Causales:Solo República Dominicana y cuatro países más en América Latina  insisten en la penalización total del aborto,  conllevando a un aumento de las muertes de las mujeres pobres que se encuentran en la imposibilidad de llevar a cabo un aborto o porque victimas de incesto o violación, o porque el embarazo pone en riesgo su vida o porque el feto no tienen ninguna posibilidad de supervivencia.

La Dirección de Genero de la CNDH exhorta a modificar el Código Penal y proceder a despenalizar el aborto en sus tres causales para evitar que más mujeres pobres sigan muriendo.

Repetiremos las causas:1-Cuando la vida de la mujer corra peligro.
2-Cuando el embarazo sea producto de violación o de incesto.
3-Cuando el feto sea inviable fuera del útero materno.

Actuales encuestas muestran un incremento al apoyo de la Despenalización del Aborto en sus tres causales; “Este porcentaje muestra un aumento de dos puntos en el respaldo a las tres causales en comparación con el estudio de la Consultoría Interdisciplinaria en Desarrollo, CID Gallup Latinoamérica de 2015, cuando un 77 % era partidario de la interrupción del embarazo para salvar a la madre si está en riesgo.

Mientras un 76% apoya el aborto en caso de inviabilidad del feto (imposibilidad de vida fuera del vientre de la madre); y un 67% cuando la gestación es producto de una violación o de un incesto.”

3-Matrimonio infantil: La Unidad  de Género de la CNDH-RD  recuerda que el  proyecto que limita a 18 años la edad mínima de matrimonio, fue aprobado  en la Cámara de Diputados en mayo de 2017, en virtud de la eliminación del artículo 146 del Código Civil , pasándola a la Cámara de Senadores para su estudio, ponderación y aprobación.

La Unidad  de Género de la CNDH exhorta a su aprobación a la mayor brevedad posible debido a la gravedad y urgencia de la situación actual.

Una sociedad que cierra los ojos y permite las uniones entre niños y mayores, debe revisarse: no solo es una violación a los derechos de niños, niñas y adolescentes moral y ética, es acabar con sus esperanzas  y con  el futuro de la sociedad.

Estas niñas tendrán más hijos, más pobreza, tendrán más probabilidades de ser víctimas de abuso hasta llegar a influir en la sociedad completa, limitando el crecimiento económico y el desarrollo educacional y económica de nuestro país.

La Unidad de Género de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, compromisaria  de la Coalición por la Vida y los Derechos de las Mujeres  invita a la caminata de este domingo 25 de noviembre, desde la Correa y Cidrón hasta el frente del Congreso Nacional.

#NiUnaMenos,

Por la Unidad  de Género de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,

Clarisa Gil Batlle                                                         Angela Modesto

    Directora                                                                        Vicedirectora

CNDH-RD SUSCRIBE COMPROMISO POR EL FIN DE LA IMPUNIDAD

MANUEL MARÍA MERCEDES EXHORTA A TODOS LOS SECTORES A FIRMAR EL COMPROMISO

RUEDA DE PRENSA COMPROMISO MARCHA VERDELa Comisión Nacional de los Derechos Humanos de República Dominicana suscribió hoy domingo 11 de noviembre, el Compromiso Verde por el Fin de la Impunidad, y dio inicio a la promoción de sus propuestas de transformaciones institucionales entre todos sus integrantes y allegados.

Durante su Asamblea Nacional realizada  en la sede de la CNDH-RD, su presidente, Manuel María Mercedes, valoró las siete propuestas de transformaciones institucionales incluidas en el Compromiso Ciudadano elaborado por Marcha Verde, y aseguró que las mismas permitirán llevar a la cárcel a los corruptos, recuperar el dinero robado y desmontar el régimen de impunidad instalado en las cortes y todo el aparato judicial.

“Todas las personas y organizaciones que luchamos por la protección de los derechos humanos tenemos el deber de comprometernos con la lucha por el fin de la impunidad, porque el robo de los recursos públicos no es otra cosa que el robo y la destrucción de la capacidad del Estado para garantizar servicios básicos de calidad a la población. Invitamos a todo el país a sumarse a esta iniciativa de Marcha Verde”, declaró María Mercedes durante el acto de suscripción del documento.

Manuel María Mercedes, además, dijo que el Compromiso Verde constituye una de las iniciativas más sólidas del movimiento por el Fin de la Impunidad, porque, a su juicio, al final el documento quedará como un mecanismo de articulación y direccionalidad para las diferentes fuerzas sociales y políticas que lo firmen.

La firma del Compromiso implica, primero, la renuncia y denuncia de cualquier tipo de práctica de corrupción e impunidad, incluyendo la compra de votos, los privilegios, abuso de poder, la prevaricación, entre otras. Se asume y promueve una cultura de ciudadanía y política para el bien colectivo.

Y en cuanto a las propuestas de reformas y acciones contra la corrupción y la impunidad, quienes firman exigen y promueven:

  1. Cárcel a los responsables de los grandes casos de corrupción y recuperación del dinero robado al pueblo dominicano.
  2. Cancelación de todo contrato del Estado con empresas mafiosas, como Odebrecht.
  3. Investigación independiente de la relación contractual de la Presidencia de la República con el delincuente internacional Joao Santana, asesor del presidente Danilo Medina.
  4. Justicia Independiente, a través de la reconfiguración del Consejo Nacional de la Magistratura, para que el tigueraje político no pueda estar dirigiendo tribunales. Se propone sacar al Procurador del CNM y nombrar un Fiscal Anticorrupción independiente del Poder Ejecutivo, que esté nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura por un período de seis años, renovable solo una vez.
  5. Sacar a los dirigentes políticos de la Cámara de Cuentas ya! Nombrar a personas capaces e independientes de los partidos.
  6. Diseñar y aplicar un nuevo marco político y electoral, que sancione drásticamente las prácticas que violentan la voluntad popular: el clientelismo, la compra de votos, el financiamiento ilícito, entre otros.
  7. Promover que cualquier cambio a la Constitución para aplicar las propuestas del compromiso se hagan por la vía más democrática posible, que, desde nuestro punto de vista, es una asamblea constituyente. Santo Domingo, domingo 11 de noviembre del 2018

 

CNDH-RD CONDENA MASACRE DE LA DNCD EN EL MERCADO DE CAPOTILLO

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos denuncia y condena ante la opinión pública nacional e internacional la masacre ocurrida en el mercado nuevo de Capotillo a manos de una patrulla de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el pasado 25 de octubre.

Definitivamente podemos decir que estamos frente a organismos de seguridad que no manejan ni siquiera los mínimos protocolos de uso de la fuerza letal y que consideran las calles como si fueran un escenario de una película de vaqueros del Viejo Oeste.

Un tiroteo a lo loco, entre los transeúntes y ciudadanos que se dedicaban a sus trabajos,  ha dejado un saldo de dos hombres muertos, comerciantes honestos y trabajadores y varios heridos.

Esa fue la brutal y desaprensiva respuesta de un patrulla de la DNCD que se encontraba en el lugar por un allanamiento y que de esa forma reaccionó solamente porque alguien le tiró un botella en la camioneta en la que iban.

“Esa situación no puede quedarse así, exigimos primeramente que los responsables de ese acto barbárico sean asegurados a la justicia y segundo que el jefe de la DNCD, mayor general José Eugenio Matos de la Cruz, se comprometa a revisar los requisitos y protocolo de ingreso en la DNCD así a implementar cursos y talleres de formación para sus agentes” ha declarado el Dr. Manuel María Mercedes, presidente  de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Por otro lado informamos que una relación detallada de los hechos será enviada a las organizaciones internacionales de las que somos parte.

Santo Domingo,

1 de noviembre del 2018

CNDH-RD CONDENA TRIBUNAL OTORGUE LIBERTAD A IMPLICADOS EN VENTA DE LOS TRES BRAZOS

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos condena el otorgamiento  de la libertad a los implicados en la venta de los terrenos de los Tres Brazo, decisión tomada en una audiencia secreta el pasado 19 de octubre.

Una vez más la justicia de hace garante de un puñado de malhechores en contra de los derechos vulnerados del pueblo dominicano.

Fuente: Diario Libre

SANTO DOMINGO. La decisión de la Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional de variar la coerción a los siete imputados que estaban presos por la venta irregular de los terrenos de Los Tres Brazos, generó disgusto entre los residentes de ese barrio.

El dirigente comunitario Fernando Morillo, quien forma parte de la directiva del Comité de Lucha por la Defensa de Los Tres Brazos, expresó que la decisión desacredita al sistema de justicia.

Mientras que Manuel María Mercedes, quien es el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, considera que a pesar de la intranquilidad que generaron a los moradores de ese barrio de Santo Domingo Este, la Justicia ha sido benévola con los imputados.

Sin embargo, pese a ser favorecidos con un cambio de medida de coerción, los implicados en ese caso se mantendrán en Najayo hasta que aporten las garantías económicas millonarias que les impusieron pagar en efectivo, además de los costosos brazaletes electrónicos.

A Julio Gómez, Manuel Aybar y Juana Inés Gómez, la Corte les impuso el pago de 5 millones de pesos en efectivo en la cuenta de la Procuraduría General de la República, además deberán usar grilletes, estarán sujetos a la prisión domiciliaria y no podrán salir del país.

Leoncio Almánzar, José de Pool Dominici y Carlos Gómez deberán pagar una garantía de 10 millones de pesos en efectivo. Mientras que a Domingo Lebrón le impusieron el pago de tres millones.

Los delitos cometidos

El grupo es imputado de participar presuntamente en la comisión de diversos actos ilícitos con la supuesta venta irregular de los terrenos de Los Tres Brazos. Entre los delitos cometidos figura la prevaricación, abuso de jurisdicción, falsedad y uso de documentos falsos.

CNDH-RD DENUNCIA PATRÓN DE ABUSOS POLICIALES EN SAN PEDRO DE MACORÍS

AGRESION BAVARO 1La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD)  ha recibido a través de su filial de San Pedro de Macorís informaciones de repetidos y reiterados casos de violaciones de derechos humanos cometidas por integrantes de la Policía Nacional,  a daños de ciudadanos de este pueblo.

En pocos días hemos recibido varios casos de  denuncias de golpizas, insultos y atropellos  propinados por agentes de la policía hacia ciudadanos humildes y trabajadores en su mayoría jóvenes y motoconchistas.

Hemos de hecho recibido varias denuncias de motoconchistas, recogidas también por los medios de comunicación de esta ciudad, de la  práctica abusiva de detener personas que andan en motocicleta las cuales terminan siendo apresadas a pesar de tener todos sus documentos en orden.

Nuestra organización ha recibido también varias denuncias respecto a comportamientos abusivos de otras instituciones del orden como el DICAN, la Dirección Nacional de Control de Drogas y de DIGESETT  hacia la ciudadanía. Seguir leyendo “CNDH-RD DENUNCIA PATRÓN DE ABUSOS POLICIALES EN SAN PEDRO DE MACORÍS”

FIDH: CONGRESO DOMINICANO DEBE APROBAR DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO EN 3 CASUALES

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junto a

Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres

CNDH (Comisión Nacional de los Derechos Humanos) 

Congreso dominicano debe aprobar despenalización del aborto en 3 causales

 Comunicado conjunto

Santo Domingo, París, 22 de Octubre de 2018.– La FIDH, la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres, coalición integrada por más de 80 organizaciones sociales, y la CNDH, organización miembro de la FIDH en el país, hacen un llamado a los miembros del Congreso dominicano a que den trámite de manera pronta y aprueben el proyecto de Código Penal que regula la despenalización del aborto en 3 causales. La adopción y implementación de esta ley permitiría  garantizar un mínimo de derechos a la salud y a la dignidad de las mujeres, conforme a los compromisos internacionales de derechos humanos del Estado dominicano.

La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados se encuentra actualmente analizando el proyecto de reforma al Código que incluye la despenalización del aborto en 3 causales: cuando corre riesgo la vida de la mujer, cuando el embarazo es inviable o cuando es producto de violación o incesto. Este es solo un primer paso en la defensa de los derechos de las mujeres dominicanas. Las organizaciones reafirman la importancia de que estas causales entren ya en la reforma al Código Penal y no en un proyecto de ley aparte como algunos diputados lo han planteado, pues esto solo busca enterrar la posibilidad de poder legislar sobre la despenalización parcial del aborto. Seguir leyendo “FIDH: CONGRESO DOMINICANO DEBE APROBAR DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO EN 3 CASUALES”