Condenamos hechos recientes de linchamiento de seres humanos

La CNDH condena de manera firme  los hechos de linchamientos que se están produciendo en el país como resultado de la gravedad en materia de inseguridad ciudadana. Representa  un grave retroceso en la sociedad dominicana el hecho de que la población haga justicia por sus manos sobre presuntos hechos criminales. Ninguna situación de inseguridad ciudadana por grave que sea, y ni tampoco las fallas en el sistema judicial pueden justificar los hechos recientemente ocurridos donde una turba violenta de personas asesina a presuntos delincuentes. Recordamos que la Constitución dominicana en sus artículos n. 37 y 38 protege de forma específica el derecho a la vida y la dignidad humana.

Artículo 37.- Derecho a la vida. El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte.

Artículo 38.- Dignidad humana. El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos.

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CNDH-RD apoya reclamo del Colegio Dominicano de Notarios contra suspensión de la Ley 140-15

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) apoya el justo reclamo del Colegio de Notarios que en el día de hoy se está movilizando a nivel nacional en  contra de la suspensión  de la  Ley n. 140-15 sobre Notariado dominicano.

Condenamos enérgicamente la suspensión de la Ley 140-15 efectuada de forma arbitraria por el Senado de la Republica y recordamos que su aprobación fue el fruto de un amplio consenso” declaró esta mañana del Dr. Manuel María Mercedes Medina presidente nacional de la CNDH y abogado notario.

La suspensión de una ley ya aprobada de forma arbitraria sienta un peligroso precedente que atenta directamente a la democracia y a nuestra misma Constitución” finalizó finalmente el Dr. Mercedes.

CNDH dicta importantes conferencias en Estados Unidos

CNDH-RD DESIGNA SU SECRETARIO DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS A DICTAR  IMPORTANTES CONFERENCIAS EN ESTADOS UNIDOS

FOTO YALa Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) ha designado el  Dr. Ricardo Campusano, Secretario de Derechos Civiles y Políticos de la CNDH-RD para que dictara dos importantes conferencias magistrales en Estados Unidos sobre el tema de la  sentencia n. 168/13 en ocasión de los dos años de su promulgación.

El Dr. Campusano estará el día 29 de septiembre de 2015 a las 12 am (hora local) en la Universidad de Pittsburg (Pennsylvania) y el día 30 de septiembre  de 2015 a las 6.30 pm. (hora local) en la Universidad de Indiana (Pennsylvania).

Ambas conferencias llevan el título de “La situación de las personas apátridas y los inmigrantes de ascendencia haitiana en la República Dominicana).

Recordamos que este 23 de septiembre se ha cumplido el segundo aniversario de la sentencia 168-13 que ha desnacionalizado miles de dominicanos de ascendencia haitiana volviéndolos de hecho apátridas en su país.

Las conferencias son parte de las actividades que la CNDH está realizando en esta semana en conmemoración de la fecha de la sentencia, el 23 de septiembre, que en la República Dominicana ha sido declarada por varias organizaciones de la  sociedad civil, entre ellas la CNDH, como Día Nacional de Lucha Contra la Apatridia.

 

Panel sobre apatridia – Una sentencia no puede borrar mi vida

En el marco de la campaña “Una sentencia no puede borrar mi vida”, las organizaciones que integran la plataforma Dominicanos por Derechos nos reunimos este miércoles 23 a reflexionar sobre los efectos  de la aplicación de la sentencia 168-13, a dos años de haber sido dictada por el Tribunal Constitucional de República Dominicana.   Los esfuerzos de superación de miles de dominicanos y dominicanas provenientes de comunidades afrodescendientes, continúan obstruidos por la negación al acceso a su documentación de identidad y acreditación de su nacionalidad dominicana. 

Invisibilizar la problemática de la desnacionalización  no alivia el sufrimiento, no es solución.  

Los/as esperamos el miércoles 23/9 en el panel “Apatridia como efecto de la sentencia 168-13”.  Abogad@s expert@s y líderes de organizaciones de la sociedad civil nos acamparán en este dialogo.   

La Plataforma Dominican@s por Derecho

Tiene el honor de invitarle al panel

APATRIDIA COMO EFECTO

DE LA SENTENCIA 168-13

Con la participación de los abogados

Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos;

Manuel Dandré, técnico legal de la Red Jacques Viau y litigante en el caso Juliana Deguis;

Rosa Iris Diendomi, líder del  Movimiento Reconoci.do;

Natanael Santana, asesor legal Centro Bonó;

Jaime Rodríguez y Bartalome Pujals de CaminaRD

23 de septiembre │6:00 p.m.

Paraninfo de Ciencias Jurídicas y Políticas

Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)

Dirección:  José Contreras esq. Alma Mater

(Próximo a la 3era. Puerta)

Comunicado del movimiento Reconoci.do

Comunicado del Movimiento RECONOCI.DO

 Reconoci.do exige cese de la discriminación racial en el proceso de repatriación

El Movimiento Reconoci.do expresa  su profunda preocupación ante los últimos acontecimientos, ocurridos a raíz del proceso de repatriaciones que realiza el Estado dominicano. Durante dicho proceso se han registrado casos en los que nacionales dominicanos han sido detenidos arbitrariamente  aun presentando sus documentos de identidad, y llevados a los centros de retención migratoria para ser “depurados” a los  fines de enviarlos a Haití. 

En un mismo día se registraron varios casos de personas acompañadas por el movimiento Reconoci.do, donde hubo renuencias por parte de las autoridades a reconocer los documentos de identidad. Eso genera en nosotros la preocupación  y  nos hacemos la pregunta, ¿serían los únicos casos, o solo son los que pudimos detectar a tiempo?

Lo acontecido con Ricardo, Clenor y Juan Antonio el pasado 28 de agosto y lo que ha sucedido hoy 16 de Septiembre con otros jóvenes de la Romana constituyen una acción u modus operandi de discriminación racial perpetrada e imputable al Estado dominicano, ya que fueron detenidos por el color de su piel y criterio fenotípico de “parecer haitiano”, las autoridades migratorias pusieron en duda su documentación como dominicanos y dominicana y su condición de regularizado. Existe una presunción de “falsedad” de documentos dominicanos o que aplicaron a naturalización por las autoridades migratorias, a todo el que parece “haitiano”. Tampoco existe un respecto  a las normas del debido proceso que asegure el derecho a una defensa, a la llamada a un amigo y familiar, el derecho a una vista ante la autoridad y el derecho al recurso, no existe derecho a la información de las razones de su detención. Estas detenciones son en en consecuencia ilegal y arbitraria   y sin voluntad política de compensar indemnizando los daños causados.

Comportamientos como estos, por parte de las autoridades, nos alertan de un estado de ansiedad, inseguridad e incertidumbre; donde impera el terror y el miedo, sin duda alguna la confianza que pudiéramos tener en las garantías de que este proceso será serio y responsable se ve minimizada. 

Es importante dejar claro que este tipo de actos no los toleraremos bajo silencio culpable. Como Movimiento, estamos profundamente comprometidos con la justicia. Exhortamos  que casos así no se vuelvan a repetir en nuestro país, pues las autoridades no puedan basarse en el perfil fenotípico de la población para detenerla y luego proceder a investigarla, siendo la República Dominicana un país donde la mayor parte de la población es negra o mulata.

Les recordamos al Presidente que un gran número de dominicanos-as nacidos en territorio dominicano viven sin ninguna documentación, a la vez que también sabe que la mayoría de los dominicanos de ascendencia haitiana tampoco tienen documentación ya que en el proceso impuesto por la Ley 169-14 la mayoría no tuvo la oportunidad de inscribirse, el hecho de no poseer una documentación  los hace más vulnerable a ser detenidos por migración, sin embargo no tener documentación y el color de la piel no deben ser los elementos a tomar en cuenta a la hora de producirse las detención por parte de los agentes de migración. 

Solicitamos del presidente Medina tomar medidas que protejan a grupos vulnerables a la expulsión de su propio país, tales como los que se acogieron al proceso de naturalización y que no se les ha dotado de documento alguno grupo B; a las personas del grupo A, a quienes al día de hoy la JCE no termina de entregar los documentos a pesar de haber publicado un listín que supuestamente lo ordena, y a quienes la JCE les demanda en nulidad judicialmente su original de acta de nacimiento.

Instamos a instruir a los organismos de seguridad del estado, encargados o colaboradores del proceso, observar los estándares de debido proceso de ley en materia de deportaciones, con la finalidad de impedir el apresamiento y/o repatriación de personas que se encuentren dentro del proceso de regularización.

A las autoridades de migración a apegarse a lo establecido por la ley observando con recelo el debido  proceso a la hora de actuar, tomando medidas que impidan que un nacional dominicano sea ultrajado, avergonzado y luego, por caprichos de uno de sus agentes, sea apresado conducidos al centro de retención a los fines de sacarlo del país.

Crear mecanismos y medidas disciplinarias que sean ejemplos públicos para sancionar  comportamientos indecorosos de los agentes de seguridad que violenten los derechos de las personas, discriminen por la condición racial,  los  ultrajen o extorsionen.

Queremos garantías de que realmente existe una voluntad de hacer las cosas bien. De que ni un solo dominicano será expulsado del país y de que se hará una correcta aplicación de las medidas migratorias que aseguren que a nadie se sea violentado sus derechos más elementales.

Movimiento Reconoci.do

Contacto 809-395-7886 ó 829-451-5743

Movimiento RECONOCIDO
Twitter: @reconoci_do
FB: reconoci.do

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Por una reforma policial real y transparente, por una policía para la democracia

 

Fachada del Palacio de la Policía. Hoy/ Aracelis Mena. 10/06/2014
Fachada del Palacio de la Policía. Hoy/ Aracelis Mena. 10/06/2014

Por Dr. Manuel María Mercedes

Presidente Nacional Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD)

(La siguiente es la ponencia del Dr. Mercedes en el Foro Interinstitucional para la Reforma Policial organizado por PN y FINJUS el 7 de julio de 2015)

Podemos decir sin dudas  que la reforma policial es un viejo anhelo de la toda la sociedad dominicana en su conjunto, no solamente de los defensores de derechos humanos. Sin temor a equivocarnos, podemos decir también que la actual Policía Nacional, representa, así como está estructurada, un organismo anacrónico y estridente respecto a las demás instituciones del Estado que de una forma u otra, están al paso con los modernos tiempos en que vivimos hoy en día nosotros y los demás países del mundo.

Por diferentes razones la Policía Nacional, entre todas las instituciones públicas dominicanas  es la que más se ha quedado atada al pasado y a la historia. Sin embargo, al definirse el Estado dominicano según la nueva constitución del 2010, como un “Estado Social y Democrático de Derecho”(Art. 7), el cambio en esa institución se ha ido haciendo cada día siempre más necesario.

Esta Constitución, la del 2010, que tantos retos y tantas piedras  miliares importantes pone respecto a la  institucionalidad del Estado, marca también la diferencia entre la Policía Nacional y el Ejercito, siendo este un cuerpo militar o de defensa del Estado  y aquella un cuerpo de “naturaleza policial” y “obediente al poder civil”.

Esa obediencia al poder civil es lo que marca la diferencia entre una policía de vieja concepción que ejerce tareas propias del poder militar y una policía de moderna concepción como por ejemplo la hay en algunos países del norte del Europa.

Esta diferencia tiene importantes repercusiones en el actuar práctico respecto a la ciudadanía y en la organización del trabajo de los efectivos  de la Policía Nacional. Lamentablemente,  sabemos que hoy en día la realidad es diferente ya que nuestra Policía Nacional actúa muchas veces más como un organismo de represión del Estado que como la institución que debe “salvaguardar la seguridad ciudadana”         como establecido por su Misión en el artículo 255 de la Constitución.

Ahora bien, ¿cómo es la Policía Nacional que queremos?

Las directrices que auspiciamos guiarán la nueva Policía Nacional son las siguientes:

  • Responsabilidad ante la Ley. La Policía Nacional y por ende sus efectivos, deben responder antes que todo a la Constitución, las leyes nacionales y a los tratados internacionales firmados y ratificados por la Republica Dominicana y  luego a las órdenes o mandos de los superiores o jefes, siempre y cuando estos están a pegados a la Ley. Ya no existe el concepto de “obediencia debida” y este ha sido eliminado del ordenamiento jurídico de la mayoría de los países latinoamericanos, entre los cuales recordamos Argentina y Chile donde las leyes de obediencia debida se utilizaron para justificar crímenes de lesa humanidad en las épocas de las dictaduras. En el derecho internacional de los derechos humanos tampoco son reconocidas. Estamos en democracia, o sea el  gobierno de muchos y no en épocas donde la personificación del poder representaba la ley.
  • La policía debe proteger, respetar y defender los derechos humanos y el marco de acción en ese sentido será representado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
  • La policía debe ser transparente en su accionar y rendir cuentas ante la Ley, el Estado y la opinión pública nacional e internacional.

Y antes que todo, como en repetidas ocasiones hemos dicho, la reforma policial de la cual saldrá ese nuevo organismo, tiene que ser una reforma integral, o sea que abarca todos  los aspectos.

Sería hipócrita e injusto exigir una  Policía Nacional que respete los derechos humanos, sin abogar por el respeto pleno de los derechos de los miembros de la policía, y así deseamos que sus salarios sean  adecuados al costo de la vida pero también al trabajo que hacen, que tengan derecho de voto, pero también derecho de afiliarse en  sindicatos.

Lo que es evidente en el proyecto actual de reforma de la  Policía Nacional es que el objetivo principal parece ser el de reforzar  tanto la parte educativa y formativa cuanto la de equipos e infraestructura. Creemos que estos puntos, a pesar de ser  muy importantes, no deben representar el único aspecto de la futura reforma policial por el simple hecho que nunca le ha faltado,  objetivamente,  a los miembros de la Policía Nacional atención en  formación y educación.  Inclusive brindada y solicitada varias veces  por la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Creemos que el resultado principal de la reforma policial deba ser una Policía Nacional cercana a la gente, radicalmente transformada en su imagen y su esencia, de naturaleza civil y no militar y capaz de ser referente de la población y de las necesidades que esta tiene de protección y seguridad.

Imagen renovada, está claro. Que el policía deje de parecer un soldado. Que se parezca más a un profesional de la seguridad que un militar. Que se abandone el verde y las botas de la época de Trujillo para dar espacio a un policía serio, moderno  y elegante. Que se dejen las escopetas con las que muchas veces nuestros policías parecen jugar, apoyadas a las espaldas o en el piso, que hacen ondear o llevan colgadas de lado en las motocicletas. El policía moderno no tiene  necesidad de ostentar el arma. Imagen renovada decíamos, pero también y sobre todo estructura y organización renovadas.

Una policía civil y moderna no pude regirse todavía en la figura anacrónica del “jefe” o en los rangos de tipo militar.

Si bien es cierto que la Policía Nacional debe depender directamente del Presidente de la República, como establece la Constitución, es también cierto que la dependencia institucional directa de la Policía Nacional debe ser con el Ministerio de Interior  y Policía.

En el aspecto organizativo resaltamos que la transformación en una organización civil moderna debería ser tangible también respecto a  todos los organismos que componen la Policía Nacional  como por ejemplo el Consejo Superior Policial  cuya conformación y composición debe respetar los principios de ética, transparencia y dependencia directa del poder civil o de la Dirección Central de Asuntos Internos,  que es imprescindible para nosotros que esté a cargo del Ministerio de Interior y Policía.

Esperamos de la reforma policial que  se revisen completamente las políticas de recursos humanos como el reclutamiento, la promoción, los mecanismos de destitución que deben ser serios, claros y transparentes y los mecanismos de rendición de cuentas. Esperamos que se implementes mecanismos de control independientes que proporciones también datos estadísticos respecto a los homicidios y muertes violentas cometidas por la policía.

La reforma debe tener en cuenta los cambios legislativos que sean necesarios para implementar una institución que sea verdaderamente al paso con  los tiempos y cuyas  relaciones con las otras instituciones sean  a la vez también claras y transparentes verificables por la sociedad civil.

Una reforma integral de la policía no puede dejar de un lado la parte relativa a las violaciones que agentes policiales en ejercicio de sus funciones puedan cometer  hacia los ciudadanos y las reparaciones que resultan luego de haberse comprobado la veracidad de las denuncias de violaciones de abusos policiales.

Creemos que la práctica de instituir comisiones policiales integradas en su mayoría por agentes de la policía nombrados por el jefe de la policía no responde a criterios de transparencia y objetividad y no ofrece ninguna garantía a la sociedad civil. Según el derecho internacional para que las investigaciones sean independientes los investigadores no pueden depender de la información facilitada por las mismas personas implicadas en los abusos policiales. Auspiciamos que se instituya un Cuerpo Técnico de Investigación verdaderamente independiente y que responda de forma directa al Ministerio Publico.

Por otro lado creemos también que el Ministerio Publico debería emprender una investigación independiente en todo caso en que el accionar de los agentes policiales esté siendo cuestionado o hay serios indicios de abuso de fuerza,  independientemente de que la víctima o sus familiares interpongan una denuncia formal.

En la actual reforma policial hay que implementar mecanismos de reparación para la victimas que sean efectivos y que se cumplan. En los casos de abusos policiales en los que se establecen daños civiles contra ciudadanos, además de la responsabilidad personal de los agentes policiales tiene que ser establecida también una responsabilidad civil de la institución independientemente de que los afectados se querellen con constitución de actores civil o no.

Recordamos finalmente que el proceso de reparación a las víctimas de abusos policiales según el derecho y las normas internacionales comprende:

  • La restitución: cuando posible hay que devolver a la victima la situación anterior a la violación de sus derechos.
  • La indemnización: compensar toso los perjuicios económicamente evaluables.
  •                La rehabilitación: incluye atención médica y psicológica, servicios jurídicos y sociales.
  • La satisfacción: es una disculpa pública con reconocimiento de los hechos y aceptación de la responsabilidad por parte del Estado, además obviamente de aplicación de sanciones penales para los responsables.
  • Garantía de no repetición: todas las medidas dirigidas a prevenir futuras violaciones de derechos humanos.

 

CNDH DEPLORA SE NIEGUE TRABAJO A MAYORES DE 50 AÑOS

Fuente: El Caribe

El cerrarle el acceso al trabajo a las personas de mediana edad es una arbitrariedad y una violación a la Constitución de la República y a los derechos humanos.Así se expresaron los sindicalistas Gabriel del Río y Rafael Abreu (Pepe), y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la abogada Ebarista Rodríguez, quienes deploraron que desde el Estado se promueva una práctica ilegal que el empresariado viene ejecutando hace años.

De acuerdo con Gabriel del Río, presidente de la Central Autónoma Sindical Clasista, esa es una práctica común en el mercado laboral dominicano, sobre todo en el privado, donde todo indica que se ha establecido que la edad máxima para obtener un empleo son los 40 años.

“Una persona con 48 años, 50 años, tiene derecho al trabajo, a la vida, pues como muy poco le quedan 12 años de trabajo útil, por lo que cerrarle las puertas a un empleo es una arbitrariedad y una discriminación que no debe darse”, apuntó.

Mientras que para Pepe Abreu, de la Central de Unidad Sindical, el empresariado discrimina por edad porque entiende que después de los 50 años el trabajador rinde menos, se enferma más y hay que pagarle un mayor salario por su experiencia en el campo en que se le contrate.

Recordó que la práctica contribuye al incremento del desempleo en el país y a la proliferación de la economía informal, ya que esas personas harán lo posible por generar ingresos de forma honesta.

Derechos humanos

Al respecto, Manuel María Mercedes, presidente de la CNDH, observó que el derecho al trabajo es una de las prerrogativas fundamentales, consagradas en la Constitución y el Código Laboral, así como en los tratados y convenios internacionales de los que la República Dominicana es signataria.

Para la abogada Ebarista Rodríguez, el artículo 62 de la Constitución de la República consagra que el trabajo es un derecho, un deber y una función social que se ejerce con la protección y asistencia del Estado, y que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado.  – See more at: http://www.elcaribe.com.do/2015/09/12/deploran-niegue-acceso-trabajo-mayores-50-anos#sthash.AtJnGLbV.dpuf