La Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH-RD) hace un llamado al sistema de justicia dominicano a
que se active con rapidez para que se ponga fin a la impunidad en dos casos muy
graves apoderados por nosotros que descansan en los tribunales de la región
Este del país y para que se haga justicia
por esas víctimas.
Nos estamos refiriendo al caso
del asesinato del joven Alexander Acosta de 23 años ultimado a tiros por dos
miembros de la Armada Dominicana en Sabana de la Mar en el mes de abril del 2017.
El día 30 de este mes de enero en
Hato Mayor se realizará la audiencia que iniciará la fase de instrucción del
juicio de fondo donde hay dos marinos detenidos y una familia que espera
justicia en un caso que a todas evidencias representa una ejecución extrajudicial
con responsabilidad directa del Estado dominicano.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) condena una nueva agresión de autoridades locales hacia miembros y dirigentes de nuestra organización, como ya ampliamente denunciado en nuestro Informe Anual de la Situación de los Derechos Humanos en nuestro país dado a conocer este 10 de diciembre a la prensa nacional e internacional.
En ese informe de hecho denunciamos “un aumento exponencial de los abusos, amenazas, agresiones e insultos de parte de las fuerzas de seguridad del Estado hacia los miembros de nuestra organización y de otras”.
En el mismo “responsabilizamos por estos hechos los miembros de la Policía Nacional pero también [denunciamos que] se ha dado un patrón significativo de actos de intolerancia, agresividad y exclusión de actividades públicas, de parte de funcionarios públicos como alcaldes de algunos pueblos”.
En el mes de julio denunciábamos dos casos de esta naturaleza ocurridos uno en el municipio de Villa Hermosa, provincia de La Romana y otro en el distrito municipal de la Victoria, en el municipio de Santo Domingo Norte.
Esta vez, y es el motivo por el cual estamos aquí hoy, denunciamos hechos ocurridos en el municipio de Bávaro- Verón donde funcionarios del Ayuntamiento, en especial el director del distrito Manolito Ramírez conjuntamente a miembros de la Policía Municipal, se están dedicando a amenazar y hasta golpear tanto el presidente cuanto el secretario general de nuestra filial de Bávaro-Verón respectivamente los señores Víctor Olivo y Miguel Ángel Marcial.
Esto por las actividades de protestas realizadas por los dirigentes de nuestra filial en reclamo de obras públicas que la comunidad necesita urgentemente y que nunca han sido realizadas a pesar de las promesas.
Lamentamos que quien fue uno de nuestros dirigentes en ese municipio, el Sr. Víctor Marcelino Pichardo Doñe, ahora mayor de la Policía Municipal de Bávaro, se dedique a golpear los que un tiempo fueron sus compañeros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Exigimos el cese de las amenazas de forma inmediata y la garantía de las libertades públicas en el municipio de Bávaro Verón incluso la de ejercer el derecho a la protesta pacífica y la expresión del disenso.
Pedimos además a las autoridades el otorgamiento de medidas cautelares a favor del presiente de la filial de la CNDH Víctor Olivo y del secretario general Miguel Angel Marcial, responsabilizando el alcalde Manolito Ramírez de lo que pueda ocurrir a nuestros dirigentes.
Finalmente informamos que en el día de hoy presentamos formal querella contra RAMÓN ANTONIO RAMÍREZ Alias Manolito Sindico de Verón y Los nombrados PEDRO EDDY SAMBOY CARMONA, MANUEL MATOS, ESTARLISDELIS, VÍCTOR MARCELINO PICHARDO DOÑE y Una tal KARINA los últimos 5 empleados del Ayuntamiento
Asunto : Investigación fallecimiento del joven
RODORFO CESARÍN
CASTILLO PIÑA CCR n. 11 de San Pedro de
Macorís
Quien suscribe la presente, Dr. Manuel María
Mercedes Medina, dominicano, mayor de
edad, portador de la cedula de identidad
y electoral No.001-0234211-0, actuando en mi facultad de Presidente Nacional de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos de la República Dominicana, organización no gubernamental sin
fines de lucro, fundada en el año 1987 e
incorporada mediante decreto dado por el Poder Ejecutivo No. 184-95 de fecha 15
de agosto del 1995, por medio de la
presente tiene a bien expresarle lo
siguiente:
ATENDIDO: Que en
fecha 26/12/2018 ha sido encontrado muerto en circunstancias extrañas (con la
cabeza en un inodoro) en el Centro de Corrección
y Rehabilitación n. 11 de San Pedro de Macorís el joven Rodorfo Cesarín Castillo Piña, de
27 años, soltero, obrero, ced. 023-0162561-8 y que todas las investigaciones realizadas por
nuestro equipo de investigación arrojan a un caso de sicariato realizado con la
complicidad de uno o más guardias
penitenciarios.
ATENDIDO: Que el
joven se encontraba detenido en el CCR n. 11 desde más de dos años sin ser
registrado en el listado de los reclusos de dicho centro, y que por lo tanto estaba detenido sin la
supervisión de la Procuraduría General de la República que es el organismo que supervisa
el Nuevo Sistema de Gestión Penitenciaria.
ATENDIDO: Que hay
evidencias y testimonios de que el joven ha sido sometido a tortura y tratos
deshumanos y degradantes algunos días antes de su muerte, consistentes en privación de agua y
esposamiento por detrás de las espaldas de forma continuativa en su celda.
ATENDIDO: Que el
joven se podía clasificar como preso
psiquiátrico y estaba detenido sin recibir las atenciones médicas y
farmacológicas que su condición ameritaban ya que hay fuertes indicios de que
desde más de 5 meses se le negaba el medicamento necesario dada su condición,
además no se le recibía de sus padres el medicamento en el CCR n. 11 los días
domingo cuando la familia le hacía visita, ya que al parecer ese día “no es día de
entrega de medicamentos”. Los familiares tenían que dejar el medicamento, muy
caro por cierto, con un vendedor en la calle para que lo entregar al centro en
otro día.
ATENDIDO: Que hay
indicios de que se ha tratado de ocultar
evidencias y de manipular hechos y documentos inherentes al caso, así como
señalado por el Dr. Feliz Telemin representante de la CNDH-RD.
ATENDIDO: Que a
pesar de que el certificado del hospital Musa indica que Castillo Piña haya
fallecido en el mismo, testigos indican que había fallecido desde la noche o
presuntamente la madrugada y la misma apariencia del cadáver hace presumir que
no haya fallecido en el hospital sino muchas horas antes en el CCR.
ATENDIDO: Que el
Estado es responsable nacional e internacionalmente de la vida y las
condiciones de reclusión de los internos.
POR
TALES razones y motivos la CNDH-RD a través de su Presidente exige lo siguiente:
1.: Que se
realice una profunda y exhaustiva investigación de los hechos escuchando todos
los testigos y que tenga como objetivo esclarecer la verdad y asegurar a la
justicia el o los implicados. Nadie
será sometido a tortura ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Se
tendrán en cuenta las necesidades individuales de los reclusos, en particular
las de las categorías más vulnerables en el contexto penitenciario.
2.: Que se produzcan los siguientes documentos:
:
Acta de defunción
del hospital
Listado
del personal de servicio presente en al centro en la fecha del 26/12/2018
Expediente
médico del fallecido
Registro
de entrada de Castillo Piña al hospital Musa, hora, personal presente y condiciones del
cuerpo
Resultado
de la autopsia
Registro
de llamadas entre algunas personas cuyas referencias están en las manos de la
fiscal Digna Ortiz
Video
cámara del penal del momento de la salida del cuerpo
Dr. Manuel María Mercedes Medina
Presidente Nacional CNDH-RD.
Raquel del Rosario Piña y Alcantara madre del joven asesinado en el CCR 11
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD)
exige la libertad inmediata sin cargos para Grabriel Sánchez vocero del Frente Amplio
de Lucha Popular (FALPO) y de los demás activistas de esa organización detenidos
esta mañana por haber lanzado excrementos
a la Suprema Corte de Justicia.
Llamamos por lo tanto todos nuestros activistas y
abogados a presentarse mañana, martes 8 de enero a las 10 am, frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva e
invitamos a todas las filiales del país
a expresarse consecuentemente.
Entendemos que las autoridades, en ese ejercicio
colectivo de reflexión que debieron haber hecho en el día de hoy en el que se
celebra el Día del Poder Judicial, así como les sugerimos en nuestro anterior documento
de prensa, tendrían que interrogarse sobre la legitimidad de esa forma de
protesta que no le hace daño a nadie y por ende puede definirse pacífica y que
expresa sencillamente el verdadero sentimiento de rechazo del pueblo dominicano
hacia el sistema de justicia imperante en nuestro país, así como indicado en las recientes encuestas.
En lugar de condenar los jóvenes del Falpo, sería
mucho más responsable y coherente de parte de las autoridades correspondientes,
pedirles perdón al pueblo dominicano como
solicitamos en el anterior y ya citado documento, por las ejecuciones
extrajudiciales, los abusos policiales, las detenciones arbitrarias, los actos de corrupción,
el tráfico de influencias, la venta de sentencias y de libertades, la impunidad
de la que gozan victimarios y carniceros, y por todo el infierno que les toca
soportar a las ciudadanas y ciudadanos dominicanos que tienen que cruzarse en algún momento de sus vidas con el Poder Judicial.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la
República Dominicana (CNDH-RD), considera este 7 de enero del 2019, que
lejos de celebrar este Día del Poder Judicial, las autoridades
competentes deberían reflexionar y
pedirles humildemente disculpas al
pueblo dominicano.
Disculpas por las tantas muertes inocentes a manos de
los organismos de “seguridad” del Estado en los mal llamados “intercambios de
disparos” y cuyos familiares nunca tendrán justicia.
Disculpas por los miles de presos en las cárceles de nuestro país detenidos
cuyos términos de prisión preventiva se han vencido y que nunca han sido
llevados en una sala de un tribunal.
Disculpas por un sistema de justicia secuestrado por
el partido-Estado que maneja a su antojo sentencias, jueces, libertad, vida y
muerte.
Disculpas por una justicia selectiva donde la
diferencia la hace la clase, el partido y el color de la piel en muchos casos.
Disculpas por todo esto y mucho más.
“Efectivamente no hay nada que celebrar” ha declarado
el Dr. Manuel María Mercedes Medina, presidente nacional de la CNDH-RD, refiriéndose a las celebraciones anunciadas
por la Suprema Corte de Justicia a las cuales participará también el presidente
de la República.
“De hecho somos espectadores una vez más de las
inútiles escenificaciones con las que el Estado quiere maquillar la
ineficiencia y la corrupción que imperan en el Poder Judicial y que transforman
la vida de los ciudadanos que tienen asuntos pendientes o que son vinculados
con la justicia, en un verdadero
infierno” ha expresado el Dr. Mercedes.
Denunciamos como ejemplo, el infierno en el que se ha transformado la vida del ciudadano Andrés Trinidad Mejia, quien ha transcurrido un año y medio preso injustamente en la cárcel de la Victoria por un asesinato que no ha cometido; infierno que sigue viviendo después de su liberación ya que ahora tratan de involucrarlo en un robo que no ha cometido.
Mientras hoy las autoridades celebran el Día del Poder
Judicial, en estos mismos días Andrés Trinidad Mejia corre el riesgo de ser
asesinado por sectores de la Policía Nacional vinculados a robos que se cometen
contra la empresa Philip Morris,
orquestados por un ejecutivo de dicha empresa en coordinación con policías
corruptos, ex militares y delincuentes comunes quienes roban, matan y realizan
sometimientos judiciales ante la indiferencia (o complicidad?) del Ministerio
Público.
A Andrés Trinidad Mejía el Poder Judicial le ha
violentado todos sus derechos: lo han detenido injustamente una primera vez,
después de haberle otorgado finalmente la libertad se le obliga todos los meses
a ir a Santiago a firmar, en el traslado ilegal de Santo Domingo a
Santiago le han falsificado su firma y
la firma de su abogado, le tienen secuestrada la resolución de su sentencia
desde el mes de mayo del 2018 y finalmente
le han robado hasta su herramienta de mecánico.
Denunciamos también como ejemplo de cómo funciona el Poder Judicial en nuestro país el infierno en el que se ha transformado la vida de los familiares de Rodorfo Cesarín Castillo Piña, el joven de 26 años asesinado el día 26 de diciembre del 2018 en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís presuntamente por sicariato. Al joven se le han violentado todos sus derechos, llegando a la muerte, propio por las deficiencias del Poder Judicial que las autoridades están celebrando en estas horas.
Rodorfo Cesarín Castillo Peña ha estado detenido más
de dos años como preventivo (cuando el límite máximo de prisión preventiva es
de un año) en San Pedro de Macorís sin ser registrado en ese centro y por lo
tanto prácticamente sin supervisión de la Procuraduría General de la República.
Tratándose de un interno psiquiátrico se le han negado en los últimos 5 meses
sus medicamentos necesarios a controlar su estado emocional, ha sido torturado
los cinco días previos a la muerte, cuando ha sido encontrado con la cabeza en
un inodoro esposado con las manos detrás de las espaldas ido encontrado con la cabeza
en un inodoro esposado con las manos detrás de las espaldas. A pesar de todo
esto los responsables del recinto penitenciario afirman que Castillo Peña se
ahogó, cosa que desmiente el certificado médico legal y el sentido común (¿cómo
es posible ahogarse en un inodoro sin agua estando esposado por detrás?). Como
si no fuera suficiente, el agente penitenciario presuntamente señalado por
haber cometido el hecho sigue libre y trabajando como si nada hubiera ocurrido.
Finalmente citamos el homicidio de la señora Eulalia Taveras, violada y brutalmente asesinada por su exyerno Leo Zapete, cuyo cuerpo ha sido encontrado en una cañada en la Gina de Miches en el mes de septiembre del 2017. El caso ha sido aplazado ya 5 veces porque nunca se presenta al tribunal el mayor Roberto Albuquerque, oficial investigador del caso, quien ha realizado la investigación y quien tiene todos los elementos, que nunca ha depositado, que permitirían incriminar definitivamente el asesino, y sobre el cual pesan ya tres órdenes de arresto por el Tribunal, ordenes firmadas, selladas y depositadas en la Jurídica, las cuales no son acatadas por la Policía Nacional.
Y estos son apenas tres casos emblemáticos, a los que
estamos dando seguimiento, ¿cuántos ocurren sin que las noticias lleguen a los
medios o a nuestra oficina?
Que sigan, que sigan celebrando las autoridades
dominicanas ese circo llamado Poder Judicial.
Disculpas deberían estar humildemente pidiendo al
pueblo dominicano y a todas las víctimas inocentes cuyos verdugos gozan en la
impunidad.
Santo Domingo, D.N. 7 de enero del 2019 Día del Poder Judicial