Por Dr. Manuel María Mercedes
Presidente Nacional Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD)
(La siguiente es la ponencia del Dr. Mercedes en el Foro Interinstitucional para la Reforma Policial organizado por PN y FINJUS el 7 de julio de 2015)
Podemos decir sin dudas que la reforma policial es un viejo anhelo de la toda la sociedad dominicana en su conjunto, no solamente de los defensores de derechos humanos. Sin temor a equivocarnos, podemos decir también que la actual Policía Nacional, representa, así como está estructurada, un organismo anacrónico y estridente respecto a las demás instituciones del Estado que de una forma u otra, están al paso con los modernos tiempos en que vivimos hoy en día nosotros y los demás países del mundo.
Por diferentes razones la Policía Nacional, entre todas las instituciones públicas dominicanas es la que más se ha quedado atada al pasado y a la historia. Sin embargo, al definirse el Estado dominicano según la nueva constitución del 2010, como un “Estado Social y Democrático de Derecho”(Art. 7), el cambio en esa institución se ha ido haciendo cada día siempre más necesario.
Esta Constitución, la del 2010, que tantos retos y tantas piedras miliares importantes pone respecto a la institucionalidad del Estado, marca también la diferencia entre la Policía Nacional y el Ejercito, siendo este un cuerpo militar o de defensa del Estado y aquella un cuerpo de “naturaleza policial” y “obediente al poder civil”.
Esa obediencia al poder civil es lo que marca la diferencia entre una policía de vieja concepción que ejerce tareas propias del poder militar y una policía de moderna concepción como por ejemplo la hay en algunos países del norte del Europa.
Esta diferencia tiene importantes repercusiones en el actuar práctico respecto a la ciudadanía y en la organización del trabajo de los efectivos de la Policía Nacional. Lamentablemente, sabemos que hoy en día la realidad es diferente ya que nuestra Policía Nacional actúa muchas veces más como un organismo de represión del Estado que como la institución que debe “salvaguardar la seguridad ciudadana” como establecido por su Misión en el artículo 255 de la Constitución.
Ahora bien, ¿cómo es la Policía Nacional que queremos?
Las directrices que auspiciamos guiarán la nueva Policía Nacional son las siguientes:
- Responsabilidad ante la Ley. La Policía Nacional y por ende sus efectivos, deben responder antes que todo a la Constitución, las leyes nacionales y a los tratados internacionales firmados y ratificados por la Republica Dominicana y luego a las órdenes o mandos de los superiores o jefes, siempre y cuando estos están a pegados a la Ley. Ya no existe el concepto de “obediencia debida” y este ha sido eliminado del ordenamiento jurídico de la mayoría de los países latinoamericanos, entre los cuales recordamos Argentina y Chile donde las leyes de obediencia debida se utilizaron para justificar crímenes de lesa humanidad en las épocas de las dictaduras. En el derecho internacional de los derechos humanos tampoco son reconocidas. Estamos en democracia, o sea el gobierno de muchos y no en épocas donde la personificación del poder representaba la ley.
- La policía debe proteger, respetar y defender los derechos humanos y el marco de acción en ese sentido será representado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
- La policía debe ser transparente en su accionar y rendir cuentas ante la Ley, el Estado y la opinión pública nacional e internacional.
Y antes que todo, como en repetidas ocasiones hemos dicho, la reforma policial de la cual saldrá ese nuevo organismo, tiene que ser una reforma integral, o sea que abarca todos los aspectos.
Sería hipócrita e injusto exigir una Policía Nacional que respete los derechos humanos, sin abogar por el respeto pleno de los derechos de los miembros de la policía, y así deseamos que sus salarios sean adecuados al costo de la vida pero también al trabajo que hacen, que tengan derecho de voto, pero también derecho de afiliarse en sindicatos.
Lo que es evidente en el proyecto actual de reforma de la Policía Nacional es que el objetivo principal parece ser el de reforzar tanto la parte educativa y formativa cuanto la de equipos e infraestructura. Creemos que estos puntos, a pesar de ser muy importantes, no deben representar el único aspecto de la futura reforma policial por el simple hecho que nunca le ha faltado, objetivamente, a los miembros de la Policía Nacional atención en formación y educación. Inclusive brindada y solicitada varias veces por la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Creemos que el resultado principal de la reforma policial deba ser una Policía Nacional cercana a la gente, radicalmente transformada en su imagen y su esencia, de naturaleza civil y no militar y capaz de ser referente de la población y de las necesidades que esta tiene de protección y seguridad.
Imagen renovada, está claro. Que el policía deje de parecer un soldado. Que se parezca más a un profesional de la seguridad que un militar. Que se abandone el verde y las botas de la época de Trujillo para dar espacio a un policía serio, moderno y elegante. Que se dejen las escopetas con las que muchas veces nuestros policías parecen jugar, apoyadas a las espaldas o en el piso, que hacen ondear o llevan colgadas de lado en las motocicletas. El policía moderno no tiene necesidad de ostentar el arma. Imagen renovada decíamos, pero también y sobre todo estructura y organización renovadas.
Una policía civil y moderna no pude regirse todavía en la figura anacrónica del “jefe” o en los rangos de tipo militar.
Si bien es cierto que la Policía Nacional debe depender directamente del Presidente de la República, como establece la Constitución, es también cierto que la dependencia institucional directa de la Policía Nacional debe ser con el Ministerio de Interior y Policía.
En el aspecto organizativo resaltamos que la transformación en una organización civil moderna debería ser tangible también respecto a todos los organismos que componen la Policía Nacional como por ejemplo el Consejo Superior Policial cuya conformación y composición debe respetar los principios de ética, transparencia y dependencia directa del poder civil o de la Dirección Central de Asuntos Internos, que es imprescindible para nosotros que esté a cargo del Ministerio de Interior y Policía.
Esperamos de la reforma policial que se revisen completamente las políticas de recursos humanos como el reclutamiento, la promoción, los mecanismos de destitución que deben ser serios, claros y transparentes y los mecanismos de rendición de cuentas. Esperamos que se implementes mecanismos de control independientes que proporciones también datos estadísticos respecto a los homicidios y muertes violentas cometidas por la policía.
La reforma debe tener en cuenta los cambios legislativos que sean necesarios para implementar una institución que sea verdaderamente al paso con los tiempos y cuyas relaciones con las otras instituciones sean a la vez también claras y transparentes verificables por la sociedad civil.
Una reforma integral de la policía no puede dejar de un lado la parte relativa a las violaciones que agentes policiales en ejercicio de sus funciones puedan cometer hacia los ciudadanos y las reparaciones que resultan luego de haberse comprobado la veracidad de las denuncias de violaciones de abusos policiales.
Creemos que la práctica de instituir comisiones policiales integradas en su mayoría por agentes de la policía nombrados por el jefe de la policía no responde a criterios de transparencia y objetividad y no ofrece ninguna garantía a la sociedad civil. Según el derecho internacional para que las investigaciones sean independientes los investigadores no pueden depender de la información facilitada por las mismas personas implicadas en los abusos policiales. Auspiciamos que se instituya un Cuerpo Técnico de Investigación verdaderamente independiente y que responda de forma directa al Ministerio Publico.
Por otro lado creemos también que el Ministerio Publico debería emprender una investigación independiente en todo caso en que el accionar de los agentes policiales esté siendo cuestionado o hay serios indicios de abuso de fuerza, independientemente de que la víctima o sus familiares interpongan una denuncia formal.
En la actual reforma policial hay que implementar mecanismos de reparación para la victimas que sean efectivos y que se cumplan. En los casos de abusos policiales en los que se establecen daños civiles contra ciudadanos, además de la responsabilidad personal de los agentes policiales tiene que ser establecida también una responsabilidad civil de la institución independientemente de que los afectados se querellen con constitución de actores civil o no.
Recordamos finalmente que el proceso de reparación a las víctimas de abusos policiales según el derecho y las normas internacionales comprende:
- La restitución: cuando posible hay que devolver a la victima la situación anterior a la violación de sus derechos.
- La indemnización: compensar toso los perjuicios económicamente evaluables.
- La rehabilitación: incluye atención médica y psicológica, servicios jurídicos y sociales.
- La satisfacción: es una disculpa pública con reconocimiento de los hechos y aceptación de la responsabilidad por parte del Estado, además obviamente de aplicación de sanciones penales para los responsables.
- Garantía de no repetición: todas las medidas dirigidas a prevenir futuras violaciones de derechos humanos.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) 