La Coalición Nacional de Abogados Independientes (CONAI), practicando la institucionalidad, la transparencia y sobre la base de los principios de la ética y de la moral, cuestionamos públicamente al Dr. MIGUEL SURUM HERNANDEZ, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, (CARD),  por la compra de este inmueble ubicado en la Avenida Bolívar n. 09 del sector Gazcue del Distrito Nacional.

La citada adquisición de esta propiedad se efectuó supuestamente por un monto de VEINTIDOS (22) MILLONES DE PESOS, violentando la mecánica de los órganos del Colegio de Abogados.

Hasta le fecha de hecho no se ha dado a conocer de manera clara bajo que tecnicismo se ha llevado a  cabo este negocio tan costoso lo cual ha implicado  sacrificar los fondos de esta entidad mientras en la calle hay cientos de abogados afectados con enfermedades terminales y con afecciones crónicas a los cuales el Colegio de Abogados no le da ningún tipo de ayuda.

La Coalición Nacional de Abogados Independientes (CONAI) reitera que esta transacción está fuera de la legitimidad de los órganos del Colegio de Abogados y de la Ley de Compras y Contrataciones  Públicas y en consecuencias estamos ponderando el sometimiento del Dr. MIGUEL SURUM HERNANDEZ, presidente de la institución ante los Tribunales de la República, para que él y otras personas que pudieran estar involucradas respondan al gremio que agrupa los abogados y ante la sociedad sobre esta cuestionable  transacción inmobiliaria.

El Colegio de Abogados está en una profunda crisis financiera y ética sin precedentes la cual ha sido generada por su actual presidente. De hecho los togados del derecho actualmente no gozan de ninguna garantía de jubilación, ni de Seguridad Social, ni de vivienda,  ni de mecanismos para maestrías y doctorados en universidades locales  y extranjeras.

Finalmente informamos a la opinión pública nacional que la Coalición Nacional de abogados Independientes  (CONAI) utilizará todas las vías del Derecho posibles para esclarecer esta contratación que no cuenta con el aval de toda la matrícula de los abogados.

Santo Domingo, D.N.

6 de febrero del 2019

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