60 organizaciones de la FIDH hacen un llamado al presidente francés Hollande

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) es tra los signatarios de este importante documento dirigido al presidente francés Hollande. 


Señor Presidente,

 

Más de 60 organizaciones miembros de la FIDH, entre ellas, por supuesto, la liga Francesa de Derechos Humanos, están particularmente preocupadas por la situación de las libertades públicas e individuales en Francia. Todos nuestros miembros están conmocionados por los atentados que tuvieron lugar en el año 2015 en París y en Saint Denis. Estos actos de terrorismo se han cometido en muchas partes del mundo y es responsabilidad de los Estados darles respuesta dentro del respeto tanto de la seguridad como de las libertades.

La FIDH y sus organizaciones miembros, a partir de su experiencia casi centenaria, afirman que esta lucha debe realizarse imperativamente en el más estricto respeto de los derechos humanos so pena de socavar los principios mismos de la democracia, cumpliendo así los objetivos de los criminales. A todo ello se añade el hecho de que, cuando no se respetan las libertades fundamentales, se alimenta la estigmatización y la discriminación, con el riesgo de poner en peligro la cohesión de un país. 

Tanto nuestras organizaciones como los Gobiernos de todo el mundo y las organizaciones internacionales permanecen atentos a la reacción de las autoridades francesas. Toda medida que atente contra los derechos de las personas y las libertades públicas constituiría un incumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por Francia y un acto indigno del país de la Declaración de los Derechos Humanos. Además, los regímenes más autoritarios lo tomarían como ejemplo para legitimizar sus políticas de represión contra la oposición política, periodistas u ONG como las nuestras, que llevan a cabo bajo el falso pretexto de la lucha antiterrorista.

Por estas razones nuestras organizaciones están especialmente preocupadas por la prórroga del estado de emergencia, y, más aún, por su anunciada renovación a partir del 26 de febrero. Aún cuando existen muchos mecanismos democráticos que permiten examinar sus condiciones de aplicación, varias informaciones y testimonios indican que se trata de un recurso innecesario al uso de la fuerza, al tiempo que se han detectado errores en el marco de los más de 3 000 registros realizados sin orden judicial. Por otra parte, los prefectos han dictado cerca de 400 arrestos domiciliarios únicamente a partir de información anónima, algunos de los cuales exceden el marco de la lucha contra el terrorismo puesto que conciernen, por ejemplo, a activistas ecologistas. La justicia administrativa ha validado casi en su totalidad estas medidas, aunque el control se ha realizado a posteriori y se ha revelado claramente insuficiente e incluso ineficaz cuando se trata de registros. Además, observamos igualmente que, incluso según el propio mecanismo parlamentario de supervisión del estado de emergencia, los servicios implicados apenas utilizan las modalidades de acción establecidas por dicho mecanismo. Llegamos por tanto a la conclusión de que los medios del derecho común permiten hacer frente a la actual situación.

El proyecto de reforma constitucional sobre el estado de emergencia y la privación de la nacionalidad, así como el proyecto de reforma del procedimiento penal, que se suman a la ley sobre la vigilancia por medios electrónicos y a treinta años de abundante legislación en materia de lucha contra el terrorismo, también nos preocupan sobremanera, por el aumento del riesgo de violaciones contra las libertades y los derechos fundamentales de la ciudadanía. Francia será uno de los pocos países cuya Constitución recoja tres dispositivos de excepción.

A pesar del apoyo a estas reformas que parece reflejarse en los sondeos de opinión, por nuestra parte tememos profundamente que contribuyan a reforzar un sentimiento de arbitrariedad entre la población en general, y especialmente entre las personas más vulnerables, que favorezcan la aparición de actos de estigmatización y de discriminación y que rompan aún más la cohesión social.

Resultaría cuando menos paradójico que con el pretexto de contribuir a la unidad nacional, estas reformas promuevan, por el contrario, la desunión y, en última instancia, no hagan más que beneficiar principalmente a las fuerzas políticas más extremistas de la sociedad francesa. Sin embargo, esta es la profunda preocupación que nos inspiran estas reformas, a la luz de la dolorosa experiencia a la que hemos asistido en muchos países después del 11 de septiembre de 2001.

Nuestras organizaciones piden asimismo que no se prorrogue el estado de emergencia, que se retiren las reformas constitucionales propuestas y que se garantice el más estricto respeto de los derechos humanos en el marco de cualquier reforma que se realice, así como en la política exterior de Francia en materia de lucha contra el terrorismo.

También instamos a las autoridades francesas a que reanuden el diálogo con la sociedad civil en su conjunto y se apoyen en su conocimiento y experiencia.

Por último, le recomendamos que invite formalmente a Francia, con vistas a una investigación, a los principales organismos competentes del Consejo de Europa y de las Naciones Unidas, para evaluar las medidas propuestas o vigentes así como las prácticas actuales a la luz de las obligaciones contraídas en virtud de los tratados internacionales ratificados por la República Francesa. Entre otros, nos parece que debería invitarse con carácter prioritario al Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa y al Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo.


Francia pretende actuar en el marco del sistema de las Naciones Unidas y europeo de protección de derechos, que por otro lado se ha comprometido a cumplir y promover. Esta invitación nos parecería coherente, necesaria y oportuna.

Por nuestra parte, realizaremos, en un plazo breve, una misión de investigación internacional y esperamos la colaboración activa por parte de las autoridades francesas.

Quedamos a su disposición y le saludamos atentamente.

Organizaciones firmantes :

En África
Ligue ivoirienne des droits de l’Homme (LIDHO) – Côte d’Ivoire
Organisation nationale des droits de l’Homme (ONDH) – Senegal
Mouvement ivoirien des droits humains (MIDH) – Côte d’Ivoire
Rencontre africaine pour la défense des droits de l’Homme (RADDHO) – Senegal
NSANZURWIMO – Rwanda
Maison des droits de l’Homme du Cameroun (MDHC) – Cameroon
DITSHWANELO – Botswana
ZimRights – Zimbabwe
Groupe LOTUS – DRC
Kenya Human Rights Commission – Kenya
Ligue tchadienne des droits de l’Homme – Chad
Association tchadienne pour la promotion et la défense des droits de l’Homme (ATPDH) – Chad
Ligue djiboutienne des droits de l’Homme – Djibouti

En las Américas
Réseau national de défense des droits humains (RNDDH) – Haïti
Ligue des droits et libertés du Québec – Canada
Liga argentina por los derechos mumanos (LADH) – Argentina
CCR – USA
CNDH – Dominical Republic
Limedddh – Mexico
Centro de Capacitación Social de Panamá – Panama
Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES) – El Salvador
CELS – Argentina
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) – Peru
APRODEH – Peru

En Asia
Mouvement Lao pour les droits de l’Homme (MLDH) – Laos
Comité Viet Nam Pour la défense des droits de l’Homme – Vietnam
International Campaign for Tibet – Tibet
Human Rights Commission of Pakistan – Pakistan
Commonwealth Human Rights Initiative – India
Odhikar – Bangladesh
ALTSEAN – Burma
ADHOC – Cambodia
Armanshahr/OPEN ASIA – Afghanistan
Philippine Alliance of Human Rights Advocates – The Philippines
Ligue pour la défense des droits de l’Homme en Iran

En Europa
Ligue des droits de l’Homme – France
Ligue des droits de l’Homme – Belgium
Malta Association of Human Rights – Malta
Hellenic League for Human Rights – Greece
LIDU- Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo – Italy
Ihmisoikeusliitto – Finnish League for Human Rights – Finland
Latvian Human Rights Committee – Latvia
Human Rights Association (IHD) – Turkey
Committee on the Administration of Justice (CAJ) – UK
League for Human Rights Netherlands – Netherlands
Liga für Menschenrechte – Germany
Association Européenne pour la Défense des droits de l’Homme (AEDH)

Europa del Este y Asia central
Kazakhstan International Bureau for Human Rights and Rule of Law – Kazakhstan
Human Rights Movement “Bir Duino-Kyrgyzstan” – Kyrgyzstan
Human Rights Center (HRIDC) – Georgia
Civil Society Institute – Armenia
Promo-LEX Association – Moldova
Anti-Discrimination Centre “Memorial” – Russia
Bureau for Human Rights and Rule of Law – Tajikistan
Human Rights Organisation “Citizen’s Watch” – Russia
Public foundation “Legal clinic “Adilet” – Kyrgyzstan
International human rights organisation “Fiery hearts club” – Uzbekistan
Human Rights Centre “Viasna” – Belarus

En el Magreb y el Medio Oriente
Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH) – Tunisia
Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD) – Tunisia
DOUSTOURNA – Tunisia
Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) – Tunisia
Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS) – Egypt
Association marocaine des droits humains (AMDH) – Morocco
Organisation marocaine des droits humains (OMDH) – Morocco

 

 

 

 

Informe Amnistía International 2015-2016 – República Dominicana

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REPÚBLICA DOMINICANA 2015/2016

No se aprobó una ley de reforma de la policía. Muchas personas de ascendencia haitiana seguían siendo apátridas a pesar de la aplicación de una ley cuyo propósito era abordar esa situación (Ley 169-14). No pudo entrar en vigor el nuevo Código Penal que eliminaba la prohibición total del aborto. El Congreso no adoptó legislación que podría haber promovido la protección de los derechos de las mujeres y niñas y de las personas pertenecientes al colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI).

Información general

En junio, tras un acuerdo entre el partido en el poder y los principales partidos de la oposición, el Congreso adoptó una reforma a la Constitución que permitía al presidente saliente presentarse a otro mandato consecutivo. Pocos días después, el presidente anunció que tenía la intención de concurrir a las elecciones presidenciales de 2016 para un segundo mandato.

En julio se remitió al Congreso un proyecto de reglamento para regular los procedimientos internos del Defensor del Pueblo, establecido en 2013; sin embargo, seguía pendiente al finalizar el año.

El Ministerio de Relaciones Exteriores llevó a cabo un proceso de consulta con diferentes grupos de la sociedad civil con el propósito de desarrollar un plan nacional de derechos humanos.

Policía y fuerzas de seguridad

La Procuraduría General de la República informó de 152 homicidios a manos de las fuerzas de seguridad entre enero y septiembre. Muchos homicidios tuvieron lugar en circunstancias que sugerían que podían haber sido ilegítimos.

El Congreso continuó debatiendo un anteproyecto de ley de reforma de la policía, pero al terminar el año todavía no se había aprobado. Como consecuencia de ello, el proceso para una reforma exhaustiva de la policía sufrió un nuevo retraso.

Entre enero y septiembre se registró una caída del 6 % en la cifra de asesinatos, en relación con el mismo periodo de 2014; sin embargo, la cifra seguía siendo elevada. Aparte de la publicación de los informes de progreso sobre el sistema nacional de atención a emergencias, no se hizo pública información adicional alguna sobre la aplicación del Plan Nacional de Seguridad, iniciado formalmente en marzo de 2013.

Impunidad

No se avanzó en la investigación de la desaparición forzada de tres hombres—Gabriel Sandi Alistar, Juan Almonte Herrera y Randy Vizcaíno González—, vistos por última vez cuando se hallaban bajo custodia policial en julio de 2009, septiembre de 2009 y diciembre de 2013, respectivamente. Su suerte y su paradero seguían siendo desconocidos.

En junio, la Suprema Corte de Justicia aceptó el recurso de apelación de seis miembros de las fuerzas de seguridad que alegaba que su procesamiento, en 2013, por el homicidio de Cecilio Díaz y William Checo en 2009 se había iniciado cuando el delito ya había prescrito, y sobreseyó la causa contra ellos.

Privación de la nacionalidad

Las autoridades continuaron aplicando la Ley 169-14, cuyo propósito era devolver la nacionalidad dominicana a las personas a las que la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional en 2013 se la había retirado de manera arbitraria y con carácter retroactivo. El proceso administrativo para que recuperaran la nacionalidad las personas de ascendencia extranjera nacidas en la República Dominicana cuyo nacimiento hubiera sido registrado previamente en el Registro Civil dominicano (las personas pertenecientes al denominado “Grupo A”) era lento, y a muchas personas se las seguía privando arbitrariamente de sus documentos de identidad. De las 55.000 personas, según cálculos, nacidas en la República Dominicana de ascendencia extranjera cuyo nacimiento no había sido registrado (las pertenecientes al denominado “Grupo B”), sólo 8.755 se inscribieron en el plan de naturalización previsto por la ley dentro del plazo, que venció el 1 de febrero. El gobierno no reconoció públicamente la existencia de un numeroso grupo de personas que no pudieron inscribirse en el plan y, por consiguiente, siguieron estando en situación de apatridia.1

Decenas de personas dominicanas de ascendencia haitiana fueron detenidas arbitrariamente y amenazadas con ser expulsadas a Haití como migrantes “irregulares”. No obstante, en la inmensa mayoría de los casos, las autoridades las dejaron en libertad tras verificar que habían nacido en la República Dominicana.

Derechos de las personas migrantes

En febrero, el cuerpo sin vida de un migrante haitiano fue hallado ahorcado en un árbol en un parque de Santiago tras un aumento de la tensión entre la República Dominicana y Haití. Se temía que hubiera sido víctima de un homicidio xenófobo. Al final del año no se había procesado a nadie por su muerte. Según la información recibida, hubo migrantes haitianos que sufrieron agresiones en represalia por delitos presuntamente cometidos por otros haitianos.2

El 17 de junio venció el plazo de inscripción en el Plan Nacional de Regularización de extranjeros en situación migratoria irregular. El gobierno anunció que se habían inscrito 288.486 migrantes. A finales de septiembre, las autoridades afirmaron que se había regularizado la situación de más de 239.000 solicitantes.

El gobierno reanudó oficialmente las deportaciones de migrantes en situación irregular a mediados de agosto.3 Desde mediados de junio, decenas de miles de migrantes haitianos decidieron regresar a Haití, principalmente por miedo a una expulsión violenta o por las presiones xenófobas de empleadores o vecinos. Ese movimiento de personas dio lugar a un incremento de la tensión entre la República Dominicana y Haití. La Organización de los Estados Americanos (OEA) respondió enviando una misión a ambos países en julio. Tras la visita, las autoridades dominicanas rechazaron la oferta de mediación del secretario general de la OEA, y también se negaron a negociar con Haití un protocolo de deportación. Las autoridades no hicieron público su propio protocolo.

En la mayoría de los casos de deportación, las autoridades evaluaban cada caso individualmente. Sin embargo, según la Organización Internacional para las Migraciones y algunas organizaciones de la sociedad civil dominicanas y haitianas, varias personas inscritas en el Plan Nacional de Regularización denunciaron haber sido deportadas.

Violencia contra las mujeres y las niñas

Según estadísticas oficiales, en la primera mitad del año la cifra de homicidios de mujeres y niñas se redujo en un 4 %, en relación con el mismo periodo de 2014.

El Congreso todavía no había adoptado la Ley para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, aprobada por el Senado en 2012.

Derechos sexuales y reproductivos

En diciembre de 2014, el Congreso había aprobado reformas al Código Penal que despenalizaban el aborto cuando el embarazo supusiera un riesgo para la vida de la mujer o niña embarazada, cuando el feto no tuviera posibilidades de sobrevivir fuera del útero, o cuando el embarazo fuera resultado de violación o incesto. Posteriormente, grupos contrarios al aborto recurrieron la constitucionalidad de la reforma. El 2 de diciembre, el Tribunal Constitucional declaró que la adopción del Código era inconstitucional debido a errores de procedimiento, y ordenó que siguiera en vigor el Código anterior, aprobado en 1884.4

El Ministerio de Salud, en colaboración con organizaciones de la sociedad civil, redactó borradores de protocolos para la aplicación de la despenalización del aborto en las tres circunstancias permitidas por el Código Penal.

En julio, debido a la presión ejercida por grupos religiosos, el presidente de la Cámara de Diputados eliminó un anteproyecto de ley sobre salud sexual y reproductiva de los temas a debatir en el Parlamento. Al finalizar el año, ese anteproyecto aún no se había debatido.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

Las organizaciones de la sociedad civil denunciaron crímenes de odio, como asesinato y violación, contra personas LGBTI.

La comisión de la Cámara de Diputados que revisaba el anteproyecto de ley sobre salud sexual y reproductiva eliminó las sanciones propuestas por discriminación en el acceso a la atención médica por motivos de orientación sexual e identidad de género. La ley estaba pendiente de debate al terminar el año.

  1. “Sin papeles no soy nadie”: Personas apátridas en la República Dominicana (AMR 27/2755/2015)
  2. República Dominicana: Las autoridades deben investigar la violencia xenófoba (AMR 27/1449/2015)
  3. La reanudación oficial de las deportaciones en República Dominicana genera preocupación por la población dominicana de ascendencia haitiana (AMR 27/2304/2015)
  4. La República Dominicana hace retroceder los derechos de la mujer a 1884 (noticia, 3 de diciembre)

Leer y descargar el informe completo a este enlace:

https://www.amnesty.org/es/latest/research/2016/02/annual-report-201516/