Categoría: Marcha Verde

Nota de Prensa,
Martes, 9 de julio de 2019,
Santo Domingo, D.N.

 

En rueda de prensa celebrada en la mañana de este martes, en la explanada de la Procuraduría General de la República, varias entidades informaron que solicitaron formalmente a las autoridades judiciales de Brasil, Estados Unidos de América y de la Confederación Suiza a que abran una investigación sobre el cumplimiento de Odebrecht del acuerdo de culpabilidad que esta empresa firmó con estos países, en Nueva York, EUA, el 21 de diciembre de 2016.

El Observatorio Dominicano de Políticas Públicas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la República Dominicana, el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático y Marcha Verde dijeron que en el acuerdo de culpabilidad que Odebrecht suscribió en diciembre del 2016, se comprometió a dar a conocer todas las informaciones y documentos de los actos de corrupción que realizó para obtener contratos de obras en países de América Latina y África, y particularmente en República Dominicana entre los años 2001 y 2014.

Afirmaron que la semana pasada depositaron la solicitud ante las embajadas de esos países en el país y la despacharon también vía internet a la Procuradora General de la República Federativa de Brasil, Raquel Elías Ferreira Dodge, al Fiscal General de la Confederación Suiza, Michael Lauber y al Secretario de Justicia de Estados Unidos de América, William Barr.

Explicaron que se debe esclarecer si Odebrecht cumplió o no con la entrega de todas las informaciones y de todos los documentos en los países donde cometió sus delitos como se comprometió en el acuerdo, frente a la revelación realizada el 25 de junio pasado, por el Consorcio internacional de Periodistas de Investigación, de que la empresa brasileña había pagado más de 39 millones de dólares en sobornos para Punta Catalina a través de su Departamento de Operaciones Estructuradas.

Manifestaron que la opinión pública es testigo de la controversia que se ha producido. Mientras Odebrecht dice que entregó todas las informaciones, incluidas las recientemente reveladas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el Procurador General de la República Dominicana, Jean Alain Rodríguez, niega en un comunicado oficial publicado el 28 de junio pasado, que la empresa le suministrara estas informaciones.

En la carta que remitieron, las entidades destacan que es muy importante que estas autoridades “esclarezcan si Odebrecht omitió y ocultó información y documentos relacionados con sus actos de corrupción admitidos en el acuerdo de culpabilidad del 21 de diciembre de 2016, porque si así fuese, constituiría una grave violación a este acuerdo y en consecuencia acarrearía fuertes sanciones para la empresa infractora”.

Explican en su comunicación que “hasta el momento, la Procuraduría General de la República Dominicana había descartado que en el gigantesco proyecto de Punta Catalina se hubiesen realizado actos de corrupción, a pesar de que en la delación premiada del antiguo gerente de Odebrecht en el país, Marco Antonio Vasconcelos Cruz afirmó que se habían pagado sobornos a legisladores para que aprobaran los préstamos a esta obra, y de que más de la mitad de los 92 millones de dólares pagados en sobornos por Odebrecht en el país se desembolsaron entre los años 2013 y 2014, período en que se licitó, se contrató y se aprobaron los préstamos de Punta Catalina”.

En opinión de las organizaciones, en el proyecto de Punta Catalina ha existido una colusión entre las autoridades dominicanas y Odebrecht, por lo cual la empresa no ha tenido interés de suministrar mayores informaciones que refuercen su culpabilidad, ni las autoridades las han demandado y las que están disponibles, las han ignorado.

“Durante los últimos años ha existido un complejo esquema de colusión entre las autoridades dominicanas y Odebrecht, que ha encubierto los actos de corrupción en Punta Catalina en los cuales están directamente implicados altos funcionarios, a cambio de que la empresa continúe con la contracción de la obra, a pesar de que las leyes nacionales prohíben que empresas que hayan incurrido en corrupción puedan ser suplidores o contratistas del Estado”, explican en la correspondencia.

También denuncian en la carta que el Poder Ejecutivo creó, en abierto desconocimiento de la independencia de los Poderes Públicos establecida en la Constitución, una comisión de investigación sobre Punta Catalina que determinó que no se había cometido ningún delito en esta obra. Basado en el informe de esta comisión, la Procuraduría General de la República excluyó a Punta Catalina del proceso seguido por la Suprema Corte de Justicia a los acusados de recibir sobornos de parte de Odebrecht.

Igualmente señalan en la misiva que durante más de dos años, el Tribunal Constitucional se negó a fallar sobre la acción de inconstitucional sobre el decreto 6-17 y de la comisión que éste creó, y cuando falló obvió abordar el fondo, “con lo que este tribunal también colaboró con mantener impune los actos de corrupción de Punta Catalina”.

Consideraron que la investigación que están solicitando ayudará a quebrar la impunidad que hasta el presente ha existido a favor de los delitos en Punta Catalina y para que sean finalmente juzgados por una justicia independiente.

Observan en la carta que el carácter transnacional del delito de corrupción y la existencia del acuerdo de culpabilidad suscrito por Odebrecht con Brasil, EUA y Suiza, “crean la base para la acción conjunta y la cooperación entre las diferentes jurisdicciones, sin desmedro de la soberanía nacional, en la persecución, enjuiciamiento y castigo de estos delitos”.

Al respecto, el martes, 18 de junio pasado, las entidades anunciaron que habían invitado al Fiscal General de Milán, Isidoro Palma, a que viniera al país a proseguir la investigación que inició en abril, sobre la participación de la empresa italiana Grupo Maire Tecnimont en actos de corrupción de Punta Catalina.