CNDH-RD visita Los Guandules

Una delegación de la Comisión nacional de los Derechos Humanos visita la comunidad de Los Guandules afectada por desalojos forzosos. No se puede, en nombre del progreso, violentar derechos. No se puede, para salvaguardar algunos derechos, violentar otros.

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Bávaro: Desalojan residentes de Haití Chiquito que tenían más de 30 años en el lugar

Bávaro: Desalojan residentes de Haití Chiquito que tenían más de 30 años en el lugar Fuente: El Tiempo
Bávaro. El Ministerio Público, auxiliado por la Policía Nacional desalojó a unas 30 familias que vivían en el sector de Haití Chiquito, en Bávaro, algunos de los cuales habían revelado que tienen más de 30 años viviendo en el lugar, acorde a publicaciones anteriores de este medio. El desalojo fue ordenado por el Estado,  luego de que un hotel cercano al sector de “solicitara el otorgamiento de la fuerza pública para recuperar su propiedad de manos de terceros, quienes de manera ilegal invadieron los terrenos debidamente amparados en su Certificado de Titulo, ya que la empresa habían agotado todo el procedimiento legal correspondiente”, según indica el informe de desalojo. Sin embargo, en marzo del año pasado, cuando se les notificó la salida a los residentes de esta empobrecida comunidad,  José María Martínez Mercedes, de 70 años, uno de los primeros pobladores de la zona, indicó que esos terrenos son parte de seis mil tareas de tierra que él le compró a la Iglesia católica, hace más 30 años. El sector de Haití Chiquito es uno de los más vulnerables de este distrito Verón-Punta Cana. Cada vez que llueve con intensidad se inunda por completo, dañando gran parte de los electrodomésticos de los residentes de este lugar. Los enseres de los ocupantes han sido auditados y depositados en un almacén facilitado por el Ayuntamiento de Higüey, donde están debidamente resguardados para posteriormente ser entregados a sus propietarios. ………………………………………………………………………………………………………… INFORMACIONES ADICIONALES SOBRE LOS DESALOJOS FORZOSOS. FUENTE CNDH Desalojos forzosos- Naciones Unidas Los desalojos forzosos constituyen graves violaciones de una serie de derechos humanos internacionalmente reconocidos, en particular los derechos humanos a una vivienda adecuada, a la alimentación, al agua, a la salud, a la educación, al trabajo, a la seguridad de la persona, a la libertad de tratos crueles, inhumanos y degradantes, y a la libertad de circulación. Los desalojos forzosos con frecuencia están vinculados a la falta de una tenencia jurídicamente segura, lo que constituye un elemento esencial del derecho a una vivienda adecuada. Los desalojos forzosos comparten muchas consecuencias similares a las derivadas de los desplazamientos arbitrarios, en particular el traslado de la población, las expulsiones en masa, los éxodos en masa, la depuración étnica y otras prácticas que significan el desplazamiento coaccionado e involuntario de personas de sus hogares, tierras y comunidades. Como resultado de los desalojos forzosos a menudo las personas se quedan sin hogar y en la miseria, sin medios de ganarse la vida y, en la práctica, sin un acceso real a recursos jurídicos o de otro tipo. Los desalojos forzosos intensifican la desigualdad, los conflictos sociales y la segregación, que invariablemente afectan a los sectores de la sociedad más pobres, más vulnerables social y económicamente y a los marginados, especialmente a las mujeres, a los niños, a las minorías y a los pueblos indígenas. La obligación de los Estados de abstenerse de los desalojos forzosos y de proteger contra los desalojos de los hogares y de la tierra se deriva de varios instrumentos jurídicos internacionales. Entre éstos figuran la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (párr. 1, art. 11), la Convención sobre los Derechos del Niño (párr. 3, art. 27), las disposiciones sobre la no discriminación que figuran en el párrafo 2 h) del artículo 14 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y el párrafo e) del artículo 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. En su resolución 1993/77, la Comisión de Derechos Humanos declaró que la “práctica de los desalojos forzosos constituye una violación grave de los derechos humanos, en particular el derecho a una vivienda adecuada”. En 1977, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales publicó su Observación general No. 7 sobre los desalojos forzosos. Los desalojos se pueden llevar a cabo de forma legal, únicamente en circunstancias excepcionales y de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho internacional relativo a los derechos humanos y del derecho humanitario. En 2007, la Relatora Especial sobre una vivienda adecuada presentó al Consejo de Derechos Humanos un conjunto de “Principios básicos y directrices sobre los desalojos y el desplazamiento generados por el desarrollo”. Estas directrices tienen por objeto ayudar a los Estados a elaborar políticas y legislaciones para evitar los desalojos forzosos en el ámbito nacional. Los Principios básicos y directrices sobre los desalojos y el desplazamiento generados por el desarrollo representan una evolución de las Directrices completas de las Naciones Unidas para los derechos humanos en relación con los desplazamientos basados en el desarrollo . (E/CN.4/Sub.2/1997/7, anexo). Los Principios básicos y directrices sobre los desalojos y el desplazamiento generados por el desarrollo figuran en el anexo 1 del informe de la Relatora Especial, A/HRC/4/18:
inglésfrancés | español | rusoárabe | chino Otros enlaces: Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general No. 7- El derecho a una vivienda adecuada: desalojos forzosos (párrafo 1 del artículo 11 del Pacto) 
inglés | francés | españolruso | árabe | chino Folleto informativo No. 25- Los desalojos forzosos y los derechos humanos 
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CNDH-RD RECHAZA Y CONDENA DESALOJOS ILEGALES QUE SE REALIZAN EN TODA LA REGIÓN ESTE DEL PAÍS CON LA COMPLICIDAD DE LOS ABOGADOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) rechaza y condena los desalojos ilegales que se realizan y se plantean realizar en toda la región Este del país con la complicidad de los abogados del Estado y autoridades, para favorecer a terratenientes que se quieren adueñar de las tierras del Estado dominicano.

En el día de hoy deseamos hacerle un llamado al presidente de la República, Licdo. Danilo Medina, al procurador general de la República,  Licdo. Jean Alain Rodríguez y a la Defensoría del Pueblo sobre esta situación que se está verificando en toda la región Este del país,  en donde se esta actuando un plan para que terratenientes locales se adueñen de tierras del Estado desalojando ciudadanos y campesinos que las habitan y trabajan desde décadas.

Entre varias situaciones que estanos monitoreando desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en toda la región Este, señalamos la de Boca de Yuma donde hace algunos días la CNDH-RD, moradores del lugar y regidores estuvieron lanzados a la calle en rechazo a los desalojos autorizados por el abogado del Estado en contra de uno de los sectores más vulnerables y más humildes de esta demarcación, gestionado por el presidente del PLD de la provincia de la Altagracia, el Dr. Pedro Rojas Morillo  el cual en confabulación con un terrateniente quieren adueñarse de una porción de tierra ubicada en la parcela 92-HD/C 10 de este lugar.

La misma esta de hecho ocupada por una gran cantidad de familias de escasos recursos por más d 20 años donde existen más de 100 viviendas y la ocupan unas 300 personas.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene una línea firme de condena y rechazo de los desalojos ilegales y del acaparramiento de tierras a favor de terratenientes realizados con métodos y contratos ilegales” ha declarado el Dr. Manuel María Mercedes presidente de la organización defensora y promotora de los derechos humanos.

Jamás aceptaremos que familias enteras con niños y ancianos sean desalojadas de tierras que habitan y cultivan desde décadas porque funcionarios del Estado,  que en vez de proteger los bienes públicos y favorecer  los ciudadanos,  confabulan con terratenientes para robarle al Estado su patrimonio.  Esto jamás irá a pasar. Deberán pasar sobre nuestros cadáveres y de todo los moradores de esas parcelas” ha finalizado el Dr. Mercedes.

 “Todas la filiales de la CNDH-RD de la Región Este están movilizadas y en pie de lucha para garantizar el derecho a la vivienda y a la seguridad alimentaria de estos ciudadanos de Boca de Yuma y de otras áreas de la región, como Mata de Palma en El Seibo”, precisa el Sr. Rafael Ureña, vicepresidente nacional de la CNDH-RD para la Región Este.

Recordamos que la obligación de los Estados de abstenerse de los desalojos forzosos y de proteger contra los desalojos de los hogares y de la tierra se deriva de varios instrumentos jurídicos internacionales que protegen el derecho humano a una vivienda adecuada y otros derechos humanos conexos. Entre éstos figuran la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos del Niño,  entre otros instrumentos internacionales.

Los desalojos forzosos constituyen graves violaciones de una serie de derechos humanos internacionalmente reconocidos, en particular los derechos humanos a una vivienda adecuada, a la alimentación, al agua, a la salud, a la educación, al trabajo, a la seguridad de la persona, a la libertad de tratos crueles, inhumanos y degradantes, y a la libertad de circulación.

Santo Domingo, D.N.

23 de agosto de 2018

 

 

 

Seguimiento familias desalojadas en El Seibo por Central Romana

Movilización

El presidente regional Este de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Licdo José Guzmán y la filial de El Seibo están acompañando y dando seguimiento a 60 familias desalojadas de forma ilegal a finales de enero por agentes del emporio azucarero Central Romana. La organización Seibanos Sin Techo denunció el desalojo ilegal de 60 familias, cuyas casas fueron destruidas en horas de la madrugada del día 26 de enero. La asociación está siendo representada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la provincia, que determinó, tras una visita al abogado del Estado con jurisdicción en El Seibo, así como al fiscal, que Central Romana no tenía ningún proceso abierto en procura de recuperar terrenos invadidos.

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http://elgrillo.do/2016/02/denuncian-desalojo-ilegal-de-60-familias-en-el-seibo/