La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD)
exige la libertad inmediata sin cargos para Grabriel Sánchez vocero del Frente Amplio
de Lucha Popular (FALPO) y de los demás activistas de esa organización detenidos
esta mañana por haber lanzado excrementos
a la Suprema Corte de Justicia.
Llamamos por lo tanto todos nuestros activistas y
abogados a presentarse mañana, martes 8 de enero a las 10 am, frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva e
invitamos a todas las filiales del país
a expresarse consecuentemente.
Entendemos que las autoridades, en ese ejercicio
colectivo de reflexión que debieron haber hecho en el día de hoy en el que se
celebra el Día del Poder Judicial, así como les sugerimos en nuestro anterior documento
de prensa, tendrían que interrogarse sobre la legitimidad de esa forma de
protesta que no le hace daño a nadie y por ende puede definirse pacífica y que
expresa sencillamente el verdadero sentimiento de rechazo del pueblo dominicano
hacia el sistema de justicia imperante en nuestro país, así como indicado en las recientes encuestas.
En lugar de condenar los jóvenes del Falpo, sería
mucho más responsable y coherente de parte de las autoridades correspondientes,
pedirles perdón al pueblo dominicano como
solicitamos en el anterior y ya citado documento, por las ejecuciones
extrajudiciales, los abusos policiales, las detenciones arbitrarias, los actos de corrupción,
el tráfico de influencias, la venta de sentencias y de libertades, la impunidad
de la que gozan victimarios y carniceros, y por todo el infierno que les toca
soportar a las ciudadanas y ciudadanos dominicanos que tienen que cruzarse en algún momento de sus vidas con el Poder Judicial.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la
República Dominicana (CNDH-RD), considera este 7 de enero del 2019, que
lejos de celebrar este Día del Poder Judicial, las autoridades
competentes deberían reflexionar y
pedirles humildemente disculpas al
pueblo dominicano.
Disculpas por las tantas muertes inocentes a manos de
los organismos de “seguridad” del Estado en los mal llamados “intercambios de
disparos” y cuyos familiares nunca tendrán justicia.
Disculpas por los miles de presos en las cárceles de nuestro país detenidos
cuyos términos de prisión preventiva se han vencido y que nunca han sido
llevados en una sala de un tribunal.
Disculpas por un sistema de justicia secuestrado por
el partido-Estado que maneja a su antojo sentencias, jueces, libertad, vida y
muerte.
Disculpas por una justicia selectiva donde la
diferencia la hace la clase, el partido y el color de la piel en muchos casos.
Disculpas por todo esto y mucho más.
“Efectivamente no hay nada que celebrar” ha declarado
el Dr. Manuel María Mercedes Medina, presidente nacional de la CNDH-RD, refiriéndose a las celebraciones anunciadas
por la Suprema Corte de Justicia a las cuales participará también el presidente
de la República.
“De hecho somos espectadores una vez más de las
inútiles escenificaciones con las que el Estado quiere maquillar la
ineficiencia y la corrupción que imperan en el Poder Judicial y que transforman
la vida de los ciudadanos que tienen asuntos pendientes o que son vinculados
con la justicia, en un verdadero
infierno” ha expresado el Dr. Mercedes.
Denunciamos como ejemplo, el infierno en el que se ha transformado la vida del ciudadano Andrés Trinidad Mejia, quien ha transcurrido un año y medio preso injustamente en la cárcel de la Victoria por un asesinato que no ha cometido; infierno que sigue viviendo después de su liberación ya que ahora tratan de involucrarlo en un robo que no ha cometido.
Mientras hoy las autoridades celebran el Día del Poder
Judicial, en estos mismos días Andrés Trinidad Mejia corre el riesgo de ser
asesinado por sectores de la Policía Nacional vinculados a robos que se cometen
contra la empresa Philip Morris,
orquestados por un ejecutivo de dicha empresa en coordinación con policías
corruptos, ex militares y delincuentes comunes quienes roban, matan y realizan
sometimientos judiciales ante la indiferencia (o complicidad?) del Ministerio
Público.
A Andrés Trinidad Mejía el Poder Judicial le ha
violentado todos sus derechos: lo han detenido injustamente una primera vez,
después de haberle otorgado finalmente la libertad se le obliga todos los meses
a ir a Santiago a firmar, en el traslado ilegal de Santo Domingo a
Santiago le han falsificado su firma y
la firma de su abogado, le tienen secuestrada la resolución de su sentencia
desde el mes de mayo del 2018 y finalmente
le han robado hasta su herramienta de mecánico.
Denunciamos también como ejemplo de cómo funciona el Poder Judicial en nuestro país el infierno en el que se ha transformado la vida de los familiares de Rodorfo Cesarín Castillo Piña, el joven de 26 años asesinado el día 26 de diciembre del 2018 en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís presuntamente por sicariato. Al joven se le han violentado todos sus derechos, llegando a la muerte, propio por las deficiencias del Poder Judicial que las autoridades están celebrando en estas horas.
Rodorfo Cesarín Castillo Peña ha estado detenido más
de dos años como preventivo (cuando el límite máximo de prisión preventiva es
de un año) en San Pedro de Macorís sin ser registrado en ese centro y por lo
tanto prácticamente sin supervisión de la Procuraduría General de la República.
Tratándose de un interno psiquiátrico se le han negado en los últimos 5 meses
sus medicamentos necesarios a controlar su estado emocional, ha sido torturado
los cinco días previos a la muerte, cuando ha sido encontrado con la cabeza en
un inodoro esposado con las manos detrás de las espaldas ido encontrado con la cabeza
en un inodoro esposado con las manos detrás de las espaldas. A pesar de todo
esto los responsables del recinto penitenciario afirman que Castillo Peña se
ahogó, cosa que desmiente el certificado médico legal y el sentido común (¿cómo
es posible ahogarse en un inodoro sin agua estando esposado por detrás?). Como
si no fuera suficiente, el agente penitenciario presuntamente señalado por
haber cometido el hecho sigue libre y trabajando como si nada hubiera ocurrido.
Finalmente citamos el homicidio de la señora Eulalia Taveras, violada y brutalmente asesinada por su exyerno Leo Zapete, cuyo cuerpo ha sido encontrado en una cañada en la Gina de Miches en el mes de septiembre del 2017. El caso ha sido aplazado ya 5 veces porque nunca se presenta al tribunal el mayor Roberto Albuquerque, oficial investigador del caso, quien ha realizado la investigación y quien tiene todos los elementos, que nunca ha depositado, que permitirían incriminar definitivamente el asesino, y sobre el cual pesan ya tres órdenes de arresto por el Tribunal, ordenes firmadas, selladas y depositadas en la Jurídica, las cuales no son acatadas por la Policía Nacional.
Y estos son apenas tres casos emblemáticos, a los que
estamos dando seguimiento, ¿cuántos ocurren sin que las noticias lleguen a los
medios o a nuestra oficina?
Que sigan, que sigan celebrando las autoridades
dominicanas ese circo llamado Poder Judicial.
Disculpas deberían estar humildemente pidiendo al
pueblo dominicano y a todas las víctimas inocentes cuyos verdugos gozan en la
impunidad.
Santo Domingo, D.N. 7 de enero del 2019 Día del Poder Judicial
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) 