CNDH-RD llama a sistema de justicia dominicano a poner fin a la impunidad y acelerar su curso en casos muy graves que descansan en los tribunales

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) hace un llamado al sistema de justicia dominicano a que se active con rapidez para que se ponga fin a la impunidad en dos casos muy graves apoderados por nosotros que descansan en los tribunales de la región Este del país y para que se haga justicia  por esas víctimas.

Nos estamos refiriendo al caso del asesinato del joven Alexander Acosta de 23 años ultimado a tiros por dos miembros de la Armada Dominicana en Sabana de la Mar en el mes de abril del 2017.

El día 30 de este mes de enero en Hato Mayor se realizará la audiencia que iniciará la fase de instrucción del juicio de fondo donde hay dos marinos detenidos y una familia que espera justicia en un caso que a todas evidencias representa una ejecución extrajudicial con responsabilidad directa del Estado dominicano.

CNDH-RD CONDENA AGRESIONES A NUESTROS DIRIGENTES DE BAVARO – VERÓN

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) condena una nueva agresión de autoridades locales hacia miembros y dirigentes de nuestra organización, como ya ampliamente denunciado en nuestro Informe Anual de la Situación de los Derechos Humanos en nuestro país dado a conocer este 10 de diciembre a la prensa nacional e internacional.

En ese informe de hecho denunciamos “un aumento exponencial de los abusos, amenazas, agresiones e insultos de parte de las fuerzas de seguridad del Estado hacia los miembros de nuestra organización y de otras”.

En el mismo “responsabilizamos por estos hechos los miembros de la Policía Nacional  pero también [denunciamos que] se ha dado un patrón significativo de actos de intolerancia,  agresividad y exclusión de actividades públicas, de parte de funcionarios públicos como alcaldes de algunos pueblos”.

En el mes de julio denunciábamos dos casos de esta naturaleza ocurridos uno en el municipio de Villa Hermosa, provincia de La Romana y otro en el distrito municipal de la  Victoria, en el municipio de Santo Domingo Norte.

Esta vez, y es el motivo por el cual estamos aquí hoy, denunciamos hechos ocurridos en el municipio de Bávaro- Verón donde funcionarios del Ayuntamiento, en especial el director del distrito Manolito Ramírez conjuntamente a miembros de la Policía Municipal,  se están dedicando a amenazar y hasta golpear tanto el presidente cuanto el secretario general de nuestra filial de Bávaro-Verón respectivamente los señores Víctor Olivo y Miguel Ángel Marcial.

Esto por las actividades de protestas realizadas por los dirigentes de nuestra filial en reclamo de obras públicas que la comunidad necesita urgentemente y que nunca han sido realizadas a pesar de las promesas.

Lamentamos que quien fue uno de nuestros dirigentes en ese municipio, el Sr. Víctor Marcelino Pichardo Doñe, ahora mayor de la Policía Municipal de Bávaro, se dedique a golpear los que un tiempo fueron sus compañeros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Exigimos el cese de las amenazas de forma inmediata y la garantía de las libertades públicas en el municipio de Bávaro Verón incluso la de ejercer el derecho a la protesta pacífica y la expresión del disenso.

Pedimos además a las autoridades el otorgamiento de medidas cautelares a favor del presiente de la filial de la CNDH Víctor Olivo y del secretario general Miguel Angel Marcial, responsabilizando el alcalde Manolito Ramírez de lo que pueda ocurrir a nuestros dirigentes.

Finalmente informamos que en el día de hoy presentamos formal querella contra RAMÓN ANTONIO RAMÍREZ Alias Manolito Sindico de Verón y Los nombrados  PEDRO EDDY SAMBOY CARMONA,  MANUEL MATOS, ESTARLISDELIS, VÍCTOR MARCELINO PICHARDO DOÑE y Una tal KARINA los últimos 5 empleados del Ayuntamiento

Santo Domingo, D.N.

16 de enero del 2019

 

 

CNDH-RD exige exhaustiva investigación por interno asesinado en el CCR 11 de San Pedro de Macorís

Santo Domingo, DN.

10 de enero del 2019

Al                                     : Procurador General de la República

                                           Licdo. Jean Alain Rodríguez   

Asunto                             : Investigación fallecimiento del joven RODORFO CESARÍN 

                                           CASTILLO PIÑA CCR n. 11 de San Pedro de                               

                                           Macorís   

Quien suscribe la presente, Dr. Manuel María Mercedes Medina, dominicano,  mayor de edad,  portador de la cedula de identidad y electoral No.001-0234211-0, actuando en mi facultad  de Presidente  Nacional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la República Dominicana, organización no gubernamental sin fines  de lucro, fundada en el año 1987 e incorporada mediante decreto dado por el Poder Ejecutivo No. 184-95 de fecha 15 de agosto del 1995,  por medio de la presente tiene a bien expresarle  lo siguiente:

ATENDIDO: Que en fecha 26/12/2018 ha sido encontrado muerto en circunstancias extrañas (con la cabeza en un inodoro)  en el Centro de Corrección y Rehabilitación n. 11 de San Pedro de Macorís el joven Rodorfo Cesarín Castillo Piña, de 27 años, soltero, obrero, ced. 023-0162561-8  y que todas las investigaciones realizadas por nuestro equipo de investigación arrojan a un caso de sicariato realizado con la complicidad de uno o más  guardias penitenciarios. 

ATENDIDO: Que el joven se encontraba detenido en el CCR n. 11 desde más de dos años sin ser registrado en el listado de los reclusos de dicho centro, y  que por lo tanto estaba detenido sin la supervisión de la Procuraduría General de la República que es el organismo que supervisa el Nuevo Sistema de Gestión Penitenciaria.

ATENDIDO: Que hay evidencias y testimonios de que el joven ha sido sometido a tortura y tratos deshumanos y degradantes algunos días antes de su muerte,  consistentes en privación de agua y esposamiento por detrás de las espaldas de forma continuativa en su celda.

ATENDIDO: Que el joven  se podía clasificar como preso psiquiátrico y estaba detenido sin recibir las atenciones médicas y farmacológicas que su condición ameritaban ya que hay fuertes indicios de que desde más de 5 meses se le negaba el medicamento necesario dada su condición, además no se le recibía de sus padres el medicamento en el CCR n. 11 los días domingo cuando la familia le hacía visita,  ya que al parecer ese día “no es día de entrega de medicamentos”. Los familiares tenían que dejar el medicamento, muy caro por cierto, con un vendedor en la calle para que lo entregar al centro en otro día.

ATENDIDO: Que hay indicios  de que se ha tratado de ocultar evidencias y de manipular hechos y documentos inherentes al caso, así como señalado por el Dr. Feliz Telemin representante de la CNDH-RD.

ATENDIDO: Que a pesar de que el certificado del hospital Musa indica que Castillo Piña haya fallecido en el mismo, testigos indican que había fallecido desde la noche o presuntamente la madrugada y la misma apariencia del cadáver hace presumir que no haya fallecido en el hospital sino muchas horas antes en el CCR.

ATENDIDO: Que el Estado es responsable nacional e internacionalmente de la vida y las condiciones de reclusión de los internos.

POR TALES razones y motivos  la CNDH-RD a través de su Presidente exige  lo siguiente:

1.: Que se realice una profunda y exhaustiva investigación de los hechos escuchando todos los testigos y que tenga como objetivo esclarecer la verdad y asegurar a la justicia el o los implicados. Nadie será sometido a tortura ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Se tendrán en cuenta las necesidades individuales de los reclusos, en particular las de las categorías más vulnerables en el contexto penitenciario.

2.: Que se produzcan los siguientes documentos:

:

  • Acta de defunción del hospital
  • Listado del personal de servicio presente en al centro en la fecha del 26/12/2018
  • Expediente médico del fallecido
  • Registro de entrada de Castillo Piña al hospital Musa,  hora, personal presente y condiciones del cuerpo
  • Resultado de la autopsia
  • Registro de llamadas entre algunas personas cuyas referencias están en las manos de la fiscal Digna Ortiz
  • Video cámara del penal del momento de la salida del cuerpo

                   Dr. Manuel María Mercedes Medina

Presidente Nacional CNDH-RD.

Raquel del Rosario Piña y Alcantara madre del joven asesinado en el CCR 11

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) exige libertad inmediata sin cargos para los dirigentes del FALPO detenidos esta mañana

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) exige la libertad inmediata sin cargos para Grabriel Sánchez vocero del Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO) y de los demás activistas de esa organización detenidos esta mañana por haber lanzado  excrementos a la Suprema Corte de Justicia.

Llamamos por lo tanto todos nuestros activistas y abogados a presentarse mañana, martes 8 de enero  a las 10 am, frente  al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva e invitamos a  todas las filiales del país a expresarse consecuentemente.

Entendemos que las autoridades, en ese ejercicio colectivo de reflexión que debieron haber hecho en el día de hoy en el que se celebra el Día del Poder Judicial, así como les sugerimos en nuestro anterior documento de prensa, tendrían que interrogarse sobre la legitimidad de esa forma de protesta que no le hace daño a nadie y por ende puede definirse pacífica y que expresa sencillamente el verdadero sentimiento de rechazo del pueblo dominicano hacia el sistema de justicia imperante en nuestro país,  así como indicado en las recientes encuestas.

En lugar de condenar los jóvenes del Falpo, sería mucho más responsable y coherente de parte de las autoridades correspondientes,    pedirles perdón al pueblo dominicano como solicitamos en el anterior y ya citado documento, por las ejecuciones extrajudiciales, los abusos policiales, las  detenciones arbitrarias, los actos de corrupción, el tráfico de influencias, la venta de sentencias y de libertades, la impunidad de la que gozan victimarios y carniceros, y por todo el infierno que les toca soportar a las ciudadanas y ciudadanos dominicanos  que tienen que cruzarse  en algún  momento de sus vidas con el Poder Judicial.

Santo Domingo, D.N.

7 de enero del 2019

Lejos de celebrar este Día del Poder Judicial, las autoridades competentes deberían reflexionar y pedirles humildemente disculpas al pueblo dominicano, considera la CNDH-RD

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la República Dominicana (CNDH-RD), considera este 7 de enero del 2019,  que  lejos de celebrar este Día del Poder Judicial, las autoridades competentes deberían  reflexionar y pedirles humildemente  disculpas al pueblo dominicano.

Disculpas por las tantas muertes inocentes a manos de los organismos de “seguridad” del Estado en los mal llamados “intercambios de disparos” y cuyos familiares nunca tendrán justicia.

Disculpas por los miles de presos  en las cárceles de nuestro país detenidos cuyos términos de prisión preventiva se han vencido y que nunca han sido llevados en una sala de un tribunal.

Disculpas por un sistema de justicia secuestrado por el partido-Estado que maneja a su antojo sentencias, jueces, libertad, vida y muerte.

Disculpas por una justicia selectiva donde la diferencia la hace la clase, el partido y el color de la piel en muchos casos.

Disculpas por todo esto y mucho más.

“Efectivamente no hay nada que celebrar” ha declarado el Dr. Manuel María Mercedes Medina, presidente nacional de la CNDH-RD,  refiriéndose a las celebraciones anunciadas por la Suprema Corte de Justicia a las cuales participará también el presidente de la República.

“De hecho somos espectadores una vez más de las inútiles escenificaciones con las que el Estado quiere maquillar la ineficiencia y la corrupción que imperan en el Poder Judicial y que transforman la vida de los ciudadanos que tienen asuntos pendientes o que son vinculados con la justicia,  en un verdadero infierno” ha expresado el Dr. Mercedes.

Denunciamos como ejemplo,  el infierno en el que se ha transformado la vida del ciudadano Andrés Trinidad Mejia,  quien ha transcurrido un año y medio preso injustamente en la cárcel de la Victoria por un asesinato que no ha cometido; infierno que sigue viviendo después de su liberación ya que ahora tratan de involucrarlo en un robo que no ha cometido.

Mientras hoy las autoridades celebran el Día del Poder Judicial, en estos mismos días Andrés Trinidad Mejia corre el riesgo de ser asesinado por sectores de la Policía Nacional vinculados a robos que se cometen contra la  empresa Philip Morris, orquestados por un ejecutivo de dicha empresa en coordinación con policías corruptos, ex militares y delincuentes comunes quienes roban, matan y realizan sometimientos judiciales ante la indiferencia (o complicidad?) del Ministerio Público. 

A Andrés Trinidad Mejía el Poder Judicial le ha violentado todos sus derechos: lo han detenido injustamente una primera vez, después de haberle otorgado finalmente la libertad se le obliga todos los meses a ir a Santiago a firmar, en el traslado ilegal de Santo Domingo a Santiago  le han falsificado su firma y la firma de su abogado, le tienen secuestrada la resolución de su sentencia desde el mes de mayo del 2018 y finalmente  le han robado hasta su herramienta de mecánico.

Denunciamos también como ejemplo de cómo funciona el Poder Judicial en nuestro país el infierno en el que se ha transformado la vida de los familiares de Rodorfo Cesarín Castillo Piña, el joven de 26 años asesinado el día 26 de diciembre del 2018 en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís presuntamente por sicariato. Al joven se le han violentado todos sus derechos, llegando a la muerte, propio por las deficiencias del Poder Judicial  que las autoridades están celebrando en estas horas.

Rodorfo Cesarín Castillo Peña ha estado detenido más de dos años como preventivo (cuando el límite máximo de prisión preventiva es de un año) en San Pedro de Macorís sin ser registrado en ese centro y por lo tanto prácticamente sin supervisión de la Procuraduría General de la República. Tratándose de un interno psiquiátrico se le han negado en los últimos 5 meses sus medicamentos necesarios a controlar su estado emocional, ha sido torturado los cinco días previos a la muerte, cuando ha sido encontrado con la cabeza en un inodoro esposado con las manos detrás de las espaldas ido encontrado con la cabeza en un inodoro esposado con las manos detrás de las espaldas. A pesar de todo esto los responsables del recinto penitenciario afirman que Castillo Peña se ahogó, cosa que desmiente el certificado médico legal y el sentido común (¿cómo es posible ahogarse en un inodoro sin agua estando esposado por detrás?). Como si no fuera suficiente, el agente penitenciario presuntamente señalado por haber cometido el hecho sigue libre y trabajando como si nada hubiera ocurrido.

Finalmente citamos el homicidio de la señora Eulalia Taveras, violada y brutalmente asesinada por su exyerno Leo Zapete, cuyo cuerpo ha sido encontrado en una cañada en la Gina de Miches en el mes de septiembre del 2017.  El caso ha sido aplazado ya 5 veces porque nunca se presenta al tribunal el mayor Roberto Albuquerque, oficial investigador del caso, quien ha realizado la investigación y quien tiene todos los elementos, que nunca ha depositado, que permitirían incriminar definitivamente el asesino, y sobre el cual pesan ya tres órdenes de arresto por el Tribunal, ordenes firmadas, selladas y depositadas en la Jurídica, las cuales no son acatadas por la Policía Nacional.

Y estos son apenas tres casos emblemáticos, a los que estamos dando seguimiento, ¿cuántos ocurren sin que las noticias lleguen a los medios o a nuestra oficina?

Que sigan, que sigan celebrando las autoridades dominicanas ese circo llamado Poder Judicial.

Disculpas deberían estar humildemente pidiendo al pueblo dominicano y a todas las víctimas inocentes cuyos verdugos gozan en la impunidad.

Santo Domingo, D.N.
7  de enero del 2019
Día del Poder Judicial