CNDH-RD condena debilidad y actitud irresponsable del director de la Policía Nacional y del Procurador General de la República ante violencia de grupos xenófobos

Actividad del 23 de diciembre que ha sido suspendida ante las amenazas de un “baño de sangre”

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos condena de forma enérgica la actitud irresponsable y la debilidad que están manifestando   tanto el director de la Policía Nacional general Ney Aldrin Bautista Almonte,  cuanto el Procurador General de la República Jean Alain Rodríguez,   frente a la violencia expresada por el grupo  Nueva Orden Dominicana, el partido Fuerza Nacional Progresista y en general por sectores  ultranacionalistas y xenófobos del país.

Ya desde el hecho ocurrido en Santiago el pasado mes de noviembre,  cuando el periodista Marino Zapete recibió amenazas durante un conversatorio  organizado por el movimiento Marcha Verde y denunció una trama de muerte en su contra orquestada por grupos xenófobos, alertamos sobre el peligro que representaban estos sectores y la actitud pasiva y tolerante, casi cómplice,   de las autoridades frente a evidentes indicios de delitos perseguibles de oficio por el Ministerio Público.

En ese caso tanto la Policía Nacional que la Procuraduría de la República,  a pesar de ser el Ministerio Publico  el órgano que en  el ejercicio de sus funciones tiene que respetar “la Constitución y el ordenamiento jurídico dictado conforme a ésta, garantizar los derechos fundamentales que asisten a las personas” demostraron una actitud indiferente y permisiva hacia potenciales criminales.

Las declaraciones del  director de la Policía Nacional, Ney Aldrin Batista Almonte, quien en ese entonces se refirió a los  miembros de la Antigua Orden Dominicana  como “muchachos que no se ve que tienen armas de fuego ni están armados y hasta este momento no  representan una mayor dificultad” y el silencio del Procurador General de la República,  nos preocuparon enormemente ya que al parecer las amenazas de muerte hacia una figura pública como lo es Marino Zapete y su familia,  para los representantes de las instituciones publicas llamadas a implementar el respeto de las leyes y de la Constitución,  no son perseguibles como crimen.

Ni siquiera al parecer, constituye un indicio de crimen la organización de un grupo paramilitar que en las redes sociales llama públicamente a organizarse y tomar las armas para enfrentar,  a costa de la vida,  la supuesta “invasión haitiana”.

Deberían preocupar, como nos preocupan a nosotros, los videos,  subidos a la página Facebook  de la Antigua  Orden Dominicana,  de ciudadanos que llaman a tomar las armas en contra de los haitianos presentes en el país, o los comentarios violentos y racistas que en ese perfil público se pueden leer. No se equivoquen que esto nada tiene que ver con la libertad de expresión.

En otro país,  esta cuenta de Facebook sería bloqueada y su administrador incriminado por amenazas, terrorismo, odio racial e instigación a la violencia.

En otro país.  Aquí no, ya que el Estado Social y Democrático de Derecho establecido por nuestra Constitución en su articulo n. 7 en nuestro país está secuestrado por un grupo neonazista y xenófobo que actúa con la complicidad tacita de las instituciones dominicanas.

Tanto han sido tolerantes, calladas, permisivas y cómplices por omisión  nuestras  instituciones, que una caminata pacifica con fines de promoción del deporte organizada por la diáspora haitiana  prevista para el da 23 de diciembre en el Mirador Sur, ha tenido que ser suspendida  por  sus propios organizadores frente  a las amenazas de realizar un “baño de sangre” que integrantes de la Antigua  Orden Dominicana han líberamente difundido vía redes sociales.

Definitivamente, director de la Policía Nacional y Procurador General de la República, están dejando que la violencia y el odio pasen por encima de las leyes de nuestro país, de la misma Constitución y que se violen derechos fundamentales. Todo esto con su anuencia y su complicidad.

Es inaceptable.

¿Al Procurador General de la Republica Jean Alain Rodríguez no le pareció suficiente como para incriminar Manny Solano lo que este señor dice en un video que ha circulado en estos días que, aunque sea con su carro “se los va a llevar todos” estilo terrorista yihadista?

¿Al Procurador General de la Republica Jean Alain Rodríguez no le pareció suficiente como para incriminar Manny Solano los gravísimos insultos que Manny Solano le dirige al presidente de la República?

¿Al Procurador General de la Republica Jean Alain Rodríguez no le pareció suficiente como para incriminar Manny Solano el llamado que este señor hace a sus milicianos “que vayan y no vayan desarmados” el domingo 23 al Mirador Sur?

Estimadas autoridades,  ¿no creen acaso que antes de que ocurra alguna tragedia con victimas inocentes a mano de algún nuestro salvador de la patria  yihadista al estilo caribeño, sea el caso de dar una señal clara y contundente que amenazar con realizar una masacre es un crimen punible por ley, así como violentar el derecho a la libre expresión y al tránsito de ciudadanos extranjeros legalmente presentes en el país?

Esperamos esta señal, señor director de la Policía Nacional y señor Procurador General de la República,  lo más pronto posible, antes de que la situación les escape de las manos  y antes de que algún inocente pague con la vida por su irresponsabilidad.

Santo Domingo, D.N.

21 de diciembre del 2018

CNDH-RD EXIGE SEAN RESPETADOS PROTOCOLOS Y DERECHOS HUMANOS DE VICTIMAS Y FAMILIARES EN CASO POLYPLAS

Desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) denunciamos como al transcurrir de las horas,  quedan claramente  evidenciadas numerosas fallas en el manejo de parte de las autoridades y de los directivos de la empresa Polyplas y una falta absoluta de respeto de los derechos humanos tanto de las victimas como de sus familiares, ante la tragedia ocurrida el miércoles pasado,cuando una explosión en la fabrica de plásticos ubicada en Villas Agrícolas ha dejado a la fecha de hoy un saldo provisional de seis muertos y decenas de heridos.

Condenamos firmemente, antes que todo, que a la fecha de hoy la empresa Polyplas,  aun no haya entregado a las autoridades la lista de los empleados que estaban laborando el día de la explosión en el lugar.

Lamentamos la actitud de genuflexión, una vez más,  del gobierno dominicano ante la actitud arrogante de algunos empresarios privados, en este caso  Manuel Diez Cabral,  quien se considera por encima de las leyes,  de los protocolos y de las autoridades y que llega a desmentir descaradamente hasta el mismo jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, Rafael del Rosario, respecto a las causas del hecho.

Lamentamos el silencio cómplice del ministro del Trabajo, Winston Santos, ante una tragedia que afecta de forma tan grave la clase trabajadora dominicana y que trae sombras preocupantes sobre los protocolos de seguridad y prevención de desastres en las empresas privadas.

“Recordamos que la República Dominicana es signataria de dos importantes convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en materia de protección y seguridad en el  trabajo”,ha declarado el Dr. Manuel María Mercedes presidente nacional de la CNDH-RD.

En el  año 2006 el país ha ratificado el  Convenio sobre los productos químicos  del 1990,  el cual indica precisas responsabilidades delos empleadores en el caso de las empresas donde  productos químicos son utilizados por sus empleados o donde estos estén a directo contacto con productos químicos, y en el 2015 ha ratificado el Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo del 2006,  cuyo objetivo es entre otros,  la “mejora continua de la seguridad y salud en el trabajo con el fin de prevenir las lesiones,enfermedades y muertes ocasionadas por el trabajo mediante el desarrollo de una política, un sistema y un programa nacionales, en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores”. Este último convenio establece directrices obligatorias para los países signatarios,  la gran mayoría de las cuales son inexistentes en nuestro país.

Condenamos  también la actitud violenta de la Policía Nacional,  que se demuestra una vez más una institución completamente inadecuada al rol que está llamada a desempeñar, llegando a reprimir con violencia los familiares de las víctimas.

Consideramos que sea necesaria y urgente la creación de una comisión de seguimiento integrada por autoridades, familiares de las víctimas y la Defensoría del Pueblo  para que de forma inmediata se pueda manejar la situación con la altura y el respeto a las víctimas  que se merecen y darle seguimiento a los daños y perjuicios de los afectados. Consideramos necesario y urgente además un registro de los daños a edificios públicos y privados afectados en el accidente y que a los desalojados se les garantice una ubicación segura y de calidad.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos exige  demás que de forma rápida, efectiva y eficaz sea establecida la cadena de  responsabilidades de lo ocurrido y que los responsables sean sometidos a la justicia, recordando que los dirigentes de la empresa, según el Código Civil y el Código Laboral son responsables civilmente por los daños sufridos como consecuencia de un accidente de trabajo. Condenamos que a la fecha,  el Ministerio Publico no haya ejercido aun la obligatoriedad de la acción pública, así como previsto en el Art. 30 del Código Procesal Penal y que bien se aplica a este caso.

Solicitamos a las autoridades correspondientes la realización urgente de un plan de ordenamiento territorial del Gran Santo Domingo disponiendo el traslado de empresas peligrosas en las afueras de la ciudad, para que tragedias como estas no vuelvan a repetirse.

Finalmente informamos a los familiares de las víctimas y de los desaparecidos que pueden recurrir a nuestra oficina donde un equipo de abogados de forma gratuita les asesorará en sus inquietudes.

Santo Domingo, D.N.

7 de diciembre del 2018

CNDH-RD FIJA POSICIÓN SOBRE EL PACTO MIGRATORIO DE LAS NACIONES UNIDAS

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos desea por esta vía fijar brevemente posición publica sobre el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular.   

El 19 de septiembre, de 2016, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, los 193 países miembros de la ONU reconocieron la necesidad de enfrentar el fenómeno migratorio, los desafíos que este significa para sus naciones y la necesidad de la protección de los derechos humanos de las poblaciones migrantes,  de una forma global e integral.

Adoptaron entonces la  Declaración de Nueva York para Refugiados y Migrantes, a través de la cual se iniciaron consultas para la adopción de un Pacto mundial  para una migración segura, regular y ordenada, así como para un pacto mundial específico para los refugiados.  

El Pacto Mundial se encuadra con el objetivo 10.7 del Programa de Desarrollo Sostenible de 2030 en el que los Estados Miembros se comprometen a cooperar internacionalmente para facilitar una migración segura, ordenada y regular.  

Desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la República Dominicana, manteniendónos fieles a la Misión, Visión y Valores que rigen nuestro accionar tanto en el plano nacional que internacional y que tienen como fundamento la solidaridad, el respeto y la más alta consideración del ser humano independientemente de  su nacionalidad, credo político, etnia, orientación sexual, religión o condición social, considera el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular una oportunidad histórica para enfrentar de manera global un fenómeno global y para  humanizar los procesos migratorios y post migratorios.  

Ya hemos visto que nadie detiene los seres humanos cuando huyen de situaciones difíciles como lo son la pobreza extrema, el miedo, la violencia, las guerras o hambrunas. Las respuestas que han dado lo gobiernos hasta ahora han sido ineficaces en solucionar este fenómeno y sobre todo no han solucionado el reto que tiene que ver con el respeto de los derechos humanos y fundamentales de las poblaciones migrantes y de los refugiados.  

Solamente dando respuestas efectivas, disponiendo protocolos seguros, canales regulares a frente de flujos ordenados,  será posible tal vez en un futuro,  hacer que la migración sea un libre elección y no una imposición dictada por necesidad.  

Respecto a la situación de nuestro país rechazamos las declaraciones de estos días respecto al Pacto Mundial   para la Migración Segura, Ordenada y Regular dictadas la mayoría de ellas sobre la base de xenofobia y fines electorales.  

Recordamos que el Pacto establece que “dentro de su jurisdicción soberana, los Estados podrán distinguir entre el estatus migratorio regular e irregular, incluso al decidir con qué medidas legislativas y normativas aplicarán el Pacto Mundial, teniendo en cuenta sus diferentes realidades, políticas y prioridades, y los requisitos para entrar, residir y trabajar en el país, de conformidad con el derecho internacional”.  

Pedimos a la prensa nacional de reportar noticias de forma objetiva sin ser bocina de sectores ultranacionalistas los cuales  defienden la soberanía nacional solamente cuando más les conviene.  

Demandamos finalmente al Estado dominicano que ratifique el Pacto el próximo 11 de diciembre.  

Santo Domingo, 1 de diciembre de 2018 *